¿Por qué no hay en España una Justicia eficaz?
En España no tenemos una Justicia rápida, moderna y eficaz, parece evidente. Y la causa más importante no radica en las dificultades técnicas o el esfuerzo económico que supone ponerla en marcha, sino que tiene su raíz en el desinterés de los grandes partidos políticos desde la Transición en que exista puesto que en el fondo supondría una amenaza al enorme poder e influencia que tienen sobre todos los ámbitos de la sociedad democrática. Por eso toleran una justicia demediada y anestesiada. Tal es, al menos, mi opinión.
En el año 1978, en el que se da el banderazo de salida a nuestra democracia, no existían ni ordenadores ni las modernas tecnologías, por lo que puede decirse que todas las administraciones del Estado se encontraban en la misma posición. En cambio, en la actualidad, la Justicia está en el furgón de cola, mientras otras tienen niveles muy altos. Por ejemplo, Hacienda tiene un grado de desarrollo enorme y muy avanzado, con un superordenador, “Rita”, el cual ya en 1986 estaba en pleno funcionamiento y que ya sabemos cómo se las gasta cruzando datos y revisando declaraciones. En la Guardia Civil, está el “Duque de Ahumada”, activo desde 1987; al ministerio del Interior llegó el superordenador “Berta”, y cuando se jubiló lo sustituyó “Clara”, una máquina tan potente que llegó a investigarse si provocaba cáncer. Mientras tanto, en la administración de Justicia del 2011 los papeles se amontonan sin control hasta en los pasillos y en los baños; y en cuanto a los sistemas informáticos, hay más de diez programas, autonómicos y estatales, en general malos además de completamente incompatibles entre sí: el ministerio tiene a “Minerva”; en Madrid está “Libra”; en el País Vasco, “Justizia Bat”; en Cataluña, “Temis”; “Adriano” en Andalucía; Valencia usa “Cicerone”, la fiscalía, “Fortuny”, está Lexnet, el Punto Neutro Judicial, etc. Si hubiera existido una verdadera voluntad, un deseo real de modernización, la administración de Justicia estaría al mismo nivel que Hacienda y con capacidad real de ser el Tercer Poder; si no sucede esto es porque los partidos políticos no han querido. También influye, desde luego, que invertir en la Justicia no da votos, mientras que sí los da hacerlo en Sanidad u Obras Públicas (como reconocen en privado algunos políticos).
Aunque los diversos poderes del Estado mantienen como es natural su autonomía y competencias frente a los demás, son los partidos políticos los que penetran en todas las instituciones públicas y en muchas privadas, detentan su control y eligen directa o indirectamente a las personas que van a formar parte de cada una de ellas. Así ocurre con el Parlamento, el Gobierno, el CGPJ, el Tribunal Constitucional, los Defensores del Pueblo, los medios públicos de comunicació, las empresas públicas, las agencias estatales, toda la enorme estructura administrativa de cada comunidad autónoma, las diputaciones provinciales, los ayuntamientos, las cajas de ahorros, muchas ONGs, etc. Los grandes partidos nacionales, PSOE Y PP, y los dos principales nacionalistas, CiU y PNV, son la puerta principal de acceso a todas estas instituciones, existe mucha gente que vive de ellos y para los que sus expectativas laborales son meramente ascender desde el interior de aquéllos cuanto más arriba mejor, como verdaderos “funcionarios de partido”. Y es que, como dice
target=_blank> Joaquín Leguina, el problema de los nuevos políticos es que nunca han cotizado a la Seguridad Social fuera de sus partidos. Además, es una situación que se retroalimenta: a medida que obtienen poder, aumenta el número de gente que depende de ellos como medio de vida –de profesión, miembro de partido- y para mantener el statu quo necesitan acumular todavía más y más poder.
A este dominio expansivo se resiste sin embargo la Justicia, que tiene conferido un poder real y de considerable importancia, y, lo que es más inquietante para la consolidación de aquél, atribuido a unos funcionarios, los jueces, que escapan en cuanto a su actuación, y parcialmente en cuanto a su elección, de la influencia de los partidos políticos. Por eso estos prefieren tener controlada a la Justicia a base de negarle los suficientes recursos para que funcione a pleno rendimiento. La notoria y reiterada omisión de medios suficientes provoca que los jueces, fiscales y secretarios estén desmotivados y sobrepasados de trabajo, siempre con la espada de Damocles de que a uno de los 5000 asuntos que tienen le falte hacer algo, o se haya pasado un plazo o no se haya tenido en cuenta una información, y se tenga la desgracia de que precisamente ese asunto tenga una trascendencia social y les apunten todos los focos. Estarán perdidos sin remisión: serán barridos por una ola demagógica comandada por los políticos al grito de sálvese quien pueda. Y tenemos ejemplos recientes de esto. En estas condiciones, es natural y perfectamente comprensible que en vez de intentar mejorar, estudiar, progresar en la carrera judicial porque se tiene ilusión y ganas, y mantener las convicciones que le han llevado a elegir esa profesión pese a quien pese, se tienda con frecuencia a buscar el abrigo, lo seguro, lo fácil, lo “político” en el peor sentido de la palabra. La falta de medios narcotiza a la Justicia y la hace vulnerable frente al afán controlador de los partidos.
Se acaba de anunciar en diciembre pasado un target=_blank> anteproyecto de Ley de Nuevas Tecnologías en la Administración de Justicia, que debería sentar las bases para la modernización definitiva y la creación del expediente electrónico judicial. Siendo como es un avance, ratifica la tesis que antes he expuesto, como es que la mejora de la Justicia no es una prioridad política: la norma incluirá una moratoria de cinco años para que los juzgados tengan los sistemas adecuados para la tramitación electrónica de los procedimientos, y que se dan cuatro años para que los sistemas informáticos de las diversas administraciones sean compatibles. Cinco años, una legislatura más un año, es una eternidad en política y eternidad y media en tecnologías, en ese tiempo puede pasar de todo. Téngase en cuenta que estamos hablando del 2016 o 2017, y eso si se aprobara ya mismo como ley, lo que no parece probable.
El director de la Agencia Tributaria ha declarado hace poco que la administración electrónica en Hacienda es ya una realidad y ha proporcionado datos: el 70 % de las declaraciones de la renta de 2009 han sido telemáticas y se han remitido 21 millones de borradores de declaración “en un esfuerzo tecnológico y gestor casi sin parangón en el contexto internacional”. Magníficas cifras y motivo de satisfacción sin duda, puesto que uno de los pilares del buen gobierno es la gestión eficaz de la recaudación fiscal. No obstante, estos datos, vistos desde el campo de la administración de Justicia, resultan casi obscenos, dada la enorme e innegable diferencia de trato entre aquélla y ésta. Más de 25 años después de que Rita comenzara a trabajar en Hacienda, la Justicia aún está intentando empezar a modernizarse.
Los españoles percibimos que los partidos políticos son uno de nuestros principales problemas -nada menos que el tercero-, así lo indican las encuestas , y esta actitud fagocitadora de todo lo que huela a poder es una de las causas de esa percepción. Una Justicia eficaz, moderna, con medios para investigar todo lo investigable y con independencia frente a las presiones, es un contrapeso que nuestra democracia necesita imperiosamente y que la sociedad civil debe exigir de manera enérgica e incansable.
Notario desde el año 1991, actualmente con plaza en Madrid.
Patrono fundador de la Fundación Hay Derecho y coautor bajo el nombre colectivo de Sansón Carrasco de los libros “¿Hay Derecho?” y “Contra el capitalismo clientelar.”
Es presidente de honor de la plataforma cultural y educativa Qué Aprendemos Hoy (queaprendemoshoy.com)
Es vicepresidente de la Fundación Toro de Lidia.
Coincido en la falta de medios y de voluntad politica, pero percibo una intencion, politicamente muy correcta, de exculpar a los funcionarios del sistema de justicia, que tienen un nivel de dedicación infimo y una productividad penosa. Por ejemplo, los jueces (que tienen un corporativismo atroz) no ejercen sus funciones de responsables de personal de sus juzgados, y muchos funcionarios recortan su jornada, que ya de por sí es de solo de 7 horas (de 8 a 15), a 5 horas (de 9 a 14, las que son de atención al público – llegan tarde y se van pronto) y además en las horas de trabajo salen a desayunar…hablamos de la semana de 20/25 horas (con un rendimiento además escaso, por falta de medios apropiados e interés). Eso supone dos personas para hacer el trabajo de una en una empresa privada… En la última gran huelga de los funcionarios de justicia dependientes del Ministerio, en la época de Fernández Bermejo, se quiso condicionar la subida que pedían (porque los de otras CCAA ganaban más) “a que los funcionarios se comprometan a luchar contra “el absentismo” y a la renovación tecnológica”. Uno pensaría que ambas cosas ya iban en el sueldo…pero no, y al final se aprobó una subida, algo menor, sin ni siquiera esos “condicionantes”. Así que se contrata a funcionarios “de por vida” y estos exigen una subida, pero se niegan a comprometerse a aprender nuevas tecnologias y a reducir el absentismo. Este de los funcionarios de justicia es un ejemplo claro del cáncer que supone para un país tener 3 millones de personas que por aprobar una vez en su vida un examen de conocimientos ya tienen trabajo para siempre, con independencia de lo que hagan décadas después…
Como le he comentado al autor del post y coeditor, hay un problema previo en la modernización de la Administración de Justicia y sin el cual cualquier esfuerzo tecnológico se echa a perder, que es lo que podríamos llamar “modernización del colectivo” de las personas llamadas a administrar justicia, empezando lógicamente por los Jueces, como principales responsables, y siguiendo por el resto del personal, muy destacadamente los Secretarios Judiciales. Hay que pasar a un concepto de servicio público hoy por hoy no predominante entre los profesionales de la Administración de Justicia con honrosas excepciones, sobre todo entre la gente más joven y entre los que no son funcionarios de carrera. Esto es tan importante, o más, que la modernización tecnológica, sin duda imprescindible y que lleva en si misma un germen de cambio cultural obligado dado que si no no resulta útil. Yo creo que este post debe de servir para reflexionar sobre un tema gravísimo de nuestro tambaleante Estado de Derecho como es el defectuoso funcionamiento de una pieza clave, la Administración de Justicia. Prometemos seguir con el tema.
Coincido en la falta de medios y de voluntad politica, pero percibo una intencion, politicamente muy correcta, de exculpar a los funcionarios del sistema de justicia, que tienen un nivel de dedicación infimo y una productividad penosa. Por ejemplo, los jueces (que tienen un corporativismo atroz) no ejercen sus funciones de responsables de personal de sus juzgados, y muchos funcionarios recortan su jornada, que ya de por sí es de solo de 7 horas (de 8 a 15), a 5 horas (de 9 a 14, las que son de atención al público – llegan tarde y se van pronto) y además en las horas de trabajo salen a desayunar…hablamos de la semana de 20/25 horas (con un rendimiento además escaso, por falta de medios apropiados e interés). Eso supone dos personas para hacer el trabajo de una en una empresa privada… En la última gran huelga de los funcionarios de justicia dependientes del Ministerio, en la época de Fernández Bermejo, se quiso condicionar la subida que pedían (porque los de otras CCAA ganaban más) “a que los funcionarios se comprometan a luchar contra “el absentismo” y a la renovación tecnológica”. Uno pensaría que ambas cosas ya iban en el sueldo…pero no, y al final se aprobó una subida, algo menor, sin ni siquiera esos “condicionantes”. Así que se contrata a funcionarios “de por vida” y estos exigen una subida, pero se niegan a comprometerse a aprender nuevas tecnologias y a reducir el absentismo. Este de los funcionarios de justicia es un ejemplo claro del cáncer que supone para un país tener 3 millones de personas que por aprobar una vez en su vida un examen de conocimientos ya tienen trabajo para siempre, con independencia de lo que hagan décadas después…
SIGO INSISTIENDO QUE EL PROBLEMA HAY QUE TRASLADARLO A LA OPINIÓN PÚBLICA. POR ESO ME PARECE FENOMENAL ESTE POST Y TODOS LO QUE SE HAGA PARA ABRIR UN DEBATE SERIO SOBRE LA POLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA. PARA EMPEZAR EL NUEVO POST OS TRASCRIBO EL COMUNICADO QUE HACE UNOS DÍAS HA MANDADO A TODA LA CARRERA JUDICIAL LA ASOCIACIÓN DE JUECES Y MAGISTRADOS FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE. ESPERO IMPACIENTEMENTE VUESTRA OPINIÓN, NO SÓLO DEL CONTENIDO, SINO DEL MAYOR O MENOR ACIERTO DE LA INICIATIVA.
El diseño constitucional del Poder Judicial español se basa en la existencia de un Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de los jueces, cuyo cometido principal es velar por la garantía de la independencia de los Jueces y Magistrados en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales frente a todos.
La Constitución quiso detraer de la disposición de los otros dos poderes del Estado, pero esencialmente del Poder ejecutivo, todas aquellas facultades que pudieran influir o condicionar directa o indirectamente a los titulares del Poder Judicial y para ello el art. 122.2 CE encomendó a un órgano constitucional diferente y diferenciado, el Consejo General del Poder Judicial, las facultades que más podían influir sobre los Jueces y Magistrados y, específicamente, los nombramientos y ascensos, la inspección y el régimen disciplinario. En palabras del TC: “las funciones que obligadamente ha de asumir el Consejo son aquellas que más pueden servir al Gobierno para intentar influir sobre los Tribunales: de un lado, el posible favorecimiento de algunos Jueces por medio de nombramientos y ascensos; de otra parte, las eventuales molestias y perjuicios que podrían sufrir con la inspección y la imposición de sanciones. La finalidad del Consejo es, pues, privar al Gobierno de esas funciones y transferirlas a un órgano autónomo y separado” (STC 108/1986).
En definitiva, la finalidad de la CE, como ha reconocido el propio TC, era preservar al Poder Judicial de la dinámica propia de un Estado de partidos cuya lógica es distribuir los cargos en proporción de la fuerza o presencia parlamentaria de dichos partidos.
No es necesario detallar como, a partir de la reforma de la LOPJ de 1985, la realidad es que los partidos políticos del arco parlamentario han convertido al CGPJ en una réplica perversa de las mayorías y minorías partidarias presentes en el Parlamento, haciendo realidad los presagios más negativos que la STC citada quiso descartar como impensables: “Ciertamente, se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada de la Norma constitucional si las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en éste, atienden sólo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos. La lógica del Estado de partidos empuja a actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos, y señaladamente, el Poder Judicial.”
En su composición actual, el CGPJ obedece al designio partidista que impera en el Parlamento instrumentalizado a través de las asociaciones judiciales vinculadas a los partidos políticos mayoritarios. Pero es que, además, esta politización partidista no se agota en la propia composición del Consejo, sino que se trasmite de forma por todos conocida a la designación de los más relevantes cargos judiciales: Magistrados del Tribunal Supremo, Presidentes de la Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia, Salas de lo Civil y lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia.
Sucede así que lo que la CE quiso sustraer de las manos del Poder Ejecutivo y de la influencia partidista, esto es, los nombramientos y ascensos, la inspección y el régimen disciplinario de los jueces y magistrados, ha vuelto a estar en sus manos a través de las designaciones de los vocales del Consejo y de los cargos que ostentan las facultades de ejercicio de tales funciones. Simplemente por esta indirecta vía se ha terminado con todos los resortes para asegurar la independencia del Poder judicial.
En tal trance, hemos llegado a la conclusión de que el nudo gordiano de la inmensa mayoría de los problemas y dificultades cotidianas de la carrera judicial, de la imagen y desprestigio de la Justicia, pero sobre todo de los ataques a la independencia del Poder Judicial, radica justamente en la politización partidista de los nombramientos de determinados cargos y puestos judiciales que realiza el Consejo. A través de esos nombramientos, el Gobierno y los partidos de la oposición, sea cual sea su composición en cada momento, están acabando con la independencia del Poder que está llamado a controlarles y a defender los derechos de los ciudadanos.
Pero además, y en lo que se refiere a nuestro estatuto profesional, los efectos de este sistema no pueden ser más devastadores:
1) El descrédito y la idea generalizada de que la Justicia se imparte de forma partidaria, que se extiende indiscriminadamente a todos los órganos que administran justicia, produce un general desprestigio de la Carrera.
2) Existe un evidente riesgo de deterioro del propio sistema democrático y del estado de derecho. El Gobierno y los partidos políticos han logrado terminar con el control que sobre los demás poderes del Estado debe ejercer el Poder Judicial mediante la simple formula de ir colocando en la cúspide de la pirámide a quienes pueden preservar sus intereses.
3) Se produce una progresiva degradación de la consideración de los órganos judiciales básicos y de quienes desarrollan su actividad profesional en ellos.
4) Es inevitable una frustración de expectativas profesionales de los Jueces y Magistrados, que ven sus posibilidades de acceso a determinados cargos vinculada a la pertenencia a determinadas asociaciones judiciales.
5) Se deteriora el nivel de excelencia en los titulares de los órganos judiciales claves, que acceden a ellos por afinidades partidistas y no por sus méritos curriculares. Al propio tiempo se ha distanciado de forma abismal el estatus profesional de los Jueces y Magistrados de a pie y el de los titulares de los más altos cargos judiciales, en términos económicos, de consideración, de atención etc.
Ante tal estado de cosas, Foro Judicial Independiente ha venido denunciando y alzando una voz crítica en cuantas ocasiones ha tenido oportunidad de defender la independencia judicial y nuestro estatus profesional. Prácticamente 1.500 compañeros se han adherido a un “Manifiesto por la despolitización y la independencia del Poder Judicial”, sin otro resultado que un esporádico eco en los medios de comunicación del descontento de los jueces. Pero estas actuaciones, con ser importantes, no son suficientes para provocar un cambio cualitativo en la politización partidista de los nombramientos de la Carrera Judicial. Mientras exista este régimen de nombramientos, el Gobierno y los partidos no dejarán de buscar asociaciones y miembros de la Carrera Judicial que respondan a sus intereses ni éstos renunciarán a acogerse a su protectorado, aún cuando unos y otros digan aborrecer tal sistema.
Es por ello que hemos decidido dar un paso adelante y comenzar a impugnar jurisdiccionalmente aquellos nombramientos en los que sea detectable la influencia de los partidos políticos. En el último año se han renovado las Presidencias de muchos Tribunales Superiores de Justicia. Particularmente en los nombramientos de los TSJ del País Vasco, Valencia y Cataluña, ha sido notable e indisimulada -incluso ante los medios de comunicación- la intervención mediata de los partidos, sea en forma de vetos, de imposiciones o de compensaciones, en cualquier caso por motivaciones de índole claramente partidista, sirviéndose para ello de la colaboración de sus terminales asociativas en el Consejo. Dicho de forma breve, en el País Vasco se produjo un claro veto de PNV y PSOE a renovar al Presidente del TSJ, por haber osado encausar a Ibarreche y a Patxi López. Después de largas negociaciones, el PP y la APM transigieron con tal veto a cambio de designar al Presidente de Valencia, lo que fue aceptado por PSOE y JD a cambio de la Presidencia del TSJ de Cataluña.
