Impuestos en tiempos de crisis (I). Impuesto municipal sobre el incremento del valor de los bienes

Aunque resulte paradójico, hoy en día a un notario le resulta, en muchos casos, casi imposible explicar al cliente, y contribuyente, que el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Bienes de Naturaleza Urbana es un impuesto que grava el incremento del valor de un bien de naturaleza urbana.

Este impuesto, coloquialmente llamado plusvalía municipal, como su propio nombre indica, se basa en la idea de que el Ayuntamiento debe beneficiarse del incremento del valor que experimenta una vivienda, local o cualquier finca urbana, incremento que se pone de manifiesto cuando se vende. Se considera que si los bienes urbanos aumentan de valor se debe a muchos factores y uno de ellos, no de menor relevancia, es la actividad del Ayuntamiento. Si quien vende una vivienda obtiene un pingüe beneficio es, se supone, en buena parte debido a la actividad del Ayuntamiento (que urbaniza, proporciona servicios y dotaciones, mejora las infraestructuras y las comunicaciones, limpia, vigila, embellece, etc.) y, por tanto, es justo es que el Ayuntamiento participe de las ganancias del vendedor.

Para permitir el cálculo y facilitar la gestión del impuesto se introdujeron unos criterios objetivos, de tal forma que el incremento del valor, y la cuota a pagar al Ayuntamiento, se calcula en virtud de un porcentaje que se aplica sobre un valor predeterminado, el del suelo en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (por cierto, objeto de numerosas subidas a través de sucesivos catastrazos), y que es mayor cuanto mayor sea el número de años transcurridos.

El problema es que este sistema puede ser lógico si se parte de una premisa hasta ahora incuestionable: que los bienes urbanos siempre aumentan de valor. Pero, como ocurre en otros muchos ámbitos, la aguda crisis que padecemos convierte en papel mojado muchos principios hasta ahora inquebrantables.

En la actualidad, las ventas con pérdidas, por precio inferior al de compra, tanto de viviendas como de locales, son el pan nuestro de cada día. Es más, son muchos los casos en los que el propietario de una vivienda, ante la imposibilidad de hacer frente al pago de su hipoteca, no encuentra más salida que vender por un precio inferior no sólo al que él pagó sino al saldo actual de su hipoteca, lo que supone que no sólo habrá tenido pérdidas sino que además tendrá que poner dinero, si lo tiene o si encuentra a algún familiar o amigo que se lo preste, para equiparar el saldo del préstamo al precio de venta, única forma de que la operación sea viable.

Ciertamente, resulta difícil explicar al que vende no sólo perdiendo dinero sino poniéndolo de su bolsillo que tiene que compartir sus supuestas e inexistentes ganancias con el Ayuntamiento mediante el pago de una cantidad no pequeña y que, seguramente, no tenga.

Resulta, entonces, imprescindible la reforma del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Bienes de Naturaleza Urbana para adaptarlo a la realidad social y evitar situaciones de auténtica injusticia. Pero mientras esta necesaria reforma se produce, por favor, que al menos le cambien el nombre al impuesto puesto que te cobren un impuesto injusto y sin fundamento duele, pero duele más si te cobran con recochineo.

7 comentarios
  1. jj
    jj Dice:

    A propósito del IIVTNU, y muestra del desorden con el que se legisla, véase la D.Ad. Sexta de la Ley 22/2006, de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid:

    El Registro de la Propiedad no practicará la inscripción correspondiente de ningún documento que contenga acto o contrato determinante de las obligaciones tributarias por el impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana en el Ayuntamiento de Madrid, sin que se acredite previamente, de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente, haber presentado la autoliquidación o, en su caso, la correspondiente declaración o comunicación.

    ¿No sería más lógico, casi de cajón, que una disposición así se contuviera en la Ley de Haciendas Locales, que es donde se perfila la regulación del IIVTNU para todos los municipios, y no aisladamente para Madrid?

