El ordenamiento obeso: el coste de la sobrerregulación.

En la época de nuestros abuelos un opositor que se preciara debía dominar, según a lo que aspirase, el Código civil, el penal, el de comercio, la ley Hipotecaria y alguna otra ley especial. En la de nuestros padres, además, la ley de Sociedades Anónimas y de Responsabilidad Limitada, al menos en el ámbito del Derecho privado.| En nuestros, o al menos míos, años ochenta, ya debería añadirse la ley del Suelo, y la ley de Propiedad Horizontal, la ley de Aguas, Montes, las de Arrendamientos, VPO, todas las leyes administrativas del tardo franquismo, etc, etc. Hoy, ya no quiero ni contarles, se han multiplicado las leyes especiales de forma exponencial, y además al tronco legislativo común le han salido diecisiete ramas que con expresiva imagen  han sido denominadas como “la floresta autonómica” en este blog, lo que ha supuesto, directamente, multiplicar por ese número las leyes que regulaban una determinada cuestión, en forma muy similar pero no idéntica a la estatal, y con ciertos problemas de coordinación entre ellas (en el ámbito del Derecho privado, piénsese en regulación de VPO, fundaciones, asociaciones, instrucciones previas, suelo y vivienda…).

 Es claro que el crecimiento de la legislación es un fenómeno paralelo al del aumento de la complejidad de la sociedad en que vivimos. La existencia de más gente y de más relaciones jurídicas y económicas y de estructuras más elaboradas, exige reglas también más numerosas y específicas para controlar y ordenar el tráfico jurídico, de la misma manera que el aumento del parque móvil exige más reglas, más señales y más limitaciones para garantizar la seguridad del tránsito. Si en un pueblo solo hay dos automóviles, los semáforos o las señales no son imprescindibles.

Ahora bien, yo me pregunto: ¿no se nos habrá ido la mano? Pues si, ciertamente, son hoy necesarias más reglas (en muchas ocasiones sólo conocidas por los sujetos especializados en el sector correspondiente), también da la sensación de que en el mundo del Derecho, y al contrario de la proposición de Lamark, la función no crea el órgano, sino que el órgano legislativo existente crea la necesidad y en un acto de autojustificación produce una multiplicidad de normas jurídicas que, en un alto porcentaje, no disponen de la correspondiente partida presupuestaria o no son susceptibles de ser debidamente ejecutadas, como recientemente nos ponía de manifiesto Elisa de la Nuez en su post “Cuando el moroso es tu Administración”.

 Y la cuestión no solo me afecta a mí, como jurista, que no podré dominar el panorama legislativo como antes. No, afecta a la vida social y a la económica. Recuerdo que en cierta comunidad de propietarios de la que formo parte algunos condueños estaban empeñados en aprobar un reglamento de régimen interior que regulara pormenorizadamente toda actividad posible dentro del complejo. Siempre me pareció peligroso porque si hasta el momento las cuestiones se habían arreglado con la buena educación, el establecimiento de una regla sobre el juego con la pelota, sacar sillas a la piscina, horario de baños o lo que fuera, si no existía una necesidad específica, lo único que iba a suponer era la creación de un arma arrojadiza en manos de aquel a quien no caigamos bien y tenga la suerte de pillarnos en un renuncio. Como efectivamente ocurrió. Y creo que es lo que en buena medida ocurre con las leyes en general: la existencia de una grandísima cantidad de normas muy específicas, en ocasiones muy difíciles de cumplir (piénsese en los objetos que hay que llevar en un coche, o en la normativa de requisitos formales de Hacienda…) hace que estemos sin quererlo siempre fuera de la ley y, por tanto, en situación de se reprendidos y sancionados. Y ello no es muy conforme al Estado de Derecho, tal y como ya señalé en algún post anterior.

Recientemente, Felipe González criticó en Sevilla, con motivo del Congreso con motivo del 150 aniversario de la ley del Notariado, “la pasión normativa” de las autonomías, atacando por ineficiente la sobrerregulación, y se mostró partidario de pocas reglas y claras, y comunes a todas las regiones. Estamos de acuerdo, pero la verdad es que podía haberse percatado antes de nuestra obesidad legislativa y habernos puesto a dieta, que tuvo tiempo y poder para hacerlo.