Creemos que la única solución, si realmente queremos terminar con tal estado de cosas, es recurrir tales nombramientos para sostener su nulidad basada en la violación de las normas constitucionales a que nos hemos referido y, en definitiva, por atentar contra la independencia judicial. No se trata de cuestionar personalmente la idoneidad de los nombrados o descartados, sino de denunciar la farsa institucional en que se ha convertido el órgano constitucional llamado a defender la Independencia del Poder Judicial.
Lo hemos llevado ya ante el Tribunal Supremo, que ha admitido a trámite los recursos interpuestos por esta Asociación contra las designaciones de los Presidentes de los Tribunales de Justicia de Cataluña y de Valencia, y lo llevaremos ante el Tribunal Constitucional y ante instancias jurisdiccionales internacionales hasta conseguir un pronunciamiento que revise la doctrina sentada de forma “ingenua” en la sentencia 108/1986 que hemos citado. Estamos convencidos de que tenemos poderosas razones para que nuestra pretensión prospere, pero si no es así al menos vamos a obligar a quienes dicen rechazar la politización partidista del CGPJ a que se miren en el espejo y nos muestren su imagen.
Creemos que la defensa de la independencia judicial, que es en definitiva la del Estado de Derecho, así lo exige.
Muchas gracias Antonio por tu comentario porque es magistral. En tu brillante exposición sólo hecho en falta, quizá (no me atrevo a enmendarte la plana) cierta dosis de autocrítica corporativa. Todo este chalaneo de cargos en la cúspide de la carrera judicial, y otros tejemanejes imaginados por todos, también en la cumbre, al final son posibles porque hay magistrados que se prestan a ellos. A mí la función que desempeñáis y lo que vosotros representáis me merece tantísimo respeto que me cuesta tragarme este sapo, pero entiendo que en todo colectivo siempre hay quien por ambición, vanidad, codicia o vete tú a saber por qué, están dispuestos a comprometer la esencia de lo que son o debereían ser. Estoy convencido de que los primeros indignados sois esos 1500. A ver si entre todos fueésemos capaces de subir el volumen y que se os oiga fuerte. Mucha suerte, nos va mucho a todos en ello.
Antonio, totalmente de acuerdo con lo que denuncias y probablemente las acciones judiciales que habéis emprendido os sirvan para conseguir el eco en los medios que de otra forma es díficil de conseguir, entre otras cosas por como están los medios. Os apoyaremos todo lo que podamos desde este blog en esta iniciativa y en daros voz y difusión en la medida en que podamos, pero como dice Jose Manuel no os olvideis que si habéis (o hemos) llegado a esta situación es porque ha habido muchos compañeros que han entrado al trapo y han jugado a lo que los partidos querían y han buscado un beneficio personal antes que el del colectivo, porque si todos os hubierais negado a este juego no estaríamos aquí. Dicho eso, la iniciativa os honra y os deseo todo el éxito del mundo. Yo particularmente creo en los jueces y en la Administración de justicia como sistema de cierre del Estado de Derecho, y como garantía última de la justicia y de la libertad. Pero también pienso que hay jueces que, por lo que hemos visto, no se lo creen.
No puedo estar más de acuerdo con Clannad y Elisa. En nuestro sistema de Administración de Justicia ni se identifican, ni se asignan, ni se reparten adecuadamente las responsabilidades entre el personal a su servicio. Lógica consecuencia de ello es que no quepa exigirlas, y que cuando se hace puedan producirse resultados un tanto aberrantes o injustos. Mientras esto no se solucione ni Berta ni Rita la cantaora. Transcribo al efecto un párrafo de un interesante artículo escrito por Valentín Cortés sobre el tema con ocasión del proyecto sobre la oficina judicial: El legislador se olvida de hacer una reforma complementaria pero esencial, entre otras, y que a nadie se le escapa es urgente, como sería la de establecer por fin y de una vez un sistema eficaz de poder exigir responsabilidad a los jueces y magistrados y demás personal al servicio de la Administración de Justicia; mientras esta reforma no se haga, los jueces y magistrados no se sentirán responsables, tal como quiere el art. 117 de la CE, y la justicia no será verdadera Justicia, por mucho que se intente cambiar la oficina judicial. Referencia completa: http://www.elnotario.com/egest/noticia.php?id=1790&seccion_ver=3
Ruego se me permita terciar en la discusión con la autoridad que me da la experiencia de unos años de ejercicio como abogado de toga ante la jurisdicción penal.
En efecto, la Administración de Justicia está infradotada de medios … pero no tanto: dispone de aplicacíones informáticas punteras – y hechas a medida – contra las que funcionarios escasamente motivados y con poca voluntad de preparación se enfrentan con el firme deseo …de no hacerlas servir para el uso a que se destinan. Los equipos que se están instalando o que se han instalado en los últimos tiempos en las oficinas judiciales de Madrid, tanto en Instrucción como en Penal, son exactamente iguales, si no mejores, que el que yo estoy utilizando en este momento para escribir este post. En las Salas de Vistas hay elementos tecnológicos que permiten tomar declaración a testigos mediante videoconferencia – yo ya he asistido a unas cuantas – o practicar pruebas de carácter tecnológico. Hay Jeuces que toman sus notas en ordenadores portátiles mientras celebran los Juicios.
Lo que no es de recibo es que se señale un Juicio a las 9:30 horas y a las 10:15 no hayan aparecido ni el Juez ni el Fiscal ni los agentes o funcionarios judiciales. Que se habilite un juzgado bis para celebrar juicios vespertinos y la Audiencia se inicie con 45 minutos de retraso. Que una Magistrada suspenda un Juicio Penal – que ya llevaba al menos una suspensión y un par de años de retraso – ya que estaba muy nerviosa y no debía celebrar en esas circunstancias, pues no debía transmitir su stress a las partes.
No puede perdonarse que un abogado intente comprobar el estado de una causa en varias visitas a un Juzgado de Instrucción y tras sucesivos intentos no conozca al funcionario que tramita el expediente, ya que en ninguna de ocasiones lo ha encontrado (cafés, Moscosos, está en la casa pero…). No logro entender como los plazos procesales son distintos para las partes privadas, mientras que los Fiscales tardan meses en devolver una causa que se les ha enviado para conclusiones provisionales (diez días en Procedimiento Abreviado).
Estas pocas perlas son ri-gu-ro-sa-men-te ciertas y hay más.
Desconozco el motivo: falta de motivación, falta de profesionalización, comodidad intrínseca de los funcionarios, no lo sé. Pero no es un problema únicamente tecnológico, de medios o de sueldo – que también;
Probablemente una de las soluciones pase por la necesaria dignificación de la labor Jurisdiccional y el necesario respeto y valoración social y política por uno de los pilares del Estado. Quizá el más importante de los llamados tres poderes, en tanto que es el garante del respeto y poder de la Ley frente a los otros mecanismos del Estado.
Buenas tardes:
He conocido esta página gracias a mi buen amigo José Manuel Sánchez Tapia. Con su consentimiento me permito recomendaros un libro de Alejandro Nieto, al hilo del tema que estáis comentando:El desgobierno de lo público.( Ed. Ariel) Entre otros temas trata de la responsabilidad de jueces y magistrados, destacando que las denuncias contra jueces y magistrados son totalmente ineficaces. ( Página 325). Creo que es un colectivo muy amplio, en el que se incluyen grandes profesionales, pero también personas que merecerían ser inhabilitadas y cuyo ejercicio desacredita con toda razón este servicio público.
No puedo estar más de acuerdo con Fernando, al que felicito por un post que me hubiese gustado escribir a mí.- Visitar las tripas de un juzgado es casi una experiencia “traumática”, porque te cuesta creer la situación de atraso, caos e ineficacia que domina un lugar que debiera ser todo lo contrario. Y los responsables de esto me parece que no son otros que los que señala Fernando en el post. Creo que resulta inadmisible hacer a los jueces responsables de los funcionarios de la oficina judicial cuando carecen de toda potestad disciplinaria sobre los mismos, de hecho, a veces, se encuentran “atados de manos” ante algunos funcionarios ineptos o desafiantes. Supongo que en el colectivo habrá de todo (como en cualquier otro), pero por los jueces que conozco me parece que trabajan mucho (todavía más en casa que en el juzgado) y mal retribuidos. Tengo dos amigas juezas que aprovechan parte de sus vacaciones, fines de semana, puentes y festivos e incluso bajas por enfermedad, para poner sentencias, para “avanzar algo” en la imposible labor de poner al día el juzgado. Sólo funcionarios de muy alta responsabilidad y/o gente muy cumplidora, íntegra y honesta están dispuestos a cumplir con su función asumiendo ese elevadísimo coste personal.
Yo también conozco bien los problemas que denunciais. Por cierto, puestos a recomendar, empezad por La administración del desgobierno que es la primera obra de D. Alejandro Nieto escrita allá por los años 80 del siglo pasado y la cosa no ha hecho sino empeorar. En fín, creo que la conclusión es clara, los jueces no tienen ni incentivos ni manera de poner orden en su juzgado, pero a cambio tampoco nadie les exige responsabilidad alguna. Suele ser la contrapartida, no mandas y no respondes. Este es un sistema perverso por definición, donde conviven jueces ejemplares que se dejan la piel (yo también conozco de esos) y jueces que pasan de todo o directamente debieran estar incapacitados, pasando por todos los grados intermedios que van desde la heroicidad a la locura. Menudo sistema. Por lo demás ni siquiera pasa solo con los jueces, fiscales o secretarios judiciales, pero sin duda es donde más se nota, quizá por la importancia de la función y por su relación con el público. Como he dicho en mi otro comentario esto daría para una serie de posts.
Tengo grabado un programa de LA CLAVE de principios de los 90, donde Federico Trillo hablaba de las causas del atraso de la justicia, y entre otros temas se refería al sistema de elección de vocales del CGPJ que el PSOE aprobó en 1985, alterando el sistema originario implantado por LO de 1980. Una mutación constitucional, en el sentido de Jellinek decía alarmado Don Federico. LLegó el PP al poder, con mayoría absoluta, y pese a que en dicho partido había desde siempre una intención por volver al sistema originario de 1980 implantado por D. Iñigo Cavero, no restauraron ese sistema para evitar la referida mutación constitucional y salvaguardar la independencia del poder judicial. Pero no lo hicieron. Incumplieron sus promesas electorales, en un tema de principios,y justificaron esa pirueta en aras del consenso, ya que la justicia ¡¡era un tema de Estado!! ¿Recuerdan ustedes el Pacto de Estado por la Justicia entre Michavila y López Aguilar? ¿Qué se ha mejorado desde entonces? Más bien nada, una tomadura de pelo más de PP y PSOE a todos los españoles. Si están dispuestos a ceder en cuestiones de principio, que van al corazón de la independencia de los jueces como contrapoder, ¿cómo extrañarse de que sigan mareando la perdiz en cuestiones organizativas o procedimentales?
Elisa, recojo la petición y la semana que viene publicaré un segundo post sobre el CGPJ.
Es difícil no estar de acuerdo con el autor del post. La deslealtad de los otros dos poderes del estado con el judicial es una de las grandes quiebras de nuestro estado de derecho.
La indigencia de medios materiales en la que está sumida la administración de justicia es una -solamente una- de las mil causas de su penoso estado. Sin embargo, con ser imprescindible dotarla de los instrumentos tecnológicos que existen en cualquier domicilio particular desde hace ya una década, no me parece lo más esencial. La llegada de esos instrumentos -si alguna vez la vemos- no resolverá demasiadas cosas. Es posible que los asuntos se tramiten con más rapidez, es decir, que lleguen a la mesa del juez y del secretario judicial con más celeridad. Ahora bien, lo que no se va a ampliar, por mor de la tecnología o de las leyes, es la capacidad material y racional de resolución de las personas que, en la mayor parte de los casos, está excedida. Podemos criticar a los jueces, sin duda, -yo lo soy y también lo hago- pero salvo muy contadas excepciones, en general, como bien dice José Manuel Sánchez Tapia, todos trabajamos más en casa que en el juzgado. Es más, creo que este alto grado de responsabilidad de la mayor parte de los jueces españoles -que hemos trabajado durante años superando los módulos de carga de trabajo en más de un 200%, para tratar de que nuestros juzgados no se colapsen definitivamente-, ha contribuido a “ocultar” la verdadera situación –todavía es peor de lo que parece- y ha permitido que el poder ejecutivo y legislativo no hayan hecho todo lo que estaba en su mano para ponerle remedio. Paradojas de la vida, te esfuerzas desmedidamente para solucionar un problema sin conseguirlo y te conviertes en causa del mantenimiento del problema.
El artículo sobre politización del CGPJ del que habla antonio está en http://issuu.com/jmvf/docs/politizacion.
Fernando: la idea de la plataforma ya se intentó. Fíjate como se encabeza el manifiesto por la despolitización y la independencia judicial. Habla de “PLATAFORMA”. La idea era precisamente esa, crear una estructura estable y transversal que aglutinara a una diversidad de colectivos en pos de la defensa de los principios del manifiesto. La idea no cuajó (por ahora). ¿Por qué? Mi opinión: por un error de sus impulsores (la gente más valiente que ha existido en la historia de la judicatura) que no han sabido dotar de representatividad y estructura propia al movimiento. Pero la idea sigue viva. No esperemos que los 4.000 jueces en activo que hay en España lideren ningún movimiento. La mitad de ellos se han “funcionarizado” y sólo quieren cobrar su sueldo a fin de mes (algo nada criticable). De la otra parte, la mitad aproximadamente (más de 1.000 jueces) viven bajo las alas de las dos asociaciones-partidos políticos (APM=PP y JpD=PSOE) y se dejan llevar por sus direcciones, correas de transmisión de los políticos mayorotarios; no son malos jueces, todo lo contrario, pero jamás les permitirán tomar una decisión de verdadero calado sin la previa autorización de sus políticos. Quedan 1.000. Preocupados por sus hipotecas, agobiados por las montañas de papel, indefensos, asustados… Pero comprometidos. Contad con ellos, no es mal principio. Quizá la plataforma pensada en el manifiesto no salió porque no podía salir de una carrera judicial podrida y enferma. Porque de haber nacido, habría muerto al instante de corrupción moral. Busquemos esa plataforma en la sociedad y esos 1.000 jueces estarán encantados de apoyarla, defenderla e impulsarla. Es la sociedad la que tiene que reclamar de sus políticos las soluciones de la justicia. Si sigue dormida los políticos no harán nada porque a ellos les incomoda la independencia de poder judicial y están como locos por acabar con ella. A Mubarak no lo va a echar la corrupción; lo va a echar el pueblo cansado de corrupción. Pues el problema de la justicia es igual. Este blog no es nada, esta conversación la podríamos tener en la barra de cualquier bar, pero lo importante de esta discusión es precisamente eso, que existe, que se debate. Poco a poco. En la justicia nada cambiará de un día para otro. La huelga de jueces franceses de esta semana no dará soluciones a nuestros problemas, pero poco a poco, la gente se va concienciando que la democracia en España no alcanzará las cotas de cualquier país occidental, hasta que no exista un Poder Judicial libre e independiente, que garantice sus derechos. Cuando la sociedad española lo entienda ya nada será igual ¿Por dónde empezamos?
La influencia que tienen las leyes en el desastre de la justicia daría para otro post.
La ley es el material con el que trabajamos, el cemento con el que tenemos que construir las sentencias. Hacer justicia con leyes malas es muy complicado.
Yo os puedo hablar de la jurisdicción penal y de las múltiples modificaciones habidas en materia de delitos estrella : violencia contra la mujer y delitos contra la seguridad vial. En la ultima reforma que acaba de entrar en vigor el legislador ha modificado, después de tres años, la obligatoriedad de la pena de trabajos, haciendola ahora, pena alternativa. Consecuencia : tenemos que revisar, MILES de ejecutorias para aplicar la nueva legislación más favorable para el reo.
Pero es que cuando el legislador introduce nuevos tipos penales no encarga ningún informe para valorar el impacto que tendrá en la carga de trabajo de los ya saturados juzgados penales. Así resulta que en los tres últimos años la carga de mi Juzgado se ha incrementado en un 40 %. como consecuencia de las modificaciones legislativas.
Podríamos hablar también de la carga ideológica de las leyes penales actuales tan alejada de los cánones tradicionales de construcción de tipos penales. Me refiero a la llamada violencia de género que está provocando una autentica mutación de principios procesales . Se trata además de una cuestión tabú .
Por no mencionar la legislación procesal, tan antigua y desfasada. En fin daría para mucho. Solo comentar a titulo de anécdota que los juzgados todavía no podemos comunicarnos entre nosotros por correo electrónico.Funcionamos con correo ordinario y si es urgente con el fax. Y lo q te rondaré… A dia de hoy los jueces instructores y penales no tenemos forma de conocer si un ciudadano tiene abiertos procedimientos judiciales en el resto de España. Como mucho, tenemos acceso a los procedimientos de nuestro partido judicial, el resto…. ( salvo en violencia de genero, claro )
Efectivamente, como se dice en los precedentes post, la política legislativa es otro gran problema: leyes que se modifican constantemente, el parcheo es incesante (ej. hace pocos días se publicó la reforma de la reforma del Código penal – que entró en vigor apenas 20 días antes, por diversos errores,improvisación…- Es la 27 reforma del C.penal llamado de la democracia, .. con los consiguientes problemas de delimitar cual es la ley aplicable en el momento de los hechos, y su retroactividad en materia sancionadora, en lo beneficioso..), vienen las leyes sin memoria de impacto económico ni de impacto sobre la planta judicial (es sostenible la creación de más delitos, más acciones, más derechos ….sin que se amplie la planta judicial .. para hacerlos realmente efectivos? que no conduce más que a la saturación y sentimiento de impotencia e insatisfacción generalizada) Parece que no hay más soluciones para los problemas que surgen en la sociedad que meterlos en el C.penal. Pronto veremos un nuevo tipo penal para solucionar el tema de la prohibición de fumar en los bares, ….. al tiempo.
