Bildu: la vía al poder por la insumisión a la ley
Ya nos explicó Rodrigo Tena los extraños vericuetos por los que nuestros gobernantes han conseguido que Bildu esté en las instituciones, y que han supuesto de paso una exitosa y gratuita campaña electoral a su favor. A muchos ha sorprendido este éxito, que en Guipúzcoa ha sido arrollador. Pero gran parte de él tiene que ver con el peculiar, o, para ser más precisos, patológico funcionamiento del estado de Derecho, en esa porción de España donde el Nacionalismo vasco ha imperado largos años.
Recientemente han sido noticia algunos síntomas de esa patología, y que sólo una pequeña muestra de todo lo que vamos a ver en los años venideros. Con motivo de la retirada del retrato del Rey del salón de plenos del Ayuntamiento donostiarra alguien nos ha recordado el olvidado Real Decreto que establecía esa presencia simbólica como obligatoria. Pero lo cierto es que hace muchos, muchos lustros que esa norma jurídica ha sido incumplida por casi todos los ayuntamientos sin que haya ocurrido nada.
O el caso conocido de las banderas. El art. 3.1 de la ley 39/81, indica que “la bandera de España deberá ondear en el exterior y ocupar el lugar preferente en el interior de todos los edificios y establecimiento de la Administración central, institucional, autonómica, provincial o insular y municipal del Estado”. Sin embargo, esta ley es incumplida con la misma impunidad por la inmensa mayoría de los ayuntamientos vascos, y no sólo donde gobiernan los nacionalistas.
Hace pocos días conocíamos que el Delegado del Gobierno, actuando a petición de un particular, exigía a uno de los pocos alcaldes socialistas que han quedado en Guipúzcoa, el de Irún, que se izase la bandera en el ayuntamiento. Para conseguir que hiciera lo mismo el anterior Alcalde de San Sebastián, Odón Elorza, fue preciso hace unos meses nada menos que una sentencia judicial. Al parecer muchos socialistas han interiorizado lo suficiente esa idea, repetida por los nacionalistas hasta la sociedad, de que la exhibición de tales banderas, es decir, el cumplimiento de la legalidad, resulta una provocación que hiere sensibilidades de tendencias turbulentas, y de lo que por tanto conviene prescindir.
Pero como digo, la cosa viene de largo, de los allí turbulentos días de la transición. Pocos recuerdan aún que en las primeras elecciones democráticas de 1977 las fuerzas políticas no nacionalistas ganaron en la región por amplia ventaja, y que el nacionalismo sólo era una minoría, por importante que fuera. Eso es algo difícil de digerir por cualquier nacionalista. Para ellos un resultado electoral adverso, que refleje que una porción mayoritaria de la población no comparte su distorsionada visión de la realidad, de la historia, y de los valores que han de imperar en la sociedad, sólo puede interpretarse como un evidente error de esa porción de la sociedad, a la que habrá que reeducar debidamente. Muy claro lo explicó Sabino Arana.
El nacionalismo vasco, en sus diversas variantes, se puso manos a la obra. Era preciso eliminar la presencia de cualquier símbolo compartido con los demás españoles, singularmente la bandera, de cualquier signo exterior que pudiera mantener el cultivo sentimental de esa común pertenencia. Es evidente que para ello lo que establecía la ley sobraba. El PNV ni siquiera votó en contra en su día a la Ley 39/81. Se limitó a incumplirla.
Es cierto que se hicieron puntuales esfuerzos por restablecer la legalidad. Pero se encontraron con la fuerte y violenta reacción de las diversas fuerzas de choque del nacionalismo, encuadradas en una versión actualizada de las camisas pardas. El tradicional privilegio de los territorios forales durante el Antiguo Régimen para no cumplir ciertos decretos de la Corona bajo la fórmula formalmente respetuosa, “se acata, pero no se cumple”, revivió en una forma un tanto más radical. “Eso aquí, ni se acata ni se cumple”.
No deja de ser cierto que a que se perdiera ese decisivo pulso a favor de la legalidad contribuyó de forma importante un cierto sector de la izquierda no nacionalista, que en su confusión no exenta de consideraciones sentimentales seguía identificando esos símbolos comunes del Estado como vestigios del pasado régimen, a pesar de haber sido acogidos y “purificados” por los pactos de la Transición, y por el texto constitucional. Toda la simbología y el sentimiento antes generalizado de pertenencia a España tuvieron que esconderse en las catacumbas de lo muy privado y hacerse casi clandestinos.
