¿Por qué no hay en España una Justicia eficaz? (II): la necesaria despolitización del CGPJ
En el anterior post de esta serie me pregunté por qué no había en España una Justicia eficaz, y ello dio lugar a un interesante debate con múltiples opiniones y variadas propuestas, una de las cuales vamos a analizar ahora. El actual sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial se ha demostrado como un completo fracaso, y ese fracaso no es realmente imputable el mecanismo legal en sí mismo considerado, sino a la incapacidad -o más bien ausencia consciente de voluntad- de los partidos políticos españoles para dejar el poder judicial fuera de la lucha partidista y de sus intereses particulares. Es necesaria su reforma, por el comportamiento negligente de nuestra clase política y por su falta de ejemplaridad. Por su culpa, en definitiva.
Hagamos una pequeña historia. La Constitución (art. 122) creó el CGPJ con 20 miembros más el presidente del TS, elegidos 12 entre jueces y magistrados, y 8 -4 el Congreso y 4 el Senado- entre juristas de prestigio con más de 15 años, por mayorías de tres quintos de cada cámara, remitiéndose a una Ley Orgánica para todo lo demás. La primera Ley Orgánica, de 1980, estableció que los 12 vocales correspondientes a la judicatura serían elegidos mediante voto directo por los propios jueces. Sin embargo la segunda Ley, de 1985, suprime este sistema y establece que los 20 vocales se elijan por el Parlamento por mayoría de tres quintos.
Existían dudas de que este nuevo sistema se ajustara a la carta magna, pero el T.C. lo dio por bueno en una famosa sentencia de 1986, aunque advirtiendo lo siguiente: el modelo de designación de los miembros del CGPJ entraña el riesgo de frustrar la finalidad señalada en la Constitución si las Cámaras actúan con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en éste, de forma que atiendan sólo a la división de fuerzas existentes en su propio seno, distribuyendo los puestos a cubrir en el CGPJ entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos, empujados por la lógica del Estado de partidos. Es decir, para el alto tribunal el sistema solamente es aceptable – o sea, ajustado a la Constitución- si las cámaras eligen a los vocales pensando en el bien común y alejándose de la lucha de partidos, condición que, o bien refleja una ingenuidad digna de mejor causa, o bien –y por esto me inclino- fue un malabarismo judicial para evitar declarar inconstitucional la norma.
¿Y qué ha ocurrido? Pues, como era previsible, que desde el primer minuto y hasta el día de hoy el CGPJ ha sido un campo de batalla partidista tanto en la elección de sus vocales como en su funcionamiento. Y es que no hay que olvidar que es un órgano con mucho poder e influencia: informe de leyes en cuestiones de política judicial, facultad de proponer reformas legislativas, participación en el trámite de nombramiento del Fiscal General del Estado y de los Magistrados del Tribunal Constitucional, régimen disciplinario e inspección, y, por encima de todo, el control de los ascensos en la carrera judicial a determinados puestos, es decir, decide quién sube y quién no. La politización de una institución con tanto poder ha significado la politización de todo el sistema judicial, lo que es profundamente antidemocrático y muy negativo para la sociedad.
El método elegido por los partidos para controlar el CGPJ no está exento de habilidad: se nombra a jueces que ya estén significados políticamente a favor del PP (Asociación Profesional de la Magistratura, la mayoritaria), o del PSOE (Jueces para a Democracia, que es la tercera), y se ningunea a los que no lo estén (Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, segunda y cuarta asociación, respectivamente, y todos los jueces no asociados, siendo estos últimos casi la mitad del total). Esto ha ocurrido antes y está ocurriendo hoy mismo con la actual composición del Consejo. De este modo, predeterminada la tendencia de los vocales, ya está asimismo predeterminado el sentido de su voto, de una manera indirecta y sin tener que estar en primera línea. La existencia de bloques miméticos de las fuerzas de los dos grandes partidos es tan evidente que hace tres años, cuando se estaba dando el penoso espectáculo de la negociación entre los dos grandes partidos para renovar los vocales, el entonces ministro de Justicia pudo decir que al PP no le interesaba la renovación, ¡porque tenía mayoría en el Consejo en ese momento!. Y nadie del PP protestó por esta desconfianza en la independencia judicial y en el criterio de los vocales presentes y futuros, probablemente porque asumieron con naturalidad que el ministro tenía toda la razón. Los tejemanejes entre los llamados bloques conservador y progresista para elegir cargos como presidentes de audiencias y tribunales superiores, son algo perfectamente conocido y comentado públicamente, y al vocal que se sale de esos bloques se le llega nada menos que a calificar de tránsfuga.
Esta politización ha provocado un deterioro muy grave del sistema judicial, hasta tal punto que el Word Economic Forum, una fundación internacional sin ánimo de lucro, sitúa a España en el puesto 60 de 133 en cuanto a independencia judicial frente a los poderes públicos y las empresas, por detrás de países como Namibia (puesto 21), Botswana (27), Malawi (39) o Gambia (41). Sí, han leído bien. Como ciudadano es para sentir vergüenza.
Según el filósofo Javier Gomá Lanzón –a la sazón pariente colateral de quien esto les escribe- todos los seres humanos estamos inmersos en una red de influencias mutuas, todos somos ejemplos para todos, lo queramos o no, lo que significa que somos responsables de la influencia que ejercemos en los demás; pero no todo ejemplo es positivo, sino solamente aquél que es una recomendación de virtud (ejemplo ejemplar o ejemplaridad). Los políticos, sigue diciendo, tienen un poder coactivo sobre sus conciudadanos y su ejemplo despliega un superior impacto moral en su círculo de influencia, lo que conlleva una mayor imperativo de ejemplaridad: no solamente deben hacer leyes ejemplares sino comportarse de manera ejemplar, creando costumbres que son una forma de gobernar incluso más duradera que las propias leyes coactivas, puesto que éstas ejercen compulsión sobre la libertad externa de los ciudadanos, en tanto que las costumbres entran en su corazón y lo reforman (Ejemplaridad Pública, 2009). Es evidente que en el asunto que estamos tratando los políticos no han estado a la altura del imperativo moral al que debían someterse: han creado una ley que podría haber cumplido su función adecuadamente, pero se han comportado ofreciendo un ejemplo nefasto, un antiejemplo, que despliega su influencia negativa por toda la sociedad.
Es necesario por tanto dar pasos hacia la despolitización del CGPJ, y el primero sería el aseverar que los partidos políticos no han sido gestores dignos del enorme poder que les atribuyó la ley de 1985: lo han utilizado para sus propios fines particulares, contraviniendo notoriamente la doctrina del TC (es decir, de manera inconstitucional), y han conculcado el deber ético de ejemplaridad que su posición superior les exige. En consecuencia, debe serles retirado este poder por medio de una reforma que nos devuelva al primitivo estado de las cosas, de modo que 12 de los vocales sean elegidos por los jueces y magistrados por voto directo y secreto.
El retorno al sistema de elección previsto en la ley de 1980 –que personalmente me parece mucho más ajustado a la Constitución- es una de las propuestas del denominadotarget=_blank> Manifiesto por la despolitización y la independencia judicial, apoyado por 1500 jueces en el año 2010. Que una cantidad tan grande de jueces (aproximadamente la mitad de la plantilla de los titulares) firmen un documento así es digno de mención, por no ser profesión dada a este tipo de declaraciones. Recomiendo la lectura del documento, que ofrece una visión descarnada y certera de la actual situación de la Justicia.
Ahora bien, la judicatura no está en absoluto exenta de culpa en esta situación y debería hacer una severa autocrítica. Si los partidos han manipulado el Consejo ha sido porque ha habido jueces que han querido estar a las órdenes de aquéllos votando lo que le interesaba al partido de su cuerda, y porque las asociaciones profesionales han elegido candidatos de este corte, politizados, obedientes a las necesidades partidistas y preocupados de su carrera personal en vez de hacer lo que necesitaba la Justicia aún a costa de no progresar. No han sido tampoco ejemplares. Los jueces, como colectivo, han sido parte del problema y deben ser los primeros en ser parte de la solución, si es que quieren recuperar una credibilidad ante la sociedad civil de la que ahora me temo que carecen en gran medida. Iniciativas como el manifiesto van por el buen camino, pero hacen falta más. Una buena propuesta en esta dirección, una acción ejemplar, sería que todas las asociaciones judiciales demostraran su interés real por la despolitización aplicándolo en primer lugar al método de elección de los candidatos a vocales (art. 112 LOPJ) de modo que todas ellas se comprometieran a presentar una lista consensuada y única de aspirantes a vocales del CGPJ, que estaría formada por los más votados en sufragio directo y único entre los propios jueces, en vez de que cada asociación los presente por separado.
Y quiero finalizar este post con la misma frase con la que terminé el anterior: una Justicia eficaz, moderna, con medios para investigar todo lo investigable y con independencia frente a las presiones, es un contrapeso que nuestra democracia necesita imperiosamente y que la sociedad civil debe exigir de manera enérgica e incansable.
Notario desde el año 1991, actualmente con plaza en Madrid.
Patrono fundador de la Fundación Hay Derecho y coautor bajo el nombre colectivo de Sansón Carrasco de los libros “¿Hay Derecho?” y “Contra el capitalismo clientelar.”
Es presidente de honor de la plataforma cultural y educativa Qué Aprendemos Hoy (queaprendemoshoy.com)
Es vicepresidente de la Fundación Toro de Lidia.
Estupendo post, Sr. Gomá. Para mí lo grave de todo esto, además de lo que usted dice, ha sido la actitud del PP cuando estuvo en el gobierno. Porque en la oposición, su portavoz de justicia, Sr. Trillo, no se cansaba de repetir en tono de jurista docto que el sistema de la LOPJ de 1985 era una mutación constitucional, en el sentido de Jellinek, que ellos corregirían en cuanto llegaran al poder con mayoría suficiente, volviendo al sistema originario de 1980, porque estaba en riesgo la independencia del poder judicial como contrapoder que garantizase el correcto funcionamiento de la democracia. Y qué hicieron??? Nada de nada!!! En aras de una mal entendida idea del consenso, mantuvieron esa mutación constitucional, tan dañina cuando estaban en la oposición. Otro docto jurista, el Sr. Michavila, que también en la oposición seguía la doctrina Trillo, suscribió el Pacto de Estado por la Justicia con el Sr. López Aguilar, manteniendo el sitema de elección parlamentaria. Y habría que preguntarse, ¿cómo es posible que Trillo, Michavila..,Rajoy y Aznar -en definitiva-, teniendo mayoría absoluta, hayan hecho justo lo contrario de lo que decían en la oposición sobre un tema que consideraban de principios,y que afectaba a la esencia misma del correcto funcionamiento del Estado? Pura partitocracia!!! No querer renunciar al poder, al reparto del poder, y al control político del poder judicial. ¿Cómo se les puede creer ahora nada de lo que digan si cuando tuvieron la oportunidad engañaron de mala manera a sus votantes? Últimente, el Sr Trillo, por ejemplo, defiende las bondades del sistema de elección parlamentaria aprobado por Michavila!!! Quién le ha visto y quién le ve!!! Eso sí, revisten sus explicaciones de frases eruditas de tal o cual autor, y parece que están haciendo lo correcto, tanto si defienden una cosa como la contraria. No se engañen, para Trillo o para Guerra, para PP y para PSOE, la justicia es objeto de reparto partitocrático. Lo demás son cuentos chinos.