Propuestas y sugerencias para los males que aquejan a la Justicia : para empezar … acabar con la politización (volver al sistema de elección democrática, libre y directa por los jueces de parte de los vocales del CGPJ, establecimiento de un sistema de méritos objetivos para ciertos cargos o simplemente al más objetivo de todos : el escalafón..), para seguir, habría que analizar si es factible en términos de eficiencia, económicos y organizativos sostener una Administración de Justicia descentralizada parcialmente, en que intervinen, aparte del P. Legislativo Central y 17 Parlamentos Autonomicos, el P. Ejecutivo Central (Ministerio de Justicia), 17 Autonómicos y el CGPJ , y cuando no los Ayuntamientos (para creación de Juzgados, jueces de paz, etc.., para cuya coordinación han de crearse tantas Comisiones y subcomisiones como territorios o cuestiones que haya de tratarse, con el consiguiente gasto y burocracia para sostener tanto organismo, descentralización que se traslada a cada Juzgado, de modo que cada integrante pertenece a una macroorganización, esto es, el CGPJ para los jueces para ciertas cosas, el MJ para los secretarios … (dándoles órdenes ..)y para los jueces en cuanto a retribuciones, y la Comunidad Autónoma para medios materiales y personal, sin que los que están integrados en el mismo Juzgado sean jerárquico- dependendientes. Ni el secretario lo es del juez, ni los funcionarios lo son del juez ni del secretario …. ¿Existe en algún sector privado o público con una des-organización semejante? Hacienda funcionaría tan bien como lo hace si tuviera esta des-organización ? Y si cada vez que le falta personal o se le estropea un ordenador tuviera que pedirlo a otra Administración distinta a la suya y esperar a que quieran mandárselo? Y si no le mandan personal ni medios que se estropean … y le echaran la culpa de que no funciona.. sería de recibo ? Pues, a nosotros eso nos pasa.
¿Deberían pasar todas las competencias de Justicia y sus integrantes a un único centro de decisión ?
La descentralización desciende también a los procesos, ahora desgajados, parte lleva el secretario dependiente del M. Justicia, parte el Juez, ya hay procesos que aún se llaman judiciales en que no interviene nuca el juez, y ahora con la NOJ, pasan de unas unidades a otras constantemente, en un peregrinaje sin fin. Es esto eficaz? Es sostenible?
Y otro tema a analizar .. a dónde va el dinero que se presupuesta para Justicia ? Se dice que se invierten cantidades millonarias .. pero la planta apenas aumenta … los medios tecnológicos no funcionan como debieran … el dinero destinado a formación es cuantioso … ¿ Da resultado ?
Y no sigo, porque otros apuntarán mejores soluciones.
Fernando,creo que los últimos comentarios apuntan claramente a la necesidad de un nuevo post… Creo que tanto el comentario de Juez como el artículo que citas lo meren. Por no hablar de temas como la NOJ o la (anunciada) creación de los mini Consejos autonómicos de Justicia…lo que nos faltaba. Queda lanzado el guante.
José Manuel y Elisa. De nuevo acertáis. Muchos jueces se han venido al poder, despreciando el que ya tenían (juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado), para arroparse en uno mucho más plácido y mentiroso. Sentarse todos los días a resolver los problemas de los ciudadanos es duro, muy duro. Llega a exprimirte como persona; como no lo llegues a controlar te convierte en un ser huraño, aislado, extraño hasta para los tuyos. Y en esa línea hay gente que no quiere dejar de ser poderoso pero no está dispusto a soportar la tiranía del poder que le ha conferido la Constitución y sencillamente, se hace político -en todas sus acepciones-. ¿Por qué hemos aguantado hasta 2008? (Fecha de la primera huelga). Son muchas la razones, de la gran mayoría de ellas sólo los jueces somos responsables. Refiriéndose al sometimiento de la justicia al ejecutivo (él hablaba de democracia) Felipe González dijo una vez que no entendían cómo habían podido con los militares y no habían podido con los jueces. Es todo lo contrario. Los jueces (como colectivo) nunca hemos vivido en democracia en España. La APM nació en el anterior régimen y cuando de ella se desgajó JpD no lo hizo para regenerar el sistema (es lo que todos esperábamos) sino para seguir utilizándolo, esta vez en su favor. Estuvieron unos años a la gresca pero por fin llegó la paz con este Consejo. Han entendido que lo suyo es la alternancia y que habrá épocas en las que les toque mandar y otras en que no, así que a pactar. ¿Y los demás? Ya dije que la mitad de la carrera se ha funcionarizado, sólo quieren llevar su sueldo a casa: hacen bien. El resto, los 1.500 jueces firmantes del manifiesto nos equivocamos creyendo que era necesaria la unidad previa a dar cualquier paso adelante. La unidad en la carrera jamás se conseguirá hasta que no se resuelva el problema de la falta de independencia. Yo ya no la quiero. Hemos intentado ser siempre prudentes en pos de esa falsa unidad, creyendo que ella nos haría fuertes para conseguir cosas. Esa voluntad de unirnos nos ha llevado a dejar de hacer muchas cosas para no molestar a las demás asociaciones. Era el engaño al que nos tenían sometidos. Mientras tanto, a seguir repartiéndose el pastel. Pero la cosa cambíó con el manifiesto por la despolitización y la justicia. Hemos roto con el novio maltratador y nos sentimos liberadas y más felices que nunca, dispuestas a todo por nada. Hemos abandonado la unidad corporativista, necesaria para conseguir mejoras profesionales, en pos de la última batalla, la de la independencia, una lucha en la que los jueces saldremos perdiendo personalmente para beneficio de la sociedad.Espero que no sea demasiado tarde. Como véis reconozco algunos de nuestros muchos errores. Aquí hay 1.500 jueces dispuestos a cambiar las cosas, (sobre el 35% de la carreraa judicial en activo). ¿Dónde están la parte propocional de españoles (17 millones) dispuestos a secundarnos? Aquí los esperamos, ¿o es que no todo es culpa de los jueces? Seguimos hablando de este tema en el nuevo post.
Qué razón tiene este artículo y que pocas ganas de solucionar las cosas hay.
Soy funcionario del grupo A de Informática y estoy en Justicia (y he estado en la AEAT).
Justicia es de donde todo el mundo termina huyendo en informática, quitando muchas ilusiones de mejorarla, ¿por qué?
Hay una media de 5 veces menos personal en el ratio informáticos/usuarios.
Hay cientos de programas, cada uno con sus peculiaridades, a parte de que eso hay que multiplicarlo por las autonomías. La descripción de Don Fernando Gomá es muy acertada en ese aspecto. Además esos programas no son integrales ni están centralizados. Ojalá hubiera un solo programa centralizado que pudiera abarcar todo.
Con el sistema actual la informática se limita a APAGAR FUEGOS, no es un sistema integral que falicite el trabajo.
No hay una política informática definida con rigor y que modele TODO el sistema (desde los servidores hasta los equipos clientes) para toda la TODA la Administración Judicial española.
No hay una base de datos centralizada como la hay en la AEAT o en la Seguridad Social (modelos a seguir).
A muchos usuarios (tanto de muy arriba como de muy abajo), vamos a decir la verdad, no les gusta la informática en Justicia. Alguno no enciende un ordenador en todo el día (aunque esto no se puede generalizar ni mucho menos) e incluso dicta a otro lo que debe escribir. También hay otros que la utilizan y mucho, y no entienden como en su casa se pueden aprovechar mejor los recursos informáticos que en el trabajo.
El artículo menciona lo bien que funciona la AEAT, en mi opinión un modelo a seguir, pero no debemos olvidar que la AEAT aprovechó Internet desde el principio, y ya antes permitía la entrega de declaraciones en discos (incluso obligaba). La AEAT tiene un acervo informático de muchos años y eso no se puede implantar de repente en la Justicia (Ojalá).
A título anecdóctico mencionaré los CDs de las vistas judiciales. Cada vista hace que se graben múltiples CDs para que las partes y la administración las tengan registradas. ¿No sería más fácil un sistema de video-on-demand centralizado? La identificación podría hacerse con el certificado de la FNMT y todas las partes podrían ver la vista cuantas veces quisieran.
En resumen, mi conclusión es que el primer paso para la modernización de la Justicia es dotar a la Administración de un número mucho mayor de funcionarios de informática, que permita implantar nuevos sistemas de información y que sigan allí para mantenerlos, orgullosos de su trabajo, sin querer concursar a otras plazas, como ocurre en la AEAT o en la Seguridad Social.
El barómetro de febrero 2011 del C.I.S. se ocupa especialmente de la Administración de Justicia. Puede verse los resultados en http://estaticos.elmundo.es/documentos/2011/03/09/barometro_febrero.pdf
Considero que el debate inicialmente planteado sobre los medios tecnológicos en la Administración de Justicia se esta desviando hacia el terreno de la responsabilidad de los funcionarios de justicia (desde el Juez hasta los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial), yo soy Secretario judicial y no creo que el personal de justicia sea distinto del de Hacienda, Educación, Defensa o Sanidad, realmente tenemos los mismos origenes (educación, familia, sociedad) y en consecuencia el mismo sentido de la responsabilidad, por tanto, si una administración es eficaz y otra no, posiblemente el origen de su causa no será tan simple como culpar a su personal. He conocido funcionarios muy trabajadores y otros no tanto, como es natural, pero también en mi vida privada he conocido empleados de banca o dependientes de comercios o empleados de hostelería estupendos y otros no tanto, como en cualquier entidad de gran tamaño tiene que haber de todo; considero que una organización que pretenda ser eficiente tiene que saber motivar, ilusionar y exigir a su personal que realice un buen trabajo. Volviendo al origen del debate, me pregunto ¿por que desde hace muchos años en Hacienda un funcionario introduce en el ordenador el nif de una persona y aparecen todos sus datos? mientras que en justicia no ocurre lo mismo; ¿por que en una empresa privada como puede ser un comercio el responsable sabe en todo momento cuantas existencias tiene simplemente con darle a la tecla del ordenador? (por ejemplo camisas de un determinado modelo y talla, o mesas de un determinado tipo y color) en cambio en el Juzgado preguntamos al ordenador cuantos juicios ordinarios o juicios de desahucio o ejecuciones tenemos o escritos pendientes de proveer, etc. y es incapaz de responder. En consecuencia, estoy totalmente de acuerdo con Fernando en que los politicos deciden según sus propias prioridades en que servicios publicos esenciales se invierte el dinero recaudado. Por último, simplemente decir que soy optimista porque creo que desde hace un par de años se esta intentando mejorar la situación sobre todo con la implantación de la nueva oficina judicial modernizando la Administración de Justicia, pero frente a otras Administraciones como Hacienda llevamos decadas de retraso y los resultados en términos de eficacia o de calidad en atención al ciudadano son proporcionales a los medios disponibles.
1) Hay un libro -Independencia del juez y desorganización judicial, de un abogado del Estado- que constituye un buen análisis de la situación. 2) Pero al margen de los problemas organizativos, habría que distinguir entre la inmensa mayoría de los jueces que con su labor callada, anónima, en un juzgado unipersonal, o en una audiencia de provincias, dignifican la justicia, y el chalaneo que percibe la opinión pública en las instancias superiores, y que contribuye de manera decisiva al escepticismo y al desánimo sobre el modo de solucionar el problema de la justicia. Desde el voto de García Pelayo en el asunto Rumasa, el TC no se ha repuesto. Tras el rapapolvo en público de la Vpte. del Gobierno a la Pte. del TC se ve la misma estela de intromisión política. Un juez del TS o del TC que quiere dignificar su trabajo(y el de sus compañeros de instancias inferiores) y convertir al poder judicial en un poder respetado no puede consentir esas presiones: tiene que rebelarse, y darle publicidad a la presión, para evitar que se repitan. Y si las consiente, hace mal y tiene una responsabilidad por ello. Pero si no los fuera a consentir, ¿habrían sido propuestos para esos puestos por los políticos de turno? ¿Defendió Pascual Sala al juez Barbero cuando el Sr. Rguez Ibarra dijo que realizaba la instrucción del asunto Filesa de aquel modo para impresionar a su esposa? Justo porque no lo defendió y siguió esa estela sinuosa de no-oposición al poder político ha podido llegar hoy a ser Pte. del TC. Cuando un juez defienda sin complejos a otro compañero (sea del color que sea, porque esté siendo objeto de presiones por el poder político) y, aún así, llegue a ser Pte. del TS o del TC, la justicia estará en el camino de arreglarse. Porque el poder judicial habrá tomado conciencia de su responsabilidad y se habrá liberado del complejo de subordinación a los políticos. Mientras tanto, hablemos de la informatización de la justicia, sin duda muy necesaria.
Hay cuerpos de funcionarios en los que la promoción a puestos de más nivel sigue un criterio absolutamente objetivo y riguroso: el orden de antigüedad. Así el acceso a la condición de letrado mayor del Consejo de Estado, o el modo de cubrir las vacantes en los concursos de notarios o registradores……..¿No creen que este sistema sería el más objetivo para la independencia del poder judicial?…. Sale una plaza vacante de magistrado de la Sala II del TS, o de juez de instrucción en la Audiencia Nacional, y los jueces que la quieran saben a qué atenerse… Y no a esa cosa tan subjetiva de que una comisión valore los méritos… Alguien dirá que la antigüedad no garantiza el conocimiento de la especialidad… Y en parte eso es verdad… En el Consejo de Estado, hay letrados que se han pasado la vida excedentes (en la política) o en activo en la sección que informa los asuntos del ministerio de defensa, o de asuntos exteriores… y de pronto le nombran letrado mayor de la sección de Hacienda o de Fomento… Y seguro que los letrados que llevan 10 años en la sección de Hacienda saben más que el letrado que acaba de ser ascendido a Mayor.. y no pasa nada, para eso está el estudio y la seriedad de los funcionarios…y a eso debe apelarse… Pero es que además entre los jueces pasan cosas parecidas (aunque con criterios mucho más oscuros): en el TS, se ve con frecuencia que un magistrado de la Sala II, pasa a la Sala I, o de la IV a la III, y alguien podría preguntarse: ¿qué sabe un penalista de temas civiles, o un laboralista de sectores regulados? (En el propio TC, ve uno que un catedrático de Dº Hacienda Pública es ponente de una STC sobre la ley del aborto, caso de Gloria Begué en los años 80…, o un Catedr. de Mercantil sobre un asunto ajeno a su especialidad… Pero no tiemblan los cimientos de la justicia…). Ese sistema despolitizaría tanto las pretensiones de los políticos como los tejemanejes de los candidatos que ansían puestos en el TS o en la A.N. y profesionalizaría el ejercicio de su función.
Pues en contestación al comentario anterior de Juez, yo sí tengo la percepción de que es posible hacer algo. Tanto las dos huelgas como el manifiesto de los 1400 jueces, que se ha comentado en el post, presentan algunos problemas. Las huelgas son algo puntual, al día siguiente están olvidadas; el mensaje lanzado (la justicia está mal, hay que mejorarla) es genérico y perfectamente combatible políticamente, como hizo el ministro (todos estamos en el mismo barco porque creemos que no hay nadie que no quiera la mejora de la justicia, y tenemos planes de inversión, aquí están las cifras, lo que tenemos que hacer es trabajar todos sin actitudes negativas y corporativas y bla bla…). A esto añado que todo ello da la impresión –involuntaria- a la sociedad de que la justicia es solamente cosa de jueces, de modo que se las arreglen ellos con la administración. En cuanto al manifiesto, bien escrito y certero –aunque no sé qué opinarán los secretarios respecto de algún punto-, en la era de Internet eso no se lo lee nadie, demasiado largo y profundo, me temo, para el estándar social actual. Y ambos, huelga y manifiesto, son acontecimientos estáticos, no tiene continuidad en el tiempo. Pero creo que sí se podrían hacer cosas: se podría por ejemplo redactar un ideario corto, un decálogo sobre qué falla –politización, medios, etc- y qué hacer para remediarlo –especialmente, para mí, que la sociedad civil se merece una democracia completa, y ésta no existe sin una verdadera independencia del poder judicial respecto de los partidos-; crear un movimiento, plataforma, observatorio o como se quiera llamar, para difundir este ideario, pero no de jueces, sino completamente transversal: jueces, secretarios, fiscales, abogados, procuradores, empleados, y otros: notarios, catedráticos, profesores…y arquitectos, médicos, funcionarios en general, etc, todos en definitiva, que simpatizaran con la idea de más democracia y menos partidos, y siempre de manera expresamente apolítica: se trata de hacer sociedad civil. Yo de hecho me apuntaría a una iniciativa así, como simpatizante, y he de reconocer que con los comentaristas que están escribiendo en todas las entradas de este blog, me estoy reconciliando con la sociedad en general, parecía que solamente existía Sálvame Gran Hermano. Se puede –y es fundamentalísimo- aprovechar las redes sociales para difundir ese ideario y ganar adeptos, y para estar presente de manera continua en la sociedad, opinando en los medios, influyendo en ellos, o directamente creando en Internet medios propios; foros de opinión, facebook, twitter, así como implicando a los blogs jurídicos, personales o sociales en la tarea tan atractiva, si se presenta así, de luchar para mejorar la calidad de la democracia, como ciudadanos libres, poniendo a los partidos en su lugar: necesarios pero no con su actual poder. Se pueden hacer propuestas, no genéricas y abstractas, sino muy concretas sobre leyes; modificaciones concretas de artículos de las leyes del CGPJ, TC, el anteproyecto sobre tribunales de instancia, etc, para quitar la disparatada influencia de los partidos en todos los nichos de poder de la sociedad, propuestas que se entenderían bien sólo si antes se ha obtenido visibilidad y el mensaje es breve y motivador para los ciudadanos. Yo estoy convencido de que hay un malestar profundo en la sociedad respecto de la situación actual y el diario espectáculo que ofrece la clase política, y parte de él puede ser canalizado en un movimiento estrictamente apolítico. Hay más, pero se da el caso de que el segundo post que voy a escribir sobre la justicia trata precisamente de este tema: ¿qué hacer?, así que me remito a él. Se admiten sugerencias.
Volviendo al tema de la iniciativa para promover la independencia del poder judicial como veríais hacerlo desde una plataforma en Internet promovida por representantes de varias profesiones jurídicas? Tecnologicamente no es complicado pero me gustaría conocer vuestra opinión.
Además, considero importante añadir como agravante, el hecho real de que hoy en día la Administración de Justicia está regida y dotada de manera bicéfala, ¿de qué sirve que por el CGPJ se acuerde la creación de nuevos órganos con más personal a su servicio, si luego la Comunidad Autónoma correspondiente no dota de los medios necesarios, ni del personal acordado, o simplemente no les pague? Son Administraciones distintas, cada una con sus parcelas de competencias restringidas, sin dependencia jerárquica, y sin que proceda, -por no ser políticamente correcto-, que entre ambas se rindan cuentas.
¡Hola a todos!
Me encanta el debate y no he querido dejar de participar en él. Soy juez y uno de los principales problemas que tenemos los jueces es que no hemos sabido transmitir a la sociedad los problemas que padecemos. Aunque no os lo creáis, nosotros también somos víctimas del sistema judicial.
