Más sobre la judicialización de la vida pública: Juez instructor vs Junta de Andalucía. Primer round
Al parecer, en este momento en España hace falta ser una juez aguerrida para conseguir documentación “confidencial” de las Administraciones Públicas, aunque se esté investigando la comisión de varios posibles delitos. Me refiero al famoso rifirrafe entre la Juez titular del Juzgado de Instrucción nº 6 de Andalucía y el Gobierno de la Junta de Andalucía sobre la entrega de las actas del Consejo de Gobierno de la Junta en el caso de las subvenciones irregulares a los ERES. Sobre el tema de fondo, el de si procede o no la entrega de esta documentación, me remito al artículo del profesor Gimbernat, tan citado por lo demás en este blog, que lo explica muy clarito: la Administración no puede invocar un conflicto de jurisdicción para rechazar entregar documentación a un Juez en base a su carácter confidencial.|
Por mucho que se empeñen los esforzados letrados de la Junta no hay por tanto ningún conflicto de jurisdicción ni nada que impida la entrega al Juzgado de esta documentación. Pero dicho eso, se me ocurren algunas preguntas como ciudadana y como jurista. ¿Por qué al final tiene que ser un Juzgado de instrucción el que termine revisando toda esta ingente documentación administrativa “confidencial”? ¿Es que nadie se ha percatado de lo que estaba pasando en el Gobierno de la Junta con estos expedientes? ¿Por qué no han funcionado los mecanismos de control que tiene, como cualquier otra Administración, la Junta? ¿Cómo es posible que en una Administración digna de tal nombre, con una legión de funcionarios supuestamente competentes e independientes del poder político –para eso, entre otras cosas, tienen la garantía de un puesto de trabajo por vida- nadie haya detectado durante años que se han estado concediendo unas subvenciones irregularmente de una forma tan burda? ¿Y tampoco nadie se había dado cuenta en el Parlamento andaluz? ¿Y los trabajadores prejubilados no sabían que otros que nunca habían sido trabajadores de su empresa también cobraban de los ERES? ¿Y los sindicatos, que al parecer también cobraban por asesorar en los ERES, tampoco sabían nada? ¿Qué papel juega en toda esta historia la Agencia IDEA, Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía que, teóricamente al menos, se dedica a fomentar la innovación en la sociedad andaluza pero que resulta que era quien pagaba la fiesta?
También me sorprende el ruido que ha habido respecto a si los famosos informes de la Intervención General de la Junta –que sí detectaron que se estaban produciendo subvenciones irregulares- y que se dirigían a la Viceconsejera de Economía, llevaban o no una fórmula aclarando que debía darse traslado de los mismos al Consejero de Economía (a la sazón, el actual Presidente de la Junta). Al parecer la existencia de esta fórmula es crucial para determinar si había o no responsabilidad política del actual Presidente de la Junta y de alguno o algunos de sus Consejeros. Vamos, que si no le hubieran dado traslado de estos informes no respondería políticamente de nada. Esta conclusión es bastante asombrosa, porque según esta fórmula, ningún cargo o gestor público respondería política (ni jurídicamente) de ninguna mala gestión o directamente de posibles actos delictivos con tal de que sus subordinados se guardaran en un cajón los informes denunciando los hechos. Nótese que hablamos de responsabilidad política o jurídica, no de responsabilidad penal.
Me parece que uno de los problemas más graves de nuestro Estado de Derecho es que la sistemática aversión de nuestros cargos públicos a asumir responsabilidades políticas (o sencillamente jurídicas en el caso de altos cargos “no políticos” pero que alguna responsabilidad tienen en el control y supervisión de los expedientes) está judicializando la práctica generalidad de los casos de mala gestión pública, ya se trate de posibles delitos o simplemente de gestiones ineficientes, ilegales, desastrosas, irregulares o que cuestan un dineral a los contribuyentes, actuaciones que probablemente no lleguen nunca a los tribunales penales. Prácticamente o hay delito o no pasa nada. O para ser más exactos, más que delito o hay condena penal firme o no pasa nada, porque ser imputado no basta, como demuestran las listas con las que nos han obsequiado nuestros partidos políticos. Y sin embargo la al parecer olvidada Ley General Presupuestaria 47/ 2003 de 26 de noviembre – y sus réplicas autonómicas-dedica un capítulo entero, el VII, a las responsabilidades por este tipo de conductas. Incluyen cosas que ahora parece tan extrañas como la obligación de devolver el dinero, por cierto. Cito solo el art.176 para abrir boca:
“Las autoridades y demás personal al servicio de las entidades contempladas en el artículo 2 de esta Ley (se refiere a todo el sector público estatal) que por dolo o culpa graves adopten resoluciones o realicen actos con infracción de las disposiciones de esta Ley, estarán obligados a indemnizar a la Hacienda Pública estatal o, en su caso, a la respectiva entidad los daños y perjuicios que sean consecuencia de aquellos, con independencia de la responsabilidad penal o disciplinaria que les pueda corresponder.”
El resto del articulado está aquí
Pero además de meternos con la clase política o con los cargos políticos, que empieza a ser lo cómodo y lo fácil, me gustaría destacar algunas cosas en relación con este caso, que me imagino aplicable a otros muchos ¿Para qué se supone que trabaja la Intervención si no es para que los máximos responsables políticos tengan conocimiento de posibles irregularidades y tomen medidas al respecto? ¿Para elaborar informes que duerman el sueño de los justos en el cajón de alguien? ¿Cómo es posible que no saltaran todas las alarmas ante estos informes, que por cierto se repetían un año tras otro ya que los ERES eran reincidentes? Y si realmente se pueden elaborar esos informes en una Administración sin que pase nada ni nadie haga nada, ni se reclaman las cantidades irregularmente entregadas, cabe preguntarse para qué sirve la Intervención o en general para qué existen mecanismos de control de este tipo en una Administración.
Lo que quiero poner de relieve con este post es que, como hemos denunciado varias veces en este blog, no es de recibo que todo termine en la vía penal para dilucidar una serie de responsabilidades que han tenido que depurarse mucho antes. Me parece que por irresponsabilidad, o por cansancio, o por ese principio tan querido por la burocracia de que cada uno se ocupa sólo de su parcelita, hay dejación de funciones por muchos responsables de órganos administrativos de control cuya función es velar por la adecuada gestión de los intereses generales.
