Excesos autonómicos: recetas para épocas de austeridad

Celebradas las elecciones del 22 de Mayo, y en medio de la tregua que otorga el período previo a la constitución de los nuevos gobiernos autonómicos y municipales, parece un buen momento para reflexionar sobre las difíciles decisiones que los nuevos gobiernos tendrán que adoptar para afrontar el recorte en el gasto público. En el post anterior comentamos la necesidad de introducir ratios de eficiencia y eficacia para poder adoptar decisiones encaminadas a introducir racionalidad en el gasto público en el complejo entramado administrativo español. El debate sobre la eficiencia y la eficacia puede concretarse valorando qué servicios son esenciales y cuáles  son prescindibles, o qué gastos son inevitables y cuáles son evitables.|

Todo el mundo estaría de acuerdo en situar la sanidad, la educación y los servicios sociales entre los servicios públicos esenciales. La identificación de los servicios prescindibles quizás no concite tanto consenso, pero en el intento por buscar un amplio acuerdo centraremos el análisis en aquellos órganos creados por las Comunidades Autónomas cuyo cometido replica órganos similares de la administración central, y cuyo sentido y existencia es difícil de justificar desde una perspectiva de eficiencia o racionalidad económica.

Iniciamos el análisis con las Autoridades Autonómicas de Defensa de la Competencia. La descentralización de la función que vela por la competencia en el mercado se inicia con la aprobación de la Ley 1/2002 de Coordinación de las competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de defensa de la competencia. Esta ley establece los asuntos de competencia que deben gestionarse a nivel nacional y a nivel autonómico, junto con un complejo sistema que para cada expediente decide si debe ser la autoridad nacional o la autonómica quien que se haga cargo de él. Dado que económicamente España pretende ser y comportarse como un mercado único, y dado que la mayor parte de las empresas tienden a competir bien a nivel nacional, bien a nivel muy local, la legislación de competencia autonómica es sin duda una aportación singular al desarrollo autonómico español. Transcurridos los años, son 12 las comunidades autónomas que cuentan con autoridad de defensa de la competencia: Cataluña, Andalucía, Galicia, País Vasco, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón, Extremadura, Valencia, Madrid, Canarias y Murcia. Los números de expedientes tramitados por estos organismos son en sí mismo reveladores: Andalucía gestionó 31 expedientes en el período 2008-2010, Castilla La Mancha 8, Madrid 38, el País Vasco 26 y la C. Valenciana 17. Menos de 10 expedientes al año de media. Aun cuando los presupuestos de estos órganos no sean elevados (alrededor de 8 millones de € en el 2010) sí podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la centralización de toda la función de defensa de la competencia en el órgano nacional sería mucho más eficiente. Sin duda queremos desde aquí alabar el sentido común expresado por el Principado de Asturias al apostar por suscribir un convenio con la CNC nacional (ver aquí) en lugar de crear un nuevo órgano autonómico. El contenido de la nota de prensa en que se anuncia el convenio no puede ser más esclarecedor: “La aplicación de la normativa de defensa de la competencia requiere un conocimiento especializado en la materia y la inversión de importantes recursos económicos y humanos, por lo que, por motivos de eficacia, eficiencia y ahorro para el erario público, tanto la Administración del Principado de Asturias y como la Comisión Nacional de la Competencia han considerado conveniente la concentración de dicha actividad en este último organismo.”. Difícil expresar mejor una valoración sobre la ineficiencia que supone en este caso la descentralización.

Abierto el fuego con las autoridades de competencia, las agencias autonómicas de protección de datos merecen también una mención especial. Este tema ya se abordó con enorme acierto por José María Pérez en este mismo blog, en este post, por lo que no nos extenderemos demasiado. Baste mencionar que la creación de estos órganos supone un ejercicio de malabarismo en la legislación autonómica aún más sorprendente puesto que su competencia se restringe tan solo a la protección de los datos personales contenidos en los ficheros de los que la administración autonómica sea responsable. Sin duda tampoco se trata de órganos que desborden actividad. No es necesaria mucha reflexión para concluir que se emplearían mejor los recursos si estas competencias las asumiera el organismo nacional y se suprimieran los organismos autonómicos.

