Sindestreza (y III)

Como veíamos en el anterior post, la jurisdicción civil está resultando del todo ineficaz a la hora de tratar de frenar la problemática de las descargas de contenidos protegidos por derechos de autor en Internet. En el ámbito penal la situación no resulta más halagüeña, pues la Circular 1/2006, del Ministerio Fiscal, incluye bajo el siempre recurrente paraguas del límite de copia privada el intercambio de contenidos protegidos mediante redes P2P, cuando el requisito del acceso lícito a la copia original ya fue introducido en su día por la Directiva 20001/29/CE, transpuesta con la Ley 23/2006, no estando presente tal acceso lícito en el intercambio en ese tipo de redes. Por tanto, la vía penal en defensa de los titulares se ve restringida por un texto completamente obsoleto, que hoy resulta contra legem y que, conviene recordarlo, procede de este mismo Gobierno.

Con el constante e imparable avance tecnológico nuestra legislación en materia de propiedad intelectual ha quedado obsoleta y desprotegida, mientras la presión de los sectores que representan a los usuarios de la red se vuelve cada vez más potente y, por ende, más atractiva como arma electoral y política a esgrimir, dificultando así el ya de por si inexistente debate entre nuestras fuerzas políticas.

Mirando hacia el futuro, parece claro que la problemática actual requiere de soluciones basadas en la técnica jurídica y no en la gresca política, en la que en seguida tendemos a ser presa del populismo y la demagogia barata. El Gobierno está apuntando en una dirección acertada, pero el conflicto a abordar requiere más que una disposición final confusa metida de rondón en una ley que emite cierto tufo a cajón de sastre. Se requiere revisar el sistema de responsabilidad impuesto por la LSSICE, remozar urgentemente la Circular del Ministerio Fiscal y se necesita un desarrollo legal de calidad que clarifique y entre en profundidad a detallar las conductas infractoras y el procedimiento que se propone como antídoto a las mismas.

Las medidas desproporcionadamente opresoras no favorecen el desarrollo de las nuevas tecnologías ni el entendimiento entre las diversas partes enfrentadas. La intención y predisposición del Gobierno es buena, y la propiedad intelectual ha de ver reforzada su protección, pero también es cierto que el progresismo en este escenario no ha de ser entendido sino como la adaptación de la legislación en materia de propiedad intelectual al avance tecnológico, tan incontrolable como aprovechable.

Por el contrario, tampoco se puede buscar siempre únicamente el contentar al grupo opositor a cambio de un puñado de votos fáciles. Estamos ante un conflicto en el que intervienen fuertes grupos económicos y sociales de presión, siendo tan importante la potencia de la industria de contenidos de nuestro país como la de la industria que fabrica los soportes y equipos idóneos para llevar a cabo los comportamientos infractores, sin olvidar a la comunidad de internautas como grupo representativo del avance de un país. Ahora bien, no hemos de olvidar que la legislación en materia de derechos de autor ha de ser garante exclusivo de los titulares de derechos y no ha de dar acomodo a los derechos de usuarios o consumidores, que encuentran su lugar en el objeto de otros textos. Da cierta sensación, al escuchar los argumentos del principal partido de la oposición, quien no en vano dio hace no tanto su consentimiento a la aprobación de una directiva europea que permitía el bloqueo y cierre de páginas web por la infracción de derechos de autor, de que se está buscando el voto fácil y el armar revuelo a cualquier precio, y eso no nos beneficia a ninguno. Vean, como muestra, la postura recién adoptada por este grupo político en algo tan ajeno a lo aquí analizado como la ley contra el tabaco. Objetar, como premisa, lo que el Gobierno proponga en un primer estadio.

El avance tecnológico, ha quedado dicho, es imparable y eminentemente provechoso para todos. Cuando la propiedad intelectual se ve superada en su sistemática por esos avances, cuenta con mecanismos para superarlo. Ocurrió con la llegada de las radios y la imposibilidad de controlar cuántas veces se radiaba qué canción y en qué emisora. Ocurrió con la llegada de los vídeos, las casetes y los CD’s vírgenes y la imposibilidad de controlar qué se estaba grabando el usuario en su esfera privada. Nacieron entonces derechos de remuneración equitativa, alternativos a los exclusivos y que trataban de remunerar de forma proporcionada a los derechohabientes que veían invadida su esfera de exclusiva.

