Auto de la Audiencia Provincial de Navarra sobre ejecución de hipoteca

Impresionante sentencia que demuestra a las claras el estado actual de la Justicia y, en consecuencia, la paupérrima situación en la que se encuentra nuestro Estado de Derecho. No soy precisamente un fan de los bancos, que tan a menudo se aprovechan, precisamente, de las carencias y debilidades de nuestro sistema judicial, pero la argumentación de la Audiencia -con citas a la situación económica mundial y referencias a las declaraciones de nuestros líderes políticos- hace preguntarse en qué sistema jurídico se creen los autores de la sentencia que viven: ¿la Justicia del cadí? Porque yo creo que ni siquiera el sistema anglosajón de creación jurisprudencial del Derecho. No, si quieren crear Derecho en España hay que presentarse a las elecciones, salir elegido y elaborar las normas correspondientes. Mientras tanto, la valoración de la justicia o injusticia de la legislación vigente, siempre que sea meridianamente clara, como es el caso, corresponde a los políticos profesionales, no a los aficionados.

Ya lo he leido y es todavía peor de lo que pensaba: el valor es siempre una gran virtud. Pero la audacia es, a veces, un síntoma de temeridad. Y la temeridad, casi siempre, es fruto de la ignorancia (aunque no lo diga el presidente del gobierno ni el de los Estados Unidos…)

Una ayudita para las cajas y los bancos…:-)
Bromas aparte, y por discrepar un poco con mi coeditor, por supuesto que la sentencia es un disparate, pero últimamente tampoco se legisla en España digamos que de forma muy profesional. Entre la legislación de aficionados (o peor) y las sentencias justicieras, menudo futuro para el Estado de Derecho entre todos lo mataron y el solito se murió. Viva la seguridad jurídica!!

Una vez más asistimos al error conceptual, frecuente por no decir casi generalizado, de poner el acento en la hipoteca, que es la garantía, lo accesorio, y no sobre lo principal, que es la obligación, la deuda. Desde que se publicó la noticia, hemos asistido perplejos a la conversión, en vehementes hipotecaristas, de los comentaristas políticos de las tertulias radiofónicas y de algunos periodistas. Se olvidan, sin embargo, de lo primordial, la responsabilidad patrimonial universal (el art. 1911 del Cc.) y de algo básico: ¿vamos a dar peor trato al acreedor hipotecario, por el hecho de tener constituida a su favor una garantía especial sobre un inmueble específico, que al resto de los acreedores? Con la que está cayendo, es facilísimo empezar a hacer populismo y demagogia con esto. En cualquier caso, como dice Rodrigo Tena, un cambio en el sistema correspondería al Parlamento, no a un tribunal. Por cierto, ¿en las Audiencia no hay jueces (mejor dicho magistrados) “sustitutos”, verdad?.
Enhorabuena Alfonso, por este post “aquí te pillo, aquí te mato”.

La verdad es que me había reservado para hacer, con motivo de esta sentencia un post más de mi serie “¿Hay (Estado de) Derecho?”, pero este post y los comentaristas han dicho lo más importante. Pero añadiré algo. Uno puede estar de acuerdo o no con la solución de fondo, con la actitud de los bancos o con el sursum corda. Pero si no se respeta el procedimiento, esto es la selva. Y la cuestión no es ya que el legislador haga leyes confusas o no respete la jerarquía; es que la magistratura, contagiada, considera que debe aplicar los Diez Mandamientos, la Biblia, la Constitución o el Corán antes que las leyes y reglamentos (esas que dicen que las deudas hay que pagarlas), patrimonializando una función que no le corresponde, que es modificar esas leyes y reglamentos. Para mí esto es un escándalo porque, sin perjuicio de su buena intención, lo que hace este auto es cambiar las reglas de juego a mitad de partido, anulando la seguridad jurídica a la que tenemos derecho como principio constitucional y quizá provocando, en caso de prosperar la cosa, que los bancos no nos den más que el 50% del valor de los inmuebles, por sí acaso.