Enhorabuena por un post muy necesario. Como bien dices creo que el remedio tiene que venir de los propios jueces y desde aquí como editores del blog les ayudaremos todo lo posible para difundir la existencia de los abusos y la posibilidad de acabar con ellos desde dentro. Nos jugamos mucho todos en tener una justicia eficaz e independiente y ademas digna. Creo que en esto coincidimos todos los editores de este blog con la mayoría de los jueces de este pais.
Gracias a los dos. Efectivamente, Juan José, el problema es fundamental no es de uno u otro partido por separado, sino del funcionamiento de los partidos en España en este momento, su comportamiento inercial de ir conquistando centros de poder, desnaturalizarlos y ponerlos a su servicio. La tarea hercúlea de la sociedad civil consiste en hacerse lo suficientemente fuerte como para plantear resistencia a ese afán expansivo de los partidos, y obligarles a retroceder a la posición que les corresponde, posición importante en la democracia pero de ninguna manera hegemónica en todas las estructuras de poder.
No veo nada que se pueda hacer: obligarles a retroceder, sí, muy bonito. ¿Dónde hay que firmar?
Tu artículo es muy esclarecedor, y nos ayuda a ilustrarnos a los que ya estamos en cierto modo ilustrados, porque estamos en el mundo del derecho, porque seguimos los casos mediáticos, porque siempre hemos procurado tener con mayor o menor éxito, una base cultural lo más sólida posible. El problema es la gente que no está en esa onda, la gente que ha sido ferozmente adoctrinada en las escuelas, medios de comunicación y universidades, la gente que no lee y porque no lee, le resultan demasiado complicados los problemas judiciales, legales, etc. Esa tribu de fanáticos es la fuerza bruta que desgraciadamente se impone al discernimiento.
Estupendo post, Sr. Gomá. Para mí lo grave de todo esto, además de lo que usted dice, ha sido la actitud del PP cuando estuvo en el gobierno. Porque en la oposición, su portavoz de justicia, Sr. Trillo, no se cansaba de repetir en tono de jurista docto que el sistema de la LOPJ de 1985 era una mutación constitucional, en el sentido de Jellinek, que ellos corregirían en cuanto llegaran al poder con mayoría suficiente, volviendo al sistema originario de 1980, porque estaba en riesgo la independencia del poder judicial como contrapoder que garantizase el correcto funcionamiento de la democracia. Y qué hicieron??? Nada de nada!!! En aras de una mal entendida idea del consenso, mantuvieron esa mutación constitucional, tan dañina cuando estaban en la oposición. Otro docto jurista, el Sr. Michavila, que también en la oposición seguía la doctrina Trillo, suscribió el Pacto de Estado por la Justicia con el Sr. López Aguilar, manteniendo el sitema de elección parlamentaria. Y habría que preguntarse, ¿cómo es posible que Trillo, Michavila..,Rajoy y Aznar -en definitiva-, teniendo mayoría absoluta, hayan hecho justo lo contrario de lo que decían en la oposición sobre un tema que consideraban de principios,y que afectaba a la esencia misma del correcto funcionamiento del Estado? Pura partitocracia!!! No querer renunciar al poder, al reparto del poder, y al control político del poder judicial. ¿Cómo se les puede creer ahora nada de lo que digan si cuando tuvieron la oportunidad engañaron de mala manera a sus votantes? Últimente, el Sr Trillo, por ejemplo, defiende las bondades del sistema de elección parlamentaria aprobado por Michavila!!! Quién le ha visto y quién le ve!!! Eso sí, revisten sus explicaciones de frases eruditas de tal o cual autor, y parece que están haciendo lo correcto, tanto si defienden una cosa como la contraria. No se engañen, para Trillo o para Guerra, para PP y para PSOE, la justicia es objeto de reparto partitocrático. Lo demás son cuentos chinos.
Un post muy bueno. La verdad es que sin una justicia independiente, impartida por jueces con voluntad ejemplar de ser independientes para poder ser imparciales en sus juicios, no hay separación de poderes. Todos sabemos que la naturaleza humana tiende a la corrupción y que son necesarias buenas leyes e instituciones para facilitar los comportamientos virtuosos. Por tanto, si los hechos han demostrado que el sistema de elección por el parlamento de los miembros del Consejo del Poder Judicial politiza la justicia, lo razonable sería modificarlo. Ese cambio puede ser de la propia Constitución. O, entre tanto, un cambio legislativo que sea más respetuoso con el espiritu de la vigente redacción de la Constitución.
En estos momentos en el Congreso de los Diputados hay una Proposición de Ley de UPyD, que propone una modificación del sistema de elección de los 12 magistrados elegidos entre los jueces. El enlace es http://bit.ly/fyCKLf. Por su interés reproduzco un fragmento de su exposición de motivos:
(…) debe ser en el grupo de los doce reservados a Jueces y Magistrados donde se introduzca la reforma principal de carácter legal, que no constitucional, que debe ir orientada a una elección directa por parte de los profesionales de la Justicia, pero no únicamente por los jueces, con objeto de evitar cualquier sombra de duda, por leve que ésta sea, sobre los efectos perniciosos de un posible corporativismo, aunque éstos sean los únicos elegibles. Debe quedar claro que el único interés que debe prevalecer sobre el resto es el de los ciudadanos. Después de un cuarto de siglo de vida democrática las prevenciones de 1985 ya no se justifican. Además, al abrir el cuerpo de electores, se crea automáticamente un conjunto de incentivos mucho más coordinado con el interés de la ciudadanía en el buen funcionamiento de la justicia, limitando las tentaciones corporativistas. Todo ello debe ir acompañado de un régimen de incentivos estatutario más adecuado.
Y, por último, qué decir de los posibles futuros consejos autonómicos. Porque da miedo pensar que vamos hacía la justicia del vecino, que encima es elegido por el político local. Algo habrña que hacer. Por lo pronto post como el tuyo centran el debate.
El problema parece de muy difícil solución ya que la realidad es que los jueces también están politizados y las asociaciones son un reflejo de la partitocracia en que vivimos, siendo prácticamente nulas las posibilidades de que salga elegido alguien realmente independiente, por lo que quizás haya que pensar en soluciones más imaginativas o drásticas. Para mi el gran problema no está en el proceso de elección sino en la actuación de los elegidos que, como señala Fernando, actúan siempre en bloque siguiendo claramente unas consignas externas. Y quizás esta lealtad, que no es sino falta de independencia, no se deba tanto al agradecimiento por la designación como a la preocupación por el futuro. La realidad es que la pertenencia al CGPJ no es más que un escalón de la carrera de sus vocales y el desarrollo posterior de esa carrera depende de la actuación del interesado en el ejercicio del cargo. Sólo si el elegido es fiel al partido que le ha propuesto podrá confiar en que, una vez expirado su mandato, cuando ese partido esté en el poder serán debidamente recompensados los servicios prestados. Ante esta situación es muy difícil conseguir algún sistema que garantice una auténtica independencia y quizás la única solución sea que esos cargos de especial trascendencia, entre los que se podría incluir al propio Tribunal Constitucional, supongan el final de la carrera de sus ocupantes, haciendolos vitalicios. Es verdad que tal medida despierta muchos recelos pero también lo es que en otros paises ha funcionado muy bien, como es el caso del Tribunal Supremo de los Estados Unidos (de cuyos miembros se dice que nunca se jubilan y rara vez se mueren, y algunos de cuyos miembros, a pesar de ser propuestos directamente por el Presidente de turno, han alcanzado las mása altas cotas de independencia y prestigio). De hecho este sistema es el que funciona en nuestro país para todos los cargos de la magistratura, que son indefinidos (hasta la juvilación), y lo cierto es que, salvo personalismos muy particulares, el grado de politización de nuestros altos tribunales es infinitamente inferior al del Constitucional o al del CGPJ. Muy probablemente, si los partidos supiesen que sus designados una vez nombrados no van a tener ninguna dependencia de ellos se cuidarían mucho de buscar a los más capacitados y si para los nombrados la culminación de su carrera va a estar en el ejemplar desempeño de su cargo su actuación será mucho más independiente. Claro que esta medida quitaría poder a los partidos políticos ya que podrán elegir pero no controlar la actuación de los elegidos por lo que difícilmente puede prosperar.
Me parece muy interesante la propuesta que se hace de crear una plataforma social que defienda la independencia judicial por encima de los intereses partidistas. Estoy cansado de oir críticas de los ciudadanos de a pie quejándose de la politización de la Justicia y nadie hace nada.Estoy seguro que si se formase una plataforma ciudadana tendría mucho exito y sería seguida por muchos ciudadanos anónimos cansados del panorama. Los jueces, en cambio, no somos capaces de luchar por defender ni nuestros intereses profesionales, así que dificilmente vamos a unirnos para esa lucha mucho más idealista y dificil de conseguir, aunque en paises de nuestro entorno, Italia y Portugal, ya existe esa independencia.
No se trata de que un juez no la tenga en su trabajo diario, que la tenemos, aunque casi ahogados por la falta de medios y de motivación, sino que en la cúspide de la Carrera judical brille esa indepemdencia y aparezca camo tal.
Es cierto todo lo que aquí se dice, pero no que los jueces no hagamos nada para salir de esta penosa situación que ha hecho que la justicia de Gambia sea más independendiente que la española.
La cuarta asociación judicial, Foro Judicial Independiente, ha iniciado la vía de impugnar jurisdiccionalmente todos los nombramientos de altos cargos judiciales en los que sea detectable la influencia de los partidos políticos, y por el momento ha recurrido los nombramientos de los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña y de Valencia, recursos que han sido admitidos a trámite por el Tribunal Supremo. La intención de Foro Judicial Independiente es llevar la cuestión ante el Tribunal Constitucional o ante instancias jurisdiccionales internacionales, si fuera necesario, hasta conseguir un pronunciamiento que haga efectivo el diseño del Poder judicial independiente, sin el cual no es posible la existencia de un auténtico estado de derecho.