En el caso de Andalucía la Intervención General detectó el problema. Lo puso en un informe. Lo comunicó a sus superiores jerárquicos. Y no pasó nada. ¿Cumplió la intervención con su cometido porque hizo varios informes que nadie leyó o que si alguien leyó no tuvieron consecuencia alguna? Yo creo que no.
En definitiva, creo que tenía que haber mucha gente en la Junta que sabía o que tenía el deber de saber que se estaban concediendo subvenciones de forma irregular (hasta “fondo de reptiles” lo denominó muy gráficamente uno de los primeros declarantes ante la policía, un ex director general que luego se retractó ante el escándalo que se montó). En este sentido la Ley 38/2003 General de Subvenciones y el reglamento que la desarrolla son, al menos sobre el papel, muy estrictos en cuanto al control tanto de la concesión de subvenciones como de la justificación de las cantidades entregadas al beneficiario objeto de la subvención. Aquí tienen el texto.
Los que trabajamos habitualmente con este tipo de instrumentos sabemos cuan rígidos y formalistas son los procedimientos de concesión y de justificación. Por eso mismo mi opinión personal es que hubo muchas personas, y no me refiero solo a los cargos políticos, que miraron para otro lado.
Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1980-1985). Accedió al Cuerpo de Abogados del Estado en el año 1988
En la Administración pública ha ostentando cargos tales como Abogado del Estado-Jefe de la Secretaría de Estado de Hacienda; Subdirectora General de Asuntos Consultivos y Contenciosos del Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria; Abogada del Estado-Secretaria del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid; Abogada del Estado-Jefe Servicio Jurídico de la Rioja; Letrada en la Dirección General Registros y Notariado; Abogada del Estado ante el TSJ de Madrid; Abogada del Estado en la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado del Ministerio de Justicia
En la actualidad compatibiliza su trabajo en los Juzgados de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional con otras labores profesionales.
En el sector público, ha ostentado muchos años el puesto de Secretaria General de una entidad pública empresarial.
En su dedicación al sector privado es socia fundadora de la empresa de consultoría Iclaves y responsable del área jurídica de esta empresa.
Destaca también su experiencia como Secretaria del Consejo de administración de varias empresas privadas y públicas, Secretaria del Consejo de Eurochina Investment,
de la de la SCR Invergestión de Situaciones Especiales, y de la SCR Renovalia de Energía; ha sido también Consejera de la sociedad estatal Seyasa y Secretaria de la Comisión de Auditoria Interna; Secretaria del Consejo de la sociedad estatal SAECA.
En el área docente ha colaborado en centro como ICADE; la Universidad Complutense de Madrid; la Universidad San Pablo-CEU o el Instituto de Estudios Fiscales. Ha publicado numerosas colaboraciones en revistas especializadas, de pensamiento y artículos periodísticos.
Es coeditora del blog ¿Hay derecho? y del libro del mismo nombre editado por Península junto con otros coautores bajo el pseudónimo colectivo “Sansón Carrasco” y Secretaria General de la Fundación ¿Hay Derecho?
Una vez más han fallado los instrumentos de control, pero no sólo eso y yo creo que Elisa pone el dedo en la llaga, apuntando hacia lo que es casi un mal endémico, ya no en la administración, sino en un ámbito que la trasciende.
Aunque mi opinión no tiene la autoridad que inviste la experiencia en primera persona, tengo muchos amigos que son altos funcionarios por oposición y nunca dejan de sorprenderme las presiones, manipulaciones e irregularidades que pueden llegar a relatarme (¡¡y puedo imaginar las que se callan!!). Desde fuera te da la sensación de que tendrían que estar continuamente denunciando. Ellos mismos son conscientes de que así no puede ni vivir ni trabajar alguien honrado y al final sólo aspiran a un puesto tranquilo, aunque no tenga proyección alguna (pero sin tener que “oler podedumbre”) o a buscar un puesto en la privada. Si al final, también se terminan marchando (o eclipsando) de la Administración los más brillantes y los más honrados, “apaga y vámonos” (sé que toda generalización es injusta, pero es algo que sucede con frecuencia, ¿no os parece?). Felicidades Elisa, ya esperaba con ganas tu entrega.
1)Muchas veces no funcionan los controles internos porque los políticos se cuidan de designar jefe del servicio o departamento que les ha de controlar a alguien de su confianza. Las libres designaciones hechas de entre los funcionarios de carrera están tan extendidas que, sobre todo en las CCAA y Aytos, convierten todo en una pantomima.Si al político o a su escudero no le gusta tu informe, intentan que lo cambies. Si te ven remiso a firmar ese informe edulcorado, a veces se termina el trato con un: vale, yo te pongo lo que quieras en el informe, pero que lo firme otro. Y se busca a otro que lo firme. Al constar ya el informe, firmado por un funcionario, se ha cumplido con la exigencia formal de un control. Otra cosa es que el contenido material del acto de control no sea tal…. Hay un número grandísimo de funcionarios rectos, no bizcochables, pero están sumidos en el escepticimo, cumplen con su trabajo de manera rutinaria (yo no he venido a arreglar el mundo, siempre ha habido y habrá corrupción, yo solo quiero cobrar mi sueldo y no meterme en líos…). Y a ellos no se les puede pedir que sean héroes. A lo que hay que aspirar es a que el sistema funcione con normalidad, y para eso el sistema de provisión de puestos, y las garantías del funcionario, y la conciencia de neutralidad de su trabajo deben ser reforzadas……………. Por otra parte, desde el punto de vista político, me gustaría decir que esto no es nuevo. A los políticos no les gusta colaborar con la justicia cuando el trabajo de ésta les va a ser perjudicial. Todavía recuerdo un Auto de la Sala 2ª (enero 1995) en el que el PP, entonces en la oposición consiguió que se se dijera que LA Ley de Secretos Oficiales no ampara el encubrimiento o no revelación de delitos o hechos ilíctos…. Tan felices estaban los del PP con ese logro… Y también decían que había que desclasificar los papeles del CESID porque la razón de estado no justifica, bla, bla, bla… Fue llegar Aznar al poder