Porque hoy estas adiposidades constituyen ya un problema económico detectado claramente por los empresarios: recientemente Juan Rosell, presidente de la CEOE ponía de manifiesto en ABC (Empresa, 20 de febrero de 2011), en un artículo rotundamente titulado “Regulación y coste económico”, ponía de relieve que el número de páginas de los boletines autonómicos se había incrementado de 2008 a 2010 en un 17,8 por ciento y en el BOE, de 68.000 páginas en 2008 se pasó a 274.000 en 2009  y 258.000 en 2010. Y señalaba que el exceso de regulación y la poca estabilidad temporal de las normas lleva asociado el descrédito, el incumplimiento y la inseguridad jurídica, requisitos básicos para ahuyentar la inversión, aparte de suponer un coste cierto para la empresa en adecuación de la actividad a la nueva norma y posteriormente en su observación y cumplimiento. No otra cosa señalaba en este blog Alberto J. Gil Ibáñez en uno de los primeros posts “El exceso normativo como obstáculo a la competitividad”.  

Ya sea porque el principio constitucional de seguridad jurídica exige la creación de normas claras y predecibles o porque tal cosa es imprescindible para la eficiencia económica de nuestras empresas y para atraer la inversión, se impone repensar el proceso de producción legislativa y la amplitud de la competencia de las Comunidades Autónomas en esta materia, como ya piden renombrados políticos. Ojalá les escuchen.

8 comentarios
  1. Javier
    Javier Dice:

    Como opositor sufro esa sobreproducción normativa, pero evidentemente no es a mí a quien afecta más gravosamente.

    En mi opinión esto se produce por un sistema constitucional imperfectamente cerrado y por la voluntad parcelatoria de los diferentes legisladores autonómicos, en su intento de fabricar artificiosamente unas diferencias interregionales que en realidad no lo son, pero sí justifican unos cuantiosos estipendios y partidas presupuestarias.

    Al final muchas de estas normas, tan particulares y tan camufladas entre las hojas de los distintos boletines autonómicos, quedan reducidas a la naturaleza del uso jurídico: eficaces y vinculantes pese a su desconocimiento cuando las reclama el operador jurídico avezado. Pura incertidumbre e inseguridad jurídica. Y al mismo tiempo, engrosadoras de un coste innecesario para los agentes económicos, es decir, inflación pura y dura.

  2. Fernando Gomá
    Fernando Gomá Dice:

    A la superpoblación de normas que indica Ignacio (y cuya denuncia es una constante en el Blog) hay que añadir el muchas veces penoso nivel técnico de las mismas, lo cual dejó de extrañarme hace años, en concreto cuando la televisión retransmitió las sesiones de la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid, con ocasión del caso de transfuguismo que permitió a Esperanza Aguirre acceder a la presidencia de la Comunidad (caso Tamayo). El espectáculo era verdaderamente escalofriante y al mismo tiempo esperpéntico, por el bajísimo nivel intelectual y cultural de todos los que hablaban, parlamentarios autonómicos, que son los que tienen luego que redactar las normas. Y no puedo dejar de señalar que el legislador estatal muestra con reiteración una absoluta falta de respeto por los destinatarios de las normas, al suprimir la vacatio legis; un último ejemplo es el de la ley de Economía Sostenible: más de un año han tardado para redactar una norma que, al menos en materia de catastro, es directamente una chapuza técnica, y las 200 páginas del BOE se publican un sábado y entran en vigorl el domingo.

  3. Ignacio Gomá
    Ignacio Gomá Dice:

    Complementando lo dicho, tiene cierta gracia observar que el legislador también se ha percatado del problema. ¿Y como lo arregla (o hace como que arregla)? ¡Haciendo OTRA LEY¡, enorme por cierto, la de Economía Sostenible, que en el capítulo 1 de su título I contiene normas sobre “Mejora de la Calidad de la legislación”, estableciendo los principios de accesibilidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, simplicidad (sí, simplicidad) y otros y establece en el art. 5 instrumentos de las Administraciones Públicas para la mejora de la calidad de la regulación. Eso sí, como señalaba Fernando más arriba, la propia ley no se corta en incluir unas normas relativas, por ejemplo, al Catastro y a los notarios, que no hay quien comprenda bien, y no se corta en entrar en vigor al dia siguiente de su publicación (en sábado) burlando la regla general de vacatio legis de 20 días.¡Eso es calidad en la legislación, seguridad jurídica y respeto al ciudadano¡