A raíz de esta actuación, Foro emitió una comunicado dirigido a la carrera judicial que levantó ampollas en las dos asociaciones directamente beneficiadas por el sistema de cambio de cromos, comunicado que queda a disposición del autor del post por si lo considera de interés.
Felicidades por el post. La propuesta del autor es la ideal. No hace falta cambio legislativo alguno. Solo haria falta que los Jueces nos hagamos el haraquiri. Pero pedir que las asociaciones pierdan su poder en beneficio de todos los ciudadanos es como pedir peras al olmo. Es triste pero es así. 1500 jueces firmamos el manifiesto por la despolitizacion de la justicia pero en mi opinion SOLO eramos 1500 ¿ donde está el resto ?. La asociacion foro judicial independiente con sus 300 asociados merece una grandisima enhorabuena y felicitacion por su valentía al impugnar las presidencias de Cataluña y Valencia. Es un paso de gigante en la limpieza interna de la casa que no ha tenido suficiente repercusion en los medios.
Estoy de acuerdo con el artículo del Notario y con lo expresado por mis colegas.La politización de la justicia es un grave problema que nació en 1985,coincidiendo con la ruptura de la APM,única Asociación que teníamos entonces.La mitad de los Jueces no están asociados y sin embargo somos todos rehenes de las Asociaciones que dominan el CGPJ a su antojo.Es necesario que otros colectivos jurídicos colaboren para recuperar la independenciay prestigio de la Justicia,que se va a deteriorar aún más si cabe si salen adelante los proyectos del Gobierno tales como Tribunales de Instancia Y Oficina Judicial.
Todos estamos de acuerdo en el diagnostico la solución creo que cuando no hay cauce institucional adecuado (mas allá de laminamos iniciativa de Upyd) pasa por iniciativas como labdel Foro independiente a cuyos promotores aprovecho para felicitar. Es una pena que los medios en su linea habitual no se hagan eco de estas cuestiones fundamentalles para nuestro Estado de derecho. La otra iniciativa que podemos promover es la una plataforma ciudadana en internet pero esta claro que necesitamos a los jueces. No creo que todos estén apalancados si juzgamos por los comentarios quevse reciben en este blog!!
Leo las opiniones de todos ustedes, jueces o expertos mucho más autorizados que yo, y no me atrevo a opinar. Pero sí quiero recalcar algunos hechos. Este problema explota a partir de la LOPJ de 1985. El PP dijo entonces que en cuanto llegara al poder corregiría esa situación para garantizar la independencia,la separación de poderes, bla, bla, bla… Pero no solo no lo hizo sino que aprobó una reforma de la LOPJ en sentido opuesto a lo que decían en la oposición. Cambian el sistema para que los 12 vocales que incialmente elegían los jueces sigan, como desde 1985, en manos del parlamento… Y me parece de lo más encomiable que 300 o 1500 jueces se movilicen en un empeño tan noble. Pero desgracidamente ustedes son gente más seria y más prudente que los controladores aéreos o los pilotos, y por eso el éxito de su lucha en solitario va a ser limitado. Si entre PP y PSOE tienen el 92% de los diputados y 22 millones de votos detrás, me parece un camino inevitable que, en algún momento, alguno de esos partidos termine por liderar este asunto con seriedad… Sin ellos, es muy difícil cambiar las cosas. Y por ahora a ellos no les interesa defender la independencia judicial, sino el control político de la cúpula judicial… El PSOE ya se sabe lo que piensa, no se les puede acusar de hipócritas. El PP piensa una cosa, pero como buenos fariseos ha hecho la contraria cuando tenía mayoría absoluta. Quiera Dios que Rajoy, en esto -al menos en esto- coja el toro por los cuernos cuando sea el próximo Pte. del Gobierno. Ojalá sea en esto un hombre de estado, y no de partido como demostraron ser todos los diputados del PP, incluido él, cuando en 2002/3 aprobaron la reforma de la LOPJ que modificó el sitema de 1985. Lograr el objetivo sin el apoyo de uno de los dos grandes partidos es imposible. Y con ellos casi también puesto que nadie renuncia gratis et amore al poder que detenta. Salvo un hombre de estado, ¿verdad, Sr. Rajoy? Eso sí, con otros asesores en materia de justicia distintos de Trillo y Michavila.
La comentarista que firma como MAGISTRADA, me ha proporcionado el comunicado de la asociación FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE, que por su interés traslado a continuación, pidiendo disculpas porque el formato no es el más adecuado para leerlo. Como editor de este blog hago constar que el mismo no se identifica con ninguna asociación judicial u organización en general, sino únicamente con las propias convicciones de sus editores, y está abierta a publicitar las declaraciones de las otras asociaciones, o los jueces no asociados:
El diseño constitucional del Poder Judicial español se basa en la existencia de un Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de los jueces, cuyo cometido principal es velar por la garantía de la independencia de los Jueces y Magistrados en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales frente a todos.
La Constitución quiso detraer de la disposición de los otros dos poderes del Estado, pero esencialmente del Poder ejecutivo, todas aquellas facultades que pudieran influir o condicionar directa o indirectamente a los titulares del Poder Judicial y para ello el art. 122.2 CE encomendó a un órgano constitucional diferente y diferenciado, el Consejo General del Poder Judicial, las facultades que más podían influir sobre los Jueces y Magistrados y, específicamente, los nombramientos y ascensos, la inspección y el régimen disciplinario. En palabras del TC: “las funciones que obligadamente ha de asumir el Consejo son aquellas que más pueden servir al Gobierno para intentar influir sobre los Tribunales: de un lado, el posible favorecimiento de algunos Jueces por medio de nombramientos y ascensos; de otra parte, las eventuales molestias y perjuicios que podrían sufrir con la inspección y la imposición de sanciones. La finalidad del Consejo es, pues, privar al Gobierno de esas funciones y transferirlas a un órgano autónomo y separado” (STC 108/1986).
En definitiva, la finalidad de la CE, como ha reconocido el propio TC, era preservar al Poder Judicial de la dinámica propia de un Estado de partidos cuya lógica es distribuir los cargos en proporción de la fuerza o presencia parlamentaria de dichos partidos.
No es necesario detallar como, a partir de la reforma de la LOPJ de 1985, la realidad es que los partidos políticos del arco parlamentario han convertido al CGPJ en una réplica perversa de las mayorías y minorías partidarias presentes en el Parlamento, haciendo realidad los presagios más negativos que la STC citada quiso descartar como impensables: “Ciertamente, se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada de la Norma constitucional si las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en éste, atienden sólo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos. La lógica del Estado de partidos empuja a actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos, y señaladamente, el Poder Judicial.”
En su composición actual, el CGPJ obedece al designio partidista que impera en el Parlamento instrumentalizado a través de las asociaciones judiciales vinculadas a los partidos políticos mayoritarios. Pero es que, además, esta politización partidista no se agota en la propia composición del Consejo, sino que se trasmite de forma por todos conocida a la designación de los más relevantes cargos judiciales: Magistrados del Tribunal Supremo, Presidentes de la Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia, Salas de lo Civil y lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia.
Sucede así que lo que la CE quiso sustraer de las manos del Poder Ejecutivo y de la influencia partidista, esto es, los nombramientos y ascensos, la inspección y el régimen disciplinario de los jueces y magistrados, ha vuelto a estar en sus manos a través de las designaciones de los vocales del Consejo y de los cargos que ostentan las facultades de ejercicio de tales funciones. Simplemente por esta indirecta vía se ha terminado con todos los resortes para asegurar la independencia del Poder judicial.
En tal trance, hemos llegado a la conclusión de que el nudo gordiano de la inmensa mayoría de los problemas y dificultades cotidianas de la carrera judicial, de la imagen y desprestigio de la Justicia, pero sobre todo de los ataques a la independencia del Poder Judicial, radica justamente en la politización partidista de los nombramientos de determinados cargos y puestos judiciales que realiza el Consejo. A través de esos nombramientos, el Gobierno y los partidos de la oposición, sea cual sea su composición en cada momento, están acabando con la independencia del Poder que está llamado a controlarles y a defender los derechos de los ciudadanos.
Pero además, y en lo que se refiere a nuestro estatuto profesional, los efectos de este sistema no pueden ser más devastadores:
1) El descrédito y la idea generalizada de que la Justicia se imparte de forma partidaria, que se extiende indiscriminadamente a todos los órganos que administran justicia, produce un general desprestigio de la Carrera.
2) Existe un evidente riesgo de deterioro del propio sistema democrático y del estado de derecho. El Gobierno y los partidos políticos han logrado terminar con el control que sobre los demás poderes del Estado debe ejercer el Poder Judicial mediante la simple formula de ir colocando en la cúspide de la pirámide a quienes pueden preservar sus intereses.
3) Se produce una progresiva degradación de la consideración de los órganos judiciales básicos y de quienes desarrollan su actividad profesional en ellos.
4) Es inevitable una frustración de expectativas profesionales de los Jueces y Magistrados, que ven sus posibilidades de acceso a determinados cargos vinculada a la pertenencia a determinadas asociaciones judiciales.
5) Se deteriora el nivel de excelencia en los titulares de los órganos judiciales claves, que acceden a ellos por afinidades partidistas y no por sus méritos curriculares. Al propio tiempo se ha distanciado de forma abismal el estatus profesional de los Jueces y Magistrados de a pie y el de los titulares de los más altos cargos judiciales, en términos económicos, de consideración, de atención etc.
Ante tal estado de cosas, Foro Judicial Independiente ha venido denunciando y alzando una voz crítica en cuantas ocasiones ha tenido oportunidad de defender la independencia judicial y nuestro estatus profesional. Prácticamente 1.500 compañeros se han adherido a un “Manifiesto por la despolitización y la independencia del Poder Judicial”, sin otro resultado que un esporádico eco en los medios de comunicación del descontento de los jueces. Pero estas actuaciones, con ser importantes, no son suficientes para provocar un cambio cualitativo en la politización partidista de los nombramientos de la Carrera Judicial. Mientras exista este régimen de nombramientos, el Gobierno y los partidos no dejarán de buscar asociaciones y miembros de la Carrera Judicial que respondan a sus intereses ni éstos renunciarán a acogerse a su protectorado, aún cuando unos y otros digan aborrecer tal sistema.