Ese pulso no sólo se refirió a esos elementos simbólicos. Iba más allá. Se trataba de poner de manifiesto que la legalidad, de cualquier clase, sólo se admitiría si no contradecía ciertos principios, reglas y símbolos considerados como sagrados por el nacionalismo, y ello al margen de cualquier fuente de legitimación legal. Una violencia generalizada, muchas veces difusa y puntualmente expresa, consiguió así suplantar a los textos legales en la definición de lo que se podía y no podía hacer en la sociedad vasca. Y los regímenes totalitarios europeos del siglo XX ya nos enseñaron lo eficaz que esos métodos del terror pueden ser para controlar y dirigir la sociedad, especialmente cuando se cuenta con la activa colaboración de un sector militante de la sociedad debidamente alimentado de mitos y de sentimiento victimista, y se procede a señalar a los disidentes como traidores.
Y así hemos llegado, con diversos avatares, a la situación actual. Con la extensión del poder nacionalista, con su insuficientemente resistida toma de trincheras en todos los ámbitos de la sociedad, y con el sistema de sanciones y recompensas que han establecido, lo extraño no es tanto las mayorías que especialmente en su versión radical se han obtenido en Guipúzcoa. Sino que siga aún habiendo partidos no nacionalistas y gente que les vote en un medio tan hostil.
No faltan ingenuos irredentos que creen que ese mundo radical en algún momento se va a arrepentir de su sangriento y violento pasado, paso necesario a cualquier proceso de normalización verdadero. Yo me temo que se equivocan. Bien saben que sin ese pasado, sin ese efecto conseguido de la subversión de la legalidad y la imposición de sus propias reglas, en el que tantas generaciones han crecido, no habrían llegado hasta donde han llegado.
También es posible creer hoy, sin necesidad de sumergirse para ello en esa misma ingenuidad, que ETA no volverá a matar. De hecho, sería bastante estúpido que, con vista a sus objetivos, lo hiciera. Porque verdaderamente, ya no lo necesita.
Fernando Rodríguez Prieto nació en Madrid el 10 de febrero de 1962. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Notario (Oposiciones Madrid 1988). Ha ejercido en Andoain, Bergara y Beasain, las tres localidades situadas en Guipúzcoa, y desde 2006 ejerce en Coslada, Madrid. Es también mediador y árbitro.
Si está claro que aquí renta más incumplir las normas que cumplirlas, que razón tiene el autor. El mundo al revés y Bildu como garante del orden y el Estado de Derecho en muchos municipios del País Vasco. Por otro lado, como también dice el autor del post, nada nuevo bajo el sol.
Si está claro que aquí renta más incumplir las normas que cumplirlas, que razón tiene el autor. El mundo al revés y Bildu como garante del orden y el Estado de Derecho en muchos municipios del País Vasco. Por otro lado, como también dice el autor del post, nada nuevo bajo el sol.
Exacto, Fernando. Muy exacto.
El Régimen actual tiene fuerza física de sobra como para hacer cumplir las leyes que mencionas. Tiene instrumentos jurídicos eficacísimos incluso en la propia Constitución.
Lo que no tiene, evidentemente, es FUERZA MORAL para ello. Porque el Régimen actual no cree en nada; sabe que está ahí al solo servicio de intereses económicos determinados, que saben recompensar bien a sus servidores. Una actuación decidida en defensa de la subsistencia de España no reportaría beneficios económicos inmediatos; de ahí que no tenga seguidores.
El ropaje democrático oculta muchas veces carroña; esto en España se potencia por dos cosas:
a) La partitocracia en la peor acepción de la palabra; partidos no como expresión de ideales, sino como lobbies para conseguir enriquecimientos personales.
b) La Ley D´Hondt, pensada para que el franquismo no pudiera acceder al Parlamento al comienzo del Régimen, y que ahora es el cáncer que mata al propio régimen.´
Por otra parte, los enemigos de España no son moralmente mejores; sus invocaciones al nacionalismo sensiblero, de aldea y campanario, suelen encubrir intereses económicos repugnantes.