  4. jurista anónimo
    jurista anónimo Dice:

    Es todo un dislate. En otro tema de este blog se comentó que había el disparate de unas 100.000 normas en este país, además de las múltiples reformas que se suceden de modo imparable, en las que incluso, pese a su título, resultan afectadas unas cuantas más con las que, muchas veces, no tienen relación alguna, pudiendo pasar inadvertidas. Por no hablar ya de los modernos protocolos que tratan de suplir, complementar, a veces, orillar las disposiciones legales; lo que convierte el ordenamiento jurídico en inmanejable e ingobernable, tanto para los operadores jurídicos como para los demás, en un sistema en que la norma dice que “la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento”. Parecen hechas muchas leyes para mera propaganda y promoción política, sin intención de cumplimiento, de ahí que vengan sin memoria económica, presupuestaria, para acallar una demanda social. Legislar es gratis. Se echa en falta la labor de la Comisión de Codificación, si es que sigue existiendo. Necesitamos pocas leyes, pero claras y que se cumplan y se puedan hacer cumplir.

  5. JJ
    JJ Dice:

    ¿La Comisión Gral de Codificación? Ni en el mismo Mº de Justicia, quienes informan las leyes o reglamentos se ponen a veces de acuerdo. La DGRN por un lado, la SGT por otro, la CGC por otro… Pero yo echo en falta que cada CCAA cree una Comisión de Codificación propia para coordinar su normativa autonómica, y no solo en materia de Dº Privado, sino también público, que también debe ser coordinado… Una vez creadas 17 CGC Autonómicas, por supuesto tb en Ceuta y Melilla (prescindimos solo de los territorios de ultramar, puesto que estamos en época de austeridad por la crisis) habrá que crear un Consejo General de Comisiones Grales de Codifcación, desde el cual, en aras del ppio de cooperación con el que se rigen las relaciones entre Ad. Pbcas, quedará plenamente garantizada la estabilidad del Ordenamiento…

  6. elisadelanuez
    elisadelanuez Dice:

    Efectivamente, como dice Fernando, a los males que supone esta hiperinflación normativa que venimos denunciando en este blog (y conste que la hiperinflación no es solo autonómica, aunque lo de las autonomías es de locos) se añaden los derivados del escaso nivel no solo de los políticos (¿de donde los sacan?) sino incluso de los propios técnicos y funcionarios encargados del trabajo técnico y de la aplicación de las normas. Tampoco tiene nada de asombroso si se piensa en la celeridad (y la generosidad) con que se ha reclutado al personal autonómico en estos últimos años. Siempre con honrosas excepciones de algunos cuerpos autonómicos jurídicos de funcionarios el nivel medio es francamente bajo. Y para acabarlo de completar, muchas veces el trabajo jurídico no lo desempeñan ni siquiera funcionarios.

  7. DanielTirapu
    DanielTirapu Dice:

    Magnífica entrada y gran blog. felicidades. Se lo dice uno que estudió la carrera de Derecho entre el 75 y el 80 y que subsiste con buen bagaje jurídico como catedrático de Derecho. El jurista es quien se entrenta a cualquier ley. Basta una disposición legislativa para convertir bibliotecas enteras en Historia del Derecho. Un gobierno con muchas leyes es un gobierno corrupto y poco seguro.

  8. J. Miguel Mezquita
    J. Miguel Mezquita Dice:

    Alude Felipe Gonzalez a las reflexiones sobre las normas (las leyes, cuanto menos y más justas mejor…)con que Yourcenar imagina al emperador Adriano en aquellas deliciosas memorias que todo jurista y político (al menos) debiera leer. Y en efecto es oportuno señalar que parte del problema es el aparente demérito que supone hoy día para medrar (sic) en politica cualquier atisbo de brillantez intelectual, lo que tarde o temprano llevará al país a un rumbo directo de colisión con una versión ibérica de Bush o Berlusconi, eso suponiendo . Demasiados listos y pocos verdaderamente inteligentes, que diría José Antonio Marina. Y a los políticos/legisladores habría que recordarles aquella otra verdad de perogrullo que dice que no hay derogación más ignominiosa de una norma que la que resulta de su general incumplimiento. Confundir realidad y ley es no sólo una idiotez, sino una precondición en el camino a la tirania.

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