Es por ello que hemos decidido dar un paso adelante y comenzar a impugnar jurisdiccionalmente aquellos nombramientos en los que sea detectable la influencia de los partidos políticos. En el último año se han renovado las Presidencias de muchos Tribunales Superiores de Justicia. Particularmente en los nombramientos de los TSJ del País Vasco, Valencia y Cataluña, ha sido notable e indisimulada -incluso ante los medios de comunicación- la intervención mediata de los partidos, sea en forma de vetos, de imposiciones o de compensaciones, en cualquier caso por motivaciones de índole claramente partidista, sirviéndose para ello de la colaboración de sus terminales asociativas en el Consejo. Dicho de forma breve, en el País Vasco se produjo un claro veto de PNV y PSOE a renovar al Presidente del TSJ, por haber osado encausar a Ibarreche y a Patxi López. Después de largas negociaciones, el PP y la APM transigieron con tal veto a cambio de designar al Presidente de Valencia, lo que fue aceptado por PSOE y JD a cambio de la Presidencia del TSJ de Cataluña.
Creemos que la única solución, si realmente queremos terminar con tal estado de cosas, es recurrir tales nombramientos para sostener su nulidad basada en la violación de las normas constitucionales a que nos hemos referido y, en definitiva, por atentar contra la independencia judicial. No se trata de cuestionar personalmente la idoneidad de los nombrados o descartados, sino de denunciar la farsa institucional en que se ha convertido el órgano constitucional llamado a defender la Independencia del Poder Judicial.
Lo hemos llevado ya ante el Tribunal Supremo, que ha admitido a trámite los recursos interpuestos por esta Asociación contra las designaciones de los Presidentes de los Tribunales de Justicia de Cataluña y de Valencia, y lo llevaremos ante el Tribunal Constitucional y ante instancias jurisdiccionales internacionales hasta conseguir un pronunciamiento que revise la doctrina sentada de forma “ingenua” en la sentencia 108/1986 que hemos citado. Estamos convencidos de que tenemos poderosas razones para que nuestra pretensión prospere, pero si no es así al menos vamos a obligar a quienes dicen rechazar la politización partidista del CGPJ a que se miren en el espejo y nos muestren su imagen.
Creemos que la defensa de la independencia judicial, que es en definitiva la del Estado de Derecho, así lo exige.
Que excelente ejercicio de síntesis del problema, no se podría decir más en menos palabras, pero desgraciadamente mucho me temo que es predicar en el desierto, pero bueno, bienvenidas sean iniciatiavas como las reseñadas por los magistrados.
Lo del Foro Judicial Independiente me parece muy bien pero es como llamar a las puertas del limbo. El Tribunal Supremo no ha conseguido tumbar un solo nombramiento discreccional del Consejo pues al final se vuelve a nombrar al mismo y todo sigue igual…El presidente de la Sala del T.S. de lo Contecioso Administrativo anterior si era defensor de una cierta reglamentación en los nombramientos, pero me temo que ese señor se ha jubilado…Para mi que el camino está en Europa y en la Carta Magna de los Jueces europeos que declara el principio de necesidad de que una parte de los miembros del órgano de gobierno de los jueces los nombren los propios jueces de un país.
Se me ocurre que podríamos abrir en el blog un apartado de propuestas como la que nos ocupa con la finalidad de que los ciudadanos en general y los juristas en particular sobre todo los jueces puedan intervenir y opinar sin la interesada mediación de los políticos de turno que como bien dice jj sostienen una cosa en la oposición y hacen otra en el gobierno sin el menor rubor.
En los comentarios anteriores hay varios magistrados que aún reconociendo la necesidad de la reforma de la Justicia, estiman que ni por ellos mismos como cuerpo, ni por los políticos, ni por la sociedad, se podría conseguir nada, porque la situación es inamovible. No puedo participar de esta sensación tan negativa. En “Ejemplaridad Pública”, el citado libro de mi hermano Javier, aparte del capítulo dedicado a los políticos, hay otro dedicado a los funcionarios, en especial aquellos, como los jueces, tienen un mayor nivel, a los que se les exige ser un ejemplo público-privado que ejerza su autoridad y disfrute de prestigio y confianza, pero entendido esto no como un hecho consumado, sino como una misión que ha de cumplirse. De estos funcionarios públicos se espera no únicamente la estricta observancia de la ley positiva sino la práctica de valores como la imparcialidad, la independencia, la equidad, la lealtad, la anteposición del interés general al propio o la probidad del servicio público.
Hay multitud de problemas en la sociedad, pero hay alguno que nos interpela con más intensidad en un momento dado, por muchas circunstancias, muchas veces casuales, mientras que a otros lo hace en menor intensidad. La calidad sanitaria es asunto de todos pero qué duda cabe que los médicos tienen mucho que decir y que exigir, son interpelados con más intensidad en la consecución de este objetivo. Si a partir de ahora surgiera cualquier tipo de iniciativa tendente a la reforma de la justicia, como se está hablando en este blog, serán los jueces los primeros interpelados individualmente a adoptar una posición, a ser un ejemplo para los demás, a “hacer lo que hay que hacer”. Y si la posición en la sociedad es alta, como es el caso, el deber ético y de ejemplaridad es mayor, pues mayor es su influencia. No se trata por tanto solamente de obtener resultados a corto plazo y desanimarse si se cree imposible ese objetivo, sino de actuar éticamente, y con esa actuación crear costumbres éticas que, en la red de influencias mutuas que formamos todas las personas, expanda su influencia positiva como contrapeso a los otros ejemplos negativos. Hacer algo para mejorar la calidad de la justicia o apoyar lo que hacen los demás es, en sí mismo, ejemplar. Y tiene mucho valor.
Menudos engañadores el Sr. Rajoy y el PP en general. Porque eso de volver al sistema anterior, SISTEMA de la LO del CGPJ de 1980, decían que lo iban a hacer en cuanto ganaran las elecciones… Y las ganaron en 1996 y en el 2000 con mayoría abosoluta!!! Y no lo hicieron!!! Engañaron miserablemente al electorado… Y a la cabeza de ese ejercicio de travestismo político, decir una cosa y hacer exactamente la contraria, juristas del insigne cuerpo de Letrados del Consejo de Estado, como el Sr. Trillo y Michavila… Con ello queda claro que en política no importa tanto ser una persona estudiosa, sino tener coraje político y sentido de la integridad para respetar los principios, los compromisos electorales, y hacer lo que es pertinente, lo que conviene a la nación… En vez de eso, pudimos ver el pasteleo barato de los Sres. Trillo y Michavila. Y de Aznar y Rajoy y de todos los diputados del PP, que votaron sin fisuras a favor de la vergonzosa reforma de la LOPJ operada por la LO 2/2001, de 28 de junio,resueltamente contraria a lo que decían en la oposición.
Magnifico post: claro y accesible. Y certero al identificar a los principales culpables: los partidos políticos. Antes hablaba del pesimismo que se deja ver en algunos compañeros; permitame que le diga que artículos e iniciativas como las suyas nos permiten recuperar el animo, al ver que no estamos solos.
Y es que al ver la poca repercusión que ha tenido el valiente ordago de FJI uno no puede evitar pensar que esta sociedad va a dejar que los partidos (que el ejectivo) fagociten el poder judicial sin tan siquiera protestar.
Lo dicho: enhorabuena
La verdad es que sería una pena que después de este debate no se hiciese nada útil por las ideas que aquí se han plasmado. Puesto que la sociedad demanda una Justicia independiente y de calidad, hagamos entre todos algo, pero no solo los jueces, que estamos divididos, sino también otros colectivos que podrían apoyarnos, como notarios, medicos, empresarios, etc…Se trataría de crear una plataforma de lucha por esa independencia que nos pide la sociedad y que está ya plasmada en el ámbito del Consejo de Europa, en la Carta Magna de los Jueces, que en su art. 13 dice:
Órgano encargado de garantizar la independencia
Para garantizar la independencia de los jueces, cada Estado debe crear un Consejo de la Justicia u otro órgano específico, que sea independiente de los poderes ejecutivo y legislativo, provisto de las más amplias competencias para decidir sobre todas las cuestiones que afecten al estatuto de los jueces, así como a la organización, al funcionamiento y a la imagen de las instituciones judiciales. El Consejo debe estar compuesto, bien en exclusiva por jueces, o, en su caso, por una mayoría sustancial de jueces elegidos por ellos mismos. El Consejo de la Justicia tiene que rendir cuentas de sus actividades y de sus decisiones. Os dejo enlaces para acceder al Consejo Consultivo de Jueces Europeos:
http://www.coe.int/t/dg1/legalcooperation/judicialprofessions/ccje/
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/ccje/Onenparle/101008Saenz_es.pdf .
Al compañero magistrado AP quiero decirle que el Manifiesto por la Despolitización y la Independencia Judicial suscrito por 1500 jueces nunca nació para quedarse en letra muerta sino para dar origen a un movimiento, a una gran plataforma con vocación de expansión social.
Y su espíritu y objetivos están ahí bien latentes en toda la carrera judicial pese a su aparente quietud actual, porque ha calado muy hondo. Porque ha sido un certero autodiagnóstico de lo que nos venía pasando desde hacía ya mucho tiempo pero que la vorágine diaria de trabajo no nos permitía reflexionar.
Compañero magistrado AP, el Manifiesto no ha muerto. Simplemente ha iniciado la travesía de un pequeño túnel para muy pronto (antes de lo que muchos puedan pensar) emerger con más fuerza que nunca, plenamente avituallado y con la fuerza social que antes le faltaba y que tú, tan acertadamente, sugieres en tú post.
No pierdas la esperanza, no la perdamos nadie, porque hay muchos luchadores en la judicatura, más de los que pensamos y muchos, muchos demócratas convencidos en nuestra sociedad, pese al esfuerzo de tantos interesados en alienarla.
Somos el Guadiana, pero te aseguro que llegaremos al mar.
Realmente aparte de la iniciativa de la impugnación de los nombramientos que esperemos reciba alguna atención mediática y lo que comentaisbde las normas europeas quizá lo mas fácil de poner en marcha sea una iniciativa ciudadana con plataforma en Internet para recoger firmas a favor de la despolitizacion del Cgpj en el que se podría empezar por la firma de los profesionales juristas no se si seria factible pero se puede intentar.
Las últimas reformas del sistema judicial van encaminadas a una funcionarización definitiva de los jueces, que han dejado de ser un poder constitucional efectivo. No tienen poder ni siquiera para subsanar las desviaciones en la pequeña, mal dimensionada, y mal dotada unidad que les asiste; están sometidos a un estricto control de una inspección del CGPJ politizada, cuyos nombramientos son fruto del clientelismo. Como consecuencia los jueces desempeñan su función en general con miedo, eludienco todo tipo de situaciones que puedan perjudicarles, y a una total desmotivación. Y el que trata de buscar pequeñas soluciones a la burocracia jucicial, es considerado como especialito. Todo ello de forma global lleva a muchas formas de corrupción menor que será difícil erradicar en la actualidad sin una voluntad decidida.