y decidió NO desclasificar los papeles del Cesid porque afectaban a la seguridad del Estado. Y quizá tuviera razón, pero lo que no se puede es decir permanentemente una cosa y la contaria según convenga (recuerden que Rato, como miembro de la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, en 1995, al salir de la reunión donde se mostraron esos papeles, dijo que NO afectaban nada a la seguridad del Estado). Lo mismo pasó cuando un juez de instrucción de la Aundiencia Nacional, Sr. Liaño, pidió la declaración de los diputados integrantes de la Comis. de Secretos oficiales. Trillo, que se pasaba todo el día diciendo que ni la Ley de Secretos ni la razón de estado amparaba la ocultación de delitos, cambió el discurso con ese retórica vacía a la que tan acostumbrados nos tiene, y dijo que los diputados no podían revelar secretos… Nada nuevo bajo el sol. Con la justicia los políticos solo colaboran cuando no tienen escapatoria. Resignadamente…
Por lo que cuenta Elisa, y lo que comenta JJ, por eso, es tan necesaria, tan imprescindible, una Justicia independiente, eficaz y que actúe como el tercer poder que debe ser. En Andalucía, y en otras partes, lo que da la impresión es que hay una corrupción general del sistema de control, porque no pasa nada, y el dinero público, como dijo una ministra, “no es de nadie”. Si los que manejan el dinero público no tienen suficiente vergüenza, léase ética, lo que tienen que tener es miedo a que la justicia les envíe a la cárcel. A uno o a 100. Ciertamente que como se dice en el post, el ámbito penal ha de ser la última ratio, pero cuando funciona, como parece ser éste el caso, producr efectos muy saludables. Y no estoy ensalzando a la juez a la categoría de superjuez; simplemente está cumpliendo su deber, consciente de su responsabilidad y de sus atribuciones para ejercerla.
Elisa, quiero precisar mis palabras porque creo que pensamos casi lo mismo. Y es un tema que me parece importante, incluso para un post… En “Ocho minutos de arco..” R.Tena cita un pasaje del libro de Ihering sobre un ciudadano que interrumpe unas vacaciones y lucha por sus derechos sin cuartel. Ese mismo pasaje lo he visto citado más veces, entre otros en un libro de A.Pau, resaltando la belleza lírica de esa actitud ¿?… Ahora bien, la justicia, la legalidad de la actuación de la administración, no recae -no debería recaer, mejor dicho- en primer lugar sobre el ciudadano, que recurre una resolución injusta. Si me apuran, tampoco sobre el funcionario que se tiene que enfrentar a sus jefes,y superar mil presiones, para poder imponer el respeto a la ley. NADIE HABLA DEL CUMPLIMIENTO ESPONTÁNEO DE LA LEY. Y éste es para mí el punto de la discusión. Lo primero es que los políticos cumplan la ley espontáneamente y que dejen trabajar a los funcionarios sin interferencias extrañas, para que éstos puedan cumplir también espontáneamente la ley…. Yo prefiero que la Ad. dicte una resolución justa a una injusta que me obligue a perder el tiempo y recurrir, aunque 3 años después consiga que me den la razón en un juzgado (3 años perdidos, aunque a toro pasado pueda contarle a mis amigos que luché como un jabato, influido por el libro de Ihering). Yo aspiro a que si un registrador me cobra 5 veces lo que debe, el CORPME al resolver el recurso no se salte tb la ley para tapar a su compañero, sino que la cumpla y sancione al registrador infractor, limpiando la manzana podrida. Prefiero eso a las músicas celestiales de los líricos que nos animan a luchar por el derecho: oiga, luche usted primero, que quien más obligado por el derecho está es el registrador infractor, o el CORPME, que en ese caso no ha tenido recato en saltarse la ley… Yo aspiro a que el Direc.Gral, o el Pte de la CCAA, cuando se lee el informe del funcionario, no le diga que lo cambie porque no le conviene, sino al revés: aspiro a que diga: mire, sr. funcionario, pensaba hacer esta cosa X, pero como veo que no es legal, voy a actuar en consencuencia y voy a someterme a los criterios técnicos de su informe… Yo aspiro a que si un juez de instrucción pide unos papeles, la Administración se los facilite inmediata, natural y espontáneamente… y que la juez que los pide siga siendo anónima porque esos hechos sean tan normales que la prensa no vea interés alguno en publicarlos… Y aspiro a que el ciudadano del libro de Ihering no se gaste 3 millones de ptas. en abogados y pierda 5 años de tiempo para recuperar lo que le habían estafado, que era mucho menos que lo que le costaron los abogados (aquí, la belleza enternecedora del libro de Ihering no la veo por ninguna parte)… Por último quiero decir que a los funcionarios se les suele dejar hacer su trabajo (en los Aytos y CCAA) sin problemas en los expedientes en los que los políticos no tienen ningún interés. El problema, la presión, y el lío se condensa en aquellos otros en los que el político de turno sí tiene interés.
Fernando yo no creo que sea posible ni deseable que los jueces sustituyan a los órganos de control administrativo salvo en casos extremos. Para ese viaje podríamos suprimir la intervención, la asesoría jurídica, los informes técnicos, el tribual de cuentas y no se que mas… eso si crear muchos mas juzgados porque no iban a dar abasto.no se trata tanto de judicializar aun mas la gestión publica sino de juridificar la gestión publica, vamos, que se gestione respetando el ordenamiento jurídico y que si no es así se responda de las consecuencias. En especial responder económicamente me parece esencial. En cuanto a los a ltos funcionarios desmotivados, impotentes, aparcados…que queréis que os diga. Me creo a medias lo de que hay que ser un héroe en la administración para decir que no Y desde luego no me lo creo nada en el caso de colectivos como los interventores o los letrados. Otra cosa es que no sea cómodo pero ¿cuando lo ha sido..? Y creo que el desistimiento de los buenos es lo que permite el triunfo de los malos, creo que lo decía Camus de forma mucho mas bonita a ver si encuentro la cita.
No puedo entender que se hable del “heroismo” de los funcionarios, y de que no se les puede pedir que “resistan las presiones” de los políticos y se comporten como “héroes”. Si recapitulamos, tal y como hace Elisa en su artículo, hay organismos en las administraciones específicamente dedicados al control: interventores, asesorías jurídicas, ….