Gracias a todos los comentaristas. Cuando escribí el post mi intención era dar una información rápida que contrarrestase, en la medida de lo posible, la opinión que alguna persona, especialmente los más angustiados por su hipoteca, se podían hacer sobre la posibilidad, hoy por hoy inexistente, de entregar sin más la casa al banco y resolver así su problema.
Por supuesto el auto en si es muy criticable en cuanto que es contrario al Estado de Derecho ya que la Audiencia prescinde de la legalidad vigente y se basa solo en consideraciones morales.
Pero el auto en cuestión, que en mi opinión quedará pronto en mera anécdota, tiene la virtud de suscitar un debate sobre la necesidad de reformas legales. Sin perjucio de la necesidad de una mayor reflexión a mi me sorprenden las declaraciones de comentaristas y tertulianos que lanzan las campanas al vuelo ante el gran triunfo que supone la posibilidad de entregar la vivienda al banco y que sea éste el que sufra las consecuencias de la crisis, lo que me suscita dos reflexiones rápidas:
1.- Las hipotecas en cuestión, por muy comprensible y digna de solidaridad que sea la situación de quien no puede pagar, se dieron en base a unas reglas de juego. Cambiar esas reglas en medio del partido supondría un enorme perjucio para los bancos y se pondría en serio riesgo su solvencia lo que obligaría a un nuevo rescate con dinero de todos y con la consiguiente crisis de confianza.
2.- En el sistema español las reglas vigentes consisten en que el banco asume el riego de insolvencia del deudor (por eso cumprueba la situación del cliente, pide avales, etc. puesto que lo que le interesa no es quedarse con el piso sino cobrar el préstamo) y es el comprador el que valora la inversión (el precio lo fija él negociando con el vendedor y la tasación no es más que un requisito posterior para apreciar el banco la viabilidad de la garantía hipotecaria) y asume los riesgos (tanto de revalorización como de depreciación). Si el banco tiene que asumir los riesgos de depreciación (siendo los beneficios de la revalorización para el cliente) lo más probable es que en vez de dar préstamos se dedique a invertir en viviendas o que disminuya el riesgo que asume rebajando el porcentaje del precio que está dispuesto a financiar, con la inmediata consecuencia de una drástica contracción del crédito y una absoluta paralización del mercado inmobiliario.
En definitiva, el tema exige una reflexión profunda para el futuro así como la adopción de medidas para los más desfavorecidos que son los que más sufren las consecuencias de la crisis pero ni hay soluciones mágicas ni puede centrarse la atención sólo en un aspecto de una cuestión tan compleja.

Mi querido amigo Eugenio (se me hace harto difícil llamarte así…): Tu comentario me parece muy atinado y te animo a escribir un post sobre ello, en la línea de la serie iniciada por “RODRIGO EL VALIENTE” sobre profesiones reguladas (que podría ampliarse, por qué no, a actividades o negocios como el bancario) reguladas, en las que el servicio público que prestan (y el de financiación es sin duda uno de ellos) debe prevalecer sobre el puro y duro ánimo de lucro propio de las entidades financieras, pues estamos jugando con derechos fundamentales como el de acceder a la propiedad -y mantenerla- de una vivienda digna. Y parece que el Servicio de Reclamaciones del Banco de España no será suficiente, a pesar de los buenos propósitos y consejos de nuestro común amigo Fernando Gomá. Y puestos a “tirar guantes”, creo que habría mucho que decir en nuestro ámbito (notarial y registral) acerca de cómo es posible controlar esta parcela de negocio de las entidades financieras con las actuales reglas de juego (elección del controlador por el controlado en lugar de por el consumidor, contratación en masa, abuso de posición dominante, condiciones generales abusivas, protección “real” del consumidor, etc). Es cierto -como dice el auto- que las entidades financieras fueron las grandes protagonistas del fiasco inmobiliario, pues sin su “ayuda” nada de esto habría pasado. Al grito de ¡marica el último! (y perdón por la expresión políticamente incorrecta) se lanzaron a conceder créditos a diestro y siniestro, animando a cientos de miles de ciudadanos a creer que eran “ricos” y a comprar casas a las que, ciertamente, no podían acceder. Pero no podemos volver a hacer lo de siempre en éste país, que es responsabilizar al otro de nuestro infortunio. Hubo muchos también que, siendo prudentes y precavidos, no participaron -o participamos- en la fiesta, hipotecando su futuro sin límite y pretendiendo subirse a la ola del dinero fácil o al carro del pelotazo. Y para esa gente, que aún respetamos el principio de la responsabilidad patrimonial universal que proclama nuestro código civil y que creemos firmemente que “las deudas hay que pagarlas”, sería una bofetada -otra más- que de nuevo tuviera “premio” (por la vía de iluminados justicieros) la irresponsabilidad de aquellos que se sobreendeudaron bajo el pretexto de que fueron vilmente engañados por las entidades financieras. ¿A que suena un poco a lo de los sellos y papá Estado?. Creo sinceramente que hay otras vías jurídicamente mucho menos cuestionables para exigir sus responsabilidades a los bancos sin menoscabar el sistema y sus reglas. ¿qué tal la estafa?. De otro modo, acabaremos pagando esos préstamos los mismos de siempre…o sea todos (menos el banco y el deudor originarios)