Me parece muy interesante la propuesta que se hace de crear una plataforma social que defienda la independencia judicial por encima de los intereses partidistas. Estoy cansado de oir críticas de los ciudadanos de a pie quejándose de la politización de la Justicia y nadie hace nada.Estoy seguro que si se formase una plataforma ciudadana tendría mucho exito y sería seguida por muchos ciudadanos anónimos cansados del panorama. Los jueces, en cambio, no somos capaces de luchar por defender ni nuestros intereses profesionales, así que dificilmente vamos a unirnos para esa lucha mucho más idealista y dificil de conseguir, aunque en paises de nuestro entorno, Italia y Portugal, ya existe esa independencia.
No se trata de que un juez no la tenga en su trabajo diario, que la tenemos, aunque casi ahogados por la falta de medios y de motivación, sino que en la cúspide de la Carrera judical brille esa indepemdencia y aparezca camo tal.
Es cierto todo lo que aquí se dice, pero no que los jueces no hagamos nada para salir de esta penosa situación que ha hecho que la justicia de Gambia sea más independendiente que la española.
La cuarta asociación judicial, Foro Judicial Independiente, ha iniciado la vía de impugnar jurisdiccionalmente todos los nombramientos de altos cargos judiciales en los que sea detectable la influencia de los partidos políticos, y por el momento ha recurrido los nombramientos de los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña y de Valencia, recursos que han sido admitidos a trámite por el Tribunal Supremo. La intención de Foro Judicial Independiente es llevar la cuestión ante el Tribunal Constitucional o ante instancias jurisdiccionales internacionales, si fuera necesario, hasta conseguir un pronunciamiento que haga efectivo el diseño del Poder judicial independiente, sin el cual no es posible la existencia de un auténtico estado de derecho.
A raíz de esta actuación, Foro emitió una comunicado dirigido a la carrera judicial que levantó ampollas en las dos asociaciones directamente beneficiadas por el sistema de cambio de cromos, comunicado que queda a disposición del autor del post por si lo considera de interés.
Estoy de acuerdo con el artículo del Notario y con lo expresado por mis colegas.La politización de la justicia es un grave problema que nació en 1985,coincidiendo con la ruptura de la APM,única Asociación que teníamos entonces.La mitad de los Jueces no están asociados y sin embargo somos todos rehenes de las Asociaciones que dominan el CGPJ a su antojo.Es necesario que otros colectivos jurídicos colaboren para recuperar la independenciay prestigio de la Justicia,que se va a deteriorar aún más si cabe si salen adelante los proyectos del Gobierno tales como Tribunales de Instancia Y Oficina Judicial.
Todos estamos de acuerdo en el diagnostico la solución creo que cuando no hay cauce institucional adecuado (mas allá de laminamos iniciativa de Upyd) pasa por iniciativas como labdel Foro independiente a cuyos promotores aprovecho para felicitar. Es una pena que los medios en su linea habitual no se hagan eco de estas cuestiones fundamentalles para nuestro Estado de derecho. La otra iniciativa que podemos promover es la una plataforma ciudadana en internet pero esta claro que necesitamos a los jueces. No creo que todos estén apalancados si juzgamos por los comentarios quevse reciben en este blog!!
Leo las opiniones de todos ustedes, jueces o expertos mucho más autorizados que yo, y no me atrevo a opinar. Pero sí quiero recalcar algunos hechos. Este problema explota a partir de la LOPJ de 1985. El PP dijo entonces que en cuanto llegara al poder corregiría esa situación para garantizar la independencia,la separación de poderes, bla, bla, bla… Pero no solo no lo hizo sino que aprobó una reforma de la LOPJ en sentido opuesto a lo que decían en la oposición. Cambian el sistema para que los 12 vocales que incialmente elegían los jueces sigan, como desde 1985, en manos del parlamento… Y me parece de lo más encomiable que 300 o 1500 jueces se movilicen en un empeño tan noble. Pero desgracidamente ustedes son gente más seria y más prudente que los controladores aéreos o los pilotos, y por eso el éxito de su lucha en solitario va a ser limitado. Si entre PP y PSOE tienen el 92% de los diputados y 22 millones de votos detrás, me parece un camino inevitable que, en algún momento, alguno de esos partidos termine por liderar este asunto con seriedad… Sin ellos, es muy difícil cambiar las cosas. Y por ahora a ellos no les interesa defender la independencia judicial, sino el control político de la cúpula judicial… El PSOE ya se sabe lo que piensa, no se les puede acusar de hipócritas. El PP piensa una cosa, pero como buenos fariseos ha hecho la contraria cuando tenía mayoría absoluta. Quiera Dios que Rajoy, en esto -al menos en esto- coja el toro por los cuernos cuando sea el próximo Pte. del Gobierno. Ojalá sea en esto un hombre de estado, y no de partido como demostraron ser todos los diputados del PP, incluido él, cuando en 2002/3 aprobaron la reforma de la LOPJ que modificó el sitema de 1985. Lograr el objetivo sin el apoyo de uno de los dos grandes partidos es imposible. Y con ellos casi también puesto que nadie renuncia gratis et amore al poder que detenta. Salvo un hombre de estado, ¿verdad, Sr. Rajoy? Eso sí, con otros asesores en materia de justicia distintos de Trillo y Michavila.
Lo del Foro Judicial Independiente me parece muy bien pero es como llamar a las puertas del limbo. El Tribunal Supremo no ha conseguido tumbar un solo nombramiento discreccional del Consejo pues al final se vuelve a nombrar al mismo y todo sigue igual…El presidente de la Sala del T.S. de lo Contecioso Administrativo anterior si era defensor de una cierta reglamentación en los nombramientos, pero me temo que ese señor se ha jubilado…Para mi que el camino está en Europa y en la Carta Magna de los Jueces europeos que declara el principio de necesidad de que una parte de los miembros del órgano de gobierno de los jueces los nombren los propios jueces de un país.
Si este debate aquí termina, flaco servicio hemos hecho a la Justicia. Es hora de que vosotros, los que estais fuera de la profesión y del mundo de los jueces hagais algo, movais ficha. Vuestra grandeza estará en el interés que pongais y en la capacidad de arrastrar a otros en este ideal.
Saludos
En relación con las tres últimas intervenciones, os sugiero una lectura más atenta del comentario hecho por el magistrador independiente. Quizá halléis alguna respuesta.
En los comentarios anteriores hay varios magistrados que aún reconociendo la necesidad de la reforma de la Justicia, estiman que ni por ellos mismos como cuerpo, ni por los políticos, ni por la sociedad, se podría conseguir nada, porque la situación es inamovible. No puedo participar de esta sensación tan negativa. En “Ejemplaridad Pública”, el citado libro de mi hermano Javier, aparte del capítulo dedicado a los políticos, hay otro dedicado a los funcionarios, en especial aquellos, como los jueces, tienen un mayor nivel, a los que se les exige ser un ejemplo público-privado que ejerza su autoridad y disfrute de prestigio y confianza, pero entendido esto no como un hecho consumado, sino como una misión que ha de cumplirse. De estos funcionarios públicos se espera no únicamente la estricta observancia de la ley positiva sino la práctica de valores como la imparcialidad, la independencia, la equidad, la lealtad, la anteposición del interés general al propio o la probidad del servicio público.
Hay multitud de problemas en la sociedad, pero hay alguno que nos interpela con más intensidad en un momento dado, por muchas circunstancias, muchas veces casuales, mientras que a otros lo hace en menor intensidad. La calidad sanitaria es asunto de todos pero qué duda cabe que los médicos tienen mucho que decir y que exigir, son interpelados con más intensidad en la consecución de este objetivo. Si a partir de ahora surgiera cualquier tipo de iniciativa tendente a la reforma de la justicia, como se está hablando en este blog, serán los jueces los primeros interpelados individualmente a adoptar una posición, a ser un ejemplo para los demás, a “hacer lo que hay que hacer”. Y si la posición en la sociedad es alta, como es el caso, el deber ético y de ejemplaridad es mayor, pues mayor es su influencia. No se trata por tanto solamente de obtener resultados a corto plazo y desanimarse si se cree imposible ese objetivo, sino de actuar éticamente, y con esa actuación crear costumbres éticas que, en la red de influencias mutuas que formamos todas las personas, expanda su influencia positiva como contrapeso a los otros ejemplos negativos. Hacer algo para mejorar la calidad de la justicia o apoyar lo que hacen los demás es, en sí mismo, ejemplar. Y tiene mucho valor.
Compañero Inconformista, ya llevo 25 años en este rollo de los tribunales y te aseguro que cualquier iniciativa que no afecte a los políticos o a la opinión pública no será seguida mas allá de un titular de agencia de noticias. Solo se ha llevado a cabo una huelga de jueces y por un solo motivo, el asunto de la niña de Huelva y los comentarios políticos que colmaron el vaso de agua… luego todo el mundo a su puesto y aunque yo firmé el magnifico manifiesto y estuve atento a su difusión lo cierto es que como dice Javier todo apunta a una funcionarización de los jueces… Así lo han hecho estos años dejando que nos hundiéramos en el trabajo hasta dejarnos sin fuerzas. luego poniendo unos módulos, exigiendo mas fundamentación de las resoluciones,..etc. todo por el mismo precio. Y mientras las asociaciones rpartiéndose las migajas de unos cargos que no merecen ni la pena salvo ser tu el elegido o tener menos trabajo, que a lo mejor es mas.
Lo que propone Elisa de la Nuez me parece muy acertado. Pasemos el manifiesto a mucha gente para que lo apoye: colegios profesionales, asociaciones, fundaciones…
Saludos
Es interesante, en relación con el tema de la independencia judicial y el manifiesto de los 1500 jueces, el editorial de la revista “EL NOTARIO DEL SIGLO XXI”, de julio-agosto de 2010. Puede consultarse en http://www.elnotario.com/egest/noticia.php?id=2304&seccion_ver=0
Realmente aparte de la iniciativa de la impugnación de los nombramientos que esperemos reciba alguna atención mediática y lo que comentaisbde las normas europeas quizá lo mas fácil de poner en marcha sea una iniciativa ciudadana con plataforma en Internet para recoger firmas a favor de la despolitizacion del Cgpj en el que se podría empezar por la firma de los profesionales juristas no se si seria factible pero se puede intentar.
Compañero Inconformista, ya llevo 25 años en este rollo de los tribunales y te aseguro que cualquier iniciativa que no afecte a los políticos o a la opinión pública no será seguida mas allá de un titular de agencia de noticias. Solo se ha llevado a cabo una huelga de jueces y por un solo motivo, el asunto de la niña de Huelva y los comentarios políticos que colmaron el vaso de agua… luego todo el mundo a su puesto y aunque yo firmé el magnifico manifiesto y estuve atento a su difusión lo cierto es que como dice Javier todo apunta a una funcionarización de los jueces… Así lo han hecho estos años dejando que nos hundiéramos en el trabajo hasta dejarnos sin fuerzas. luego poniendo unos módulos, exigiendo mas fundamentación de las resoluciones,..etc. todo por el mismo precio. Y mientras las asociaciones rpartiéndose las migajas de unos cargos que no merecen ni la pena salvo ser tu el elegido o tener menos trabajo, que a lo mejor es mas.
