Las pensiones de los parlamentarios: una propuesta de cambio (y II)

La regulación de las pensiones parlamentarias, desparramada en múltiples disposiciones que han ido aprobándose a lo largo del tiempo, tiene su antecedente directo en el Reglamento Provisional del Congreso de los Diputados, una Orden de 1978 y diversos acuerdos de las mesas de las cámaras. Esta normativa ha cambiado muy poco, lo justo para extender su aplicación a todos los diputados y para conceder complementos más beneficiosos. Y ha servido de fundamento a las que se han aprobado en otras cámaras.

En el primer post especifique su contenido, no insistiré en ello. Ahora me interesa resaltar, que el fundamento de estas normas tiene su origen en la realidad española de hace más de treinta años. Cuando la Seguridad Social estaba en su fase inicial, y no era habitual que se incluyera en su sistema de protección a colectivos que no tuvieran naturaleza estrictamente laboral. Se trata además de una regulación aprobada por los propios parlamentarios para sí mismos. En una suerte de autorregulación de derechos, que poco o nada tienen que ver con el contenido del ejercicio de su actividad parlamentaria, y que les ha llevado a desbordar el interés razonable de que todo parlamentario durante el ejercicio de su mandato esté protegido por la Seguridad Social para instaurar prerrogativas que conceden ventajas que no pueden alcanzar el común de los mortales; aunque pretendan justificarlas bajo los más nobles principios.

Evitar este conflicto de intereses, es relativamente fácil. Basta modernizar (ya va siendo hora) la protección social de los parlamentarios mediante una Ley que la homologue a la del resto de los ciudadanos. Para ello, el Gobierno –un tercero ajeno a los intereses directos de los parlamentarios- en el ejercicio de su iniciativa legislativa podría presentar un proyecto de Ley que asimile a los miembros de las Cortes Generales y asambleas autonómicas y a los eurodiputados españoles al resto de trabajadores, incluyéndoles en la legislación ordinaria de Seguridad Social. Lo que es técnicamente viable. Porque, aunque su actividad no es la propia de los trabajadores por cuenta ajena, basta con que la legislación les asimile a ellos. Como ya hace la Ley de Seguridad Social con otros colectivos: funcionarios, altos cargos de las Administraciones Públicas que no sean funcionarios públicos y como se hizo con los miembros de las corporaciones locales en la Ley de las Bases del Régimen Local del año 1985.

Con esta asimilación, como los altos cargos de las Administraciones Públicas y concejales con dedicación exclusiva, tendrían una protección completa del Régimen de Seguridad Social, incluido el desempleo. De forma que ningún parlamentario, por la supresión de las indemnizaciones previstas en el Reglamento de Pensiones Parlamentarias a la finalización de su mandato, se vería perjudicado. Sin embargo, se evitaría que hubiera quienes cobraran las altas indemnizaciones por cese compatibles con la renta de su trabajo por cuenta propia o ajena. Como ocurre hasta ahora.

La aprobación de esta Ley común implicará necesariamente la derogación de los artículos de los Reglamentos de las diferentes cámaras , de las ordenes ministeriales y dejará sin efecto a partir de ese momento los convenios con la Seguridad Social. Además, las mesas del Congreso de los Diputados y Senado deberán derogar el Reglamento de Pensiones Parlamentarias del año 2006 y de la misma manera tendrán que proceder las otras cámaras legislativas que tengan regímenes complementarios semejantes. Lo que podrían hacer introduciendo en sus Reglamentos la prohibición de tener regímenes complementarios de prestaciones sociales. Sin perjuicio de transitoriamente mantener los ya reconocidos.

Sería conveniente, en aras de una mayor transparencia, conocer quiénes han percibido complementos de pensiones. Para ello podría crearse un registro público en el que consten los exparlamentarios a los que se haya concedido esos complementos y prestaciones amparados en el Reglamento de Pensiones Parlamentarias, la clase de los concedidos y su cuantía. Y que esa publicidad se haga de forma clara y fácilmente accesible en la web del Congreso de los Diputados, a diferencia de lo que ocurre actualmente. Así, los ciudadanos podrán conocer con exactitud cuáles son las situaciones que se están protegiendo y los beneficios que se conceden.

