Del ministerio a las cajas: apuntes sobre las incompatibilidades de los altos cargos

Como saben en este blog hemos dedicado algún post a las incompatibilidades de los parlamentarios, que no son precisamente iguales a la del resto del mundo. Entre otras cosas, porque tienen la ventaja de ser apreciadas por sus pares, en el seno de las Cámaras, muy alejadas ya de la luz y los taquígrafos que antaño eran sinónimo de los debates en el Parlamento. Qué tiempos aquellos.

Sin embargo, como todo puede mejorarse, nos enteramos ahora que la interpretación de las incompatibilidades de los ex altos cargos también está siendo, digamos, muy generosa. Podemos poner como ejemplo el reciente paso de D. Carlos Ocaña, ex Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestosa la Dirección General de la Fundación de las Cajas de Ahorro (FUNCAS) según noticias del sector, aunque al parecer la toma de posesión no será inmediata. (www.europapress.es/economia/noticia-carlos-ocana-nuevo-director-general-funcas-20110609140827.html)

La Fundación se describe  a sí misma en la web en los siguientes términos: “ La Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS), es una institución de carácter privado, sin ánimo de lucro, creada y financiada por la Confederación Española de Cajas de Ahorros dentro de su Obra Social, para el desempeño de actividades que redunden en beneficio de la sociedad española, promuevan el ahorro y contribuyan a extender el conocimiento de las Cajas de Ahorros facilitando su servicio a la sociedad.

En cuanto a su estructura, su Patronato tiene la siguiente composición

Presidente  D. Isidro Fainé Casas
Presidente de CECA
Vicepresidente
  D. José María Méndez Álvarez-Cedrón
Director General de CECA
Vocales
  D. Julio Fernández Gayoso
Presidente de NovacaixagaliciaD. Mario Fernández Pelaz
Presidente de la Bilbao BickaiaKutxaD. Jordi Mestre González
Director General de la UNNIMD. Antonio Pulido Gutiérrez
Presidente de CajasolD. Atilano Soto Rábanos
Presidente de la Caja de Ahorros y M.P. de SegoviaD. Adolfo Todó Rovira
Director General de CatalunyaCaixa

 Por tanto, el órgano de gobierno de la Fundación es un órgano formado por presidentes y directores de Cajas y su Presidente es a su vez el Presidente de la CECA. No está detallada la financiación de la Fundación, pero cabe imaginar que procede íntegramente de las Cajas de Ahorro.

Así las cosas, y para los legos en estas materias el cargo de Secretario de Estado tiene incompatibilidad (y sueldo que la compensa, por cierto) por un plazo de dos años con actividades privadas, después de  su cese,  en los siguientes casos contemplados en lel art.8 de la Ley  5/2006 de 19 de abril de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado.

Dice dicho precepto: 

“1. Durante los dos años siguientes a la fecha de su cese los altos cargos, a los que se refiere el artículo 3, no podrán desempeñar sus servicios en empresas o sociedades privadas relacionadas directamente con las competencias del cargo desempeñado. A estos efectos se considera que existe relación directa cuando se den cualquiera de los siguientes supuestos de hecho:

  1. Que los altos cargos, sus superiores a propuesta de ellos o los titulares de sus órganos dependientes, por delegación o sustitución, hubieran dictado resoluciones en relación con dichas empresas o sociedades.
  2. Que hubieran intervenido en sesiones de órganos colegiados en las que se hubiera adoptado algún acuerdo o resolución en relación con dichas entidades.”

Como puede verse, el espíritu de la norma parece claro, y por cierto, cosa sorprendente en la normativa reciente, también parece clara la letra. Se considera incompatible prestar servicios en sociedades o empresas relacionadas directamente con las competencias del cargo desempeñado. La razón de la norma es la de evitar que los altos cargos hagan favores “públicos” que después les puedan ser retribuidos posteriormente por aquellas empresas o sociedades a quienes se hicieron.

Con cierta ingenuidad derivada, sin duda, de mi condición de jurista formada en el Derecho Público “ortodoxo” considero muy relevante el dato de que FUNCAS sea una Fundación dependiente enteramente de las Cajas de Ahorros a las que algo habrán afectado las actuaciones del ex Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos. Pero al parecer no hay nada de que preocuparse, ya que nos explican que no es lo mismo pasar a ocupar un cargo en un organismo, entidad o sociedad que desempeñarlo en la empresa o entidad o entidades que le financian y de la que dependen enteramente, o la de que son propiedad, ya que se trata de personas jurídicas distintas.  Menos mal, porque el caso es que si no mediara esta benémerita interposición de persona jurídica, y la decidida voluntad de no levantarle el velo existiría un caso flagrante de conflicto de intereses.