Si estos organismos no cumplen su labor, si los funcionarios que trabajan en esas funciones no cumplen su cometido porque les atemorizan los políticos ¿para qué sirven? Uno de los privilegios de ser funcionario es que no te pueden despedir. Eso debería darte “valor” para hacer tu trabajo correctamente. Creo que demasiados comentarios están llenos de buenos sentimientos, de buenismo, de corrección política y de comprensión. Bajo mi punto de vista, si un interventor no hace bien su trabajo, debería suprimirse esa función.
Si los únicos que pueden parar la corrupción son los jueces, suprimamos los organismos de control, que parece que no sirven para nada, y podremos invertir ese dinero en jueces que puedan poner coto a esos desmanes.
Justificar a un funcionario que no hace su trabajo creo que ya no sirve. En mi opinión, o son cómplices y participan en la corrupción, o son colaboradores y no merecen el sueldo que cobran. Deberíamos dejar ya tanta “corrección política”. Los políticos son culpables, sin duda, pero los que trabajan en los organismos de control de las administraciones y miran para otro lado también lo son. Sin duda. Sin excusas.
Enhorabuena por el artículo.
Elisa tiene parte de razón, pero claro, no es lo mismo la AGE, que está mucho más profesionalizada, con muchos más años de recorrido y funcionarios mejor formados, que el guirigay municipal y autonómico. Aunque conozco funcionarios ejemplares, dignísimos en Aytos y CCAA, en líneas generales mantengo lo dicho. Y aunque no sea el mismo caso, de vez en cuando también se cepillan a gente en la AGE. Recuerdo que el abogado del estado jefe en el TS, cuando el caso GAL y FILESA, fue cesado porque no quiso variar su criterio y acomodarlo al del Gobierno (en vez de que la Ad. se deje asesorar por el funcionario, es el gobierno el que orienta cómo deben ser las cosas, y si no te tragas el sapo, relevo). Un ole por D. Agustín Puente Prieto, si las cosas son como se cuentan en este
art…………..
Totalmente de acuerdo con JJ. Pero al cumplimiento espontáneo del Derecho, que es cosa de todos, añado una cosa más, y esta sí que deriva de mi experiencia: si al político o gestor público ligero de casos la mayoría de sus técnicos le dice que no, el problema es mucho menor. Es decir, es importante que no encuentre un técnico dispuesto a cambiar el informe. Porque de repente se da cuenta de que lo que quiere hacer no se puede ni se debe de hacer. Pero cuando entre los funcionarios empieza a cundir el desánimo, el cinismo,, la comodidad, o simplemente alguien descubre que diciendo a todo que sí se llega antes y más rápido a ciertos puestos todo se desmorona mucho más rápido. Incluso en la AGE ocurre esto, aunque en menor medida efectivamente por la mayor profesionalización y peso de los cuerpos tradicionales de la Administración. Pero por ejemplo es más frecuente en organismos y entes públicos. En ese sentido he tenido una experiencia personal y profesional muy directa de esto que intento ilustrar en el post.
Estoy con Elisa, creo que la instancia judicial tiene que ser la última y a ella deben llegar situaciones que no hayan sido previamente filtradas por otros cuerpos controladores. Eso sí, como dice Fernando, es importante que esta última instancia sea suficientemente disuasoria, y para ello; independiente y eficaz.
Me gusta leer este blog porque analiza desde perspectivas muy de sentido común situaciones de actualidad que, por haber tantas, para mi pasarían sin pena ni gloria. En general me siento indignada con tanta dejadez y cara dura. Me da la sensación de que la política no focaliza bien los problemas reales, que las cosas salen a los medios y a la opinión pública cuando conviene y menos mal que salen en algún momento!!!
1)Muchas veces no funcionan los controles internos porque los políticos se cuidan de designar jefe del servicio o departamento que les ha de controlar a alguien de su confianza. Las libres designaciones hechas de entre los funcionarios de carrera están tan extendidas que, sobre todo en las CCAA y Aytos, convierten todo en una pantomima.Si al político o a su escudero no le gusta tu informe, intentan que lo cambies. Si te ven remiso a firmar ese informe edulcorado, a veces se termina el trato con un: vale, yo te pongo lo que quieras en el informe, pero que lo firme otro. Y se busca a otro que lo firme. Al constar ya el informe, firmado por un funcionario, se ha cumplido con la exigencia formal de un control. Otra cosa es que el contenido material del acto de control no sea tal…. Hay un número grandísimo de funcionarios rectos, no bizcochables, pero están sumidos en el escepticimo, cumplen con su trabajo de manera rutinaria (yo no he venido a arreglar el mundo, siempre ha habido y habrá corrupción, yo solo quiero cobrar mi sueldo y no meterme en líos…). Y a ellos no se les puede pedir que sean héroes. A lo que hay que aspirar es a que el sistema funcione con normalidad, y para eso el sistema de provisión de puestos, y las garantías del funcionario, y la conciencia de neutralidad de su trabajo deben ser reforzadas……………. Por otra parte, desde el punto de vista político, me gustaría decir que esto no es nuevo. A los políticos no les gusta colaborar con la justicia cuando el trabajo de ésta les va a ser perjudicial. Todavía recuerdo un Auto de la Sala 2ª (enero 1995) en el que el PP, entonces en la oposición consiguió que se se dijera que LA Ley de Secretos Oficiales no ampara el encubrimiento o no revelación de delitos o hechos ilíctos…. Tan felices estaban los del PP con ese logro… Y también decían que había que desclasificar los papeles del CESID porque la razón de estado no justifica, bla, bla, bla… Fue llegar Aznar al poder y decidió NO desclasificar los papeles del Cesid porque afectaban a la seguridad del Estado. Y quizá tuviera razón, pero lo que no se puede es decir permanentemente una cosa y la contaria según convenga (recuerden que Rato, como miembro de la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, en 1995, al salir de la reunión donde se mostraron esos papeles, dijo que NO afectaban nada a la seguridad del Estado). Lo mismo pasó cuando un juez de instrucción de la Aundiencia Nacional, Sr. Liaño, pidió la declaración de los diputados integrantes de la Comis. de Secretos oficiales. Trillo, que se pasaba todo el día diciendo que ni la Ley de Secretos ni la razón de estado amparaba la ocultación de delitos, cambió el discurso con ese retórica vacía a la que tan acostumbrados nos tiene, y dijo que los diputados no podían revelar secretos… Nada nuevo bajo el sol. Con la justicia los políticos solo colaboran cuando no tienen escapatoria. Resignadamente…
Por lo que cuenta Elisa, y lo que comenta JJ, por eso, es tan necesaria, tan imprescindible, una Justicia independiente, eficaz y que actúe como el tercer poder que debe ser. En Andalucía, y en otras partes, lo que da la impresión es que hay una corrupción general del sistema de control, porque no pasa nada, y el dinero público, como dijo una ministra, “no es de nadie”. Si los que manejan el dinero público no tienen suficiente vergüenza, léase ética, lo que tienen que tener es miedo a que la justicia les envíe a la cárcel. A uno o a 100. Ciertamente que como se dice en el post, el ámbito penal ha de ser la última ratio, pero cuando funciona, como parece ser éste el caso, producr efectos muy saludables. Y no estoy ensalzando a la juez a la categoría de superjuez; simplemente está cumpliendo su deber, consciente de su responsabilidad y de sus atribuciones para ejercerla.