    Una muestra más de la mala técnica legislativa a la que se refería el post del Sr. Gil Ibañez.

  2. JAVIER TRILLO
    JAVIER TRILLO Dice:

    ¿Y qué me dices, querido Alfonso, de las comprobaciones de valores a efectos del ITP en las ventas entre particulares, en las que la Autonomía de turno -al parecer, las únicas que no se han percatado de la bajada de precios- siguen aplicando como medio “preferente” y al amparo de la LGT, unos valores por “referencia” al catastral que, si algún día tuvieron una mínima justificación, hoy son claramente abusivos y hasta llegan a duplicar!! (lo he vivido en mi despacho) el precio realmente pagado por el inmueble. Creo que ha llegado el momento de, más allá del aluvión de recursos puntuales, acometer un profunda revisión del ITP que genere seguridad jurídica y confianza en el sufrido contribuyente, como medida imprescindible para la anhelada recuperación económica.

  3. Alfonso Madridejos.
    Alfonso Madridejos. Dice:

    Totalmente de acuerdo, Javier. De hecho el post “Impuesto en tiempo de crisis II”, de próxima publicación, versa precisamente sobre la comprobación de valores y las bases orientativas.

  4. ENNECERUS
    ENNECERUS Dice:

    Según el TS la venta del derecho de superficie genera plusvalía municipal. La CA del País Vasco pretende ahora vender el suelo (veremos cómo cuando unos propietarios/superficiarios de pisos quieran y otros no). ¿También generará plusvalía municipal?

    O la tasa de basuras. El gran negocio de los Ayuntamientos que ponen la tasa que les parece, sin relación alguna con el coste de lo que pagan a las empresas contratadas al efecto. Además obligan a separar para reciclar, sin pagar un euro al ciudadano que hace el trabajo. En los USA hay empresas que pagan por tu basura, te la compran.

  5. Moisés Martínez
    Moisés Martínez Dice:

    Tras la muetre de mi padre, en marzo de 2011, mi hermana y yo heredamos un piso, vivienda única y habitual de mi padre. Ésta, situada en Chapela, ayuntamiento de Redondela, provincia de Pontevedra, tiene un valor catastral de 58.705,55 euros, de los que 33.488,46 son del valor del suelo (a todas luces un valor desorbitado teniendo en cuenta dónde se encuentra).
    Tras haber pagado los derechos reales nos dirigimos a la oficina recaudadora para preguntar por la plusvalía municipal. Nos dijeron que tendríamos que pagar más de 6.200 euros, teniendo en cuenta el valor catastral del suelo y que habían pasado más de 20 años desde la última adquisición de la vivienda.
    La normativa fiscal municipal del ayuntamiento de Redondela no contempla ningún tipo de bonificación al respecto.
    De esta manera, tras haber hablado en muchas ocasiones con el alcalde y concejales y recibiendo siempre largas o falsas promesas, ha pasado ya un año.
    Hace un par de días me han llamado de la oficina recaudadora para informarme de que la liquidación ya estaba lista.
    Mi hermana está en paro. Actualmente está viviendo en esa vivienda, como ya hacía desde antes del fallecimiento de mi padre. Por mi parte, estoy estudiando fuera y no tengo ingresos fijos.
    Nos dijeron que iban a revisar el caso, que verían cómo ayudarnos e incluso hablaron de modificar la normativa, pero fueron todo mentiras. En el momento que recibamos la liquidación tendremos algo más de un mes para pagar más de 6.200 euros de los que no disponemos. No sabemos qué hacer.
    Realmente, ¿hay justicia?

    • Josef K.
      Josef K. Dice:

      Moisés, pregunta en el ayuntamiento si se puede pagar a plazos. En algunos sé que se puede.

      Has tenido mala suerte. Tu padre te tenía que haber dejado unos millones de euros, de dinero negro, en algún paraiso fiscal. Por un módico 10% te los podrías traer.

      Siempre que preguntes`por la justicia, silencio, silencio, silencio…

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