La proliferación de órganos consultivos autonómicos no deja de sorprender. Muchas Comunidades Autónomas han creado órganos consultivos en diferentes sectores, que en muchos casos replican los existentes a nivel estatal. Merece la pena mencionar los casos del Comité Económico y Social, de los Consejos de Consumidores, y de los Consejos Consultivos.  Estos últimos merecen sin duda especial análisis. Tras la sentencia del Tribunal Constitucional 204/1992 todas las Comunidades, con excepción de Cantabria, han creado su propio consejo consultivo. Esta función consultiva autonómica tuvo un coste total de 30 millones € en el año 2006 (sin incluir el Consejo de Estado nacional). No estaría de más replantearse la relación coste – utilidad real que aportan estos Consejos.

El análisis de funciones autonómicas redundantes debería continuar con funciones tales como los defensores del pueblo autonómicos o los defensores del menor autonómicos. Sin poner en duda la importante labor que realizan estos órganos, cabe de nuevo preguntarse si no sería mucho más eficiente la centralización en los órganos nacionales que ya desempeñan esta labor.

Antes de concluir, no querría dejar de mencionar un caso particularmente complejo, como es la descentralización de la función de estadística. Sin duda el INE constituye un pilar básico de las instituciones democráticas en su labor de aportar datos fiables y solventes sobre los más diversos ámbitos de la actividad económica y social de nuestro país. Del rigor de este órgano depende en gran medida la credibilidad del propio país. Baste recordar la situación vivida por Grecia tras salir a la luz como su instituto de estadística falseaba los indicadores económicos. La creación de institutos autonómicos de estadísticas plantea no solo dudas sobre si la duplicidad en el ámbito de la estadística tiene sentido, sino también puede plantear problemas con la generación de información heterogénea por parte de los distintos órganos que no hará sino sembrar la desconfianza sobre el rigor de los datos.

Voy a detener aquí el análisis, aún cuando la lista de órganos enumerada dista mucho de ser exhaustiva. Las agencias de evaluación y calidad autonómicas, los consejos audiovisuales, las agencias financieras y los previstos consejos judiciales autonómicos, podrían entrar a engrosar esta ya larga lista de organismos redundantes difíciles de justificar.

Sigamos con las televisiones. Ante la multiplicidad de canales que nos ha deparado el apagón analógico y la irrupción de la nueva televisión digital (TDT), cada vez resulta más difícil entender cuál es el papel que juegan en este nuevo escenario audiovisual las televisiones autonómicas y su papel de servicio público, especialmente si tenemos en cuenta la pesada carga presupuestaria que suponen para las arcas autonómicas.

Y por último, dado que la  Constitución atribuye de forma explícita las relaciones internacionales como competencia exclusiva del estado, el fenómeno de la proliferación de embajadas, oficinas comerciales y oficinas de turismo autonómicas en el exterior no deja de sorprender. En el año 1999 el Gobierno vasco contaba con una única delegación en el exterior, diez años después, cuenta con una red de ocho embajadas. Cataluña ya tiene cuatro delegaciones en funcionamiento y previsiones de apertura de otras dos. A ello se unen las oficinas comerciales autonómicas y las oficinas de turismo. La pregunta que todos debemos realizarnos es si no sería más eficaz y razonable, en el supuesto de considerar necesaria una representación autonómica en el exterior, que ésta se integrara en la Embajada española. Lo mismo cabría preguntarse sobre las oficinas comerciales y oficinas de turismo, en su relación con el ICEX y Turespaña

Quisiera pensar que este post pueda haber dado alguna idea sobre como recortar el gasto autonómico en servicios prescindibles antes de abordar recortes en los servicios esenciales. Es posible que muchas personas consideren que el presupuesto de todos los gastos aquí mencionados no es demasiado elevado y su supresión no resolvería el enorme problema presupuestario al que se enfrentan las Comunidades Autónomas. No les falta razón, aunque la lista de gastos prescindibles es sin duda mucho más larga que la que ha reflejado este post. En cualquier caso una mera justificación de decencia ética debería empujar a abordar primero la supresión de organismos y gastos redundantes, ineficaces y prescindibles, antes de aplicar recortes en los servicios esenciales. Quién sabe si un primer paso introduciendo cierta racionalidad en el torbellino descentralizador que hemos vivido en los últimos años pueda permitir albergar cierta esperanza de aspirar a abordar debates más complejos sobre el panorama autonómico español. Ese es el ánimo que he pretendido plasmar en este post.