Fernando yo no creo que sea posible ni deseable que los jueces sustituyan a los órganos de control administrativo salvo en casos extremos. Para ese viaje podríamos suprimir la intervención, la asesoría jurídica, los informes técnicos, el tribual de cuentas y no se que mas… eso si crear muchos mas juzgados porque no iban a dar abasto.no se trata tanto de judicializar aun mas la gestión publica sino de juridificar la gestión publica, vamos, que se gestione respetando el ordenamiento jurídico y que si no es así se responda de las consecuencias. En especial responder económicamente me parece esencial. En cuanto a los a ltos funcionarios desmotivados, impotentes, aparcados…que queréis que os diga. Me creo a medias lo de que hay que ser un héroe en la administración para decir que no Y desde luego no me lo creo nada en el caso de colectivos como los interventores o los letrados. Otra cosa es que no sea cómodo pero ¿cuando lo ha sido..? Y creo que el desistimiento de los buenos es lo que permite el triunfo de los malos, creo que lo decía Camus de forma mucho mas bonita a ver si encuentro la cita.
Elisa tiene parte de razón, pero claro, no es lo mismo la AGE, que está mucho más profesionalizada, con muchos más años de recorrido y funcionarios mejor formados, que el guirigay municipal y autonómico. Aunque conozco funcionarios ejemplares, dignísimos en Aytos y CCAA, en líneas generales mantengo lo dicho. Y aunque no sea el mismo caso, de vez en cuando también se cepillan a gente en la AGE. Recuerdo que el abogado del estado jefe en el TS, cuando el caso GAL y FILESA, fue cesado porque no quiso variar su criterio y acomodarlo al del Gobierno (en vez de que la Ad. se deje asesorar por el funcionario, es el gobierno el que orienta cómo deben ser las cosas, y si no te tragas el sapo, relevo). Un ole por D. Agustín Puente Prieto, si las cosas son como se cuentan en este
art…………..
Estoy con Elisa, creo que la instancia judicial tiene que ser la última y a ella deben llegar situaciones que no hayan sido previamente filtradas por otros cuerpos controladores. Eso sí, como dice Fernando, es importante que esta última instancia sea suficientemente disuasoria, y para ello; independiente y eficaz.
Me gusta leer este blog porque analiza desde perspectivas muy de sentido común situaciones de actualidad que, por haber tantas, para mi pasarían sin pena ni gloria. En general me siento indignada con tanta dejadez y cara dura. Me da la sensación de que la política no focaliza bien los problemas reales, que las cosas salen a los medios y a la opinión pública cuando conviene y menos mal que salen en algún momento!!!
Nuestros representantes, en general, han sustituido la ética por la responsabilidad política malentendida: una conducta es admisible si se refrenda por una mayoría en las siguientes elecciones, prescindiendo de consideraciones morales; así nos va. Ante ese panorama, ¿qué margen de maniobra tiene un funcionario? ¿Acudir él directamente al juzgado, a los medios, a la oposición en el ayuntamiento de turno? No puede ser que la supervisión de las actividades de la administración quede al final en manos de la valentía puntual de este o aquel funcionario, y si eso es lo que sucede en la realidad, verdaderamente el sistema que nos hemos dado es defectuoso.
Elisa, quiero precisar mis palabras porque creo que pensamos casi lo mismo. Y es un tema que me parece importante, incluso para un post… En “Ocho minutos de arco..” R.Tena cita un pasaje del libro de Ihering sobre un ciudadano que interrumpe unas vacaciones y lucha por sus derechos sin cuartel. Ese mismo pasaje lo he visto citado más veces, entre otros en un libro de A.Pau, resaltando la belleza lírica de esa actitud ¿?… Ahora bien, la justicia, la legalidad de la actuación de la administración, no recae -no debería recaer, mejor dicho- en primer lugar sobre el ciudadano, que recurre una resolución injusta. Si me apuran, tampoco sobre el funcionario que se tiene que enfrentar a sus jefes,y superar mil presiones, para poder imponer el respeto a la ley. NADIE HABLA DEL CUMPLIMIENTO ESPONTÁNEO DE LA LEY. Y éste es para mí el punto de la discusión. Lo primero es que los políticos cumplan la ley espontáneamente y que dejen trabajar a los funcionarios sin interferencias extrañas, para que éstos puedan cumplir también espontáneamente la ley…. Yo prefiero que la Ad. dicte una resolución justa a una injusta que me obligue a perder el tiempo y recurrir, aunque 3 años después consiga que me den la razón en un juzgado (3 años perdidos, aunque a toro pasado pueda contarle a mis amigos que luché como un jabato, influido por el libro de Ihering). Yo aspiro a que si un registrador me cobra 5 veces lo que debe, el CORPME al resolver el recurso no se salte tb la ley para tapar a su compañero, sino que la cumpla y sancione al registrador infractor, limpiando la manzana podrida. Prefiero eso a las músicas celestiales de los líricos que nos animan a luchar por el derecho: oiga, luche usted primero, que quien más obligado por el derecho está es el registrador infractor, o el CORPME, que en ese caso no ha tenido recato en saltarse la ley… Yo aspiro a que el Direc.Gral, o el Pte de la CCAA, cuando se lee el informe del funcionario, no le diga que lo cambie porque no le conviene, sino al revés: aspiro a que diga: mire, sr. funcionario, pensaba hacer esta cosa X, pero como veo que no es legal, voy a actuar en consencuencia y voy a someterme a los criterios técnicos de su informe… Yo aspiro a que si un juez de instrucción pide unos papeles, la Administración se los facilite inmediata, natural y espontáneamente… y que la juez que los pide siga siendo anónima porque esos hechos sean tan normales que la prensa no vea interés alguno en publicarlos… Y aspiro a que el ciudadano del libro de Ihering no se gaste 3 millones de ptas. en abogados y pierda 5 años de tiempo para recuperar lo que le habían estafado, que era mucho menos que lo que le costaron los abogados (aquí, la belleza enternecedora del libro de Ihering no la veo por ninguna parte)… Por último quiero decir que a los funcionarios se les suele dejar hacer su trabajo (en los Aytos y CCAA) sin problemas en los expedientes en los que los políticos no tienen ningún interés. El problema, la presión, y el lío se condensa en aquellos otros en los que el político de turno sí tiene interés.