Ha llegado por ello el momento de crear nuevas figuras, como la de la contribución a la infracción, y de configurar en un nuevo canon, y lo dice el TJCE, en gran parte sustitutivo del actual de compensación por copia privada, que imponga un derecho de remuneración para aquéllos cuyos contenidos protegidos se intercambian libremente en Internet. La copia privada, especialmente en el ámbito audiovisual y musical, se está quedando atrás, pues rara vez el acceso a la copia original es ya lícito. No hemos comprado una antología del gran Paco de Lucía del que luego hacemos copias privadas en casa. Hemos descargado gratuita e ilícitamente ese disco para luego navegar Entre dos aguas cuantas veces y en cuantas formas queramos. Nos encontramos ya en una nueva era. La de la copia digital y, más aún, la del streaming y la de disfrutar sin almacenar. La de Spotify.

Es por tanto el momento ideal para orientar ese canon hacia este no tan nuevo fenómeno, que sin duda ha dañado mortalmente a la industria de contenidos y al que hay que poner solución. Es también el momento ideal, nunca hay mal que no venga por bien, para revisar ciertos desajustes del pasado, como el de que la Administración Pública o ciertas personas jurídicas tengan que ser sujetos pasivos de este tipo de cánones compensatorios. Y, desde luego, es el momento de que esos proveedores de acceso a los que pagamos millonarias conexiones a la red abonen por ello un porcentaje a favor de los autores y titulares de derechos a quienes, con esas fantásticas conexiones, machacamos sin piedad. Ahí está su negocio y como tal han de abonar un peaje. ¿O pagaríamos lo que pagamos por Internet sólo para consultar nuestro correo y leer el periódico?.

La reforma que se ha de llevar a cabo, en fin, no debe buscar sino proteger la creación y el esfuerzo de quienes colaboran en ella, que son muchos y no son sólo los creadores en último término. No tiene nada que ver con la libertad de expresión o el libre acceso a la cultura. Todo blogger podrá seguir escribiendo, toda web podrá seguir alojando cuantos contenidos lícitos desee y todos podremos seguir disfrutando de nuestro novelista o compositor preferido con total libertad. Con la misma libertad con la que elegimos el coche que ahora conducimos o los zapatos que calzamos. Pero la libertad no es el gratis total. No lo es para nuestro coche ni para nuestra ropa y no ha de serlo tampoco para la creación intelectual de la que queramos gozar. Reformemos a conciencia, por tanto, el asunto de las descargas en Internet, pero seamos rigoristas y empecemos a escarbar por la base. Nuestra cultura lo que sí merece es una reforma que remoce los cimientos, que corrija errores del pasado y que no se quede en una más o menos polémica disposición final de algo tan etéreo como esa economía que hoy se nos antoja insostenible.

10 comentarios
  1. N Castejón
    N Castejón Dice:

    Así que internet sirve para consultar el correo, leer el periodico, e infringir derechos de autor.

    Y las operadoras deben pagar, a quien diga la SGAE, por supuesto, ya que es bien sabido que no existe creación si ésta no lleva el sello de dicha sociedad. Bochornoso, sencillamente bochornoso.

    Le han hecho falta 3 articulos para no aportar nada a uno de los debates más interesantes que hay ahora mismo abiertos.

  2. Salvador Esteban García
    Salvador Esteban García Dice:

    Querido autor del Post: mi trabajo profesional está, precisamente, en este campo. No sabes lo que agradezco este párrafo que trascribo literalmente de tu artículo, Se requiere revisar el sistema de responsabilidad impuesto por la LSSICE, remozar urgentemente la Circular del Ministerio Fiscal y se necesita un desarrollo legal de calidad que clarifique y entre en profundidad a detallar las conductas infractoras y el procedimiento que se propone como antídoto a las mismas. Por ahí van parte de los tiros. Estamos olvidando la importyancia de la Propiedad Intelectual y por la voluntad de no sé que intereses la confundimos con curiosas interpretaciones de la libertad de expresión u otros derechos. Me atrevo a pedir desde aquí un contacto más directio contigo. Los administradores del blog tienen mi dirección de correo: está a tu disposición.