Lo que propone Elisa de la Nuez me parece muy acertado. Pasemos el manifiesto a mucha gente para que lo apoye: colegios profesionales, asociaciones, fundaciones…
Saludos
Enhorabuena por un post muy necesario. Como bien dices creo que el remedio tiene que venir de los propios jueces y desde aquí como editores del blog les ayudaremos todo lo posible para difundir la existencia de los abusos y la posibilidad de acabar con ellos desde dentro. Nos jugamos mucho todos en tener una justicia eficaz e independiente y ademas digna. Creo que en esto coincidimos todos los editores de este blog con la mayoría de los jueces de este pais.
Gracias a los dos. Efectivamente, Juan José, el problema es fundamental no es de uno u otro partido por separado, sino del funcionamiento de los partidos en España en este momento, su comportamiento inercial de ir conquistando centros de poder, desnaturalizarlos y ponerlos a su servicio. La tarea hercúlea de la sociedad civil consiste en hacerse lo suficientemente fuerte como para plantear resistencia a ese afán expansivo de los partidos, y obligarles a retroceder a la posición que les corresponde, posición importante en la democracia pero de ninguna manera hegemónica en todas las estructuras de poder.
No veo nada que se pueda hacer: obligarles a retroceder, sí, muy bonito. ¿Dónde hay que firmar?
Tu artículo es muy esclarecedor, y nos ayuda a ilustrarnos a los que ya estamos en cierto modo ilustrados, porque estamos en el mundo del derecho, porque seguimos los casos mediáticos, porque siempre hemos procurado tener con mayor o menor éxito, una base cultural lo más sólida posible. El problema es la gente que no está en esa onda, la gente que ha sido ferozmente adoctrinada en las escuelas, medios de comunicación y universidades, la gente que no lee y porque no lee, le resultan demasiado complicados los problemas judiciales, legales, etc. Esa tribu de fanáticos es la fuerza bruta que desgraciadamente se impone al discernimiento.
Un post muy bueno. La verdad es que sin una justicia independiente, impartida por jueces con voluntad ejemplar de ser independientes para poder ser imparciales en sus juicios, no hay separación de poderes. Todos sabemos que la naturaleza humana tiende a la corrupción y que son necesarias buenas leyes e instituciones para facilitar los comportamientos virtuosos. Por tanto, si los hechos han demostrado que el sistema de elección por el parlamento de los miembros del Consejo del Poder Judicial politiza la justicia, lo razonable sería modificarlo. Ese cambio puede ser de la propia Constitución. O, entre tanto, un cambio legislativo que sea más respetuoso con el espiritu de la vigente redacción de la Constitución.
En estos momentos en el Congreso de los Diputados hay una Proposición de Ley de UPyD, que propone una modificación del sistema de elección de los 12 magistrados elegidos entre los jueces. El enlace es http://bit.ly/fyCKLf. Por su interés reproduzco un fragmento de su exposición de motivos:
(…) debe ser en el grupo de los doce reservados a Jueces y Magistrados donde se introduzca la reforma principal de carácter legal, que no constitucional, que debe ir orientada a una elección directa por parte de los profesionales de la Justicia, pero no únicamente por los jueces, con objeto de evitar cualquier sombra de duda, por leve que ésta sea, sobre los efectos perniciosos de un posible corporativismo, aunque éstos sean los únicos elegibles. Debe quedar claro que el único interés que debe prevalecer sobre el resto es el de los ciudadanos. Después de un cuarto de siglo de vida democrática las prevenciones de 1985 ya no se justifican. Además, al abrir el cuerpo de electores, se crea automáticamente un conjunto de incentivos mucho más coordinado con el interés de la ciudadanía en el buen funcionamiento de la justicia, limitando las tentaciones corporativistas. Todo ello debe ir acompañado de un régimen de incentivos estatutario más adecuado.
Y, por último, qué decir de los posibles futuros consejos autonómicos. Porque da miedo pensar que vamos hacía la justicia del vecino, que encima es elegido por el político local. Algo habrña que hacer. Por lo pronto post como el tuyo centran el debate.
El problema parece de muy difícil solución ya que la realidad es que los jueces también están politizados y las asociaciones son un reflejo de la partitocracia en que vivimos, siendo prácticamente nulas las posibilidades de que salga elegido alguien realmente independiente, por lo que quizás haya que pensar en soluciones más imaginativas o drásticas. Para mi el gran problema no está en el proceso de elección sino en la actuación de los elegidos que, como señala Fernando, actúan siempre en bloque siguiendo claramente unas consignas externas. Y quizás esta lealtad, que no es sino falta de independencia, no se deba tanto al agradecimiento por la designación como a la preocupación por el futuro. La realidad es que la pertenencia al CGPJ no es más que un escalón de la carrera de sus vocales y el desarrollo posterior de esa carrera depende de la actuación del interesado en el ejercicio del cargo. Sólo si el elegido es fiel al partido que le ha propuesto podrá confiar en que, una vez expirado su mandato, cuando ese partido esté en el poder serán debidamente recompensados los servicios prestados. Ante esta situación es muy difícil conseguir algún sistema que garantice una auténtica independencia y quizás la única solución sea que esos cargos de especial trascendencia, entre los que se podría incluir al propio Tribunal Constitucional, supongan el final de la carrera de sus ocupantes, haciendolos vitalicios. Es verdad que tal medida despierta muchos recelos pero también lo es que en otros paises ha funcionado muy bien, como es el caso del Tribunal Supremo de los Estados Unidos (de cuyos miembros se dice que nunca se jubilan y rara vez se mueren, y algunos de cuyos miembros, a pesar de ser propuestos directamente por el Presidente de turno, han alcanzado las mása altas cotas de independencia y prestigio). De hecho este sistema es el que funciona en nuestro país para todos los cargos de la magistratura, que son indefinidos (hasta la juvilación), y lo cierto es que, salvo personalismos muy particulares, el grado de politización de nuestros altos tribunales es infinitamente inferior al del Constitucional o al del CGPJ. Muy probablemente, si los partidos supiesen que sus designados una vez nombrados no van a tener ninguna dependencia de ellos se cuidarían mucho de buscar a los más capacitados y si para los nombrados la culminación de su carrera va a estar en el ejemplar desempeño de su cargo su actuación será mucho más independiente. Claro que esta medida quitaría poder a los partidos políticos ya que podrán elegir pero no controlar la actuación de los elegidos por lo que difícilmente puede prosperar.
Felicidades por el post. La propuesta del autor es la ideal. No hace falta cambio legislativo alguno. Solo haria falta que los Jueces nos hagamos el haraquiri. Pero pedir que las asociaciones pierdan su poder en beneficio de todos los ciudadanos es como pedir peras al olmo. Es triste pero es así. 1500 jueces firmamos el manifiesto por la despolitizacion de la justicia pero en mi opinion SOLO eramos 1500 ¿ donde está el resto ?. La asociacion foro judicial independiente con sus 300 asociados merece una grandisima enhorabuena y felicitacion por su valentía al impugnar las presidencias de Cataluña y Valencia. Es un paso de gigante en la limpieza interna de la casa que no ha tenido suficiente repercusion en los medios.
La comentarista que firma como MAGISTRADA, me ha proporcionado el comunicado de la asociación FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE, que por su interés traslado a continuación, pidiendo disculpas porque el formato no es el más adecuado para leerlo. Como editor de este blog hago constar que el mismo no se identifica con ninguna asociación judicial u organización en general, sino únicamente con las propias convicciones de sus editores, y está abierta a publicitar las declaraciones de las otras asociaciones, o los jueces no asociados:
El diseño constitucional del Poder Judicial español se basa en la existencia de un Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de los jueces, cuyo cometido principal es velar por la garantía de la independencia de los Jueces y Magistrados en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales frente a todos.
La Constitución quiso detraer de la disposición de los otros dos poderes del Estado, pero esencialmente del Poder ejecutivo, todas aquellas facultades que pudieran influir o condicionar directa o indirectamente a los titulares del Poder Judicial y para ello el art. 122.2 CE encomendó a un órgano constitucional diferente y diferenciado, el Consejo General del Poder Judicial, las facultades que más podían influir sobre los Jueces y Magistrados y, específicamente, los nombramientos y ascensos, la inspección y el régimen disciplinario. En palabras del TC: “las funciones que obligadamente ha de asumir el Consejo son aquellas que más pueden servir al Gobierno para intentar influir sobre los Tribunales: de un lado, el posible favorecimiento de algunos Jueces por medio de nombramientos y ascensos; de otra parte, las eventuales molestias y perjuicios que podrían sufrir con la inspección y la imposición de sanciones. La finalidad del Consejo es, pues, privar al Gobierno de esas funciones y transferirlas a un órgano autónomo y separado” (STC 108/1986).
En definitiva, la finalidad de la CE, como ha reconocido el propio TC, era preservar al Poder Judicial de la dinámica propia de un Estado de partidos cuya lógica es distribuir los cargos en proporción de la fuerza o presencia parlamentaria de dichos partidos.
No es necesario detallar como, a partir de la reforma de la LOPJ de 1985, la realidad es que los partidos políticos del arco parlamentario han convertido al CGPJ en una réplica perversa de las mayorías y minorías partidarias presentes en el Parlamento, haciendo realidad los presagios más negativos que la STC citada quiso descartar como impensables: “Ciertamente, se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada de la Norma constitucional si las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en éste, atienden sólo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos. La lógica del Estado de partidos empuja a actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos, y señaladamente, el Poder Judicial.”
En su composición actual, el CGPJ obedece al designio partidista que impera en el Parlamento instrumentalizado a través de las asociaciones judiciales vinculadas a los partidos políticos mayoritarios. Pero es que, además, esta politización partidista no se agota en la propia composición del Consejo, sino que se trasmite de forma por todos conocida a la designación de los más relevantes cargos judiciales: Magistrados del Tribunal Supremo, Presidentes de la Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia, Salas de lo Civil y lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia.
Sucede así que lo que la CE quiso sustraer de las manos del Poder Ejecutivo y de la influencia partidista, esto es, los nombramientos y ascensos, la inspección y el régimen disciplinario de los jueces y magistrados, ha vuelto a estar en sus manos a través de las designaciones de los vocales del Consejo y de los cargos que ostentan las facultades de ejercicio de tales funciones. Simplemente por esta indirecta vía se ha terminado con todos los resortes para asegurar la independencia del Poder judicial.