No puedo entender que se hable del “heroismo” de los funcionarios, y de que no se les puede pedir que “resistan las presiones” de los políticos y se comporten como “héroes”. Si recapitulamos, tal y como hace Elisa en su artículo, hay organismos en las administraciones específicamente dedicados al control: interventores, asesorías jurídicas, ….
Si estos organismos no cumplen su labor, si los funcionarios que trabajan en esas funciones no cumplen su cometido porque les atemorizan los políticos ¿para qué sirven? Uno de los privilegios de ser funcionario es que no te pueden despedir. Eso debería darte “valor” para hacer tu trabajo correctamente. Creo que demasiados comentarios están llenos de buenos sentimientos, de buenismo, de corrección política y de comprensión. Bajo mi punto de vista, si un interventor no hace bien su trabajo, debería suprimirse esa función.
Si los únicos que pueden parar la corrupción son los jueces, suprimamos los organismos de control, que parece que no sirven para nada, y podremos invertir ese dinero en jueces que puedan poner coto a esos desmanes.
Justificar a un funcionario que no hace su trabajo creo que ya no sirve. En mi opinión, o son cómplices y participan en la corrupción, o son colaboradores y no merecen el sueldo que cobran. Deberíamos dejar ya tanta “corrección política”. Los políticos son culpables, sin duda, pero los que trabajan en los organismos de control de las administraciones y miran para otro lado también lo son. Sin duda. Sin excusas.
Enhorabuena por el artículo.
Totalmente de acuerdo con JJ. Pero al cumplimiento espontáneo del Derecho, que es cosa de todos, añado una cosa más, y esta sí que deriva de mi experiencia: si al político o gestor público ligero de casos la mayoría de sus técnicos le dice que no, el problema es mucho menor. Es decir, es importante que no encuentre un técnico dispuesto a cambiar el informe. Porque de repente se da cuenta de que lo que quiere hacer no se puede ni se debe de hacer. Pero cuando entre los funcionarios empieza a cundir el desánimo, el cinismo,, la comodidad, o simplemente alguien descubre que diciendo a todo que sí se llega antes y más rápido a ciertos puestos todo se desmorona mucho más rápido. Incluso en la AGE ocurre esto, aunque en menor medida efectivamente por la mayor profesionalización y peso de los cuerpos tradicionales de la Administración. Pero por ejemplo es más frecuente en organismos y entes públicos. En ese sentido he tenido una experiencia personal y profesional muy directa de esto que intento ilustrar en el post.
Una vez más han fallado los instrumentos de control, pero no sólo eso y yo creo que Elisa pone el dedo en la llaga, apuntando hacia lo que es casi un mal endémico, ya no en la administración, sino en un ámbito que la trasciende.
Aunque mi opinión no tiene la autoridad que inviste la experiencia en primera persona, tengo muchos amigos que son altos funcionarios por oposición y nunca dejan de sorprenderme las presiones, manipulaciones e irregularidades que pueden llegar a relatarme (¡¡y puedo imaginar las que se callan!!). Desde fuera te da la sensación de que tendrían que estar continuamente denunciando. Ellos mismos son conscientes de que así no puede ni vivir ni trabajar alguien honrado y al final sólo aspiran a un puesto tranquilo, aunque no tenga proyección alguna (pero sin tener que “oler podedumbre”) o a buscar un puesto en la privada. Si al final, también se terminan marchando (o eclipsando) de la Administración los más brillantes y los más honrados, “apaga y vámonos” (sé que toda generalización es injusta, pero es algo que sucede con frecuencia, ¿no os parece?). Felicidades Elisa, ya esperaba con ganas tu entrega.
Nuestros representantes, en general, han sustituido la ética por la responsabilidad política malentendida: una conducta es admisible si se refrenda por una mayoría en las siguientes elecciones, prescindiendo de consideraciones morales; así nos va. Ante ese panorama, ¿qué margen de maniobra tiene un funcionario? ¿Acudir él directamente al juzgado, a los medios, a la oposición en el ayuntamiento de turno? No puede ser que la supervisión de las actividades de la administración quede al final en manos de la valentía puntual de este o aquel funcionario, y si eso es lo que sucede en la realidad, verdaderamente el sistema que nos hemos dado es defectuoso.
