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Todo es gratis. El caso Troitiño y mil más

4 mayo, 2011 | Por Autor: Rodrigo Tena Arregui en Administración de Justicia

Nuestros amigos del blog Nada es Gratis (NeG) sostienen que, en economía, todo tiene un coste, sepámoslo o no, y que pretender escapar a esa regla inexorable es inútil: por un lado u otro la dura realidad nos obligará a asumirlo. La triste situación económica de nuestro país es una prueba irrefutable. Bien, quizá eso pueda ser así para la economía, no lo niego, pero desde luego no para el Derecho, al menos en España. Aquí la regla es precisamente la contraria: “Todo es gratis”. Y tal es así, que propongo formalmente al resto de editores, y someto a la opinión de nuestros seguidores, el cambio de nombre de nuestro blog por el título de este post: TeG.|

En la judicatura (aunque no sólo ahí, como también veremos) este principio de que TeG se defiende a machamartillo. El caso “Troitiño” es simplemente el penúltimo de la lista. La sección tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional no sólo le liberó aplicando un criterio opuesto al aprobado un año antes por el pleno de esa misma Sala, no sólo se desdijo seis día después ordenando infructuosamente su busca y captura, sino que la orden de detención contenía fallos patentes, y cuando Francia pidió aclaraciones en cuanto a las condenas al terrorista, el tribunal le atribuyó sólo un delito de colaboración con banda armada, olvidando su condena por 22 asesinatos. ¿Estos magistrados van a sufrir alguna consecuencia por todo ello? Nos tememos que no, porque aquí… TeG.

Quizá puede alegarse que un error (bueno, varios) los puede cometer cualquiera. Pero no parece que cometer 500 suponga una excepción a la aplicación de este principio general del Derecho español. El pasado 16 de abril la sección competente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo anuló una sanción impuesta por el CGPJ a un juez de la Audiencia Nacional que acumulaba 500 sentencias sin dictar. La razón es que el CGPJ había excedido en un mes el plazo para la tramitación de ese expediente, fijado en seis meses. Tanto para el juez perezoso, como para los que tramitaron el expediente y se pasaron en un mes, como para el TS… TeG.

No es un caso aislado, el pasado diciembre esta misma sección anuló las seis sanciones impuestas que apartaban de la carrera judicial durante 12 años a un magistrado por haber participado en procedimientos judiciales que afectaban a una sociedad mercantil participada por su esposa. La sentencia se basó en que la sanción había sido notificada fuera de plazo. Los jueces que se quejan de que el CGPJ tramita demasiados expedientes y les somete a un régimen de terror pueden dormir tranquilos: en nuestro sistema jurídico es mucho más relevante el tiempo que se tarda en tramitar un expediente disciplinario que el de dictar una sentencia. Si en la última uno se pasa en décadas, que le vamos a hacer, no hay que preocuparse… ¡pero cuidado con pasarte algunas horas en el primero!

De todas maneras, según nos informa El Confidencial,la razón de tanta anulación no estriba realmente en un exceso de celo garantista, sino en un pulso entre ciertos magistrados del TS y el CGPJ como consecuencia del nombramiento por este último como presidente de la Sala Tercera de un sujeto poco recomendable… dado su conocido interés en hacer trabajar a todo el mundo. Yo sinceramente no me lo creo. Me resisto a pensar que tal cosa sea verdad, porque confío en la seriedad y honradez de nuestros magistrados (sin reserva de ningún tipo) pero lo cierto es que hay que reconocer que en un mundo donde TeG, esa honradez es, desgraciadamente, el único freno a situaciones tan surrealistas como la denunciada.

Pero incluso aunque el expediente disciplinario llegue a buen término y no sea anulado, tampoco hay que preocuparse mucho, porque, como ya se comentó en este mismo blog (ver),el CGPJ ha contratado con cargo a los presupuestos generales un seguro para hacer frente a las multas, fianzas y responsabilidades civiles de los jueces por un importe de 450.000 euros. Un seguro colectivo que cubra las multas y fianzas de los jueces es, lo pague quién lo pague (aunque, desde luego, más aún si lo paga el Estado) un mal negocio para los destinatarios finales del servicio, es decir, para los ciudadanos. Si la aseguradora paga la sanción, la imposición de multas no produce ningún efecto disuasorio en el comportamiento del juez. Del mismo modo, si paga la fianza, ésta pierde su efecto preventivo, pues sobre el patrimonio del juez no pende ninguna amenaza directa. Una vez más… TeG.

