El exceso normativo como obstáculo a la competitividad

En la actualidad existen más de 100.000 normas vigentes en nuestro país, muchas de las cuales con un nivel de vigencia y eficacia más que dudoso. Pero no sólo se trata del mero exceso cuantitativo, o de que no se preste debida atención a sus efectos en la práctica, o que el marco regulatorio ya no tenga las características tan necesarias de claridad y certeza, es que, además, hoy contamos con un estudio -de los profesores Francisco Marcos y Juan Santaló del Instituto de Empresa – donde se demuestra empíricamente que a mayor regulación, menos iniciativa privada y competitividad.

Se trata de un estudio pionero en España (WP-10, Regulation, Productitivty and Innovation in Spain) que relaciona intensidad normativa con productividad e innovación a nivel autonómico entre 1988 y 2006, y donde se demuestra que a mayor regulación, menos iniciativa privada y competitividad: por cada 100% que crecen las disposiciones locales, caen un 80% las solicitudes de patentes en la región y un 3,5% la productividad total (el estudio puede consultarse en http://ssrn.com/author=242325

Existe otro estudio igualmente relevante de los mismos autores junto al profesor Albert Sánchez-Graells Measuring Regulatory Intensity by the Spanish Regions (1978-2009), que se puede consultar en http://www.indret.com/pdf/779_en.pdf

Tal vez por ello, a iniciativa del Ministerio de la Presidencia (siguiendo las recomendaciones en este sentido de la Comisión Europea), se ha elaborado un Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria del análisis de impacto normativo que debe acompañar a toda iniciativa regulatoria. Según la Guía orientativa aprobada para facilitar la aplicación del Real Decreto, lo primero que hay que preguntarse al iniciar el proceso de elaboración normativa es si la aprobación de la nueva norma es realmente necesaria y si los costes, cargas administrativas y el impacto económico que entraña y están realmente justificados. Sin embargo, todo hace indicar que esta memoria va a seguir siendo testimonial cuando la iniciativa venga impuesta por la agenda política, por no hablar de la situación en el nivel autonómico. Por tanto, se impone un cambio cultural donde la actividad de un gobierno no se mida por el número de leyes o decretos que aprueba sino por el nivel de eficacia y eficiencia en la consecución de resultados, incluidos en su caso los de tipo normativo.

4 comentarios
  1. Elisa de la Nuez
    Elisa de la Nuez Dice:

    No solo eso, sino que tanta diarrea legislativa multiplicada por 17 sugiere una cierta impotencia por parte de nuestros gobernantes. A la hora de cambiar las cosas, por ejemplo, el modelo productivo español nada mejor que sacar un proyecto de ley.. que es mucho más fácil que cambiar de verdad la educación, la competitividad de las empresas españolas, reformar las Administraciones Públicas, etc, etc, etc. Bueno, y tampoco debe de ser tan fácil porque la Ley de Economía Sostenible todavía no se ha aprobado. A lo mejor hay que aprobar una Ley para impedir los ataques contra la deuda soberana…Legisla que algo queda

  2. Fernando Gomá
    Fernando Gomá Dice:

    Es de destacar también la muchas veces muy deficiente técnica legislativa en la redacción de las normas, especialmente en los decretos-leyes. Parece evidente que el gobierno pide a sus departamentos ideas y propuestas para incluirlas en esos decretos leyes, en muchos casos por mera cuestión de imagen, con lo que el resultado es un texto simplemente mal hecho y con muchos problemas de aplicación, que además suele entrar en vigor de manera inmediata. El legislador exige excelencia a los demás, pero no a sí mismo.

  3. jj
    jj Dice:

    El abuso de los Decretos-ley y de su presupuesto habilitante no tiene nombre. Ya lo avisó Landelino Lavilla al poco de aprobarse la CE,y lo acaba de repetir Luis María Cazorla en la RAJYL diciendo que, así, se hurta la función deliberativa de las Cortes,la publicidad, el debate, la calidad de la democracia. Pero, ¿cuántos proyectos de ley llegan al parlamento ya negociados? Un diputado del PP se quejaba, por ejemplo, que la Ley de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid llegó pactada al Congreso y no se pudo tocar apenas nada. ¿Para qué sirven entonces los diputados, son autómatas? ¿Y cuando ZP se comprometió a que el texto del Estatut que salió del Parlamento catalán no se “tocaría” en el Congreso? Qué falta de respeto a la dignidad de sus compañeros diputados y a la propia función de las Cortes!!

  4. ENNECERUS
    ENNECERUS Dice:

    Por si fuera poco, se ha admitido la constitucionalidad de Decretos-Leyes que entrarán en vigor años después ¿Dónde está la urgencia? Por no hablar del Pseudo decreto-ley que es la reforma de última hora como las enmiendas de adición en el Senado a un Proyecto de Ley que el Congreso se limita a aprobar (si es por iniciativa gubernamental) o rechazar.

    La inflación legislativa tiene otros efectos perversos: El descrédito absoluto de su valor moral y “económico” y que ante la imposibilidad manifiesta de cumplir todas las leyes, quede a voluntad de la autoridad administrativa determinar cuáles, cuándo y como hay que cumplirlas y cuándo y cómo se sanciona su incumplimiento.

    Lo que supone ni más ni menos que el aniquilamiento de la seguridad jurídica.

    No queda más remedio, para volver a recuperarla, que reestablecer a la costumbre, como portadora de la opinio iuris de una sociedad, como fuente primigenia del derecho, único contrapoder eficaz frente al legislador positivo.

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