Totalmente de acuerdo con Elisa. Desgraciadamente, el respeto y la autoritas que tiene el funcionario normal, de un Ayto o una CCAA, no es el del cuerpo al que tú perteneces. En el Ayto de Madrid, por ejemplo, el cuerpo de letrados ha empezado a tener funciones consultivas en las Áreas. Pero todavía no se les respeta casi nada, se mandan pocos efectivos que no dan a basto a estudiarse bien las cosas, se evita consultarles en algunos temas no sea que te digan lo que no quieres oir… La inercia de lo anterior dista mucho del respeto que se tiene al dictamen de un abogado del Estado, o de un letrado del Consejo de Estado… Por otra parte, hay puestos específicamente reservados a Ab.Estado, pero en los ayuntamientos la mayoría de los puestos son de adscripción indistinta, y de libre designación. Esas son las armas que usa el político para que los funcionarios no le planten cara, todos a una. Con la dialéctica del palo y la zanahoria, tiene a muchos a su merced. Y por ese resquicio se escapa muchas veces (no siempre) la función de control. No me extiendo más, que este tema sería larguísimo.
Estoy de acuerdo en lo que dice JJ en relación al ejemplo de Ihering, y gracias por la cita. Como comentaba en ese ensayo, se notaba no sólo que el caballero inglés era inglés, sino que estaba de vacaciones. Es decir, había sido educado como un caballero, y eso es sin duda importante, pero no vivía en Nápoles ni en Palermo. Porque si hubiese vivido allí, al final hubiera tenido que optar entre dejarse estafar y mirar a otro lado, o cogerse un barco y volverse a Plymouth. No es posible levantarse de la cama todos los días del año y ponerte a luchar por el Derecho, no al menos a costa de tu peculio y de tu integridad física. Aunque fuesemos todos gentlemen una sociedad así no puede funcionar.
Pero dicho esto, lo que a mí me parece es que en España nos asustamos todos un poco antes de lo razonable, y es de eso precisamente de lo que se aprovechan los que abusan. Bastaría aguantar hasta dos minutos antes de la heroicidad, y no dos semanas, para que muchas cosas no pasaran.
Probablemente todos los comentaristas tienen una parte de razón, en la medida en que cada uno escribe desde la perspectiva de cada uno es la de la Administración que mejor conoce, o simplemente, como parece ser la de Juan o Almudena, la del ciudadano que no conoce ni tiene porqué las interioridades de las organizaciones administrativas que comenta JJ. Pero creo que todos tenemos en común la idea de que no podemos descargar la “lucha por el Derecho” en unos pocos jueces que nos suplan a todos, porque equivale a un desistimiento general. Todos, funcionarios, empleados públicos, medios de comunicación, pero también los ciudadanos tenemos que “luchar por el Derecho”, cada uno en su parcela, y cuantos más seamos, más fácil y menos heroico será. O mejor aún, tenemos que dar por supuesto que el Derecho está ahí para cumplirse, y hacerselo ver a nuestros políticos, cada uno desde su papel.Si uno lo piensa detenidamente decir que en una democracia supuestamente consolidada pretender que las normas se cumplan es sinónimo de heroicidad suena a chiste.
Lo de que no hay que ser un HEROE en la Adm. para decir que no fueron palabras que empleó Elisa, no yo, y yo no he refutado a Elisa en eso, al revés… Cuando serví en la Ad. no consentí nunca que me alteraran un informe y no me sentí nunca un héroe. Pero me terminé yendo porque vi demsasiadas cosas que no me gustaban… El peso específico que tiene un Ab.Estado para hacerese respetar queda muy lejos de lo que pasa en la Ad. Local o Autonomica. No hay conciencia de “cuerpo” al modo como la hay en la AGE, entre otras cosas porque sus temarios son la mitad o la 3ª parte. Por otra parte, no está tan regulada la adscripción de funciones a un cuerpo determinado, como pasa en la AGE, y eso permite que los funcionarios sean intercambiables. Si este no lo hace, o no lo quiere hacer, se lo pedimos a este otro, y eso es legal… No hay, salvo en los expedientes disciplinarios, un instructor nombrado con nombres y apellidos para tramitar el procedimiento. Por otra parte, en la Ad. Local y Autonómica, hay muchos funcionarios interinos, más manejables que uno de carrera, porque su capacidad de resistencia es menor ya que Sí los pueden echar… Y finalmente, esa dialéctica de héroes y cobardes a que se refiere Juan no es así. Todo se produce en la práctica de una manera más difusa. Por ejemplo, si ven que tu estás haciendo un informe que no gusta al político, se puede aprovechar que te coges unas vacaciones, o que estás liado con otro expediente, y decir: el Alcalde, o el Consejero, o el D.Gral ha pedido esto urgente, y como tú no estabas se lo hemos dado a Pepito para que haga el informe… Y Pepito hace el informe edulcorado que conviene al político. Y estas cosas pasan con mucha frecuencia… Juan tiene razón, pero todo es más sutil. Los políticos que actúan mal buscan caminos oblicuos (no la orden directa para que pongas en el informe tal cosa), y esa manera indirecta, sinuosa, de proceder muchas veces impide que el funcionario riguroso pueda llevarse el gato al agua… Yo hago una descripción de lo que pasa, no una prescripción de lo que debería pasar… A mí no me parece bien, pero no es tan sencillo arreglar, en la práctica, estas cosas. El papel lo aguanta todo…. En cuanto a los órganos de control autonómico, podríamos hablar tb., pero hace casi 20 años David Blanquer escribió un libro sobre los “Consejos de Estado” auntonómicos y en el explicaba que aunque formalmente estuvieran llamados a cumplir funciones similares a las del Consejo de Estado, no las cumplirían igual porque carecían de los requisitos de objetividad e independencia funcional que tiene el Consejo de Estado. Y ello por el modo como se nombran los consejeros, por las garantías de estos en el ejercicio de su cargo, y por el modod como se nombran los funcionarios….. Por último me gustaría decir que la Adm, como una empresa, se rige por el prpincipio jerarquico. El Gobierno DIRIGE (art. 97CE) “la Ad. civil”. El Alcalde DIRIGE la Ad. Municipal (art. 21 LBRL)… Los funcionarios tienen su cuota parte de responsabilidad, pero los que DIRIGEN tienen una mayor responsabilidad en el correcto funcionamiento de los servicios públicos. Y nosotros en votar a políticos que DIRIJAN con respeto a la ley…
Totalmente de acuerdo con Elisa. Desgraciadamente, el respeto y la autoritas que tiene el funcionario normal, de un Ayto o una CCAA, no es el del cuerpo al que tú perteneces. En el Ayto de Madrid, por ejemplo, el cuerpo de letrados ha empezado a tener funciones consultivas en las Áreas. Pero todavía no se les respeta casi nada, se mandan pocos efectivos que no dan a basto a estudiarse bien las cosas, se evita consultarles en algunos temas no sea que te digan lo que no quieres oir… La inercia de lo anterior dista mucho del respeto que se tiene al dictamen de un abogado del Estado, o de un letrado del Consejo de Estado… Por otra parte, hay puestos específicamente reservados a Ab.Estado, pero en los ayuntamientos la mayoría de los puestos son de adscripción indistinta, y de libre designación. Esas son las armas que usa el político para que los funcionarios no le planten cara, todos a una. Con la dialéctica del palo y la zanahoria, tiene a muchos a su merced. Y por ese resquicio se escapa muchas veces (no siempre) la función de control. No me extiendo más, que este tema sería larguísimo.