Varias cosas:
Clannad: hablas de que el juez no ejerce sus funciones de responsable de la oficina judicial. No tenemos ninguna responsabilidad, nos la quitaron hace mucho. Aunque no lo creas, lo único que podemos es pedirle a un funcionario que te informe de cómo lleva un procedimiento. Nada más. Pero es que el secretario judicial, jefe de personal, tampoco tiene competencia inspectora o disciplinaria, las tiene la Consejería o el Ministerio (si no están transferidas las competencias) que jamás aparecen. Ante esta torre de Babel ¿Qué hacer? En todo caso, el problema no es de los funcionarios; como en todas partes, hay de todo.
Rodrigo: hablas de inexistencia de responsabilidad de los jueces. Todo lo contrario. Estamos sometidos al mismo código penal que tú y además a un exigente y dictatorial régimen disciplinario que nos tiene atemorizados. Un ejemplo: tenemos prohibido hacer felicitaciones o censuras a los poderes públicos. Así que ya ves, por comentar el actual sistema judicial me estoy jugando el pan con el que alimento a mis hijos.
Salvador: Hablas de plazos y de tiempos de espera. Es indignante que nadie te haga esperar el tiempo que sea si es porque estaba tomando un café, pero… ¿Y si estaba atendiendo una requisitoria de un imputado que han encontrado en la otra punta de España y está detenido? Es cierto que esperáis en los pasillos, pero dime cómo resolvemos el siguiente problema. Yo tengo dos días a la semana sala y no puedo señalar más porque las salas están ocupadas. En esos días tengo que señalar todo el trabajo de una semana. Intento darle a cada juicio el tiempo que necesita pero nunca sé cuantos testigos vendrán, cuantos peritos, lo que durará el interrogatorio de las partes… Estoy en un Social y me encantaría celebrar mis 30 juicios semanales distribuidos en la semana, dándole a cada uno tiempo de sobra para que nadie espere, pero no puedo.
Con relación a los plazos para poner las resoluciones sólo te digo una cosa, sin acritud de verdad. Tú, como abogado, eliges el trabajo que llevas, lo organizas, renuncias a lo que no puedes o se lo pasas a un compañero. Yo en los tres últimos años de trabajo he recibido las demandas que corresponden a seis años, el doble, trabajo mañana y tarde en mi casa y fines de semana y aún así no consigo cumplir los plazos y me encantaría. ¿Cómo lo hago?
JJ: hablas del sistema de elección del CGPJ. No puedo estar más de acuerdo contigo. Simplemente os informo que más 1.400 jueces hemos firmado el manifiesto por la despolitización y la independencia judicial pidiendo el fin de la instrumentalización de la justicia en manos de los partidos políticos, pero en esto, como en otras muchas cosas, todos los políticos, todos, miran hacia otro lado. El manifiesto lo podéis encontrar en la red.
Un abrazo a todos.
Interesantísimo y muy acertado el análisis del autor y de varios de los comentaristas.
Sin embargo, quisiera hacer algunas matizaciones a lo dicho por Clannad, que mete en un mismo confuso saco a los jueces y al resto del personal judicial: desde la reforma de la LOPJ de 2003, los jueces carecen de cualquier capacidad de control o dirección sobre los funcionarios, siendo el secretario judicial el jefe de personal –espero que Clannad sabrá distinguir entre un juez y un secretario judicial-; decir que los jueces son corporativistas es un mantra que se repite por ver si se convierte en realidad y ojalá fuera así pues nuestras condiciones de trabajo en todos los ámbitos estarían a años luz de las que padecemos.
También me gustaría matizar la afirmación del autor, que dice tomar de Valentín Cortés, de la necesidad de un sistema eficaz para exigir responsabilidad a los jueces y magistrados: los jueces españoles son los únicos de toda la Unión Europea y los únicos funcionarios –ya que aquí se usa tanto ese concepto aplicado a los jueces- españoles sujetos a un régimen de responsabilidad civil, responsabilidad penal y responsabilidad disciplinaria. La responsabilidad civil se exige al juez como si se tratara de un profesional liberal que puede escoger carga y medios de trabajo, y se exige directamente y no por vía de repetición del Estado como ocurre con el resto de funcionarios, lo que es un caso único que contraviene –como tantas cosas de nuestro estatuto profesional- los principios de la Carta Magna del Poder Judicial que acaba de elaborar el Consejo Consultivo de los Jueces Europeos. La responsabilidad penal se exige incluso de manera torticera para conseguir apartar al juez incómodo. Y en cuanto a la responsabilidad disciplinaria, véanse los datos de CGPJ y compárense con los expedientes disciplinarios y las sanciones impuesta a cualesquiera otros cuerpos de funcionarios –fiscales, secretarios, abogados del Estado, letrados de las CCAA…- ¿Qué más responsabilidad se puede exigir, la exposición en la plaza pública? También la hacen los medios de comunicación cuando conviene a sus intereses.
Es bueno estar informado antes de opinar, por aquello de no meter la pata….
El manifiesto del que habla Antonio, el juez, de la “Plataforma por la Despolitización y la Independencia Judicial” se puede leer en http://estaticos.elmundo.es/documentos/2010/03/06/manifiestojueces.pdf, y tiene fecha 13 de enero de 2010. Como coeditor de este modesto pero animoso blog ofrezco esta tribuna para que cualquier representante de la citada Plataforma judicial pueda, si es de su interés, publicitar sus ideas comentarios y someterlas a la atención pública.
Interesantisimo el análisis del autor del post, que demuestra gran conocimiento de los asuntos judiciales. Acierta en todas y cada una de sus consideraciones. Doy cuenta de su amable ofrecimiento a los impulsores de la plataforma por la independencia y despolitizacion del poder Judicial para trasladar nuestras inquietudes.
Simplemente apuntaré una idea. La principal causa de la ineficacia de la Justicia es la señalada por Fernando. El poder político no quiere estar sometido a un control directo rápido y eficaz de su gestion por los Jueces. Por esa razon la justicia está abandonada. Los políticos quieren controlar a la Justicia, no ser controlados por la Justicia. Dificilmente soltaran de las manos un instrumento tan eficaz para controlar la justicia como la designacion parlamentaria de todos los miembros del CGPJ. Este instrumento permite seleccionar en funcion de criterios ideológicos a los miembros de la cúpula judicial. Y es muy atractivo saber quien te va a juzgar. No hablo solo de juzgar a los políticos sino tambien a quienes tienen influencia en las decisiones de los políticos. Mientras el Poder Judicial no se despolitice no será contra poder, contrapeso, freno ni garantía frente a los otros dos poderes. Los ciudadanos no serán iguales ante la Ley y habrá parcelas del poder político exentas al control jurisdiccional.
Esta es la linea que seguirá el poder político ( cualquiera que sea su color ) con sus iniciativas legislativas, aunque bajo el señuelo de ofrecer una justicia más rapida y eficaz.OJO! La sociedad debe estar atenta, y comenzar a exigir que la justicia sea independiente. Esta es hoy la verdadera batalla.
Muy interesantes el post y el aluvión de comentarios y opiniones que ha generado, con la mayoría de los cuales coincido. La politización de la Justicia, la falta de medios materiales y de incentivos, el abandono por parte de los demás poderes, etc. Sin embargo, quisiera introducir en el debate una nueva perspectiva que aún no he visto aparecer, y que podría denominarse como la socialización de la Justicia. Me refiero a lo que ha ocurrido en los últimos tiempos en la inmensa mayoría de servicios públicos (como la sanidad), en los que se ha producido un notable incremento de la demanda como consecuencia de la generalización del acceso a dichos servicios por segmentos y capas de población (en especial los inmigrantes) que antes no tenían acceso real a tales servicios. Todos somos conscientes de los colapsos que se producen a diario en las urgencias de los hospitales públicos y, aunque en menor medida, en asuntos de familia (separaciones y divorcios, violencia de género) y otros (ejecuciones, concursos, etc), sin que los medios materiales y humanos hayan aumentado en la misma proporción. Eso ha producido un auténtico colapso en algunas instancias. Por otra parte, tradicionalmente siempre se ha pensado que en ámbitos tan sensibles debía premiar la calidad sobre la cantidad (de sentencias) y no se debía forzar la máquina. No me atrevería a decir que hay un cierto abuso en la utilización de determinados servicios públicos (pues todos sin excepción tenemos derecho constitucional a la tutela judicial efectiva) ni me atrevería a proponer (Dios me libre!) un sistema de copago o nada parecido, pero creo que no estaría de más profundizar en algunas reformas pendientes como fortalecer la insitución del Arbitraje (al modo de la sanidad privada) o desjudicializar muchos asuntos actualmente incardinados en la jurisdicción voluntaria, que bien podrían encomendarse a otros colectivos con menos carga de trabajo (especialmente ahora). Eso ayudaría… ¿o no?
La verdad es que me hubiera gustado participar más activamente en este debate, pero otros más agresivos abiertos al mismo tiempo me lo han impedido. Espero que no sea ya demasiado tarde. Me resulta un poco sorprendente que se me critique por decir “que no existe posibilidad de exigir responsabilidad a los jueces de una manera efectiva” cuando los jueces y magistrados que han intervenido en este foro están completamente de acuerdo. ¿Qué otra cosa, si no, es esto que cito literalmente?: “Clannad: hablas de que el juez no ejerce sus funciones de responsable de la oficina judicial. No tenemos ninguna responsabilidad, nos la quitaron hace mucho. Aunque no lo creas, lo único que podemos es pedirle a un funcionario que te informe de cómo lleva un procedimiento. Nada más. Pero es que el secretario judicial, jefe de personal, tampoco tiene competencia inspectora o disciplinaria, las tiene la Consejería o el Ministerio (si no están transferidas las competencias) que jamás aparecen. Ante esta torre de Babel ¿Qué hacer?”
A esto precisamente me refería. Por eso del caso Mari Luz no es responsable “nadie”. Y ojo!, no es un tema que afecte sólo a los juzgados, aunque sí a ellos de manera especial, pero lo cierto es que, en combinación con algunos otros factores, afecta a toda o gran parte la Administración española. Para un desarrollo más extenso: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0Bz-1Adnm5XcnYTI4ZTRmNjgtNjk4NS00YjI1LTkwZDAtZTAxNjY5M2ExMzA5&hl=en
Rodrigo, utilizo tu misma fórmula para reiterar mi respuesta a la pregunta de esta conversación ¿Porqué no es la eficaz la justicia? Tú dices “El legislador se olvida de hacer una reforma complementaria pero esencial, entre otras, y que a nadie se le escapa es urgente, como sería la de establecer por fin y de una vez un sistema eficaz de poder exigir responsabilidad a los jueces y magistrados” . El sistema existe, y mucho más duro que en el resto de Europa, porque frente a la generalidad de los países europeos, donde el Estado responde de los errores como responsable de la Administración de justicia y después puede repetir frente al juez, aquí la responsabilidad penal y civil es directa del juez. Pero… ¿Y si la responsabilidad ya no estuviera en el juez, en el fiscal, en el secretario, en los funcionarios, sino en el propio legislador?, que es quien tú quieres que resuelva el problema. Tal como yo veo la realidad política en España el legislativo hace lo que el ejecutivo decide (si acaso levemente modelado cuando necesita de determinados apoyos). Si estos dos poderes tienen la posibilidad de resolver los problemas de la justicia y deciden no hacerlo ¿Por qué quedarnos en la responsabilidad del juez o del magistrado? ¿Por qué la ciudadanía no se rebela contra el que tiene la posibilidad de poner los medios y no los pone? Un dato, en España la ratio de jueces por habitante es de 10 jueces por cada mil habitantes; la media europea es de 20/1000, el doble. Podemos hablar que los recursos son limitados, pero los que vivimos la administración por dentro estamos convencidos de que no hay dinero para justicia porque, sencillamente, no interesa (el porqué no interesa quizá sea otro debate). Te pongo un ejemplo. Un promotor-constructor (el que tiene el dinero, el que decide) exige al arquitecto que proyecte dos casas en seis meses cuando la capacidad normal da para diseñar una. Al perito le exige que vigile la ejecución de esas dos casas cuando solo puede estar en una a la vez. Al responsable de seguridad y salud le exige que vigile el desarrollo de la obra en las dos casas cuando le resulta imposible estar a la vez en las dos. A los albañiles les exige que la construcción vaya el doble de rápido, que todo se haga en la mitad de tiempo para acabarla en plazo. Al final ese sobreesfuerzo, esas prisas, provocan el error y ocurre un desgraciado accidente y cuando citado error llega a oídos de la opinión pública el famoso promotor-constructor, consciente del verdadero problema, no tiene otra cosa que decir “espero que caiga todo el peso de la ley sobre el arquitecto, el perito, el responsable de siniestrabilidad laboral y los albañiles” ¿Alguien lo entiende? Yo no excuso mi responsabilidad, soy profesional y soy consciente de que me puedo equivocar, pero no voy asumir el error provocado por la desidia, la falta de medios o el abandono provocado por otro, que te aseguro que puede suponer el 90% de los errores en justicia. Yo no me como ese marrón. No puedo entender porqué cuando hay un error en un juzgado todo el mundo piense en el juez , magnífico cabeza de turco porque, entre otras cosas, no sabe ni puede defenderse. Si él es el que se ha equivocado, que la pague, como todo el mundo, pero me encantaría que si el error se ha producido por el colapso del juzgado, por la situación de abandono al que le han sometido, porque lleva sufriendo años y años una carga de trabajo inasumible, por su falta de medios, alguien saliera a la calle para acordarse de la madre del político que ha provocado esa situación. Acabo ya que me ha quedado demasiado largo ¿Por qué la sociedad española no le exige responsabilidad de la situación de la administración en general, y de la justicia en particular, a quien verdaderamente es responsable de su lamentable estado?
Antonio, creo que realmente no decimos nada muy distinto. En el inicio de mi comentario indicaba lo siguiente: “En nuestro sistema de Administración de Justicia ni se identifican, ni se asignan, ni se reparten adecuadamente las responsabilidades entre el personal a su servicio. Lógica consecuencia de ello es que no quepa exigirlas, y que cuando se hace puedan producirse resultados un tanto aberrantes o injustos.” Con ello quería insistir en un factor que me parece básico, en contra de la opinión de Fernando: que el problema de la Justicia no es sólo informático, o que no es sólo de medios (sin perjuicio de que también lo sea) sino que fundamentalmente es de organización y de criterio. Probablemente por muchos motivos, porque los jueces dependen del CGPJ, los secretarios del ministerio, el resto de personal de las CCAA, porque éstas son incapaces de coordinarse entre sí, y menos aún con el Estado, etc. El resultado es un sistema descoordinado y poco funcional en el que ni el Estado quiere meterse, pero no tanto por insidiosas razones de conveniencia política, sino por reconocimiento de su propia incapacidad para arreglar semejante desbarajuste. Todo ello al margen de que ese caos motive desánimo a sus protagonistas cuando no pánico (y del que por cierto, también se aprovechan algunos cuantos, como es normal en toda organización desorganizada) y que incentive poco a los mejores. Y repito que la clave está en que algún día se pueda exigir a los jueces responsabilidad, precisamente porque al tener competencias claras y racionales y medios para desempeñarlas, esa exigencia sea motivo de incentivo para todos y no la ruleta rusa que es hoy en día. Al fin y al cabo el término responsabilidad tiene dos sentidos en nuestro idioma, y los dos muy ligados entre sí: competencia para desarrollar una función (responsabilidad ex ante) y deber de responder por no haberla desempeñado adecuadamente (responsabilidad ex post). Sin la primera no puede existir la segunda.
Clannad, permitame decirle que yerra cuando dice que los responsables del personal en la oficina judicial son los Jueces, ya que no son éstos sino los Secretarios Judiciales, ese cuerpo funcionarial tan poco conocido y estimado.
La idea principal de mi post, como ya he comentado anteriormente, es que la justicia está como está por la inacción interesada de los partidos políticos, la cuestión de la falta de tecnología adecuada es realmente más una demostración objetiva de esa falta de interés que la causa primera de todo, en mi opinión. No obstante, no voy a negar que pienso -y sé que con ello discrepo de mis compañeros coeditores Rodrigo Tena y Elisa de la Nuez, en los comentarios que han hecho- que en mi opinión la tecnología implica algo más que máquinas. Nicholas Carr, en su libro Superficiales. Qué está haciendo internet con nuestras mentes, que estoy leyendo ahora, dice algo con lo que estoy completamente de acuerdo: las tecnologías no son meros instrumentos, cambian la manera en la que pensamos y alteran nuestra consciencia. Si existiera la tecnología adecuada -que no son meramente máquinas y redes, sino una estructura perfectamente adaptada a las necesidades judiciales- no solamente se produciría una mejora en cuanto a la rapidez, sino una alteración sustancial de la forma de trabajar y en la asunción de responsabilidades de cada uno, ya que lo que haga o deje de hacer cada uno, podría ser objeto de un control total. Uno de los grandes problemas para asumir responsabilidades en la justicia es el descontrol que existe respecto de lo que hace cada uno, y lo que debería hacer.
Interesantisimo el análisis del autor del post, que demuestra gran conocimiento de los asuntos judiciales. Acierta en todas y cada una de sus consideraciones. Doy cuenta de su amable ofrecimiento a los impulsores de la plataforma por la independencia y despolitizacion del poder Judicial para trasladar nuestras inquietudes.
Simplemente apuntaré una idea. La principal causa de la ineficacia de la Justicia es la señalada por Fernando. El poder político no quiere estar sometido a un control directo rápido y eficaz de su gestion por los Jueces. Por esa razon la justicia está abandonada. Los políticos quieren controlar a la Justicia, no ser controlados por la Justicia. Dificilmente soltaran de las manos un instrumento tan eficaz para controlar la justicia como la designacion parlamentaria de todos los miembros del CGPJ. Este instrumento permite seleccionar en funcion de criterios ideológicos a los miembros de la cúpula judicial. Y es muy atractivo saber quien te va a juzgar. No hablo solo de juzgar a los políticos sino tambien a quienes tienen influencia en las decisiones de los políticos. Mientras el Poder Judicial no se despolitice no será contra poder, contrapeso, freno ni garantía frente a los otros dos poderes. Los ciudadanos no serán iguales ante la Ley y habrá parcelas del poder político exentas al control jurisdiccional.
Esta es la linea que seguirá el poder político ( cualquiera que sea su color ) con sus iniciativas legislativas, aunque bajo el señuelo de ofrecer una justicia más rapida y eficaz.OJO! La sociedad debe estar atenta, y comenzar a exigir que la justicia sea independiente. Esta es hoy la verdadera batalla.