En tal trance, hemos llegado a la conclusión de que el nudo gordiano de la inmensa mayoría de los problemas y dificultades cotidianas de la carrera judicial, de la imagen y desprestigio de la Justicia, pero sobre todo de los ataques a la independencia del Poder Judicial, radica justamente en la politización partidista de los nombramientos de determinados cargos y puestos judiciales que realiza el Consejo. A través de esos nombramientos, el Gobierno y los partidos de la oposición, sea cual sea su composición en cada momento, están acabando con la independencia del Poder que está llamado a controlarles y a defender los derechos de los ciudadanos.
Pero además, y en lo que se refiere a nuestro estatuto profesional, los efectos de este sistema no pueden ser más devastadores:
1) El descrédito y la idea generalizada de que la Justicia se imparte de forma partidaria, que se extiende indiscriminadamente a todos los órganos que administran justicia, produce un general desprestigio de la Carrera.
2) Existe un evidente riesgo de deterioro del propio sistema democrático y del estado de derecho. El Gobierno y los partidos políticos han logrado terminar con el control que sobre los demás poderes del Estado debe ejercer el Poder Judicial mediante la simple formula de ir colocando en la cúspide de la pirámide a quienes pueden preservar sus intereses.
3) Se produce una progresiva degradación de la consideración de los órganos judiciales básicos y de quienes desarrollan su actividad profesional en ellos.
4) Es inevitable una frustración de expectativas profesionales de los Jueces y Magistrados, que ven sus posibilidades de acceso a determinados cargos vinculada a la pertenencia a determinadas asociaciones judiciales.
5) Se deteriora el nivel de excelencia en los titulares de los órganos judiciales claves, que acceden a ellos por afinidades partidistas y no por sus méritos curriculares. Al propio tiempo se ha distanciado de forma abismal el estatus profesional de los Jueces y Magistrados de a pie y el de los titulares de los más altos cargos judiciales, en términos económicos, de consideración, de atención etc.
Ante tal estado de cosas, Foro Judicial Independiente ha venido denunciando y alzando una voz crítica en cuantas ocasiones ha tenido oportunidad de defender la independencia judicial y nuestro estatus profesional. Prácticamente 1.500 compañeros se han adherido a un “Manifiesto por la despolitización y la independencia del Poder Judicial”, sin otro resultado que un esporádico eco en los medios de comunicación del descontento de los jueces. Pero estas actuaciones, con ser importantes, no son suficientes para provocar un cambio cualitativo en la politización partidista de los nombramientos de la Carrera Judicial. Mientras exista este régimen de nombramientos, el Gobierno y los partidos no dejarán de buscar asociaciones y miembros de la Carrera Judicial que respondan a sus intereses ni éstos renunciarán a acogerse a su protectorado, aún cuando unos y otros digan aborrecer tal sistema.
Es por ello que hemos decidido dar un paso adelante y comenzar a impugnar jurisdiccionalmente aquellos nombramientos en los que sea detectable la influencia de los partidos políticos. En el último año se han renovado las Presidencias de muchos Tribunales Superiores de Justicia. Particularmente en los nombramientos de los TSJ del País Vasco, Valencia y Cataluña, ha sido notable e indisimulada -incluso ante los medios de comunicación- la intervención mediata de los partidos, sea en forma de vetos, de imposiciones o de compensaciones, en cualquier caso por motivaciones de índole claramente partidista, sirviéndose para ello de la colaboración de sus terminales asociativas en el Consejo. Dicho de forma breve, en el País Vasco se produjo un claro veto de PNV y PSOE a renovar al Presidente del TSJ, por haber osado encausar a Ibarreche y a Patxi López. Después de largas negociaciones, el PP y la APM transigieron con tal veto a cambio de designar al Presidente de Valencia, lo que fue aceptado por PSOE y JD a cambio de la Presidencia del TSJ de Cataluña.
Creemos que la única solución, si realmente queremos terminar con tal estado de cosas, es recurrir tales nombramientos para sostener su nulidad basada en la violación de las normas constitucionales a que nos hemos referido y, en definitiva, por atentar contra la independencia judicial. No se trata de cuestionar personalmente la idoneidad de los nombrados o descartados, sino de denunciar la farsa institucional en que se ha convertido el órgano constitucional llamado a defender la Independencia del Poder Judicial.
Lo hemos llevado ya ante el Tribunal Supremo, que ha admitido a trámite los recursos interpuestos por esta Asociación contra las designaciones de los Presidentes de los Tribunales de Justicia de Cataluña y de Valencia, y lo llevaremos ante el Tribunal Constitucional y ante instancias jurisdiccionales internacionales hasta conseguir un pronunciamiento que revise la doctrina sentada de forma “ingenua” en la sentencia 108/1986 que hemos citado. Estamos convencidos de que tenemos poderosas razones para que nuestra pretensión prospere, pero si no es así al menos vamos a obligar a quienes dicen rechazar la politización partidista del CGPJ a que se miren en el espejo y nos muestren su imagen.
Creemos que la defensa de la independencia judicial, que es en definitiva la del Estado de Derecho, así lo exige.
Que excelente ejercicio de síntesis del problema, no se podría decir más en menos palabras, pero desgraciadamente mucho me temo que es predicar en el desierto, pero bueno, bienvenidas sean iniciatiavas como las reseñadas por los magistrados.
Magnifico post: claro y accesible. Y certero al identificar a los principales culpables: los partidos políticos. Antes hablaba del pesimismo que se deja ver en algunos compañeros; permitame que le diga que artículos e iniciativas como las suyas nos permiten recuperar el animo, al ver que no estamos solos.
Y es que al ver la poca repercusión que ha tenido el valiente ordago de FJI uno no puede evitar pensar que esta sociedad va a dejar que los partidos (que el ejectivo) fagociten el poder judicial sin tan siquiera protestar.
Lo dicho: enhorabuena
Magistrado de AP, inconformista, compañeros todos! Estamos hablando de lo mismo. Aquí el problema dejó hace tiempo de ser vertical (división de la sociedad española por ideologías) para ser horizontal (abajo los electores, arriba los elegidos, de toda índole). No nos peleemos entre nosotros, que todos estamos en el estrato inferior. Entiendo la desconfianza y la resignación de 25 años de carrera, pero no debemos de contar todos ellos ¿Cuántos de esos años se han invertido en esta nueva lucha? Yo, con 10 años a mis espaldas sólo llevo tres (desde 2008. Cambién mi resignación y autocomplacencia por la decisión firme de querer cambiar las cosas; me he reencontrado con mi profesión, con mi vocación y con un grupo de compañeros por los que merece la pena intentarlo.
Yo quiero esa plataforma en la que participemos los jueces pero que en la que no concurran solo jueces. No sé si los mil quinientos firmantes del manifiesto se unirán, pero sus impulsores, más de 30, estoy seguro que la encabezarán. Quiero abogados, quiero notarios, quiero periodistas, QUIERO CIUDADANOS!!! ¿Que no se conseguirá nada? Puede ser, pero tengo claro que quedándonos parados es como no conseguiremos nada. Repito la pregunta que hice en el anterior post ¿A qué esperamos?
Queridos compañeros : siento tambien poner la nota pesimista. Con el manifiesto no pudimos convencer , a pesar de la evidencia de la cuestion, más que a una modesta cuarta parte de la carrera. ¿ de verdad que es el momento de intentar convencer a 40 millones de ciudadanos ? No sería muy fácil utilizar este argumento : ponganse de acuerdo UDS antes de recabar apoyos de la sociedad.
Hoy, día 29 de marzo, el partido UP y D ha presentado una propuesta para modificar la elección y composición de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Ha sido votada y rechazada por todos los partidos excepto el PP, que se ha abstenido después de buscar una transaccional en la que proponían volver al sistema anterior. Esta es la noticia del día previo a la votación, en Expansión (evidentemente, estoy en completo desacuerdo con la posición del ministro de Justicia en cuanto a la legitimidad del Parlamento):
“El nuevo modelo -que fue presentado como proposición de ley en el Congreso el 18 de mayo de 2009- introduce mecanismos de elección directa de los vocales del CGPJ al margen de la decisión política de los partidos.
De esta forma, pretende impedir la asignación automática de todos los elegidos a un grupo determinado. Asimismo, trata de instaurar incentivos para reforzar la independencia de quienes resulten elegidos como vocales del CGPJ.
La propuesta de UPyD no afecta a la designación de los ocho puestos elegibles por el Parlamento, es decir, que introduce cambios sólo en el grupo de los doce reservados a jueces y magistrados. La reforma, que no implica modificar la Constitución, apuesta por que los vocales de extracción judicial sean elegidos no sólo por los jueces, sino por parte de todos los operadores jurídicos. Así, aseguran, se evitarían “cualquier sombra de duda de corporativismo”.
De esta forma, la elección, que sería directa, en listas abiertas, voto secreto y personal, se realizaría de la siguiente forma: cuatro vocales los elegirían los jueces; tres, los secretarios judiciales; tres, los fiscales y dos, los abogados.
A juicio de Rosa Díez, este cambio es necesario porque el CGPJ está “compuesto por cuotas de los partidos políticos”. De hecho, la portavoz de UPyD acusa a PSOE y PP de negociar los nombramientos en los despachos como si se tratara de “un mercado persa”. Y reprocha a ambas formaciones que “ni siquiera disimulen”.
Su sistema, sin embargo, nace lastrado por la oposición manifestada ya por el Gobierno en las Cortes, a través de su ministro de Justicia. El pasado miércoles Díez esbozó su modelo cuando interpeló a Francisco Caamaño. Éste mostró su rechazo a una idea que calificó de “gremial” y recalcó que en una Estado democrático “nada tiene más legitimidad que el Parlamento”.
La propuesta de Díez, sin embargo, aviva un debate en ebullición. De hecho, su partido no es el único que opina que algo debe de cambiar en el CGPJ. El propio Mariano Rajoy se ha comprometido, si gobierna, a reformar el sistema de elección de los vocales del órgano de gobierno de los jueces. En este caso, la modificación sería para que “12 de sus 20 miembros sean elegidos de entre y por magistrados”.
También los jueces han criticado que el CGPJ, en su composición, se ha convertido en una réplica perversa de las mayorías y minorías presentes en el Parlamento.