  3. elisadelanuez
    elisadelanuez Dice:

    Pedro,cuanta razón tienes sobre la gresca política en la que lo de menos son las opiniones de fondo comparados con la posición que se ocupa respectivamente, si en el Gobierno a favor de la defensa efectiva de la propiedad intelectual, si en la oposición, a favor de los internautas y del todo es gratis y si acaso hay que hacer algo, con mucha, mucha cautela y muchos, muchos jueces. Supongo que lo habéis visto, pero tiene su interés ver lo que defendían respectivamente PP y PSOE en el año 2002.
    http://www.adslzone.net/article5323-rubalcaba-criticaba-en-2002-la-ley-sinde-que-acaba-de-ser-aprobada.html
    Efectivamente, la dirección de correo electrónico de D.Salvador la tenemos por si el autor del post quiere ponerse en contacto directo con él.

  4. Javier
    Javier Dice:

    Pedro, no me queda claro si lo que propones es que el actual sistema de cánones de compensación por copia privada que se aplica al amparo del art. 25 TRLPI, que compensa – supuestamente – por la copia privada legítima hecha al amparo del art. 31.2 TRLPI se sustituya por un canon sobre el ADSL, o si estás pidiendo la co-existencia de ambos, aquel compensando por la copia privada lícita y éste por las copias ilícitas. Ya el sistema de cánones del art. 25 TRLPI es altamente cuestionable, en especial habida cuenta de su aplicacion indiscriminada actual – a pesar de la sentencia del TJUE – pero la propuesta de un canon sobre el ADSL por copia ilícita me parece contrario a los principios jurídicos más básicos. Puestos así, ¿por qué no poner un canon a los fabricantes de coches para hacer frente a responsabilidad civil subsidiaria derivada de accidentes de tráfico? ¿y a los fabricantes de bebidas alcohólicas si el conductor iba borracho? ¿y qué me dices de los fabricantes de cuchillos, a quienes podríamos imputar la responsabilidad de los robos a punta de navaja e incluso de asesinatos? Y ya puestos, vamos a por los fabricantes de maletas, los fabricantes de lanchas rápidas, los fabricantes de aviones e incluso los fabricantes de preservativos que se emplean para ocultar las sustancias ilícitas.

  5. Pedro Letai
    Pedro Letai Dice:

    Muchas gracias por tu mensaje y por leer el post, Javier. Pido en mi artículo una reconfiguración del canon actual, pues en la práctica la copia privada digital es una quimera. Ya raras veces accedemos LEGALMENTE a una copia original de la que hacemos copias, con lo que es inútil seguir trabajando en la línea de la copia privada.
    En cuanto a ese nuevo canon, sigo pensando que son los proveedores de acceso los que sin duda más beneficiados están saliendo con toda esta situación. Créeme que si el público objetivo fueran consumidores únicamente de su correo personal y de algún periódico digital o red social no pagarían lo que hoy en día pagamos por tener eficacísimas conexiones a Internet. Esas conexiones tan rápidas y capaces interesan especialmente a quienes requieren de esa capacidad para descargar una ingente cantidad de contenidos en su disco duro.
    Créeme de verdad que los fabricantes de cuchillos no viven de los asesinatos ni los que ponen cubatas en sus bares de los accidentes de tráfico, pero sí los proveedores de acceso de esas millonarias conexiones que te permiten descargar a destajo.
    En cuanto a los principios básicos que supuestamente se vulneran, hay que recordar que estamos en sede de Derecho Civil, donde no opera el principio de presunción de inocencia, de naturaleza eminentemente penal. Se pueden establecer unas prevenciones de cara a la responsabilidad civil derivada de acciones que se sabe que en la práctica son muy comunes. ¿Acaso no pagamos cada año un seguro a terceros para el coche, tengamos accidentes o no? ¿Nos lo reembolsan si no hemos tenido ningún accidente? ¿Están entonces presumiendo que vamos a accidentar a alguien?
    Muchas gracias y un saludo,
    PL

  6. Manuel Alonso
    Manuel Alonso Dice:

    Os recomiendo que visiteis el blog de Enrique Dans uno de los mayores defensores de la libertad (no de los intereses inconfesables de la industria) y de las mentes más lúcidas sobre este tema. Entre otras muchas cosas, defiende que las descargas generan más dinero y es verdad.