1) Hay un libro -Independencia del juez y desorganización judicial, de un abogado del Estado- que constituye un buen análisis de la situación. 2) Pero al margen de los problemas organizativos, habría que distinguir entre la inmensa mayoría de los jueces que con su labor callada, anónima, en un juzgado unipersonal, o en una audiencia de provincias, dignifican la justicia, y el chalaneo que percibe la opinión pública en las instancias superiores, y que contribuye de manera decisiva al escepticismo y al desánimo sobre el modo de solucionar el problema de la justicia. Desde el voto de García Pelayo en el asunto Rumasa, el TC no se ha repuesto. Tras el rapapolvo en público de la Vpte. del Gobierno a la Pte. del TC se ve la misma estela de intromisión política. Un juez del TS o del TC que quiere dignificar su trabajo(y el de sus compañeros de instancias inferiores) y convertir al poder judicial en un poder respetado no puede consentir esas presiones: tiene que rebelarse, y darle publicidad a la presión, para evitar que se repitan. Y si las consiente, hace mal y tiene una responsabilidad por ello. Pero si no los fuera a consentir, ¿habrían sido propuestos para esos puestos por los políticos de turno? ¿Defendió Pascual Sala al juez Barbero cuando el Sr. Rguez Ibarra dijo que realizaba la instrucción del asunto Filesa de aquel modo para impresionar a su esposa? Justo porque no lo defendió y siguió esa estela sinuosa de no-oposición al poder político ha podido llegar hoy a ser Pte. del TC. Cuando un juez defienda sin complejos a otro compañero (sea del color que sea, porque esté siendo objeto de presiones por el poder político) y, aún así, llegue a ser Pte. del TS o del TC, la justicia estará en el camino de arreglarse. Porque el poder judicial habrá tomado conciencia de su responsabilidad y se habrá liberado del complejo de subordinación a los políticos. Mientras tanto, hablemos de la informatización de la justicia, sin duda muy necesaria.
¡Hola a todos!
Me encanta el debate y no he querido dejar de participar en él. Soy juez y uno de los principales problemas que tenemos los jueces es que no hemos sabido transmitir a la sociedad los problemas que padecemos. Aunque no os lo creáis, nosotros también somos víctimas del sistema judicial.
Varias cosas:
Clannad: hablas de que el juez no ejerce sus funciones de responsable de la oficina judicial. No tenemos ninguna responsabilidad, nos la quitaron hace mucho. Aunque no lo creas, lo único que podemos es pedirle a un funcionario que te informe de cómo lleva un procedimiento. Nada más. Pero es que el secretario judicial, jefe de personal, tampoco tiene competencia inspectora o disciplinaria, las tiene la Consejería o el Ministerio (si no están transferidas las competencias) que jamás aparecen. Ante esta torre de Babel ¿Qué hacer? En todo caso, el problema no es de los funcionarios; como en todas partes, hay de todo.
Rodrigo: hablas de inexistencia de responsabilidad de los jueces. Todo lo contrario. Estamos sometidos al mismo código penal que tú y además a un exigente y dictatorial régimen disciplinario que nos tiene atemorizados. Un ejemplo: tenemos prohibido hacer felicitaciones o censuras a los poderes públicos. Así que ya ves, por comentar el actual sistema judicial me estoy jugando el pan con el que alimento a mis hijos.
Salvador: Hablas de plazos y de tiempos de espera. Es indignante que nadie te haga esperar el tiempo que sea si es porque estaba tomando un café, pero… ¿Y si estaba atendiendo una requisitoria de un imputado que han encontrado en la otra punta de España y está detenido? Es cierto que esperáis en los pasillos, pero dime cómo resolvemos el siguiente problema. Yo tengo dos días a la semana sala y no puedo señalar más porque las salas están ocupadas. En esos días tengo que señalar todo el trabajo de una semana. Intento darle a cada juicio el tiempo que necesita pero nunca sé cuantos testigos vendrán, cuantos peritos, lo que durará el interrogatorio de las partes… Estoy en un Social y me encantaría celebrar mis 30 juicios semanales distribuidos en la semana, dándole a cada uno tiempo de sobra para que nadie espere, pero no puedo.
Con relación a los plazos para poner las resoluciones sólo te digo una cosa, sin acritud de verdad. Tú, como abogado, eliges el trabajo que llevas, lo organizas, renuncias a lo que no puedes o se lo pasas a un compañero. Yo en los tres últimos años de trabajo he recibido las demandas que corresponden a seis años, el doble, trabajo mañana y tarde en mi casa y fines de semana y aún así no consigo cumplir los plazos y me encantaría. ¿Cómo lo hago?
JJ: hablas del sistema de elección del CGPJ. No puedo estar más de acuerdo contigo. Simplemente os informo que más 1.400 jueces hemos firmado el manifiesto por la despolitización y la independencia judicial pidiendo el fin de la instrumentalización de la justicia en manos de los partidos políticos, pero en esto, como en otras muchas cosas, todos los políticos, todos, miran hacia otro lado. El manifiesto lo podéis encontrar en la red.
Un abrazo a todos.
No puedo estar más de acuerdo con los últimos comentarios vertidos.
Os recomiendo que leáis una revista digital que un grupo de jueces y magistrados están publicando mensualmente. TEMPUS OCTOBRIS. Especialmente os recomiendo el ensayo que hace unos días colgó un compañero sobre la politización del Consejo General del Poder Judicial. Respeto la opinión de Rodrigo cuando sostiene que la situación de la justicia viene dada por incapacidad de dar solución más que por conveniencias políticas. Yo sin embargo creo que lo que ocurre es justamente lo contrario y lo mantengo y defiendo allí donde se me quiera oir por convicción ética y coherencia personal. Cualquier que considere haber encontrado la causa de un problema debe intentar hacer lo posible por poner fin a lo que causa el mal. Lo demás es tratamiento sintomático que alarga la enfermedad.
Tengo grabado un programa de LA CLAVE de principios de los 90, donde Federico Trillo hablaba de las causas del atraso de la justicia, y entre otros temas se refería al sistema de elección de vocales del CGPJ que el PSOE aprobó en 1985, alterando el sistema originario implantado por LO de 1980. Una mutación constitucional, en el sentido de Jellinek decía alarmado Don Federico. LLegó el PP al poder, con mayoría absoluta, y pese a que en dicho partido había desde siempre una intención por volver al sistema originario de 1980 implantado por D. Iñigo Cavero, no restauraron ese sistema para evitar la referida mutación constitucional y salvaguardar la independencia del poder judicial. Pero no lo hicieron. Incumplieron sus promesas electorales, en un tema de principios,y justificaron esa pirueta en aras del consenso, ya que la justicia ¡¡era un tema de Estado!! ¿Recuerdan ustedes el Pacto de Estado por la Justicia entre Michavila y López Aguilar? ¿Qué se ha mejorado desde entonces? Más bien nada, una tomadura de pelo más de PP y PSOE a todos los españoles. Si están dispuestos a ceder en cuestiones de principio, que van al corazón de la independencia de los jueces como contrapoder, ¿cómo extrañarse de que sigan mareando la perdiz en cuestiones organizativas o procedimentales?
Rodrigo, utilizo tu misma fórmula para reiterar mi respuesta a la pregunta de esta conversación ¿Porqué no es la eficaz la justicia? Tú dices “El legislador se olvida de hacer una reforma complementaria pero esencial, entre otras, y que a nadie se le escapa es urgente, como sería la de establecer por fin y de una vez un sistema eficaz de poder exigir responsabilidad a los jueces y magistrados” . El sistema existe, y mucho más duro que en el resto de Europa, porque frente a la generalidad de los países europeos, donde el Estado responde de los errores como responsable de la Administración de justicia y después puede repetir frente al juez, aquí la responsabilidad penal y civil es directa del juez. Pero… ¿Y si la responsabilidad ya no estuviera en el juez, en el fiscal, en el secretario, en los funcionarios, sino en el propio legislador?, que es quien tú quieres que resuelva el problema. Tal como yo veo la realidad política en España el legislativo hace lo que el ejecutivo decide (si acaso levemente modelado cuando necesita de determinados apoyos). Si estos dos poderes tienen la posibilidad de resolver los problemas de la justicia y deciden no hacerlo ¿Por qué quedarnos en la responsabilidad del juez o del magistrado? ¿Por qué la ciudadanía no se rebela contra el que tiene la posibilidad de poner los medios y no los pone? Un dato, en España la ratio de jueces por habitante es de 10 jueces por cada mil habitantes; la media europea es de 20/1000, el doble. Podemos hablar que los recursos son limitados, pero los que vivimos la administración por dentro estamos convencidos de que no hay dinero para justicia porque, sencillamente, no interesa (el porqué no interesa quizá sea otro debate). Te pongo un ejemplo. Un promotor-constructor (el que tiene el dinero, el que decide) exige al arquitecto que proyecte dos casas en seis meses cuando la capacidad normal da para diseñar una. Al perito le exige que vigile la ejecución de esas dos casas cuando solo puede estar en una a la vez. Al responsable de seguridad y salud le exige que vigile el desarrollo de la obra en las dos casas cuando le resulta imposible estar a la vez en las dos. A los albañiles les exige que la construcción vaya el doble de rápido, que todo se haga en la mitad de tiempo para acabarla en plazo. Al final ese sobreesfuerzo, esas prisas, provocan el error y ocurre un desgraciado accidente y cuando citado error llega a oídos de la opinión pública el famoso promotor-constructor, consciente del verdadero problema, no tiene otra cosa que decir “espero que caiga todo el peso de la ley sobre el arquitecto, el perito, el responsable de siniestrabilidad laboral y los albañiles” ¿Alguien lo entiende? Yo no excuso mi responsabilidad, soy profesional y soy consciente de que me puedo equivocar, pero no voy asumir el error provocado por la desidia, la falta de medios o el abandono provocado por otro, que te aseguro que puede suponer el 90% de los errores en justicia. Yo no me como ese marrón. No puedo entender porqué cuando hay un error en un juzgado todo el mundo piense en el juez , magnífico cabeza de turco porque, entre otras cosas, no sabe ni puede defenderse. Si él es el que se ha equivocado, que la pague, como todo el mundo, pero me encantaría que si el error se ha producido por el colapso del juzgado, por la situación de abandono al que le han sometido, porque lleva sufriendo años y años una carga de trabajo inasumible, por su falta de medios, alguien saliera a la calle para acordarse de la madre del político que ha provocado esa situación. Acabo ya que me ha quedado demasiado largo ¿Por qué la sociedad española no le exige responsabilidad de la situación de la administración en general, y de la justicia en particular, a quien verdaderamente es responsable de su lamentable estado?
Antonio, creo que realmente no decimos nada muy distinto. En el inicio de mi comentario indicaba lo siguiente: “En nuestro sistema de Administración de Justicia ni se identifican, ni se asignan, ni se reparten adecuadamente las responsabilidades entre el personal a su servicio. Lógica consecuencia de ello es que no quepa exigirlas, y que cuando se hace puedan producirse resultados un tanto aberrantes o injustos.” Con ello quería insistir en un factor que me parece básico, en contra de la opinión de Fernando: que el problema de la Justicia no es sólo informático, o que no es sólo de medios (sin perjuicio de que también lo sea) sino que fundamentalmente es de organización y de criterio. Probablemente por muchos motivos, porque los jueces dependen del CGPJ, los secretarios del ministerio, el resto de personal de las CCAA, porque éstas son incapaces de coordinarse entre sí, y menos aún con el Estado, etc. El resultado es un sistema descoordinado y poco funcional en el que ni el Estado quiere meterse, pero no tanto por insidiosas razones de conveniencia política, sino por reconocimiento de su propia incapacidad para arreglar semejante desbarajuste. Todo ello al margen de que ese caos motive desánimo a sus protagonistas cuando no pánico (y del que por cierto, también se aprovechan algunos cuantos, como es normal en toda organización desorganizada) y que incentive poco a los mejores. Y repito que la clave está en que algún día se pueda exigir a los jueces responsabilidad, precisamente porque al tener competencias claras y racionales y medios para desempeñarlas, esa exigencia sea motivo de incentivo para todos y no la ruleta rusa que es hoy en día. Al fin y al cabo el término responsabilidad tiene dos sentidos en nuestro idioma, y los dos muy ligados entre sí: competencia para desarrollar una función (responsabilidad ex ante) y deber de responder por no haberla desempeñado adecuadamente (responsabilidad ex post). Sin la primera no puede existir la segunda.
El artículo sobre politización del CGPJ del que habla antonio está en http://issuu.com/jmvf/docs/politizacion.
Es difícil no estar de acuerdo con el autor del post. La deslealtad de los otros dos poderes del estado con el judicial es una de las grandes quiebras de nuestro estado de derecho.
La indigencia de medios materiales en la que está sumida la administración de justicia es una -solamente una- de las mil causas de su penoso estado. Sin embargo, con ser imprescindible dotarla de los instrumentos tecnológicos que existen en cualquier domicilio particular desde hace ya una década, no me parece lo más esencial. La llegada de esos instrumentos -si alguna vez la vemos- no resolverá demasiadas cosas. Es posible que los asuntos se tramiten con más rapidez, es decir, que lleguen a la mesa del juez y del secretario judicial con más celeridad. Ahora bien, lo que no se va a ampliar, por mor de la tecnología o de las leyes, es la capacidad material y racional de resolución de las personas que, en la mayor parte de los casos, está excedida. Podemos criticar a los jueces, sin duda, -yo lo soy y también lo hago- pero salvo muy contadas excepciones, en general, como bien dice José Manuel Sánchez Tapia, todos trabajamos más en casa que en el juzgado. Es más, creo que este alto grado de responsabilidad de la mayor parte de los jueces españoles -que hemos trabajado durante años superando los módulos de carga de trabajo en más de un 200%, para tratar de que nuestros juzgados no se colapsen definitivamente-, ha contribuido a “ocultar” la verdadera situación –todavía es peor de lo que parece- y ha permitido que el poder ejecutivo y legislativo no hayan hecho todo lo que estaba en su mano para ponerle remedio. Paradojas de la vida, te esfuerzas desmedidamente para solucionar un problema sin conseguirlo y te conviertes en causa del mantenimiento del problema.
Interesantes reflexiones, pero no he leído (salvo error u omisión por mi parte) la influencia que nuestras leyes, y el sistema legislativo en general, puedan tener en el funcionamiento de nuestra justicia, que más veces de las deseadas es auténticamente kafkiana.
Parece evidente, como señala el autor del post, que a la casta política no le interesa una justicia ágil y eficaz, pero al tiempo también podría quedar de manifiesto la propia indolencia de nuestra sociedad y que el vuelva usted mañana decimonónico esta bien vivo y gozando de una espléndida salud, por mucho que luego en charla de café y copa se despotrique de ella.
El problema no es fácil de resolver, pero tamposo es de imposible solución, es simple y llanamente querer resolverlo, y ahí parece que ganas hay muy pocas.
Es de agradecer especialmente el anterior comentario de Javier Carretero, puesto que a pesar de haberse debatido mucho en este post, no teníamos aún la opinión de un técnico en nuevas tecnologías. Lo que dice confirma completamente el pésimo diseño de los sistemas de información en la justicia, y que hay otras administraciones que en cambio lo hacen muy bien (lo que confirma que no es un mal generalizado). Pero añade además una idea nueva interesante: en la administración de justicia no trabajan solamente juristas, sino, como él, expertos en otras áreas, y carecen por completo de motivación debido a lo mal que se hacen las cosas, la falta de personal (cuando probablemente sobra en otros destinos) y el enorme desinterés que existe en los que gobiernan; es un destino poco apetecible para ellos. La desmoralización no es por tanto exclusiva de jueces, fiscales y secretarios, sino, como dice Javier, de los técnicos que saben que podrían hacer una buena labor, y que no pueden.
Considero que el debate inicialmente planteado sobre los medios tecnológicos en la Administración de Justicia se esta desviando hacia el terreno de la responsabilidad de los funcionarios de justicia (desde el Juez hasta los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial), yo soy Secretario judicial y no creo que el personal de justicia sea distinto del de Hacienda, Educación, Defensa o Sanidad, realmente tenemos los mismos origenes (educación, familia, sociedad) y en consecuencia el mismo sentido de la responsabilidad, por tanto, si una administración es eficaz y otra no, posiblemente el origen de su causa no será tan simple como culpar a su personal. He conocido funcionarios muy trabajadores y otros no tanto, como es natural, pero también en mi vida privada he conocido empleados de banca o dependientes de comercios o empleados de hostelería estupendos y otros no tanto, como en cualquier entidad de gran tamaño tiene que haber de todo; considero que una organización que pretenda ser eficiente tiene que saber motivar, ilusionar y exigir a su personal que realice un buen trabajo. Volviendo al origen del debate, me pregunto ¿por que desde hace muchos años en Hacienda un funcionario introduce en el ordenador el nif de una persona y aparecen todos sus datos? mientras que en justicia no ocurre lo mismo; ¿por que en una empresa privada como puede ser un comercio el responsable sabe en todo momento cuantas existencias tiene simplemente con darle a la tecla del ordenador? (por ejemplo camisas de un determinado modelo y talla, o mesas de un determinado tipo y color) en cambio en el Juzgado preguntamos al ordenador cuantos juicios ordinarios o juicios de desahucio o ejecuciones tenemos o escritos pendientes de proveer, etc. y es incapaz de responder. En consecuencia, estoy totalmente de acuerdo con Fernando en que los politicos deciden según sus propias prioridades en que servicios publicos esenciales se invierte el dinero recaudado. Por último, simplemente decir que soy optimista porque creo que desde hace un par de años se esta intentando mejorar la situación sobre todo con la implantación de la nueva oficina judicial modernizando la Administración de Justicia, pero frente a otras Administraciones como Hacienda llevamos decadas de retraso y los resultados en términos de eficacia o de calidad en atención al ciudadano son proporcionales a los medios disponibles.
No puedo estar más de acuerdo con los últimos comentarios vertidos.
Os recomiendo que leáis una revista digital que un grupo de jueces y magistrados están publicando mensualmente. TEMPUS OCTOBRIS. Especialmente os recomiendo el ensayo que hace unos días colgó un compañero sobre la politización del Consejo General del Poder Judicial. Respeto la opinión de Rodrigo cuando sostiene que la situación de la justicia viene dada por incapacidad de dar solución más que por conveniencias políticas. Yo sin embargo creo que lo que ocurre es justamente lo contrario y lo mantengo y defiendo allí donde se me quiera oir por convicción ética y coherencia personal. Cualquier que considere haber encontrado la causa de un problema debe intentar hacer lo posible por poner fin a lo que causa el mal. Lo demás es tratamiento sintomático que alarga la enfermedad.
