Estrategia de reducción del déficit público ¿ilusión o realidad?

De todos es sabido que estamos ante una difícil situación de déficit público donde se han adoptado medidas como recortar sueldos a empleados públicos, congelar pensiones o cancelar algunas inversiones públicas productivas. Sin embargo, en este contexto de austeridad llaman la atención algunas medidas organizativas, de personal y de política de subvenciones, que podrían ir en dirección contraria|: 

1.- Es cierto que el Ejecutivo adoptó un Acuerdo de Consejo de Ministros de 30 de abril de 2010 de racionalización del sector público empresarial. Sin embargo, fijaba el 31 de julio del mismo año como fecha tope para aplicar varias de sus medidas (por ejemplo reducir el número de consejeros en entidades públicas empresariales) que a estas alturas siguen en gran parte incumplidas, algunas por cierto relativas a organismos dependientes del Ministerio de Economía y Hacienda, que es quien está llamado a dar ejemplo en esta materia. 

2.- En dicho Acuerdo el Gobierno optó por fusionar algunas entidades y eliminar otras (y lo mismo ha instado a hacer las Comunidades Autónomas). Y sin embargo, una lectura atenta al BOE permite detectar que se siguen paralelamente creando nuevos órganos: así, Orden CIN/1507/2010, de 27 de mayo, por la que se regula la Comisión Asesora de Política Científica (BOE, 11 de junio de 2010), Real Decreto 822/2010, de 25 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 10/2009, de 20 de octubre, de creación de órganos consultivos del Estado en el ámbito agroalimentario (BOE, 15 de julio de 2010). Y recientemente, la prensa ha destacado (ver, ABC, 28 de febrero de 2011, pág. 24) que el Anteproyecto de la Ley de Igualdad plantea crear un Alta Autoridad con competencias redundantes con las que se supone ya ejerce el Defensor del pueblo (a su vez ya duplicado por varias Comunidades autónomas). No es que estas funciones no demanden alguien que las desempeñe, pero la pregunta que cabe plantearse es por qué en lugar de extender las funciones de órganos ya existentes, se opta muy alegremente por crear nuevas entidades. Parece que cuando no se sabe muy bien qué hacer para resolver un problema (tanto si ya existía o si se ha creado natural o artificialmente) se recurre a crear un nuevo organismo como medida “fácil y milagrosa”, cuando lo cierto es que tal inflación de órganos y comisiones multiplica las reuniones (además del coste), muy similares (y a veces inútiles) con casi los mismos miembros, complicando así la gestión. 

3.- Paralelamente, cabría pensar que las distintas subvenciones experimentarían al menos una reducción semejante al sueldo de los empleados públicos (esto es en torno a un 5%) y que las no esenciales incluso se eliminarían. Sin embargo, no parece que esto esté siendo así. Por ejemplo, la Resolución de 16 de febrero de 2011 del ICAA (dependiente del Ministerio de Cultura) informa de 73 subvenciones a distintas productoras de cine concedidas durante el año 2010 para asistir festivales “internacionales”. La lista no tiene desperdicio, variando mucho las ayudas concedidas (ver BOE de 2 de marzo de 2011), incluyendo por ejemplo 60.000 euros a una productora para acudir al festival de S. Sebastián mientras que otras dos reciben conjuntamente 16.667,50 por acudir a Toronto. 

4.- Por último, se ha anunciado que se está reduciendo el número de empleados públicos por la vía de limitar la nueva Oferta de Empleo Público al 10% de la tasa de reposición (jubilados). No entramos en la bondad de la medida sino en la contradicción que supone que paralelamente hayan comenzado a florecer las convocatorias de plazas de becarios. Sabemos por Sentencia del TS de 22 de marzo de 2005 (rj 2005/10049) de la Sala de lo Social (entre otras) que el becario debe limitarse a formarse para su propio interés y no de la institución que la recibe. Sin embargo, de nuevo, una atenta lectura del BOE permite plantearse si esto está siendo así o si por el contrario se está acudiendo a becarios como personal barato para impedir convocar nuevas plazas. 

Y todo esto se aplica a la Administración General del Estado, que es la que lo está haciendo mejor en términos de reducción del déficit. Cabe fácilmente imaginar el resultado de analizar la estrategia seguida en algunas Comunidades Autónomas o Ayuntamientos a este respecto.

5 comentarios
  1. Jose Maria Pérez
    Jose Maria Pérez Dice:

    Un interesante post, donde se pone una vez más de relieve como mientras se dice una cosa, se está haciendo en realidad la contaria. Sobre la falacia de recortar la oferta de empleo público como medida de ahorro ya hablaremos un día con más detalle.

  2. mariano martin peña
    mariano martin peña Dice:

    Considero se trata de una evidencia más de la “alegria” con que este gobierno está afrontando la crisis económica.Las únicas medidas reales que ha adoptado hasta el momento son aquellas que afectan a las clases más débiles(funcionarios, pensionistas, desempleados). Por el contrario, las subvenciones, directas e indirectas, a los sindicatos han experimentado un notable incremento en el pasado año.
    La sociedad civil está en la obligación de desmontar este entramado que está llevando el país a la quiebra económica.
    Articulos como el comentado favorecen esta tarea.

  3. Ramón Marcos Allo
    Ramón Marcos Allo Dice:

    Las ayudas a la asistencia de películas españolas a festivales de cine internacionales es paradigmatico de las prioridades políticas de este Gobierno, que no pueden ocultarse mirándo el presupuesto. Así, mientras recortan partidas del gasto esenciales, esa no sólo no la han recortado, sino que el 28 de diembre acordaron incrementarla en más de un 33%. Puede que no sea mucho dinero, pero tacita a tacita, como decía el anuncio, se puede hacer mucho. Además, hay un tema de justicia. No puede ser se congelen pensiones y se recorten salarios y, como dice el artículista, se mantengan o se incrementen gastos en subvenciones no productivas.

  4. elisadelanuez
    elisadelanuez Dice:

    Y no solo eso, es que nadie mide nada. Se recorta en “lineal” valga la expresión y en lo fácil, pero no hay un criterio sobre qué se debe recortar y qué no. Claro que esto siempre es lo mismo, no hay datos, ni indicadores, ni criterios, ni nada. Hay subvenciones absurdas y otras que no lo son, pero en el paquete todas son lo mismo, y ya depende mantener unas y otras de lo que protesten los colectivos afectados o del peso político de los que las conceden. En fín, lo de siempre.Y por último no se hace un seguimiento de lo que ocurre. Se dicta una norma de recorte de algo, al BOE, y se entiende cumplida la finalidad, sin ver qué ha pasado, si se ha cumplido, qué impacto ha tenido, nada. POr otro lado ya son evidentes en muchos Ministerios las prácticas obstruccionistas del Ministerio de Hacienda que pide autorización hasta para respirar, mientras que a las CCAA se les autorizan los endeudamientos.

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