    Ya está bien de defender lo indefendible¡

    • Tania
      Tania Dice:

      Vamos, hombre, si este tipo es un vividor y, además, es de ultraderecha, esa derecha tan extrema que a veces parece anarquista porque defiende una “libertad” que, al final, acaba revirtiendo directamente en su bolsillo. Dans critica a “los poderosos”, pero luego él en su blog y en su Facebook se comporta como un chulo prepotente. Basta ya, que nadie se deje engañar por este timador!
       

  7. elisadelanuez
    elisadelanuez Dice:

    Gracias Manuel Alonso por la recomendación. Yo particularmente por mi especialización profesional (trabajo en el sector de las nuevas tecnologías) conozco bien a Enrique Dans y sus opiniones, senciilamente no las comparto aunque soy muy consciente, lo mismo que el, de lo populares que son. Pero me parece que siempre es bueno efectivamente que el resto de los lectores seguramente menos especializados que yo conozcan el punto de vista de los que consideran que en el mundo digital rigen leyes distintas que en el mundo físico. Mi opinión (y creo que la del autor del post) es que puede ser necesario que la ley de propiedad intelectual haya que cambiarla y adaptarla al entorno digital, pero que no haya propiedad intelectual en el mundo digital o que no haya que respetar las leyes en vigor, aunque no nos gusten, me parece que es más díficil de defender.. En cualquier caso, bienvenido el debate de ideas y gracias por la recomendación de lectura. 

  8. Juan
    Juan Dice:

    Creo que proponer a Enrique Dans como gran defensor de libertades es una gran paradoja. Los artículos de Enrique Dans están llenos de demagogia y autobombo, solo dirigidos a la mayor gloria del autor. El tema del que habla el post es mucho más complejo para resolverlo de una manera tan simple como Enrique Dans siempre plantea. Nunca he encontrado en un artículo de Enrique Dans nada útil para resolver nada. Más bien al contrario. Es uno de los principales inductores a la confusión y la demagogia en España, porque lo que defiende es la solución sencilla para enardecer a las masas. La demagogia siempre es fácil.

    Recurrir al canon (sobre el ADSL, sobre los dispositivos o sobre cualquier cosa) para resolver problemas culturales y de educación es una claudicación. Decir que hoy la gente si no pirateara no contrataría Internet es bastante irreal y una forma de justificar lo injustificable. El efecto de Internet va mucho más allá del pirateo y esa afirmación me parece un despropósito fuera de tiempo. Quizás el que contrate una alta velocidad esté pensando en el piratero, pero hay mucha gente, que incluso si no pirateara, difícilmente prescindiría de Internet (prescindiría mucha gente del acceso a Facebook o Twitter?). Buscar siempre como solución un impuesto es la solución sencilla e injusta. Es hacer el favor a los infractores, para extender el pago a todo el mundo. Un canon al ADSL se trasladaría al usuario final, tanto el que piratea como al que no, con lo cual no acabe de entender el interés de esta medida. O es cierto que impuestos como el de la gasolina, o el canon sobre los CDs no se pasan al usuario final ? Una injusticia más. Siempre es más justo que cada uno pague por lo que usa. Y creo que la solución debe venir de la clarificación de lo que es una infracción, lo que es un delito, y lo que es legal. La solución no debería venir de más demagogia y más impuestos injustos y arbitrarios.
     

  9. Roberto
    Roberto Dice:

    El tal Enrique Dans es un populista y un maleducado que desprecia a quienes entran en su blog y no opinan lo mismo que él. Yo he discrepado de sus opiniones civilizadamente, y él ha respondido con insultos y negándose a publicar mis siguientes comentarios. Vergonzoso. Vaya farsante, sus ideas son de una demagogia que ruboriza, solo quiere hacerse popular y famoso cargando contra discográficas, editoriales, derechos de autor…, porque sabe que todo eso es aplaudido por mucha gente poco o nada informada.

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