No debe extrañar, por tanto, la actuación de jueces estrella que por arte de birbiloque, y a modo de simple ejemplo, consiguen convertir humildes chanquetes en lustrosas ballenas blancas (ver), eso sí, llevándose por el camino el buen crédito, la seguridad y hasta la salud de los que pasaban por ahí, y sin que, una vez que la condición de chanquete ha sido finalmente constatada, tal actuación les suponga repercusión alguna. Sólo cuando el juez estrella ha tocado las narices a mucha gente, durante mucho tiempo, y por muchos motivos, es posible que alguien asuma el coste de ponerle freno (véase caso Garzón), pero no es la regla general, porque ésta, como hemos visto, es que… TeG. 

No obstante, no sería justo cargar demasiado las tintas con la judicatura. Si la he destacado es porque, de las profesiones jurídicas, es con mucho la más importante y la que más preocupación genera en los ciudadanos. Pero lo mismo ocurre en otras muchas, especialmente en las funcionariales. La Administración es, por supuesto, un ejemplo extraordinariamente revelador. La segmentación de funciones y la compartimentalización de responsabilidades se ha diseñado con tanto talento (no por nadie en particular, sino por la mano invisible que preside toda burocracia) que prácticamente es imposible identificar ninguna responsabilidad por cualquier desaguisado y menos aun sancionarla, como tuvimos ocasión de explicar Elisa de la Nuez y yo mismo en este artículo publicado en Claves de Razón Práctica (nº 185, septiembre 2008). También aquí rige el principio general TeG.

Por supuesto, no quiero dejar a salvo a notarios y registradores, no sea que me tachen de corporativista. En el caso de los registradores el sistema se sostiene exclusivamente, como antes he comentado para los jueces, por la honradez y categoría profesional de la mayoría de ellos, no porque exista ningún paliativo a la regla TeG. Más bien al contrario, ahora que la Dirección General de los Registros ha dejado prácticamente de existir en la práctica. Según reciente sentencia del TS, las resoluciones dictadas fuera de plazo (por cierto, todas las de los últimos años) son nulas, lo que genera al ciudadano una evidente situación de indefensión antes las calificaciones registrales, denunciada oportunamente por el último editorial de nuestra revista (aquí),

Curiosamente, el editorial ha causado un gran revuelo (véase en El Confidencial), pero no por lo que denuncia, sino por atreverse a hacerlo. En nuestro país (y no sólo en la prensa) priva más el morbo que proporciona el espectáculo de las luchas fraticidas que averiguar si hay realmente algún interés público en juego.

Por supuesto, los expedientes disciplinarios contra algunos registradores díscolos son sistemáticamente anulados por los tribunales por defectos de forma. Quizá influya el que son tramitados por registradores y que muchas veces se ventilan cuestiones corporativas. Pero, en cualquier caso, tanto para el registrador denunciado como para el registrador instructor… TeG.

Lo mismo pasa con algunos notarios, por supuesto. Los hay que se dedican al monocultivo de algún documento especialmente cómodo y rentable, y cuando se les pretende sancionar, los tribunales no encuentran ningún motivo aparente, “dada la ausencia de daños a terceros”. Para esos notarios no sólo TeG, sino que a veces también hay cosas que resultan muy rentables. Pero lo cierto es que para la profesión notarial sí hay algún límite más que el de la propia honradez: la disciplina que proporciona el mercado. Ahí ya empezamos a entrar en el reino de nuestro blog amigo. Por eso, pese a lo que muchos alegan (incluida alguna sentencia del TS) es preferible esta disciplina del frío y duro mercado a la absoluta independencia… tan absoluta, que TeG.

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12 Respuestas

  • ENNECERUS says:

    Felicidades, Rodrigo. Como diría aquel, “me quito el cráneo ante usted”. Se puede decir más alto pero no más claro. Si acaso matizar que por supuesto que tiene un coste todo esto que denuncias. El coste de una sociedad donde la seguridad jurídica, la división de poderes, el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y la responsabilidad de su actuación han sido cuidadosamente deconstruidos y convertidos en unas meras fórmulas huecas. Todo ello convenientemente trufado y machihembrado con la proliferación de “derechos” de todo tipo que no tienen otra consecuencia práctica que la lesión de los primigenios y auténticos derechos fundamentales y la socialización de una tremenda carga económica en la idea equivocada de que nadie se dará cuenta. Aparte de que donde no hay responsabilidad, hay corrupción. Con la única excepción de España donde, afortunadamente no hay ni jueces ni árbitros corruptos. Se demostró con claridad prístina en el caso del narco volador, cuya mujer visitaba frecuentemente al juez instructor vencida la tarde y tras ponerlo en libertad, desapareció. Iniciada una investigación aparecieron en su casa cantidades considerables de dinero en efectivo, del cual no se pudo dar razón suficiente de su origen, se exculpó al juez de toda responsabilidad y ni siquiera se inició una instrucción o expediente disciplinario.