Suscribo lo dicho por mis compañeros, y coincido, como muchos, en que las causas de los males de nuestra Justicia son las más profundas que apunta el autor del blog, simplemente añadir que nosotros hemos hechos dos huelgas, nos hemos manifestado, hemos remitido miles de escritos evidenciando la falta de medios de todo tipo para desarrollar nuestra función, con un mínimo de dignidad, cerca de 1.500 jueces suscribimos un manifiesto por la independencia judicial y la despolitización de la justicia, y los que pueden cambiar la situación nada han hecho, al contrario, ahora se proyecta una nueva reforma para acabar con el único reducto de democracia en la Carrera, los decanos y las Juntas de Juces, aparecen los Tribunales de Instancia con presidentes … elegidos por los de arriba, más politización, menos independencia. Nosotros solos poco podemos hacer. Sólo queda que la sociedad civil se movilice, como dice el autor del blog Una Justicia eficaz, moderna, con medios para investigar todo lo investigable y con independencia frente a las presiones, es un contrapeso que nuestra democracia necesita imperiosamente y que la sociedad civil debe exigir de manera enérgica e incansable.
Hemos abandonado ya la zona central del blog -hay que dejar paso a otros posts- pero esto no significa que esta entrada quede abandonada por mi parte. Sigamos hablando.
Un Magistrado, Jesús Manuel Villegas Fernández, ha publicado un artículo sobre la evidente politización del CGPJ, sus causas y sus soluciones, que coincide básicamente con mi opinión y con la de algunos jueces que se ha pronunciado en este post. Recomiendo su lectura: http://www.notariosyregistradores.com/doctrina/ARTICULOS/2011-politizacion-cgpj.htm
Además, considero importante añadir como agravante, el hecho real de que hoy en día la Administración de Justicia está regida y dotada de manera bicéfala, ¿de qué sirve que por el CGPJ se acuerde la creación de nuevos órganos con más personal a su servicio, si luego la Comunidad Autónoma correspondiente no dota de los medios necesarios, ni del personal acordado, o simplemente no les pague? Son Administraciones distintas, cada una con sus parcelas de competencias restringidas, sin dependencia jerárquica, y sin que proceda, -por no ser políticamente correcto-, que entre ambas se rindan cuentas.
Interesantísimo y muy acertado el análisis del autor y de varios de los comentaristas.
Sin embargo, quisiera hacer algunas matizaciones a lo dicho por Clannad, que mete en un mismo confuso saco a los jueces y al resto del personal judicial: desde la reforma de la LOPJ de 2003, los jueces carecen de cualquier capacidad de control o dirección sobre los funcionarios, siendo el secretario judicial el jefe de personal –espero que Clannad sabrá distinguir entre un juez y un secretario judicial-; decir que los jueces son corporativistas es un mantra que se repite por ver si se convierte en realidad y ojalá fuera así pues nuestras condiciones de trabajo en todos los ámbitos estarían a años luz de las que padecemos.
También me gustaría matizar la afirmación del autor, que dice tomar de Valentín Cortés, de la necesidad de un sistema eficaz para exigir responsabilidad a los jueces y magistrados: los jueces españoles son los únicos de toda la Unión Europea y los únicos funcionarios –ya que aquí se usa tanto ese concepto aplicado a los jueces- españoles sujetos a un régimen de responsabilidad civil, responsabilidad penal y responsabilidad disciplinaria. La responsabilidad civil se exige al juez como si se tratara de un profesional liberal que puede escoger carga y medios de trabajo, y se exige directamente y no por vía de repetición del Estado como ocurre con el resto de funcionarios, lo que es un caso único que contraviene –como tantas cosas de nuestro estatuto profesional- los principios de la Carta Magna del Poder Judicial que acaba de elaborar el Consejo Consultivo de los Jueces Europeos. La responsabilidad penal se exige incluso de manera torticera para conseguir apartar al juez incómodo. Y en cuanto a la responsabilidad disciplinaria, véanse los datos de CGPJ y compárense con los expedientes disciplinarios y las sanciones impuesta a cualesquiera otros cuerpos de funcionarios –fiscales, secretarios, abogados del Estado, letrados de las CCAA…- ¿Qué más responsabilidad se puede exigir, la exposición en la plaza pública? También la hacen los medios de comunicación cuando conviene a sus intereses.
Es bueno estar informado antes de opinar, por aquello de no meter la pata….
Clannad, permitame decirle que yerra cuando dice que los responsables del personal en la oficina judicial son los Jueces, ya que no son éstos sino los Secretarios Judiciales, ese cuerpo funcionarial tan poco conocido y estimado.
La idea principal de mi post, como ya he comentado anteriormente, es que la justicia está como está por la inacción interesada de los partidos políticos, la cuestión de la falta de tecnología adecuada es realmente más una demostración objetiva de esa falta de interés que la causa primera de todo, en mi opinión. No obstante, no voy a negar que pienso -y sé que con ello discrepo de mis compañeros coeditores Rodrigo Tena y Elisa de la Nuez, en los comentarios que han hecho- que en mi opinión la tecnología implica algo más que máquinas. Nicholas Carr, en su libro Superficiales. Qué está haciendo internet con nuestras mentes, que estoy leyendo ahora, dice algo con lo que estoy completamente de acuerdo: las tecnologías no son meros instrumentos, cambian la manera en la que pensamos y alteran nuestra consciencia. Si existiera la tecnología adecuada -que no son meramente máquinas y redes, sino una estructura perfectamente adaptada a las necesidades judiciales- no solamente se produciría una mejora en cuanto a la rapidez, sino una alteración sustancial de la forma de trabajar y en la asunción de responsabilidades de cada uno, ya que lo que haga o deje de hacer cada uno, podría ser objeto de un control total. Uno de los grandes problemas para asumir responsabilidades en la justicia es el descontrol que existe respecto de lo que hace cada uno, y lo que debería hacer.
Hay cuerpos de funcionarios en los que la promoción a puestos de más nivel sigue un criterio absolutamente objetivo y riguroso: el orden de antigüedad. Así el acceso a la condición de letrado mayor del Consejo de Estado, o el modo de cubrir las vacantes en los concursos de notarios o registradores……..¿No creen que este sistema sería el más objetivo para la independencia del poder judicial?…. Sale una plaza vacante de magistrado de la Sala II del TS, o de juez de instrucción en la Audiencia Nacional, y los jueces que la quieran saben a qué atenerse… Y no a esa cosa tan subjetiva de que una comisión valore los méritos… Alguien dirá que la antigüedad no garantiza el conocimiento de la especialidad… Y en parte eso es verdad… En el Consejo de Estado, hay letrados que se han pasado la vida excedentes (en la política) o en activo en la sección que informa los asuntos del ministerio de defensa, o de asuntos exteriores… y de pronto le nombran letrado mayor de la sección de Hacienda o de Fomento… Y seguro que los letrados que llevan 10 años en la sección de Hacienda saben más que el letrado que acaba de ser ascendido a Mayor.. y no pasa nada, para eso está el estudio y la seriedad de los funcionarios…y a eso debe apelarse… Pero es que además entre los jueces pasan cosas parecidas (aunque con criterios mucho más oscuros): en el TS, se ve con frecuencia que un magistrado de la Sala II, pasa a la Sala I, o de la IV a la III, y alguien podría preguntarse: ¿qué sabe un penalista de temas civiles, o un laboralista de sectores regulados? (En el propio TC, ve uno que un catedrático de Dº Hacienda Pública es ponente de una STC sobre la ley del aborto, caso de Gloria Begué en los años 80…, o un Catedr. de Mercantil sobre un asunto ajeno a su especialidad… Pero no tiemblan los cimientos de la justicia…). Ese sistema despolitizaría tanto las pretensiones de los políticos como los tejemanejes de los candidatos que ansían puestos en el TS o en la A.N. y profesionalizaría el ejercicio de su función.
Como le he comentado al autor del post y coeditor, hay un problema previo en la modernización de la Administración de Justicia y sin el cual cualquier esfuerzo tecnológico se echa a perder, que es lo que podríamos llamar “modernización del colectivo” de las personas llamadas a administrar justicia, empezando lógicamente por los Jueces, como principales responsables, y siguiendo por el resto del personal, muy destacadamente los Secretarios Judiciales. Hay que pasar a un concepto de servicio público hoy por hoy no predominante entre los profesionales de la Administración de Justicia con honrosas excepciones, sobre todo entre la gente más joven y entre los que no son funcionarios de carrera. Esto es tan importante, o más, que la modernización tecnológica, sin duda imprescindible y que lleva en si misma un germen de cambio cultural obligado dado que si no no resulta útil. Yo creo que este post debe de servir para reflexionar sobre un tema gravísimo de nuestro tambaleante Estado de Derecho como es el defectuoso funcionamiento de una pieza clave, la Administración de Justicia. Prometemos seguir con el tema.
No puedo estar más de acuerdo con Clannad y Elisa. En nuestro sistema de Administración de Justicia ni se identifican, ni se asignan, ni se reparten adecuadamente las responsabilidades entre el personal a su servicio. Lógica consecuencia de ello es que no quepa exigirlas, y que cuando se hace puedan producirse resultados un tanto aberrantes o injustos. Mientras esto no se solucione ni Berta ni Rita la cantaora. Transcribo al efecto un párrafo de un interesante artículo escrito por Valentín Cortés sobre el tema con ocasión del proyecto sobre la oficina judicial: El legislador se olvida de hacer una reforma complementaria pero esencial, entre otras, y que a nadie se le escapa es urgente, como sería la de establecer por fin y de una vez un sistema eficaz de poder exigir responsabilidad a los jueces y magistrados y demás personal al servicio de la Administración de Justicia; mientras esta reforma no se haga, los jueces y magistrados no se sentirán responsables, tal como quiere el art. 117 de la CE, y la justicia no será verdadera Justicia, por mucho que se intente cambiar la oficina judicial. Referencia completa: http://www.elnotario.com/egest/noticia.php?id=1790&seccion_ver=3
Ruego se me permita terciar en la discusión con la autoridad que me da la experiencia de unos años de ejercicio como abogado de toga ante la jurisdicción penal.
En efecto, la Administración de Justicia está infradotada de medios … pero no tanto: dispone de aplicacíones informáticas punteras – y hechas a medida – contra las que funcionarios escasamente motivados y con poca voluntad de preparación se enfrentan con el firme deseo …de no hacerlas servir para el uso a que se destinan. Los equipos que se están instalando o que se han instalado en los últimos tiempos en las oficinas judiciales de Madrid, tanto en Instrucción como en Penal, son exactamente iguales, si no mejores, que el que yo estoy utilizando en este momento para escribir este post. En las Salas de Vistas hay elementos tecnológicos que permiten tomar declaración a testigos mediante videoconferencia – yo ya he asistido a unas cuantas – o practicar pruebas de carácter tecnológico. Hay Jeuces que toman sus notas en ordenadores portátiles mientras celebran los Juicios.
Lo que no es de recibo es que se señale un Juicio a las 9:30 horas y a las 10:15 no hayan aparecido ni el Juez ni el Fiscal ni los agentes o funcionarios judiciales. Que se habilite un juzgado bis para celebrar juicios vespertinos y la Audiencia se inicie con 45 minutos de retraso. Que una Magistrada suspenda un Juicio Penal – que ya llevaba al menos una suspensión y un par de años de retraso – ya que estaba muy nerviosa y no debía celebrar en esas circunstancias, pues no debía transmitir su stress a las partes.
No puede perdonarse que un abogado intente comprobar el estado de una causa en varias visitas a un Juzgado de Instrucción y tras sucesivos intentos no conozca al funcionario que tramita el expediente, ya que en ninguna de ocasiones lo ha encontrado (cafés, Moscosos, está en la casa pero…). No logro entender como los plazos procesales son distintos para las partes privadas, mientras que los Fiscales tardan meses en devolver una causa que se les ha enviado para conclusiones provisionales (diez días en Procedimiento Abreviado).
Estas pocas perlas son ri-gu-ro-sa-men-te ciertas y hay más.
Desconozco el motivo: falta de motivación, falta de profesionalización, comodidad intrínseca de los funcionarios, no lo sé. Pero no es un problema únicamente tecnológico, de medios o de sueldo – que también;
Probablemente una de las soluciones pase por la necesaria dignificación de la labor Jurisdiccional y el necesario respeto y valoración social y política por uno de los pilares del Estado. Quizá el más importante de los llamados tres poderes, en tanto que es el garante del respeto y poder de la Ley frente a los otros mecanismos del Estado.
Buenas tardes:
He conocido esta página gracias a mi buen amigo José Manuel Sánchez Tapia. Con su consentimiento me permito recomendaros un libro de Alejandro Nieto, al hilo del tema que estáis comentando:El desgobierno de lo público.( Ed. Ariel) Entre otros temas trata de la responsabilidad de jueces y magistrados, destacando que las denuncias contra jueces y magistrados son totalmente ineficaces. ( Página 325). Creo que es un colectivo muy amplio, en el que se incluyen grandes profesionales, pero también personas que merecerían ser inhabilitadas y cuyo ejercicio desacredita con toda razón este servicio público.
No puedo estar más de acuerdo con Fernando, al que felicito por un post que me hubiese gustado escribir a mí.- Visitar las tripas de un juzgado es casi una experiencia “traumática”, porque te cuesta creer la situación de atraso, caos e ineficacia que domina un lugar que debiera ser todo lo contrario. Y los responsables de esto me parece que no son otros que los que señala Fernando en el post. Creo que resulta inadmisible hacer a los jueces responsables de los funcionarios de la oficina judicial cuando carecen de toda potestad disciplinaria sobre los mismos, de hecho, a veces, se encuentran “atados de manos” ante algunos funcionarios ineptos o desafiantes. Supongo que en el colectivo habrá de todo (como en cualquier otro), pero por los jueces que conozco me parece que trabajan mucho (todavía más en casa que en el juzgado) y mal retribuidos. Tengo dos amigas juezas que aprovechan parte de sus vacaciones, fines de semana, puentes y festivos e incluso bajas por enfermedad, para poner sentencias, para “avanzar algo” en la imposible labor de poner al día el juzgado. Sólo funcionarios de muy alta responsabilidad y/o gente muy cumplidora, íntegra y honesta están dispuestos a cumplir con su función asumiendo ese elevadísimo coste personal.
Yo también conozco bien los problemas que denunciais. Por cierto, puestos a recomendar, empezad por La administración del desgobierno que es la primera obra de D. Alejandro Nieto escrita allá por los años 80 del siglo pasado y la cosa no ha hecho sino empeorar. En fín, creo que la conclusión es clara, los jueces no tienen ni incentivos ni manera de poner orden en su juzgado, pero a cambio tampoco nadie les exige responsabilidad alguna. Suele ser la contrapartida, no mandas y no respondes. Este es un sistema perverso por definición, donde conviven jueces ejemplares que se dejan la piel (yo también conozco de esos) y jueces que pasan de todo o directamente debieran estar incapacitados, pasando por todos los grados intermedios que van desde la heroicidad a la locura. Menudo sistema. Por lo demás ni siquiera pasa solo con los jueces, fiscales o secretarios judiciales, pero sin duda es donde más se nota, quizá por la importancia de la función y por su relación con el público. Como he dicho en mi otro comentario esto daría para una serie de posts.
El manifiesto del que habla Antonio, el juez, de la “Plataforma por la Despolitización y la Independencia Judicial” se puede leer en http://estaticos.elmundo.es/documentos/2010/03/06/manifiestojueces.pdf, y tiene fecha 13 de enero de 2010. Como coeditor de este modesto pero animoso blog ofrezco esta tribuna para que cualquier representante de la citada Plataforma judicial pueda, si es de su interés, publicitar sus ideas comentarios y someterlas a la atención pública.
Muy interesantes el post y el aluvión de comentarios y opiniones que ha generado, con la mayoría de los cuales coincido. La politización de la Justicia, la falta de medios materiales y de incentivos, el abandono por parte de los demás poderes, etc. Sin embargo, quisiera introducir en el debate una nueva perspectiva que aún no he visto aparecer, y que podría denominarse como la socialización de la Justicia. Me refiero a lo que ha ocurrido en los últimos tiempos en la inmensa mayoría de servicios públicos (como la sanidad), en los que se ha producido un notable incremento de la demanda como consecuencia de la generalización del acceso a dichos servicios por segmentos y capas de población (en especial los inmigrantes) que antes no tenían acceso real a tales servicios. Todos somos conscientes de los colapsos que se producen a diario en las urgencias de los hospitales públicos y, aunque en menor medida, en asuntos de familia (separaciones y divorcios, violencia de género) y otros (ejecuciones, concursos, etc), sin que los medios materiales y humanos hayan aumentado en la misma proporción. Eso ha producido un auténtico colapso en algunas instancias. Por otra parte, tradicionalmente siempre se ha pensado que en ámbitos tan sensibles debía premiar la calidad sobre la cantidad (de sentencias) y no se debía forzar la máquina. No me atrevería a decir que hay un cierto abuso en la utilización de determinados servicios públicos (pues todos sin excepción tenemos derecho constitucional a la tutela judicial efectiva) ni me atrevería a proponer (Dios me libre!) un sistema de copago o nada parecido, pero creo que no estaría de más profundizar en algunas reformas pendientes como fortalecer la insitución del Arbitraje (al modo de la sanidad privada) o desjudicializar muchos asuntos actualmente incardinados en la jurisdicción voluntaria, que bien podrían encomendarse a otros colectivos con menos carga de trabajo (especialmente ahora). Eso ayudaría… ¿o no?
La verdad es que me hubiera gustado participar más activamente en este debate, pero otros más agresivos abiertos al mismo tiempo me lo han impedido. Espero que no sea ya demasiado tarde. Me resulta un poco sorprendente que se me critique por decir “que no existe posibilidad de exigir responsabilidad a los jueces de una manera efectiva” cuando los jueces y magistrados que han intervenido en este foro están completamente de acuerdo. ¿Qué otra cosa, si no, es esto que cito literalmente?: “Clannad: hablas de que el juez no ejerce sus funciones de responsable de la oficina judicial. No tenemos ninguna responsabilidad, nos la quitaron hace mucho. Aunque no lo creas, lo único que podemos es pedirle a un funcionario que te informe de cómo lleva un procedimiento. Nada más. Pero es que el secretario judicial, jefe de personal, tampoco tiene competencia inspectora o disciplinaria, las tiene la Consejería o el Ministerio (si no están transferidas las competencias) que jamás aparecen. Ante esta torre de Babel ¿Qué hacer?”