La verdad es que sería una pena que después de este debate no se hiciese nada útil por las ideas que aquí se han plasmado. Puesto que la sociedad demanda una Justicia independiente y de calidad, hagamos entre todos algo, pero no solo los jueces, que estamos divididos, sino también otros colectivos que podrían apoyarnos, como notarios, medicos, empresarios, etc…Se trataría de crear una plataforma de lucha por esa independencia que nos pide la sociedad y que está ya plasmada en el ámbito del Consejo de Europa, en la Carta Magna de los Jueces, que en su art. 13 dice:
Órgano encargado de garantizar la independencia
Para garantizar la independencia de los jueces, cada Estado debe crear un Consejo de la Justicia u otro órgano específico, que sea independiente de los poderes ejecutivo y legislativo, provisto de las más amplias competencias para decidir sobre todas las cuestiones que afecten al estatuto de los jueces, así como a la organización, al funcionamiento y a la imagen de las instituciones judiciales. El Consejo debe estar compuesto, bien en exclusiva por jueces, o, en su caso, por una mayoría sustancial de jueces elegidos por ellos mismos. El Consejo de la Justicia tiene que rendir cuentas de sus actividades y de sus decisiones. Os dejo enlaces para acceder al Consejo Consultivo de Jueces Europeos:
http://www.coe.int/t/dg1/legalcooperation/judicialprofessions/ccje/
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/ccje/Onenparle/101008Saenz_es.pdf .
Al compañero magistrado AP quiero decirle que el Manifiesto por la Despolitización y la Independencia Judicial suscrito por 1500 jueces nunca nació para quedarse en letra muerta sino para dar origen a un movimiento, a una gran plataforma con vocación de expansión social.
Y su espíritu y objetivos están ahí bien latentes en toda la carrera judicial pese a su aparente quietud actual, porque ha calado muy hondo. Porque ha sido un certero autodiagnóstico de lo que nos venía pasando desde hacía ya mucho tiempo pero que la vorágine diaria de trabajo no nos permitía reflexionar.
Compañero magistrado AP, el Manifiesto no ha muerto. Simplemente ha iniciado la travesía de un pequeño túnel para muy pronto (antes de lo que muchos puedan pensar) emerger con más fuerza que nunca, plenamente avituallado y con la fuerza social que antes le faltaba y que tú, tan acertadamente, sugieres en tú post.
No pierdas la esperanza, no la perdamos nadie, porque hay muchos luchadores en la judicatura, más de los que pensamos y muchos, muchos demócratas convencidos en nuestra sociedad, pese al esfuerzo de tantos interesados en alienarla.
Somos el Guadiana, pero te aseguro que llegaremos al mar.
Las últimas reformas del sistema judicial van encaminadas a una funcionarización definitiva de los jueces, que han dejado de ser un poder constitucional efectivo. No tienen poder ni siquiera para subsanar las desviaciones en la pequeña, mal dimensionada, y mal dotada unidad que les asiste; están sometidos a un estricto control de una inspección del CGPJ politizada, cuyos nombramientos son fruto del clientelismo. Como consecuencia los jueces desempeñan su función en general con miedo, eludienco todo tipo de situaciones que puedan perjudicarles, y a una total desmotivación. Y el que trata de buscar pequeñas soluciones a la burocracia jucicial, es considerado como especialito. Todo ello de forma global lleva a muchas formas de corrupción menor que será difícil erradicar en la actualidad sin una voluntad decidida.
Magistrado de AP, inconformista, compañeros todos! Estamos hablando de lo mismo. Aquí el problema dejó hace tiempo de ser vertical (división de la sociedad española por ideologías) para ser horizontal (abajo los electores, arriba los elegidos, de toda índole). No nos peleemos entre nosotros, que todos estamos en el estrato inferior. Entiendo la desconfianza y la resignación de 25 años de carrera, pero no debemos de contar todos ellos ¿Cuántos de esos años se han invertido en esta nueva lucha? Yo, con 10 años a mis espaldas sólo llevo tres (desde 2008. Cambién mi resignación y autocomplacencia por la decisión firme de querer cambiar las cosas; me he reencontrado con mi profesión, con mi vocación y con un grupo de compañeros por los que merece la pena intentarlo.
Yo quiero esa plataforma en la que participemos los jueces pero que en la que no concurran solo jueces. No sé si los mil quinientos firmantes del manifiesto se unirán, pero sus impulsores, más de 30, estoy seguro que la encabezarán. Quiero abogados, quiero notarios, quiero periodistas, QUIERO CIUDADANOS!!! ¿Que no se conseguirá nada? Puede ser, pero tengo claro que quedándonos parados es como no conseguiremos nada. Repito la pregunta que hice en el anterior post ¿A qué esperamos?
Queridos compañeros : siento tambien poner la nota pesimista. Con el manifiesto no pudimos convencer , a pesar de la evidencia de la cuestion, más que a una modesta cuarta parte de la carrera. ¿ de verdad que es el momento de intentar convencer a 40 millones de ciudadanos ? No sería muy fácil utilizar este argumento : ponganse de acuerdo UDS antes de recabar apoyos de la sociedad.
Si este debate aquí termina, flaco servicio hemos hecho a la Justicia. Es hora de que vosotros, los que estais fuera de la profesión y del mundo de los jueces hagais algo, movais ficha. Vuestra grandeza estará en el interés que pongais y en la capacidad de arrastrar a otros en este ideal.
Saludos
En relación con las tres últimas intervenciones, os sugiero una lectura más atenta del comentario hecho por el magistrador independiente. Quizá halléis alguna respuesta.
Es interesante, en relación con el tema de la independencia judicial y el manifiesto de los 1500 jueces, el editorial de la revista “EL NOTARIO DEL SIGLO XXI”, de julio-agosto de 2010. Puede consultarse en http://www.elnotario.com/egest/noticia.php?id=2304&seccion_ver=0
Hoy, día 29 de marzo, el partido UP y D ha presentado una propuesta para modificar la elección y composición de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Ha sido votada y rechazada por todos los partidos excepto el PP, que se ha abstenido después de buscar una transaccional en la que proponían volver al sistema anterior. Esta es la noticia del día previo a la votación, en Expansión (evidentemente, estoy en completo desacuerdo con la posición del ministro de Justicia en cuanto a la legitimidad del Parlamento):
“El nuevo modelo -que fue presentado como proposición de ley en el Congreso el 18 de mayo de 2009- introduce mecanismos de elección directa de los vocales del CGPJ al margen de la decisión política de los partidos.
De esta forma, pretende impedir la asignación automática de todos los elegidos a un grupo determinado. Asimismo, trata de instaurar incentivos para reforzar la independencia de quienes resulten elegidos como vocales del CGPJ.
La propuesta de UPyD no afecta a la designación de los ocho puestos elegibles por el Parlamento, es decir, que introduce cambios sólo en el grupo de los doce reservados a jueces y magistrados. La reforma, que no implica modificar la Constitución, apuesta por que los vocales de extracción judicial sean elegidos no sólo por los jueces, sino por parte de todos los operadores jurídicos. Así, aseguran, se evitarían “cualquier sombra de duda de corporativismo”.
De esta forma, la elección, que sería directa, en listas abiertas, voto secreto y personal, se realizaría de la siguiente forma: cuatro vocales los elegirían los jueces; tres, los secretarios judiciales; tres, los fiscales y dos, los abogados.
A juicio de Rosa Díez, este cambio es necesario porque el CGPJ está “compuesto por cuotas de los partidos políticos”. De hecho, la portavoz de UPyD acusa a PSOE y PP de negociar los nombramientos en los despachos como si se tratara de “un mercado persa”. Y reprocha a ambas formaciones que “ni siquiera disimulen”.
Su sistema, sin embargo, nace lastrado por la oposición manifestada ya por el Gobierno en las Cortes, a través de su ministro de Justicia. El pasado miércoles Díez esbozó su modelo cuando interpeló a Francisco Caamaño. Éste mostró su rechazo a una idea que calificó de “gremial” y recalcó que en una Estado democrático “nada tiene más legitimidad que el Parlamento”.
La propuesta de Díez, sin embargo, aviva un debate en ebullición. De hecho, su partido no es el único que opina que algo debe de cambiar en el CGPJ. El propio Mariano Rajoy se ha comprometido, si gobierna, a reformar el sistema de elección de los vocales del órgano de gobierno de los jueces. En este caso, la modificación sería para que “12 de sus 20 miembros sean elegidos de entre y por magistrados”.
También los jueces han criticado que el CGPJ, en su composición, se ha convertido en una réplica perversa de las mayorías y minorías presentes en el Parlamento.
Menudos engañadores el Sr. Rajoy y el PP en general. Porque eso de volver al sistema anterior, SISTEMA de la LO del CGPJ de 1980, decían que lo iban a hacer en cuanto ganaran las elecciones… Y las ganaron en 1996 y en el 2000 con mayoría abosoluta!!! Y no lo hicieron!!! Engañaron miserablemente al electorado… Y a la cabeza de ese ejercicio de travestismo político, decir una cosa y hacer exactamente la contraria, juristas del insigne cuerpo de Letrados del Consejo de Estado, como el Sr. Trillo y Michavila… Con ello queda claro que en política no importa tanto ser una persona estudiosa, sino tener coraje político y sentido de la integridad para respetar los principios, los compromisos electorales, y hacer lo que es pertinente, lo que conviene a la nación… En vez de eso, pudimos ver el pasteleo barato de los Sres. Trillo y Michavila. Y de Aznar y Rajoy y de todos los diputados del PP, que votaron sin fisuras a favor de la vergonzosa reforma de la LOPJ operada por la LO 2/2001, de 28 de junio,resueltamente contraria a lo que decían en la oposición.
Se me ocurre que podríamos abrir en el blog un apartado de propuestas como la que nos ocupa con la finalidad de que los ciudadanos en general y los juristas en particular sobre todo los jueces puedan intervenir y opinar sin la interesada mediación de los políticos de turno que como bien dice jj sostienen una cosa en la oposición y hacen otra en el gobierno sin el menor rubor.
Expansión y El Mundo han propuesto una serie de medidas para combatir la crisis, y coinciden ambos en que la despolitización del CGPJ es una de las medidas necesarias. Es decir, que la independencia del poder judicial no solamente tiene beneficios para la democracia en general, sino para la economía en particular:
Expansión: http://www.expansion.com/2011/09/07/economia/1315421117.html
El Mundo: http://www.elmundo.es/elecciones/elecciones-generales/2011/propuestas/propuesta26.html
Expansión y El Mundo han propuesto una serie de medidas para combatir la crisis, y coinciden ambos en que la despolitización del CGPJ es una de las medidas necesarias. Es decir, que la independencia del poder judicial no solamente tiene beneficios para la democracia en general, sino para la economía en particular:
Expansión: http://www.expansion.com/2011/09/07/economia/1315421117.html
El Mundo: http://www.elmundo.es/elecciones/elecciones-generales/2011/propuestas/propuesta26.html