  • Lorena Moreno says:

    Otro ejemplo de TeG, y no solo gratis…además ¡¡¡RENTABLE!!!. El tema de Aranceles. Sí, sí…aranceles, y tanto notariales como regístrales (para que luego nadie me salte con aquello de ¿y el/la notario/a o registrador/a qué?). Con respecto a los notarios/as tenemos el abuso de cobrar suplidos injustificados, excesos de caras y copias simples a tutiplé por ejemplo. Con respecto a los registradores/as tenemos como abuso el cobrar incumplimientos catastrales no necesarios, bonificaciones que no se aplican, y un sin fin de “aranceles”. Que a nadie le salga fuego por los ojos pero…si el notario/a cobra de más y se corre la voz…poquito va a firmar, para el caso del registrador/a…somos presos de distritos hipotecarios, quieras más o menos tiene que inscribir el documento un/a registrador/a en concreto, el/la que corresponda. ¿Por qué no elegir registrador/a?, ¿A estos funcionarios que cobran y cobran de más que les pasa?. Misteriosamente no le pasa nada a nadie. Con respecto a notarios monocultivo que comentas Rodrigo, tenemos al notario que se conoce como “Canceleitor” por ejemplo, y ahí lo dejo. (Con esto de los géneros escribiendo utilizo más las socorridas barritas que los/as notarios/as para decir cuantos poderes han visto o “visto”). ¡¡¡No solamente es gratis carecer a la práctica de responsabilidades, además es muy rentable económicamente!!!

  • Blanca Villanueva says:

    Rodrigo, qué gran entrada! Entonces: o los expedientes no se resuelven en plazo, o la resolución afirma que no hay actuación sancionable o en caso contrario, lo paga el seguro. Qué facil es así no asumir responsabilidades..! Creo que, como bien señalas en tu entrada, el gran problema es no atribuir a cada uno las consecuencias de sus actuaciones. Si lo sufriera el bolsillo del responsable otro gallo cantaría.

    Mientras siga siendo el Estado el que asume los pagos, nada cambiará.

  • robespierre says:

    Me parece que lo que denuncia tan acertadamente y con tanto valor D. Rodrigo Tena es uno de los mayores males de nuestro Estado de Derecho. La escandalosa y absoluta falta de responsabilidad de todos y cada uno de los que deberían tener a gala, por la importancia de sus funciones, ser responsables de sus actos, Empezamos por los jueces (el caso Trotiño es efectivamente un ejemplo terrorífico, por el cúmulo de errores y por lo sangrante del caso, pero como dice el título del post hay cientos, sino miles. Básicamente la responsabilidad de los jueces gracias entre otros al CGPJ y a que las sanciones se las revisan sus compañeros es inexistente aun en los casos más graves. Y peor todavía,si se consigue que alguna vez, por pura casualidad, responda alguno resulta que el seguro lo pagan los contribuyentes. Es genial. Enhorabuena por el post.

  • Francisco Javier García Vieira says:

    El problema de lo que tan acertadamente expone Rodrigo es que, al final, Nada es Gratis. Lo que pasa es que las facturan las pagan otros. De todas esas actuaciones reprochables pero impunes, el responsable no paga nada, y efectivamente para él todo es gratis. Sin embargo, alguien en algún lugar está pagando el coste. Sean los 500 justiciables que nunca obtuvieron el buscado auxilio judicial porque sus sentencias nunca se dictaron; sean las víctimas del criminal puesto en libertad y luego prófugo (las pasadas y, confiemos en que no, las futuras); sean los que confiaron en el registrador cuya resolución termino siendo anulada….. O sea una sociedad y una economía que tienen que soportar una prima de ineficiencia e inseguridad jurídicas que, al final, merman el crecimiento y reducen la riqueza y el empleo. Pero a la postre, siempre, siempre, paga alguien.