Lo cual hace concebir alguna esperanza… a la hora de “la verdad” siempre han salido corriendo.
Que el mundo cambia muy deprisa y suceden cosas que poquísimo antes parecían imposibles. Que mientras exista la UE las reglas del juego son unas; pero como desaparezca… van a ser muy otras.
Y todo es posible.
Exacto, Fernando. Muy exacto.
El Régimen actual tiene fuerza física de sobra como para hacer cumplir las leyes que mencionas. Tiene instrumentos jurídicos eficacísimos incluso en la propia Constitución.
Lo que no tiene, evidentemente, es FUERZA MORAL para ello. Porque el Régimen actual no cree en nada; sabe que está ahí al solo servicio de intereses económicos determinados, que saben recompensar bien a sus servidores. Una actuación decidida en defensa de la subsistencia de España no reportaría beneficios económicos inmediatos; de ahí que no tenga seguidores.
El ropaje democrático oculta muchas veces carroña; esto en España se potencia por dos cosas:
a) La partitocracia en la peor acepción de la palabra; partidos no como expresión de ideales, sino como lobbies para conseguir enriquecimientos personales.
b) La Ley D´Hondt, pensada para que el franquismo no pudiera acceder al Parlamento al comienzo del Régimen, y que ahora es el cáncer que mata al propio régimen.´
Por otra parte, los enemigos de España no son moralmente mejores; sus invocaciones al nacionalismo sensiblero, de aldea y campanario, suelen encubrir intereses económicos repugnantes.
Lo cual hace concebir alguna esperanza… a la hora de “la verdad” siempre han salido corriendo.
Que el mundo cambia muy deprisa y suceden cosas que poquísimo antes parecían imposibles. Que mientras exista la UE las reglas del juego son unas; pero como desaparezca… van a ser muy otras.
Y todo es posible.
Muy cierto lo que dice el autor del opst y también el sr. Arriola en el sentido de que los intereses sentimentales y las grandes palabras van dejando paso o encubren de forma cada vez más decidida intereses pequeños o puramente económicos. Al fin y al cabo toda esta gente no parece tener otro oficio que les permita ganarse la vida, así que al final tener un puesto institucional tan bien pagado como los que tiene la Comunidad Autónoma del País Vasco no le viene mal a nadie, por muy antisistema o muy radical que se sea. Si al final todo el precio que hay que pagar es poner una banderita española en un ventanuco pequeñito, diciendo que se hace por “imperativo legal” pues tampoco parece para tanto y menos ahora con lo mal que se está en la calle.
Muy cierto lo que dice el autor del opst y también el sr. Arriola en el sentido de que los intereses sentimentales y las grandes palabras van dejando paso o encubren de forma cada vez más decidida intereses pequeños o puramente económicos. Al fin y al cabo toda esta gente no parece tener otro oficio que les permita ganarse la vida, así que al final tener un puesto institucional tan bien pagado como los que tiene la Comunidad Autónoma del País Vasco no le viene mal a nadie, por muy antisistema o muy radical que se sea. Si al final todo el precio que hay que pagar es poner una banderita española en un ventanuco pequeñito, diciendo que se hace por “imperativo legal” pues tampoco parece para tanto y menos ahora con lo mal que se está en la calle.
Como seguidora del blog y siendo jurista, vasca y, sobre todo, demócrata y abertzale (patriota) procedo a clicar la cruz roja situada en la esquina superior derecha del navegador no sin antes hacer un breve comentario.
Obviaré que el autor trata, torticeramente, el abertzalismo como un todo uniforme en comportamientos e ideas para dar credibilidad a la tan manida tesis de que en Euzkadi vivimos en un infierno permanente y que existe una persecución contra los no nacionalistas (vascos). Es bastante erróneo e interesado presentar a los no nacionalistas (vascos) como las únicas víctimas de la violencia sectaria ocurrida en nuestro país. Quizás algún día descubran que ha sido un partido abertzale (sus militantes, concejales, sedes y simpatizantes) ha sido el principal blanco de los ataques de ETA o que todavía existen víctimas de otro tipo de violencia que no han encontrado una reparación satisfactoria. Esa es, de todas maneras, otra cuestión.