Pero podemos estar tranquilos porque hay organismos de control. Existe una Oficina de Conflictos de intereses que depende del Ministerio de Administración Territorial. Y suponiendo que la Oficina no esté sometida a ningún tipo de presión política a favor del ex alto cargo (lo que dependerá seguramente sobre todo de cómo haya salido) y decida que un alto cargo que quiere pasarse a la empresa privada incurrir en incompatibilidad  y conflicto de intereses ¿qué pasa? Pues básicamente no gran cosa, salvo que se abra un expediente sancionador y aún así, ya que suponiendo que este llegue a buen fín (la sanción a un Secretario de Estado la tiene que imponer nada menos que el Consejo de Ministros) lo que no se detiene es la contratación

Según el mismo art.8 más arriba citado en su párrafo 5º “Las personas que hubiesen desempeñado alguno de los altos cargos comprendidos en el artículo 3 deberán efectuar, durante el período de dos años a que se refiere el primer apartado de este artículo, ante la Oficina de Conflictos de Intereses prevista en el artículo 15, declaración sobre las actividades que vayan a realizar, con carácter previo a su inicio. En el plazo de un mes la Oficina de Conflictos de Intereses se pronunciará sobre la compatibilidad de la actividad a realizar y se lo comunicará al interesado y a la empresa o sociedad en la que fuera a prestar sus servicios.”

Y si la Oficina de Conflictos de Intereses estima que la actividad privada que quiera desempeñar una persona que hubiera ocupado un alto cargo es incompatible, se lo comunica al interesado y a la empresa o sociedad a la que fuera a prestar sus servicios, que formularán las alegaciones que tengan por convenientes a la vista de las cuales la Oficina propondrá “la resolución que proceda.”  Realmente lo que suele preocupar en estos casos es que haya “ruido mediático” pero la verdad es que hoy en día es bastante difícil hacerse hueco con una noticia de este tipo en los medios con la competencia que hay. Queda el expediente sancionador como ya he dicho. No sé si ha habido algún caso por ejemplo en las dos últimas legislaturas.

Lo más gracioso, o lo más preocupante es que  interpretaciones generosas o laxas de la normativa en vigor, como las que sin duda permitirán a este ex alto cargo, como ya ha pasado con otros, pasar del Ministerio de Hacienda a las Cajas de Ahorro en plena reestructuración sin despeinarse se producen después de un endurecimiento de las normas sobre incompatibilidades y sobre conflicto de intereses (la norma es de 2006 y endurece el régimen anterior) como ocurre típicamente en España cuando hay un escándalo  ya sea de incompatibilidades, de contratación pública, de déficit, de coches oficiales o de lo que sea. Cada vez que hay un caso como el que nos ocupa (y siempre, claro que haya algún tipo de consecuencia mediática)  salen los políticos reclamando un “endurecimiento” o que se cubra “un vacío legal” que solo ellos ven. Para el futuro, claro. Nosotros, como juristas de otra época, preferimos que se cumplan las normas que hay atendiendo a su espíritu o finalidad. Me suena que eso venía al principio del Código Civil.

6 comentarios
  1. Guillermo Núñez Pérez
    Guillermo Núñez Pérez Dice:

    Como irónica e inteligentemente apuntas  no se trata de paradojas del Derecho, sino de algo mucho más tosco y vergonzoso: las normas sobre incompatibilidades, existiendo, están en nuestro país para ser reiteradamente incumplidas. En consecuencia, estamos ante un típico supuesto de discordancia entre realidad social y previsión normativa, sólo que al existir la norma (Derecho positivo), las consecuencias de la misma serán objeto de aplicación cuando no quede más remedio (v.gr. porque hay una denuncia y hay que darle curso, o porque los medios de comunicación intervienen o porque políticamente interese al Partido contrario airear la cuestión y exigir responsabilidades. Aunque esto último no es lo más frecuente, puesto que luego la maniobra se les puede venir en contra de sí mismos), y claro, ya se sabe que la fatalidad de las consecuencia en la aplicación del Derecho suele recaer generalmente en los más débiles. Siempre he pensado que en el tema de las incompatibilidades hay casos graves y menos graves, y que también hay mucho de hipocresía social. Desconozco ahora mismo si es o no compatible con la condición de Fiscal o Juez el preparar a opositores y cobrar por ello, pero si lo fuere, debe ser muy duro enjuiciar luego algunos supuestos de incompatibilidad en la que puedan haber incurrido los justiciables. Tal vez el tema radique en las exigencias éticas más que en las jurídicas y, sobre todo, en poner en práctica el deber ético-jurídico de abstenerse cuando proceda y el derecho de recusar cuando así mismo proceda.