  • elisadelanuez says:

    Totalmente de acuerdo con la situación que denuncia Rodrigo, desgraciadamente muy generalizada entre los funcionarios de las AAPP, aunque probablemente el caso de los jueces, por la trascendencia de sus funciones para vidas y haciendas es el más grave con diferencia. Sencillamente el funcionario no responde prácticamente nunca, lo primero porque no se suele identificar un responsable claro (básicamente la culpa es del “sistema”) y porque si se identifica nadie le exige responsabilidades de ningún tipo. Dejando aparte el caso de los jueces, que merece un post aparte por las competencias que tiene el CGPJ en materia disciplinaria -y que tan poco celo ejerce por cierto como bien dice Robespierre- en el resto de los casos sencillamente no se suele ni intentar identificar al responsable ni mucho menos exigirle ningún tipo de responsabilidad, cosa que por cierto la legislación permite perfectamente. Efectivamente, las normas permiten, no se asombren, reclamar al funcionario el dinero que haya debido pagar la Administración por el error cometido por éste. Como bien dice Blanca, mientras los responsables no tengan que pagar por los errores que cometen (y me refiero a pagar dinero, no a otras sanciones más contundentes como la separación del servicio o la suspensión de funciones) o peor aún, mientras paguemos los contribuyentes los errores que otros cometen esto es jauja para ineptos, ausentes, despistados, caraduras, vagos y sinverguenzas de todo tipo y condición.
    Que cada lector decida en cual de estas categorías entran los srs.magistados del caso Trotiño o los protagonistas de cualquiera de los otros casos que menciona Rodrigo

  • Rodrigo Tena says:

    Muchas gracias por los comentarios. Realmente el problema de fondo es completamente general en nuestra sociedad: la defectuosa asignación y valoración de las correspondientes responsabilidades. La judicatura es un caso más y puede que mucho menos grave que la política y la banca, por ejemplo, gracias a que en ella todavía funciona el principio de dignidad profesional, ya casi desaparecido en las dos ultimas profesiones citadas. Lo preocupante es que un sistema que funciona sin más garantía real que la honradez y la propia estima tiende a la paulatina degeneración, como ya advirtió Spinoza, por cierto. Máxime si por un defecto de medios y de organización no es sencillo depurar responsabilidades o se hace de forma arbitraria. Cuando un juez serio y consciente ve que su juzgado es un caos y que pese a que él se parte la cara por sacarlo adelante le puede explotar cualquier asunto por motivos casi fuera de su control, tiende a la larga a ver el problema exactamente igual que aquel juez que desde el principio ha decidido darse a la buena vida: hay que poner los medios adecuados para eludir sanciones (económicas, disciplinarias, o de otro tipo). Si los juzgados funcionasen bien y dispusiesen de los medios adecuados los buenos jueces serían los primeros interesados en que existiese un fuerte régimen disciplinario y la promoción dependiese enteramente de méritos y castigos, pero como no es así…. terminamos en el corporativismo general.
    Francisco: tienes razón, Nada es Gratis, y por eso no vamos a cambiar el nombre de nuestro blog, por la misma razón que Todo es Gratis para los banqueros y NeG tampoco cambia su nombre.

  • Fernando R. Prieto says:

    Jueces y políticos parecen compartir un empeño en que nadie sea nunca responsable de nada. No sólo se cubren ellos y se aseguran la impunidad todo lo que pueden. Además, aprobando normas disciplinarias peor que laxas los legisladores, y con una aplicación además de las mismas que asegure siempre la impunidad los segundos, consiguen que la misma se extienda a otros ámbitos. Es el caso de las normas disciplinarias de Registradores y Notarios. Con las mismas, y con la forma en que son aplicadas, es difícil sancionar hasta al funcionario más sinvergüenza, lo que favorece que se pueda extender un cierto desprestigio por toda la función. ¿Será que no quieren quedarse solos en el desprestigio?
    Cualquier iniciativa disciplinaria colegial tiene, además una injusta sospecha de “corporativismo” acompañándola. En USA desde luego no tienen tantos problemas para expulsar a un abogado del Bar. Ni en otros muchos países. Cuando hace poco visitamos el Colegio de Escribanos de Buenos Aires, y nos dijeron que cada año expulsaban a algún escribano por actuaciones gravemente incorrectas, sentí auténtica envidia.