En definitiva este sistema de asimilación entre los miembros de las cámaras y el resto de los trabajadores reforzaría la democracia al consolidar el principio de igualdad entre los servidores públicos y los ciudadanos, fundamento esencial de nuestro sistema constitucional.

7 comentarios
  1. Fénix de los Ingenuos
    Fénix de los Ingenuos Dice:

    Lo que resulta más interesante de todo es ver las propuestas de los distintos partidos, primero mudos y luego, a medida que la cosa se calentaba un poquito, un poco más activos, pero sin pasarse. Para comprobar las curiosas diferencias entre unos y otros véase este video de Rosa Díez:



    y la noticia de hoy de El Mundo referida al resto de partidos: http://www.elmundo.es/elmundo/2011/02/07/espana/1297101880.htm

  2. elisadelanuez
    elisadelanuez Dice:

    A ver si conseguimos entre todos debatir sobre estos temas de forma ordenada y sin demagogia. Hay que saber qué retribuciones tienen nuestros representantes políticos y ya de paso nuestros cargos públicos pero no solo las oficiales, siempre tan moderadas y políticamente correctas, sino todas. Como cuando alguien es contratado en una empresa y pregunta por el sueldo bruto, claro, pero también por los bonus, por los beneficios sociales, seguro médico, plan de pensiones, parking, cheques comida, viajes en preferente…todo forma parte de la relación laboral y todo es coste/empresa y así se percibe. Cuando lo pagamos los contribuyentes lo mínimo es saber que estamos pagando digo yo. Incluidos los conceptos de oportunidad, es decir, se viaja en preferente, y sale carísimo, pero todavía sale más caro si el viaje no sirve para nada o es una excursión parlamentaria.

  3. ant
    ant Dice:

    Dos grandes artículos y una gran propuesta pero me ha surgido una pregunta. Yo entiendo que esa ley, por motivo competencial, no puede modificar los reglamentos de las diversas cámaras. Si es correcta esa afirmación, ¿quedaremos a la espera de un acuerdo global entre el gobierno, el congreso, el senado y los parlamentos autonómicos?.
    Un saludo.
    antonio

  4. Ramón Marcos Allo
    Ramón Marcos Allo Dice:

    La Ley no puede derogar los reglamentos de las cámaras. Pero estos perderían su eficacía, ya que la Ley si que puede determinar las obligaciones y derechos de Seguridad Social de los parlamentarios. De forma que habría una especie derogación tácita impropia. Porque esos derechos ya no se establecerían a través de un Convenio Especial con fundamento en el Reglamento, si no a través del alta en la Seguridad Social en el régimen correspondiente que esas cámasras deberían dar de cada parlamentario al inicio de su mandato en el Seguridad Social.

    Lo que si exigiría un acuerdo amplio es la derogación de los acuerdos de las Mesas de las Cámaras por los que se estblecen los sistemas complementarios. Para eso hace falta que los ciudanos empujemos a nuestros representantes. Y los ciudadanos solo empujarán si conocen cuales son las retribucioens reales de los parlamentarios. Pero para eso hace falta mayor transparencia de nuestros instituciones y administraciones. Ese es otro de los grandes retos pendientes.

  5. Alberto Alonso
    Alberto Alonso Dice:

    ¿Alguien me puede decir si esta propuesta se ha aprobado ya a lo largo de este año? ¿Podrían darme el RD del BOE donde se refleja?

    Muchas gracias
    Saludos 

  6. adolfo
    adolfo Dice:

    En Aragón la Mesa del Parlamento “aldeano” (es decir, regional), acordó a toda prisa la creación de una pensión por cesar en el cargo de Diputado, al quedarse varios sin trabajo en las últimas elecciones autonómicas, de mayo pasado. Consiste en una prestación de unos 3.000 euros por mes “trabajado” como parlamentario, hasta un máximo computable de 16 meses, según la prensa, pues no se le dio publicidad en los boletines oficiales, para evitar que la gente se quejara. Yo denuncié la situación en la prensa, y recientemente heleído que hay una denuncia ante el Tribunal de Cuentas por parte de una Asociación en Defensa de la Función Pública Aragonesa. Confío y espero que prospere, pero ya se sabe que el Tribunal de Cuentas tarda años y años en emitir sus informes…

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