A esto precisamente me refería. Por eso del caso Mari Luz no es responsable “nadie”. Y ojo!, no es un tema que afecte sólo a los juzgados, aunque sí a ellos de manera especial, pero lo cierto es que, en combinación con algunos otros factores, afecta a toda o gran parte la Administración española. Para un desarrollo más extenso: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0Bz-1Adnm5XcnYTI4ZTRmNjgtNjk4NS00YjI1LTkwZDAtZTAxNjY5M2ExMzA5&hl=en
Suscribo lo dicho por mis compañeros, y coincido, como muchos, en que las causas de los males de nuestra Justicia son las más profundas que apunta el autor del blog, simplemente añadir que nosotros hemos hechos dos huelgas, nos hemos manifestado, hemos remitido miles de escritos evidenciando la falta de medios de todo tipo para desarrollar nuestra función, con un mínimo de dignidad, cerca de 1.500 jueces suscribimos un manifiesto por la independencia judicial y la despolitización de la justicia, y los que pueden cambiar la situación nada han hecho, al contrario, ahora se proyecta una nueva reforma para acabar con el único reducto de democracia en la Carrera, los decanos y las Juntas de Juces, aparecen los Tribunales de Instancia con presidentes … elegidos por los de arriba, más politización, menos independencia. Nosotros solos poco podemos hacer. Sólo queda que la sociedad civil se movilice, como dice el autor del blog Una Justicia eficaz, moderna, con medios para investigar todo lo investigable y con independencia frente a las presiones, es un contrapeso que nuestra democracia necesita imperiosamente y que la sociedad civil debe exigir de manera enérgica e incansable.
Pues en contestación al comentario anterior de Juez, yo sí tengo la percepción de que es posible hacer algo. Tanto las dos huelgas como el manifiesto de los 1400 jueces, que se ha comentado en el post, presentan algunos problemas. Las huelgas son algo puntual, al día siguiente están olvidadas; el mensaje lanzado (la justicia está mal, hay que mejorarla) es genérico y perfectamente combatible políticamente, como hizo el ministro (todos estamos en el mismo barco porque creemos que no hay nadie que no quiera la mejora de la justicia, y tenemos planes de inversión, aquí están las cifras, lo que tenemos que hacer es trabajar todos sin actitudes negativas y corporativas y bla bla…). A esto añado que todo ello da la impresión –involuntaria- a la sociedad de que la justicia es solamente cosa de jueces, de modo que se las arreglen ellos con la administración. En cuanto al manifiesto, bien escrito y certero –aunque no sé qué opinarán los secretarios respecto de algún punto-, en la era de Internet eso no se lo lee nadie, demasiado largo y profundo, me temo, para el estándar social actual. Y ambos, huelga y manifiesto, son acontecimientos estáticos, no tiene continuidad en el tiempo. Pero creo que sí se podrían hacer cosas: se podría por ejemplo redactar un ideario corto, un decálogo sobre qué falla –politización, medios, etc- y qué hacer para remediarlo –especialmente, para mí, que la sociedad civil se merece una democracia completa, y ésta no existe sin una verdadera independencia del poder judicial respecto de los partidos-; crear un movimiento, plataforma, observatorio o como se quiera llamar, para difundir este ideario, pero no de jueces, sino completamente transversal: jueces, secretarios, fiscales, abogados, procuradores, empleados, y otros: notarios, catedráticos, profesores…y arquitectos, médicos, funcionarios en general, etc, todos en definitiva, que simpatizaran con la idea de más democracia y menos partidos, y siempre de manera expresamente apolítica: se trata de hacer sociedad civil. Yo de hecho me apuntaría a una iniciativa así, como simpatizante, y he de reconocer que con los comentaristas que están escribiendo en todas las entradas de este blog, me estoy reconciliando con la sociedad en general, parecía que solamente existía Sálvame Gran Hermano. Se puede –y es fundamentalísimo- aprovechar las redes sociales para difundir ese ideario y ganar adeptos, y para estar presente de manera continua en la sociedad, opinando en los medios, influyendo en ellos, o directamente creando en Internet medios propios; foros de opinión, facebook, twitter, así como implicando a los blogs jurídicos, personales o sociales en la tarea tan atractiva, si se presenta así, de luchar para mejorar la calidad de la democracia, como ciudadanos libres, poniendo a los partidos en su lugar: necesarios pero no con su actual poder. Se pueden hacer propuestas, no genéricas y abstractas, sino muy concretas sobre leyes; modificaciones concretas de artículos de las leyes del CGPJ, TC, el anteproyecto sobre tribunales de instancia, etc, para quitar la disparatada influencia de los partidos en todos los nichos de poder de la sociedad, propuestas que se entenderían bien sólo si antes se ha obtenido visibilidad y el mensaje es breve y motivador para los ciudadanos. Yo estoy convencido de que hay un malestar profundo en la sociedad respecto de la situación actual y el diario espectáculo que ofrece la clase política, y parte de él puede ser canalizado en un movimiento estrictamente apolítico. Hay más, pero se da el caso de que el segundo post que voy a escribir sobre la justicia trata precisamente de este tema: ¿qué hacer?, así que me remito a él. Se admiten sugerencias.
Fernando: la idea de la plataforma ya se intentó. Fíjate como se encabeza el manifiesto por la despolitización y la independencia judicial. Habla de “PLATAFORMA”. La idea era precisamente esa, crear una estructura estable y transversal que aglutinara a una diversidad de colectivos en pos de la defensa de los principios del manifiesto. La idea no cuajó (por ahora). ¿Por qué? Mi opinión: por un error de sus impulsores (la gente más valiente que ha existido en la historia de la judicatura) que no han sabido dotar de representatividad y estructura propia al movimiento. Pero la idea sigue viva. No esperemos que los 4.000 jueces en activo que hay en España lideren ningún movimiento. La mitad de ellos se han “funcionarizado” y sólo quieren cobrar su sueldo a fin de mes (algo nada criticable). De la otra parte, la mitad aproximadamente (más de 1.000 jueces) viven bajo las alas de las dos asociaciones-partidos políticos (APM=PP y JpD=PSOE) y se dejan llevar por sus direcciones, correas de transmisión de los políticos mayorotarios; no son malos jueces, todo lo contrario, pero jamás les permitirán tomar una decisión de verdadero calado sin la previa autorización de sus políticos. Quedan 1.000. Preocupados por sus hipotecas, agobiados por las montañas de papel, indefensos, asustados… Pero comprometidos. Contad con ellos, no es mal principio. Quizá la plataforma pensada en el manifiesto no salió porque no podía salir de una carrera judicial podrida y enferma. Porque de haber nacido, habría muerto al instante de corrupción moral. Busquemos esa plataforma en la sociedad y esos 1.000 jueces estarán encantados de apoyarla, defenderla e impulsarla. Es la sociedad la que tiene que reclamar de sus políticos las soluciones de la justicia. Si sigue dormida los políticos no harán nada porque a ellos les incomoda la independencia de poder judicial y están como locos por acabar con ella. A Mubarak no lo va a echar la corrupción; lo va a echar el pueblo cansado de corrupción. Pues el problema de la justicia es igual. Este blog no es nada, esta conversación la podríamos tener en la barra de cualquier bar, pero lo importante de esta discusión es precisamente eso, que existe, que se debate. Poco a poco. En la justicia nada cambiará de un día para otro. La huelga de jueces franceses de esta semana no dará soluciones a nuestros problemas, pero poco a poco, la gente se va concienciando que la democracia en España no alcanzará las cotas de cualquier país occidental, hasta que no exista un Poder Judicial libre e independiente, que garantice sus derechos. Cuando la sociedad española lo entienda ya nada será igual ¿Por dónde empezamos?
Interesantes reflexiones, pero no he leído (salvo error u omisión por mi parte) la influencia que nuestras leyes, y el sistema legislativo en general, puedan tener en el funcionamiento de nuestra justicia, que más veces de las deseadas es auténticamente kafkiana.
Parece evidente, como señala el autor del post, que a la casta política no le interesa una justicia ágil y eficaz, pero al tiempo también podría quedar de manifiesto la propia indolencia de nuestra sociedad y que el vuelva usted mañana decimonónico esta bien vivo y gozando de una espléndida salud, por mucho que luego en charla de café y copa se despotrique de ella.
El problema no es fácil de resolver, pero tamposo es de imposible solución, es simple y llanamente querer resolverlo, y ahí parece que ganas hay muy pocas.
La influencia que tienen las leyes en el desastre de la justicia daría para otro post.
La ley es el material con el que trabajamos, el cemento con el que tenemos que construir las sentencias. Hacer justicia con leyes malas es muy complicado.
Yo os puedo hablar de la jurisdicción penal y de las múltiples modificaciones habidas en materia de delitos estrella : violencia contra la mujer y delitos contra la seguridad vial. En la ultima reforma que acaba de entrar en vigor el legislador ha modificado, después de tres años, la obligatoriedad de la pena de trabajos, haciendola ahora, pena alternativa. Consecuencia : tenemos que revisar, MILES de ejecutorias para aplicar la nueva legislación más favorable para el reo.
Pero es que cuando el legislador introduce nuevos tipos penales no encarga ningún informe para valorar el impacto que tendrá en la carga de trabajo de los ya saturados juzgados penales. Así resulta que en los tres últimos años la carga de mi Juzgado se ha incrementado en un 40 %. como consecuencia de las modificaciones legislativas.
Podríamos hablar también de la carga ideológica de las leyes penales actuales tan alejada de los cánones tradicionales de construcción de tipos penales. Me refiero a la llamada violencia de género que está provocando una autentica mutación de principios procesales . Se trata además de una cuestión tabú .
Por no mencionar la legislación procesal, tan antigua y desfasada. En fin daría para mucho. Solo comentar a titulo de anécdota que los juzgados todavía no podemos comunicarnos entre nosotros por correo electrónico.Funcionamos con correo ordinario y si es urgente con el fax. Y lo q te rondaré… A dia de hoy los jueces instructores y penales no tenemos forma de conocer si un ciudadano tiene abiertos procedimientos judiciales en el resto de España. Como mucho, tenemos acceso a los procedimientos de nuestro partido judicial, el resto…. ( salvo en violencia de genero, claro )
Efectivamente, como se dice en los precedentes post, la política legislativa es otro gran problema: leyes que se modifican constantemente, el parcheo es incesante (ej. hace pocos días se publicó la reforma de la reforma del Código penal – que entró en vigor apenas 20 días antes, por diversos errores,improvisación…- Es la 27 reforma del C.penal llamado de la democracia, .. con los consiguientes problemas de delimitar cual es la ley aplicable en el momento de los hechos, y su retroactividad en materia sancionadora, en lo beneficioso..), vienen las leyes sin memoria de impacto económico ni de impacto sobre la planta judicial (es sostenible la creación de más delitos, más acciones, más derechos ….sin que se amplie la planta judicial .. para hacerlos realmente efectivos? que no conduce más que a la saturación y sentimiento de impotencia e insatisfacción generalizada) Parece que no hay más soluciones para los problemas que surgen en la sociedad que meterlos en el C.penal. Pronto veremos un nuevo tipo penal para solucionar el tema de la prohibición de fumar en los bares, ….. al tiempo.
Propuestas y sugerencias para los males que aquejan a la Justicia : para empezar … acabar con la politización (volver al sistema de elección democrática, libre y directa por los jueces de parte de los vocales del CGPJ, establecimiento de un sistema de méritos objetivos para ciertos cargos o simplemente al más objetivo de todos : el escalafón..), para seguir, habría que analizar si es factible en términos de eficiencia, económicos y organizativos sostener una Administración de Justicia descentralizada parcialmente, en que intervinen, aparte del P. Legislativo Central y 17 Parlamentos Autonomicos, el P. Ejecutivo Central (Ministerio de Justicia), 17 Autonómicos y el CGPJ , y cuando no los Ayuntamientos (para creación de Juzgados, jueces de paz, etc.., para cuya coordinación han de crearse tantas Comisiones y subcomisiones como territorios o cuestiones que haya de tratarse, con el consiguiente gasto y burocracia para sostener tanto organismo, descentralización que se traslada a cada Juzgado, de modo que cada integrante pertenece a una macroorganización, esto es, el CGPJ para los jueces para ciertas cosas, el MJ para los secretarios … (dándoles órdenes ..)y para los jueces en cuanto a retribuciones, y la Comunidad Autónoma para medios materiales y personal, sin que los que están integrados en el mismo Juzgado sean jerárquico- dependendientes. Ni el secretario lo es del juez, ni los funcionarios lo son del juez ni del secretario …. ¿Existe en algún sector privado o público con una des-organización semejante? Hacienda funcionaría tan bien como lo hace si tuviera esta des-organización ? Y si cada vez que le falta personal o se le estropea un ordenador tuviera que pedirlo a otra Administración distinta a la suya y esperar a que quieran mandárselo? Y si no le mandan personal ni medios que se estropean … y le echaran la culpa de que no funciona.. sería de recibo ? Pues, a nosotros eso nos pasa.
¿Deberían pasar todas las competencias de Justicia y sus integrantes a un único centro de decisión ?
La descentralización desciende también a los procesos, ahora desgajados, parte lleva el secretario dependiente del M. Justicia, parte el Juez, ya hay procesos que aún se llaman judiciales en que no interviene nuca el juez, y ahora con la NOJ, pasan de unas unidades a otras constantemente, en un peregrinaje sin fin. Es esto eficaz? Es sostenible?
Y otro tema a analizar .. a dónde va el dinero que se presupuesta para Justicia ? Se dice que se invierten cantidades millonarias .. pero la planta apenas aumenta … los medios tecnológicos no funcionan como debieran … el dinero destinado a formación es cuantioso … ¿ Da resultado ?
Y no sigo, porque otros apuntarán mejores soluciones.
Hemos abandonado ya la zona central del blog -hay que dejar paso a otros posts- pero esto no significa que esta entrada quede abandonada por mi parte. Sigamos hablando.
Un Magistrado, Jesús Manuel Villegas Fernández, ha publicado un artículo sobre la evidente politización del CGPJ, sus causas y sus soluciones, que coincide básicamente con mi opinión y con la de algunos jueces que se ha pronunciado en este post. Recomiendo su lectura: http://www.notariosyregistradores.com/doctrina/ARTICULOS/2011-politizacion-cgpj.htm
Fernando,creo que los últimos comentarios apuntan claramente a la necesidad de un nuevo post… Creo que tanto el comentario de Juez como el artículo que citas lo meren. Por no hablar de temas como la NOJ o la (anunciada) creación de los mini Consejos autonómicos de Justicia…lo que nos faltaba. Queda lanzado el guante.
Elisa, recojo la petición y la semana que viene publicaré un segundo post sobre el CGPJ.
SIGO INSISTIENDO QUE EL PROBLEMA HAY QUE TRASLADARLO A LA OPINIÓN PÚBLICA. POR ESO ME PARECE FENOMENAL ESTE POST Y TODOS LO QUE SE HAGA PARA ABRIR UN DEBATE SERIO SOBRE LA POLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA. PARA EMPEZAR EL NUEVO POST OS TRASCRIBO EL COMUNICADO QUE HACE UNOS DÍAS HA MANDADO A TODA LA CARRERA JUDICIAL LA ASOCIACIÓN DE JUECES Y MAGISTRADOS FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE. ESPERO IMPACIENTEMENTE VUESTRA OPINIÓN, NO SÓLO DEL CONTENIDO, SINO DEL MAYOR O MENOR ACIERTO DE LA INICIATIVA.
El diseño constitucional del Poder Judicial español se basa en la existencia de un Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de los jueces, cuyo cometido principal es velar por la garantía de la independencia de los Jueces y Magistrados en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales frente a todos.
La Constitución quiso detraer de la disposición de los otros dos poderes del Estado, pero esencialmente del Poder ejecutivo, todas aquellas facultades que pudieran influir o condicionar directa o indirectamente a los titulares del Poder Judicial y para ello el art. 122.2 CE encomendó a un órgano constitucional diferente y diferenciado, el Consejo General del Poder Judicial, las facultades que más podían influir sobre los Jueces y Magistrados y, específicamente, los nombramientos y ascensos, la inspección y el régimen disciplinario. En palabras del TC: “las funciones que obligadamente ha de asumir el Consejo son aquellas que más pueden servir al Gobierno para intentar influir sobre los Tribunales: de un lado, el posible favorecimiento de algunos Jueces por medio de nombramientos y ascensos; de otra parte, las eventuales molestias y perjuicios que podrían sufrir con la inspección y la imposición de sanciones. La finalidad del Consejo es, pues, privar al Gobierno de esas funciones y transferirlas a un órgano autónomo y separado” (STC 108/1986).
En definitiva, la finalidad de la CE, como ha reconocido el propio TC, era preservar al Poder Judicial de la dinámica propia de un Estado de partidos cuya lógica es distribuir los cargos en proporción de la fuerza o presencia parlamentaria de dichos partidos.
No es necesario detallar como, a partir de la reforma de la LOPJ de 1985, la realidad es que los partidos políticos del arco parlamentario han convertido al CGPJ en una réplica perversa de las mayorías y minorías partidarias presentes en el Parlamento, haciendo realidad los presagios más negativos que la STC citada quiso descartar como impensables: “Ciertamente, se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada de la Norma constitucional si las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en éste, atienden sólo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos. La lógica del Estado de partidos empuja a actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos, y señaladamente, el Poder Judicial.”
En su composición actual, el CGPJ obedece al designio partidista que impera en el Parlamento instrumentalizado a través de las asociaciones judiciales vinculadas a los partidos políticos mayoritarios. Pero es que, además, esta politización partidista no se agota en la propia composición del Consejo, sino que se trasmite de forma por todos conocida a la designación de los más relevantes cargos judiciales: Magistrados del Tribunal Supremo, Presidentes de la Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia, Salas de lo Civil y lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia.
Sucede así que lo que la CE quiso sustraer de las manos del Poder Ejecutivo y de la influencia partidista, esto es, los nombramientos y ascensos, la inspección y el régimen disciplinario de los jueces y magistrados, ha vuelto a estar en sus manos a través de las designaciones de los vocales del Consejo y de los cargos que ostentan las facultades de ejercicio de tales funciones. Simplemente por esta indirecta vía se ha terminado con todos los resortes para asegurar la independencia del Poder judicial.
En tal trance, hemos llegado a la conclusión de que el nudo gordiano de la inmensa mayoría de los problemas y dificultades cotidianas de la carrera judicial, de la imagen y desprestigio de la Justicia, pero sobre todo de los ataques a la independencia del Poder Judicial, radica justamente en la politización partidista de los nombramientos de determinados cargos y puestos judiciales que realiza el Consejo. A través de esos nombramientos, el Gobierno y los partidos de la oposición, sea cual sea su composición en cada momento, están acabando con la independencia del Poder que está llamado a controlarles y a defender los derechos de los ciudadanos.