    Aquí, jueces y autoridades impiden a los Colegios cumplir con su obligación de velar por el prestigio y dignidad de la profesión.

  • jj says:

    ¿Cuántas veces, en los últimos 20 años, ha cumplido el CORPME con la obligación que le impone el art. 572.II RH? “La Junta de Gobierno del Colegio de Registradores está obligada a poner en conocimiento inmediato de la Dirección General (…) los hechos constitutivos de infracciones disciplinarias de que tuviere conocimiento y cuya sanción estime deba ser competencia de dicha Dirección”……..Me temo que ninguno! Desde luego me constan casos en que procedía aplicar dicho art. 572.II y no se ha hecho, sino que se ha preferido tapar al compañero… Y quien, obligado por una norma, deja de cumplirla, está vulnerando el OJ. Luego hay casos en los que el CORPME vulnera el OJ, aunque parezcan escrupulosos guardianes del cumplimiento de las normas. Pero claro, se guardan las normas que a uno les favorecen… La falta de respeto a las que no te favorecen se subsume en inexistentes problemas de interpretación, en la confusión normativa existente … Y no crean que esto se va a denunciar en arbo, donde parecen más papistas que el Papa… Noooooooo… Eso de dura lex, sed lex solo se aplica a los demás!!

  • justiciero says:

    Estoy leyendo con gran atención las intervenciones de Lorena Moreno, JJ y en menor medida de Rodrigo Tena y Elisa de la Nuez. De todas ellas saco una conclusión: Menos mal que está el Notariado español para salvarnos de las grandes injusticias del mundo. Según ellos, los jueces son unos prevaricadores, los banqueros unos ladrones, los políticos (excepto UPyD) unos sinvergüenzas, la floresta autonómica una selva, los americanos unos canallas y, por supuesto…los registradores la personificación del mal. Pero, estamos salvados, tenemos a los notarios, auténticos defensores de la libertad, la democracia, la verdad suprema, la honestidad personificada, decentes, limpios, aseados, guapos…no sé cuántos más adjetivos poner. No sé que sería del mundo sin los notarios españoles. Ánimo, seguid así.

  • jj says:

    Quiero pensar, sr. justiciero, que no pone usted en mi boca cosas que yo no he dicho. Ni defendiendo a los notarios, ni menos aún considerando que los jueces o registr. sean la personificación del mal. Mala práctica esa del totum revolutum. Pero puestos a ofender a los registradores, quien más fea y brutalmente se ha metido con ellos ha sido arbo (o sea el actual decano y sus ayudantes). ¡¡¡¡Las cosas que han dicho del ex decano Cepeda y de la junta por el presidida, representación democrática de todo el colectivo!!!! Y no en privado, como buenos hermanos, sino en público, con saña!!! Al lado de esas luchas fratricidas, las personas a quienes usted nos cita (como si estuviéramos en un mismo saco) somos hermanitas de la caridad. Pero, aterrice usted, con hechos: ¿cuántas veces se ha hecho uso del art.572.II RH y se ponen hechos consitutivos de infracciones en conocimiento de la DGRN para que se depuren infracciones disciplinarias? A que eso no me lo sabe responder??? Las infracciones que tramita la DGRN vienen por denuncias de terceros, no porque los propios registradores acostumbren a tomar la iniciativa, como les exige dicho art. 572.

  • Rodrigo Tena says:

    Bueno justiciero, pienso que ha disparado demasiado rápido y ha fallado el tiro. No creo que quepa imputarme ni a mí ni al resto de los comentaristas ninguna de las acusaciones que pone en nuestra boca. Como suele ser habitual en los justicieros demoniza falsamente a la víctima antes de descerrajarle un tiro. Mi opinión de los notarios es idéntica a la que tengo de los jueces, registradores, fiscales y políticos. La mayoría es gente seria, honesta y honrada que hacen su trabajo lo mejor que puede. Lo único que he intentado aclarar es que con eso no basta si no existe un régimen adecuado de asignación de responsabilidades por los errores o faltas cometidos, pues el respectivo sistema tiende entonces a degenerarse en perjuicio del usuario. Y muchas veces esa ausencia no es imputable en absoluto a esos funcionarios, pues ni los jueces tienen la culpa de que muchos juzgados sean un caos en el que las responsabilidades se asignen de forma aleatoria, ni los registradores de que el TS haya decidido interpretar el silencio de tal forma que anule a la DG (bueno, aunque lo cierto es que son ellos quienes han recurrido).



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