Estoy de acuerdo en lo que dice JJ en relación al ejemplo de Ihering, y gracias por la cita. Como comentaba en ese ensayo, se notaba no sólo que el caballero inglés era inglés, sino que estaba de vacaciones. Es decir, había sido educado como un caballero, y eso es sin duda importante, pero no vivía en Nápoles ni en Palermo. Porque si hubiese vivido allí, al final hubiera tenido que optar entre dejarse estafar y mirar a otro lado, o cogerse un barco y volverse a Plymouth. No es posible levantarse de la cama todos los días del año y ponerte a luchar por el Derecho, no al menos a costa de tu peculio y de tu integridad física. Aunque fuesemos todos gentlemen una sociedad así no puede funcionar.
Pero dicho esto, lo que a mí me parece es que en España nos asustamos todos un poco antes de lo razonable, y es de eso precisamente de lo que se aprovechan los que abusan. Bastaría aguantar hasta dos minutos antes de la heroicidad, y no dos semanas, para que muchas cosas no pasaran.
Probablemente todos los comentaristas tienen una parte de razón, en la medida en que cada uno escribe desde la perspectiva de cada uno es la de la Administración que mejor conoce, o simplemente, como parece ser la de Juan o Almudena, la del ciudadano que no conoce ni tiene porqué las interioridades de las organizaciones administrativas que comenta JJ. Pero creo que todos tenemos en común la idea de que no podemos descargar la “lucha por el Derecho” en unos pocos jueces que nos suplan a todos, porque equivale a un desistimiento general. Todos, funcionarios, empleados públicos, medios de comunicación, pero también los ciudadanos tenemos que “luchar por el Derecho”, cada uno en su parcela, y cuantos más seamos, más fácil y menos heroico será. O mejor aún, tenemos que dar por supuesto que el Derecho está ahí para cumplirse, y hacerselo ver a nuestros políticos, cada uno desde su papel.Si uno lo piensa detenidamente decir que en una democracia supuestamente consolidada pretender que las normas se cumplan es sinónimo de heroicidad suena a chiste.
Lo de que no hay que ser un HEROE en la Adm. para decir que no fueron palabras que empleó Elisa, no yo, y yo no he refutado a Elisa en eso, al revés… Cuando serví en la Ad. no consentí nunca que me alteraran un informe y no me sentí nunca un héroe. Pero me terminé yendo porque vi demsasiadas cosas que no me gustaban… El peso específico que tiene un Ab.Estado para hacerese respetar queda muy lejos de lo que pasa en la Ad. Local o Autonomica. No hay conciencia de “cuerpo” al modo como la hay en la AGE, entre otras cosas porque sus temarios son la mitad o la 3ª parte. Por otra parte, no está tan regulada la adscripción de funciones a un cuerpo determinado, como pasa en la AGE, y eso permite que los funcionarios sean intercambiables. Si este no lo hace, o no lo quiere hacer, se lo pedimos a este otro, y eso es legal… No hay, salvo en los expedientes disciplinarios, un instructor nombrado con nombres y apellidos para tramitar el procedimiento. Por otra parte, en la Ad. Local y Autonómica, hay muchos funcionarios interinos, más manejables que uno de carrera, porque su capacidad de resistencia es menor ya que Sí los pueden echar… Y finalmente, esa dialéctica de héroes y cobardes a que se refiere Juan no es así. Todo se produce en la práctica de una manera más difusa. Por ejemplo, si ven que tu estás haciendo un informe que no gusta al político, se puede aprovechar que te coges unas vacaciones, o que estás liado con otro expediente, y decir: el Alcalde, o el Consejero, o el D.Gral ha pedido esto urgente, y como tú no estabas se lo hemos dado a Pepito para que haga el informe… Y Pepito hace el informe edulcorado que conviene al político. Y estas cosas pasan con mucha frecuencia… Juan tiene razón, pero todo es más sutil. Los políticos que actúan mal buscan caminos oblicuos (no la orden directa para que pongas en el informe tal cosa), y esa manera indirecta, sinuosa, de proceder muchas veces impide que el funcionario riguroso pueda llevarse el gato al agua… Yo hago una descripción de lo que pasa, no una prescripción de lo que debería pasar… A mí no me parece bien, pero no es tan sencillo arreglar, en la práctica, estas cosas. El papel lo aguanta todo…. En cuanto a los órganos de control autonómico, podríamos hablar tb., pero hace casi 20 años David Blanquer escribió un libro sobre los “Consejos de Estado” auntonómicos y en el explicaba que aunque formalmente estuvieran llamados a cumplir funciones similares a las del Consejo de Estado, no las cumplirían igual porque carecían de los requisitos de objetividad e independencia funcional que tiene el Consejo de Estado. Y ello por el modo como se nombran los consejeros, por las garantías de estos en el ejercicio de su cargo, y por el modod como se nombran los funcionarios….. Por último me gustaría decir que la Adm, como una empresa, se rige por el prpincipio jerarquico. El Gobierno DIRIGE (art. 97CE) “la Ad. civil”. El Alcalde DIRIGE la Ad. Municipal (art. 21 LBRL)… Los funcionarios tienen su cuota parte de responsabilidad, pero los que DIRIGEN tienen una mayor responsabilidad en el correcto funcionamiento de los servicios públicos. Y nosotros en votar a políticos que DIRIJAN con respeto a la ley…