Pero además, y en lo que se refiere a nuestro estatuto profesional, los efectos de este sistema no pueden ser más devastadores:
1) El descrédito y la idea generalizada de que la Justicia se imparte de forma partidaria, que se extiende indiscriminadamente a todos los órganos que administran justicia, produce un general desprestigio de la Carrera.
2) Existe un evidente riesgo de deterioro del propio sistema democrático y del estado de derecho. El Gobierno y los partidos políticos han logrado terminar con el control que sobre los demás poderes del Estado debe ejercer el Poder Judicial mediante la simple formula de ir colocando en la cúspide de la pirámide a quienes pueden preservar sus intereses.
3) Se produce una progresiva degradación de la consideración de los órganos judiciales básicos y de quienes desarrollan su actividad profesional en ellos.
4) Es inevitable una frustración de expectativas profesionales de los Jueces y Magistrados, que ven sus posibilidades de acceso a determinados cargos vinculada a la pertenencia a determinadas asociaciones judiciales.
5) Se deteriora el nivel de excelencia en los titulares de los órganos judiciales claves, que acceden a ellos por afinidades partidistas y no por sus méritos curriculares. Al propio tiempo se ha distanciado de forma abismal el estatus profesional de los Jueces y Magistrados de a pie y el de los titulares de los más altos cargos judiciales, en términos económicos, de consideración, de atención etc.
Ante tal estado de cosas, Foro Judicial Independiente ha venido denunciando y alzando una voz crítica en cuantas ocasiones ha tenido oportunidad de defender la independencia judicial y nuestro estatus profesional. Prácticamente 1.500 compañeros se han adherido a un “Manifiesto por la despolitización y la independencia del Poder Judicial”, sin otro resultado que un esporádico eco en los medios de comunicación del descontento de los jueces. Pero estas actuaciones, con ser importantes, no son suficientes para provocar un cambio cualitativo en la politización partidista de los nombramientos de la Carrera Judicial. Mientras exista este régimen de nombramientos, el Gobierno y los partidos no dejarán de buscar asociaciones y miembros de la Carrera Judicial que respondan a sus intereses ni éstos renunciarán a acogerse a su protectorado, aún cuando unos y otros digan aborrecer tal sistema.
Es por ello que hemos decidido dar un paso adelante y comenzar a impugnar jurisdiccionalmente aquellos nombramientos en los que sea detectable la influencia de los partidos políticos. En el último año se han renovado las Presidencias de muchos Tribunales Superiores de Justicia. Particularmente en los nombramientos de los TSJ del País Vasco, Valencia y Cataluña, ha sido notable e indisimulada -incluso ante los medios de comunicación- la intervención mediata de los partidos, sea en forma de vetos, de imposiciones o de compensaciones, en cualquier caso por motivaciones de índole claramente partidista, sirviéndose para ello de la colaboración de sus terminales asociativas en el Consejo. Dicho de forma breve, en el País Vasco se produjo un claro veto de PNV y PSOE a renovar al Presidente del TSJ, por haber osado encausar a Ibarreche y a Patxi López. Después de largas negociaciones, el PP y la APM transigieron con tal veto a cambio de designar al Presidente de Valencia, lo que fue aceptado por PSOE y JD a cambio de la Presidencia del TSJ de Cataluña.
Creemos que la única solución, si realmente queremos terminar con tal estado de cosas, es recurrir tales nombramientos para sostener su nulidad basada en la violación de las normas constitucionales a que nos hemos referido y, en definitiva, por atentar contra la independencia judicial. No se trata de cuestionar personalmente la idoneidad de los nombrados o descartados, sino de denunciar la farsa institucional en que se ha convertido el órgano constitucional llamado a defender la Independencia del Poder Judicial.
Lo hemos llevado ya ante el Tribunal Supremo, que ha admitido a trámite los recursos interpuestos por esta Asociación contra las designaciones de los Presidentes de los Tribunales de Justicia de Cataluña y de Valencia, y lo llevaremos ante el Tribunal Constitucional y ante instancias jurisdiccionales internacionales hasta conseguir un pronunciamiento que revise la doctrina sentada de forma “ingenua” en la sentencia 108/1986 que hemos citado. Estamos convencidos de que tenemos poderosas razones para que nuestra pretensión prospere, pero si no es así al menos vamos a obligar a quienes dicen rechazar la politización partidista del CGPJ a que se miren en el espejo y nos muestren su imagen.
Creemos que la defensa de la independencia judicial, que es en definitiva la del Estado de Derecho, así lo exige.
Muchas gracias Antonio por tu comentario porque es magistral. En tu brillante exposición sólo hecho en falta, quizá (no me atrevo a enmendarte la plana) cierta dosis de autocrítica corporativa. Todo este chalaneo de cargos en la cúspide de la carrera judicial, y otros tejemanejes imaginados por todos, también en la cumbre, al final son posibles porque hay magistrados que se prestan a ellos. A mí la función que desempeñáis y lo que vosotros representáis me merece tantísimo respeto que me cuesta tragarme este sapo, pero entiendo que en todo colectivo siempre hay quien por ambición, vanidad, codicia o vete tú a saber por qué, están dispuestos a comprometer la esencia de lo que son o debereían ser. Estoy convencido de que los primeros indignados sois esos 1500. A ver si entre todos fueésemos capaces de subir el volumen y que se os oiga fuerte. Mucha suerte, nos va mucho a todos en ello.
Antonio, totalmente de acuerdo con lo que denuncias y probablemente las acciones judiciales que habéis emprendido os sirvan para conseguir el eco en los medios que de otra forma es díficil de conseguir, entre otras cosas por como están los medios. Os apoyaremos todo lo que podamos desde este blog en esta iniciativa y en daros voz y difusión en la medida en que podamos, pero como dice Jose Manuel no os olvideis que si habéis (o hemos) llegado a esta situación es porque ha habido muchos compañeros que han entrado al trapo y han jugado a lo que los partidos querían y han buscado un beneficio personal antes que el del colectivo, porque si todos os hubierais negado a este juego no estaríamos aquí. Dicho eso, la iniciativa os honra y os deseo todo el éxito del mundo. Yo particularmente creo en los jueces y en la Administración de justicia como sistema de cierre del Estado de Derecho, y como garantía última de la justicia y de la libertad. Pero también pienso que hay jueces que, por lo que hemos visto, no se lo creen.
José Manuel y Elisa. De nuevo acertáis. Muchos jueces se han venido al poder, despreciando el que ya tenían (juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado), para arroparse en uno mucho más plácido y mentiroso. Sentarse todos los días a resolver los problemas de los ciudadanos es duro, muy duro. Llega a exprimirte como persona; como no lo llegues a controlar te convierte en un ser huraño, aislado, extraño hasta para los tuyos. Y en esa línea hay gente que no quiere dejar de ser poderoso pero no está dispusto a soportar la tiranía del poder que le ha conferido la Constitución y sencillamente, se hace político -en todas sus acepciones-. ¿Por qué hemos aguantado hasta 2008? (Fecha de la primera huelga). Son muchas la razones, de la gran mayoría de ellas sólo los jueces somos responsables. Refiriéndose al sometimiento de la justicia al ejecutivo (él hablaba de democracia) Felipe González dijo una vez que no entendían cómo habían podido con los militares y no habían podido con los jueces. Es todo lo contrario. Los jueces (como colectivo) nunca hemos vivido en democracia en España. La APM nació en el anterior régimen y cuando de ella se desgajó JpD no lo hizo para regenerar el sistema (es lo que todos esperábamos) sino para seguir utilizándolo, esta vez en su favor. Estuvieron unos años a la gresca pero por fin llegó la paz con este Consejo. Han entendido que lo suyo es la alternancia y que habrá épocas en las que les toque mandar y otras en que no, así que a pactar. ¿Y los demás? Ya dije que la mitad de la carrera se ha funcionarizado, sólo quieren llevar su sueldo a casa: hacen bien. El resto, los 1.500 jueces firmantes del manifiesto nos equivocamos creyendo que era necesaria la unidad previa a dar cualquier paso adelante. La unidad en la carrera jamás se conseguirá hasta que no se resuelva el problema de la falta de independencia. Yo ya no la quiero. Hemos intentado ser siempre prudentes en pos de esa falsa unidad, creyendo que ella nos haría fuertes para conseguir cosas. Esa voluntad de unirnos nos ha llevado a dejar de hacer muchas cosas para no molestar a las demás asociaciones. Era el engaño al que nos tenían sometidos. Mientras tanto, a seguir repartiéndose el pastel. Pero la cosa cambíó con el manifiesto por la despolitización y la justicia. Hemos roto con el novio maltratador y nos sentimos liberadas y más felices que nunca, dispuestas a todo por nada. Hemos abandonado la unidad corporativista, necesaria para conseguir mejoras profesionales, en pos de la última batalla, la de la independencia, una lucha en la que los jueces saldremos perdiendo personalmente para beneficio de la sociedad.Espero que no sea demasiado tarde. Como véis reconozco algunos de nuestros muchos errores. Aquí hay 1.500 jueces dispuestos a cambiar las cosas, (sobre el 35% de la carreraa judicial en activo). ¿Dónde están la parte propocional de españoles (17 millones) dispuestos a secundarnos? Aquí los esperamos, ¿o es que no todo es culpa de los jueces? Seguimos hablando de este tema en el nuevo post.
Qué razón tiene este artículo y que pocas ganas de solucionar las cosas hay.
Soy funcionario del grupo A de Informática y estoy en Justicia (y he estado en la AEAT).
Justicia es de donde todo el mundo termina huyendo en informática, quitando muchas ilusiones de mejorarla, ¿por qué?
Hay una media de 5 veces menos personal en el ratio informáticos/usuarios.
Hay cientos de programas, cada uno con sus peculiaridades, a parte de que eso hay que multiplicarlo por las autonomías. La descripción de Don Fernando Gomá es muy acertada en ese aspecto. Además esos programas no son integrales ni están centralizados. Ojalá hubiera un solo programa centralizado que pudiera abarcar todo.
Con el sistema actual la informática se limita a APAGAR FUEGOS, no es un sistema integral que falicite el trabajo.
No hay una política informática definida con rigor y que modele TODO el sistema (desde los servidores hasta los equipos clientes) para toda la TODA la Administración Judicial española.
No hay una base de datos centralizada como la hay en la AEAT o en la Seguridad Social (modelos a seguir).
A muchos usuarios (tanto de muy arriba como de muy abajo), vamos a decir la verdad, no les gusta la informática en Justicia. Alguno no enciende un ordenador en todo el día (aunque esto no se puede generalizar ni mucho menos) e incluso dicta a otro lo que debe escribir. También hay otros que la utilizan y mucho, y no entienden como en su casa se pueden aprovechar mejor los recursos informáticos que en el trabajo.
El artículo menciona lo bien que funciona la AEAT, en mi opinión un modelo a seguir, pero no debemos olvidar que la AEAT aprovechó Internet desde el principio, y ya antes permitía la entrega de declaraciones en discos (incluso obligaba). La AEAT tiene un acervo informático de muchos años y eso no se puede implantar de repente en la Justicia (Ojalá).
A título anecdóctico mencionaré los CDs de las vistas judiciales. Cada vista hace que se graben múltiples CDs para que las partes y la administración las tengan registradas. ¿No sería más fácil un sistema de video-on-demand centralizado? La identificación podría hacerse con el certificado de la FNMT y todas las partes podrían ver la vista cuantas veces quisieran.
En resumen, mi conclusión es que el primer paso para la modernización de la Justicia es dotar a la Administración de un número mucho mayor de funcionarios de informática, que permita implantar nuevos sistemas de información y que sigan allí para mantenerlos, orgullosos de su trabajo, sin querer concursar a otras plazas, como ocurre en la AEAT o en la Seguridad Social.
Es de agradecer especialmente el anterior comentario de Javier Carretero, puesto que a pesar de haberse debatido mucho en este post, no teníamos aún la opinión de un técnico en nuevas tecnologías. Lo que dice confirma completamente el pésimo diseño de los sistemas de información en la justicia, y que hay otras administraciones que en cambio lo hacen muy bien (lo que confirma que no es un mal generalizado). Pero añade además una idea nueva interesante: en la administración de justicia no trabajan solamente juristas, sino, como él, expertos en otras áreas, y carecen por completo de motivación debido a lo mal que se hacen las cosas, la falta de personal (cuando probablemente sobra en otros destinos) y el enorme desinterés que existe en los que gobiernan; es un destino poco apetecible para ellos. La desmoralización no es por tanto exclusiva de jueces, fiscales y secretarios, sino, como dice Javier, de los técnicos que saben que podrían hacer una buena labor, y que no pueden.
El barómetro de febrero 2011 del C.I.S. se ocupa especialmente de la Administración de Justicia. Puede verse los resultados en http://estaticos.elmundo.es/documentos/2011/03/09/barometro_febrero.pdf
Volviendo al tema de la iniciativa para promover la independencia del poder judicial como veríais hacerlo desde una plataforma en Internet promovida por representantes de varias profesiones jurídicas? Tecnologicamente no es complicado pero me gustaría conocer vuestra opinión.
Mi experiencia es clara en referencia a la mala administración y su lentitud. Me explico, mi mujer está cumpliendo condena y pasó por cárcel, la junta evaluó los datos que se tenía sobre ella y lo antigua del delito (1998) ella entró en 2010 y salió en mayo del 2011. La condena de 4 años y medio, el fiscal (el cual se figura él que hace buen trabajo) lo recurrió el 2º grado 100.2 que le dieron a ella para salir a trabajar, aunque tenía que ir todas las noches a dormir a un centro penitenciario y los fines de semana sin salir, la JVP le dio la razón a mi mujer y pudo seguir saliendo a su trabajo (con lo difícil que está y más después de salir de la cárcel), el fiscal recurrió a la A.P. y ésta sala le dio la razón al fiscal porque según decían: han sido muy benévolos con ella, y esto ha sucedido cuando lleva la cuarta parte de su condena, así que de nuevo debe entrar porque a unos señores les molesta eso. Viva el art. 25 de la constitución, viva la injusticia y solo decirlos a esos señores de parte mia y de mi hija que gracias.
Mi experiencia es clara en referencia a la mala administración y su lentitud. Me explico, mi mujer está cumpliendo condena y pasó por cárcel, la junta evaluó los datos que se tenía sobre ella y lo antigua del delito (1998) ella entró en 2010 y salió en mayo del 2011. La condena de 4 años y medio, el fiscal (el cual se figura él que hace buen trabajo) lo recurrió el 2º grado 100.2 que le dieron a ella para salir a trabajar, aunque tenía que ir todas las noches a dormir a un centro penitenciario y los fines de semana sin salir, la JVP le dio la razón a mi mujer y pudo seguir saliendo a su trabajo (con lo difícil que está y más después de salir de la cárcel), el fiscal recurrió a la A.P. y ésta sala le dio la razón al fiscal porque según decían: han sido muy benévolos con ella, y esto ha sucedido cuando lleva la cuarta parte de su condena, así que de nuevo debe entrar porque a unos señores les molesta eso. Viva el art. 25 de la constitución, viva la injusticia y solo decirlos a esos señores de parte mia y de mi hija que gracias.
He visto algún comentario de un señor juez que se identifica como miembro del Foro Judicial Independiente. Como dice el refrán, dime de que presumes y te diré de que careces… Los miembros del Foto que conozco aquí, en Zaragoza, son más bien de izquierdas, de esa izquierda vergonzante y pseudoprogresista, que tanto daño ha hecho a España. Son personas corporatistas, que fundamentalmente lo que defienden es su situación de superioridad, de privilegio. Que hacen huelga como los funcionarios, pero no quieren ser funcionarios, pues se consideran más: no quieren fichar con su hora de entrada en las oficinas judiciales -y de salida-, no soportan que nadie les fije la agenda de señalamientos, despachan los asuntos cuando les apetece, etc. Por supuesto que hay muy buenos profesionales, pero creo que priman más criterios políticos y de descontento con el actual estado de la administración de justicia, que otra cosa. En resumen, unas nuevas siglas que añadir a la sopa de letras en que se ha convertido la justicia: APM, JpD, FdV, FJI…
He visto algún comentario de un señor juez que se identifica como miembro del Foro Judicial Independiente. Como dice el refrán, dime de que presumes y te diré de que careces… Los miembros del Foto que conozco aquí, en Zaragoza, son más bien de izquierdas, de esa izquierda vergonzante y pseudoprogresista, que tanto daño ha hecho a España. Son personas corporatistas, que fundamentalmente lo que defienden es su situación de superioridad, de privilegio. Que hacen huelga como los funcionarios, pero no quieren ser funcionarios, pues se consideran más: no quieren fichar con su hora de entrada en las oficinas judiciales -y de salida-, no soportan que nadie les fije la agenda de señalamientos, despachan los asuntos cuando les apetece, etc. Por supuesto que hay muy buenos profesionales, pero creo que priman más criterios políticos y de descontento con el actual estado de la administración de justicia, que otra cosa. En resumen, unas nuevas siglas que añadir a la sopa de letras en que se ha convertido la justicia: APM, JpD, FdV, FJI…
Uno de los aspectos que más y cotidianamente incide en la ineficiencia y lentitud de la Administración de Justcia es la deficiencia en los instrumentos de trabajo, esencialmente, los informáticos, como ya se ha tratado en este blog sobradamente. Ayer saltaba la noticia http://t.co/S0zuKXyg relativa a que el anterior gobierno se había gastado cinco veces más de lo presupuestado en digitaliazr un sólo Tribunal, con escaso resultado, y los 600 millones invertidos en informática judicial del anterior gobierno apenas habían sido útiles, los sisyemas informáticos son incompatibles. Habría que preguntarse ¿cómo ha sido esto posible? Ese dinero es como si lo tirasen a la basura,bueno no, se lo han quedado las empresas contratadas; ¿es que estas no tiene responsabilidad? ¿Y quienes las contrataron tampoco, desde los funcionarios de la Mesa de contratación haci arriba? ¿No sabían que no eran compatibles? ¿Nadie responde de esto, nadie devuelve el dinero?
A ello se une que varios altos cargos del gobierno vasco han sido investigados penalmente por irregularidades en los contratos de informatización judicial; los fiscales en su reciente Manifiesto piden que se evalue e investigue cómo el presupuesto de Justicia se incrementó notablemente en los últimos años mientras el poder adquisitivo de los profesionales a su servicio ha decendido notablemente. Si alguien tiene respuestas para estos interrogantes, sería de agradecer que las expusiera. Gracias.
Para mí sólo hay una respuesta a la escasez de medios y sus deficiencias en Justicia. Ésta:
http://www.jotdown.es/2012/07/carlos-sanchez-almeida-cuando-los-jueces-tengan-suficientes-medios-la-mitad-de-los-politicos-acabaran-en-la-carcel/