  2. candido
    candido Dice:

    ¿Y donde esta la Oficina esa de Conflictos de Intereses? Supongo que no estaba operativa cuando un alto cargo de la oficina economica de Moncloa fue a parar a la asociacion de empresas constructoras, o cuando un alto cargo de Industria fue a parar a Tuenti, que es una empresa del Grupo Telefonica, y asi….

  3. robespierre
    robespierre Dice:


    Y supongo que Candido habla del fichaje de David Taguas ex director de la Oficina económica de Moncloa, que es muy similar al que nos ocupa, dado que se va a una Asociación sectorial (SEOPAN) lógicamente financiada y sostenida por cuotas de las grandes empresas constructoras a las que más que probablemente habrían afectado alguna de las decisiones tomadas en el ejercicio de su cargo. Este ultimo fichaje dió lugar a mucha movida, pero como siempre, quedó en nada, más allá de unas vagas recomendaciones de (como no) reformar la ley para que la gente no se cuele por estos agujeritos del sistema. En el caso de Taguas también siguió cobrando su indemnización. Al parecer quien le hizo el informe favorable a su “no incompatibilidad” fue el propio director del Gabinete del presidente del Gobierno, así todo queda en casa.
    http://www.libertaddigital.com/economia/moncloa-avalo-la-entrada-de-taguas-en-seopan-ante-administraciones-publicas-1276331488/
    http://www.elsiglodeuropa.es/siglo/historico/2008/789/789Politica%20Taguas.html

    El otro caso, aunque menos relevante, es el de un fichaje de directivo aficionado al twitter de empresa pública por Tuenti, propiedad de Telefónica, con la que sí existían estas relaciones previas por parte del directivo  http://www.elpais.com/articulo/economia/Tuenti/confirma/fichaje/Muriel/elpepueco/20110328elpepueco_15/Tes     

  4. Juan
    Juan Dice:

    La Oficina de conflicto de intereses tiene un trabajo “complejo”. Justificar lo
    injustificable. Supongo que la selección para formar parte de la oficina debe ser
    muy dura.
    Quizás lo más difícil de explicar es que se mantenga la indemnización que justifica
    la incompatibilidad aunque el “incompatible” consigue un magnífico trabajo. ¿Dónde
    hay que pedir la supresión?

  5. elisadelanuez
    elisadelanuez Dice:

    Además por lo que me cuentan. con carácter previo a la decisión de la oficina de conflictos se pide un “informe técnico” al propio organismo que deja el que va a dar el salto.Es decir, se pide la opinión técnica al organismo de procedencia del alto cargo, que con un poco de suerte le hará un informe favorable, me imagino.
    Juan, a mí antes que suprimirla me gustaría saber como funciona esta Oficina, qué expedientes tiene, si ha abierto algún expediente sancionatorio, esas cosas. Como ocurre con muchos otros organismos lo que leo no me dice mucho.
    Aquí está el Reglamento de la Ley, por cierto:  http://www.derecho.com/l/boe/real-decreto-432-2009-aprueba-reglamento-desarrolla-ley-5-2006-10-abril-regulacion-conflictos-intereses-miembros-gobierno-altos-cargos-administracion-general-estado/#A21

  6. Serafin Casamayor
    Serafin Casamayor Dice:

    Elisa, gracias por tu brillante exposición. Y también por tu postura “ortodoxa” en lo que Derecho Público se refiere. Suerte de personas así, no se han perdido por fortuna todos los referentes en este ámbito. Y es que, las organizaciones, si rascamos un poco en su superficie, al final, siempre encontramos personas. Y así lo saben quienes más preocupados están por la Administración y su rumbo (estoy contigo, que no debiera ser otro que la satisfacción del interés general con objetividad -art. 103 CE-). Qué rumbo se adopta en cada momento, por qué se adopta, y en qué medida se puede acabar observando un rumbo u otro… no acabará contraviniendo el 103 CE ??? Porque el 103 se puede contravenir… no sólo desde dentro, sino también desde fuera, como pueden ser los casos se exponen ???  Yo por mi parte, meditaré sobre lo indicado. Saludos cordiales a todos lo blogueros y gracias a los autores por su fino análisis.

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