10 comentarios
  1. Ramon Marcos Allo
    Ramon Marcos Allo Dice:

    Racionalizar suprimiendo los gastos innecesarios como los que muestras sería un primer paso. Desde la política hay que dar ejemplo y no se puede pedir a los ciudadanos que aguanten sin más recorts en servicos esenciales o en sus salarios, si son funcioanrios o pensionistas, mientras se mantiene toda una parafernalia innecesaria para cumplir con los fines públicos esenciales que tienen encomendados. No es lógico que las comunidades autónomas pretendan convertirse en miniestados copiando la estructura del Estado. Llegando incluso, en asuntos de protocolo, sus presidentes a parcerse a mini jefes de estado por la fannfarria que les rodea. En la Fundación Progreso y Democracia se hizo un estudio el año pasado sobre el coste del Estado Autonómico, según el cual con una gstión efeciente se podríam las comunidades ahorra al año hasta 26.000 millones de euros. Que no es el chocolate del loro como algunos nos quieren hacer creer.

  2. elisadelanuez
    elisadelanuez Dice:

    .Enhorabuena Juan Luis por el post. Este de los recortes autonómicos es un debate que urge abordar pero no en los términos que quieren los políticos, donde nos van a decir ellos qué es lo  esencial y lo que no, sino en los términos que queremos los ciudadanos, con datos concretos.. La opacidad en estos temas es tremenda, no sabemos  que cuestan todos estos excesos autonómicos, cuyos principales beneficiarios son las castas políticas locales y sus allegados. Nos dicen que es el chocolate del loro y que recortar ahí no sirve de nada. Pues queremos saber cuanto cuesta el chocolate del loro. Y ya de paso, además de los presupuestos de estos organismos, queremos saber qué hacen, dado que el presupuesto de cualquier organismo público por pequeño que sea tiene que estar justificado por la utilidad que presta a los ciudadanos. Y me parece que muchos de los organismos a que se refiere el autor del post no tienen mucho trabajo. Otra cosa es que respondan los delirios de grandeza de nuestros políticos autonómicos.. Pero es que esos delirios de grandeza ya no los podemos ni queremos pagar.

  3. Rafael D.
    Rafael D. Dice:

    Los consejos consultivos autonómicos son necesarios para autorizar desviaciones de precios en contratos de obras del sector público con los límites que marca la ley. Muchos, muchos euros. Si se dejara al arbitrio del Consejo de Estado, una vez adjudicado un contrato no se podría aumentar el precio si no se tiene un control político del Consejo de Estado – o en su caso habría que pedir el favor al partido de turno- y la contratación pública sería más justa y menos …¿manipulable es la palabra?

    La creación de los mismos por lo tanto está muy justificada desde un punto de vista económico de los gestores de lo público autonómico, por todo lo que les permite.

    El ahorro por su desaparición no solo vendría del propio coste sino más allá, de hasta casi un 10% en muchas grandes obras.

  4. elisadelanuez
    elisadelanuez Dice:

    Aunque no es el objeto de este post,  como administrativista me sorprendo un poco de la justificación del Consejo consultivo autonómico para ejercer una función que puede ejercer cualquier órgano siempre que sea distinto e independiente del órgano de contratación. Lo que quiere la Ley de Contratos del Sector Público es precisamente que no se modifiquen (y menos al alza) los contratos públicos una vez adjudicados. Esto es independiente de la existencia o no de los Consejos Consultivos autonómicos, otra cosa es que ya que existen se les utilice para esa función. Lo que hace la Ley (art.195) es restringir esas facultades de modificación del órgano de contratación impidiendo que éste  lo haga “a pelo”  y obligándole a que en casos especialmente graves (modificaciones de más del 10% en contratos de más de 6.000.000 euros) solicite la autorización del Consejo de Estado o del órgano consultivo autonómico correspondiente si lo hubiere. En cuanto al argumento de por qué no vale el Consejo de Estado no lo entiendo la verdad.

    En cuanto a la contratación pública autonómica no es que merezca un post, es que merece toda una serie. Todo se andará.

     

     

  5. jj
    jj Dice:

    Lo ha dicho muy bien D. Rafael. Los Consejos Consultivos de las CCAA adolecen de las garantías de independencia orgánica y funcional de que goza el Consejo de Estado. Por eso, aunque nominalmente hagan las mismas funciones que antes hacía el Consejo de Estado, materialmente no suponen un reforzamiento preventivo de legalidad en la actuación de la administración sino lo contrario en muchísimos casos. Hay más mangoneo político, y menos profesionalidad. Todo esto ya lo advirtió David Blanquer en una monografía publicada en 1993. Nadie le hizo caso. Al revés, desde entonces muchas CCAA que no tenían consejo consultivo propio lo crearon!! Entre ellas Madrid!!

  6. elisadelanuez
    elisadelanuez Dice:

    Perdón por el error Rafael D. lo había entendido al revés…deformaciones de administrativista del Estado, menos acostumbrada (afortunadamente) al mangoneo de los órganos consultivos, aunque como venimos comentando en este blog, lamentablemente la marea también está llegando a la AGE, que había aguantado mejor el tirón, básicamente por su mayor profesionalización y lejanía de las presiones de todo tipo. Gracias JJ por aclarar el punto. 

  7. Noé de Callar
    Noé de Callar Dice:

    Leo con interés el párrafo sobre la duplicidad de órganos estadísticos en las Comunidades Autónomas. Pero no es solo en CCAAs, también en municipios. En el Ayuntamiento de Madrid hay una Direcc. General de Estadística!!!

    Cuando Gallardón estaba en la Comunidad de Madrid, nombró Gerente del Instituto de Estadística de la Com. de Madrid al Sr.Felipe  Baselga Gª-Escudero -¿adivinan?…sí, sí, primo de Don Pío Gª-Escudero-. Y cuando Gallardón pasó al Ayuntamiento  le “creó” Dir. Gral de Estadística. Lo más curioso es que este señor no es funcionario, estudió ingeniero de montes, y antes de dedicarse a esas tareas estadísticas gestionaba una empresa de cocinas!!! Muy relacionado lo uno con lo otro, no???

    Y no es ya que haya duplicidad de funciones!!! Además, habría que recordar, en cuanto a la elección de los cargos, que en la Ad. del Estado en ppio no se puede ser Director General sin ser funcionario de carrera (art. 18.2 LOFAGE). Pero en Aytos y CCAAs hay miles de  puestos directivos entre familiares de políticos o amiguetes del partido sin la formación que se exige a los funcionarios de carrera.

    Ahora que UPyD ha conseguido que se reduzcan los coches oficiales, ¿conseguirá también que haya menos nombramientos entre amigos y familiares, como este DG de Estadística?

  8. robespierre
    robespierre Dice:

    Lo que dice Noé de Callar es muy pertinente a raíz del post y de los comentarios anteriores, se duplican los organismos en CCAA y también en Ayuntamientos para hacerle un favor a alguien y se le ponen nombres muy rimbombantes aunque no haya nada que hacer, pero lo que si hacen es cobrar, tener un despacho, una secre y un coche oficial. Los Consejos Consultivos autonómicos de los que hablan algunos comentaristas son un ejemplo claro, se colocan a afines y gente de confianza y encima se les dan funciones como si fueran el Consejo de Estado. en pequeño…pero el problema es que se parecen al Consejo de Estado como un huevo a una castaña.,  

  9. triboniano
    triboniano Dice:

    Ahora parece que los srs del PP se han dado cuenta de que llevan años con gastos superfluos y redundantes, aunque lo que prometen, además de llegar un poco tarde en autonomías que llevan gobernando muchos años, se queda a mi juicio bastante corto, aparte de la falta de fiabilidad que supone el que los propios gestores derrochadores se conviertan ahora en gestores eficientes y ahorradores, veáse Murcia, Castilla y León o la Valencia de Camps.

    http://www.20minutos.es/noticia/1067844/0/pp/comunidades/recortes/

  10. veedor
    veedor Dice:

    La perspectiva del post es aterradora, pero yendo un paso más allá y aunque se tilde de “politicamente incorrecto”, cabe preguntarse si el verdadero exceso no es la existencia misma de las autonomías (o al menos tal como se han plasmado o como se han desarrollado), pues compartimentado y fraccionado el ámbito nacional, todos estos entes son la lógica, y casi inexorable, consecuencia de aquéllas.

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