Lo que me gustaría señalar es que el artículo es enormemente llamativo. El texto presenta un nacionalismo vasco instalado en la insumisión legal a toda norma que llegue desde España. Por el contrario no parece mantener el mismo celo fiscalizador en lo relativo a las actuaciones del no nacionalismo (vasco) -¿y por qué será?- tanto en Euzkadi como en otras partes del Estado que, por imperativo legal, tenemos la desgracia de compartir con nuevos ricos.
Sí, es cierto que el abertzalismo ignora por completo, en la práctica institucional, la Ley de Banderas española. Ese texto sin parangón en derecho comparado con las varias leyes de símbolos existentes en los distintos estados miembros y de lejos más coercitiva que la legislación franquista al respecto no cuenta con grandes simpatías entre nuestras filas. La justificación se encuentra más o menos bien recogida en el artículo: nadie en lugares como Azpeitia, villa de la que soy nativa, o Lizartza entendería la presencia de un símbolo ajeno a la población (y sentido así como tal por la inmensa mayoría) en las instituciones comunes. Por lo tanto, pase foral. He sido, en el último año sobre todo, una entusiasta defensora de que el partido abertzale en el que milito se posicione a favor de la recuperación de derechos históricos de nuestro pueblo, tales como el pase foral. Acatamos, pero no cumplimos. Y amigos como el catedrático de Derecho Internacional Privado de la EHU Juan José Álvarez se muestran convencidos de su encaje constitucional y legal.
Quizás tal actitud pueda tener algo que ver con el comportamiento del nacionalismo español, en su totalidad, en relación a la legalidad de la que, en principio, se presenta como valedor. Muchas veces hemos oído a los representantes en Vitoria-Gasteiz de la minoría españolista (y repasen ustedes los resultados electorales en los cuales todas las opciones políticas están representadas, al contrario que en 1977) decir que “la Constitución del 78 y el Estatuto del 81 son el marco de convivencia” de todos los vascos que no podemos, por tanto, alterar sin romper esa convivencia.
Sin embargo, a ninguna persona honesta le costará reconocer que los autoproclamados validos de la legalidad común muestran, quizá no un mayor desdén que el abertzalismo por la legalidad española, pero sin duda uno más grave que este, desde el momento en el que se proclama como garante de su pureza y existencia sin mácula alguna. Nadie honesto negará que el nacionalismo español rechaza reconocer y tratar como nacional todo aquello que suene a vasco -sea una institución, una festividad o cualquier otra cosa- pese a que tal sea la denominación oficial que le correspondería como consecuencia de ser considerados una “nacionalidad” por la legislación española. Nadie con un mínimo de sentido de la realidad podrá girar la espalda a aquella que muestra el flagrante incumplimiento del Estatuto de Autonomía en el capítulo de las transferencias competenciales. Ni tampoco nadie que esté verdaderamente por el imperio de la ley y del derecho podrá renunciar a admitir que existe una actuación arbitraria por parte del Ministerio Fiscal en lo que al cumplimiento de leyes de símbolos se refiere. Mientras se obliga a la Diputación de Gipuzkoa a la colocación de la enseña española leyes de símbolos autonómicas como la catalana son permanentemente ignoradas en relación a aquellas disposiciones que obligan también a colocar la bandera de la “nacionalidad” en cualquier edificio estatal.
Tres ejemplos claros, entre los varios cientos que podría seguir ennumerando, de cómo los autoproclamados abogados de la legalidad muestran comportamientos análogos a los reprochados en este artículo al abertzalismo. Y sorprende, sin duda, que los últimos no sean en absoluto renunciados por quien muestra una preocupación tan profunda y encomiable por el imperio de la ley.
Yo, de todas maneras, hago una propuesta: adoptemos posturas más sinceras. Reconozcamos aquellos que nos encontramos en posiciones ideológicas diferentes que no siempre, como ocurre en todo el mundo, observamos las reglas de las que nos dotamos de manera completa. Al final hay algo que todos sabemos: los campos del derecho y la política se solapan y, muchas veces, el imperio de la legalidad depende de las actitudes y voluntades de quienes se dedican a lo segundo. En este escenario puedo garantizar que el abertzalismo cuenta con el apoyo mayoritario, como así ha sido desde el arranque de la democracia, del Pueblo al que pretende representar para adoptar este tipo de prácticas. Lamentablemente el no nacionalismo (vasco) no puede decir lo mismo.
Un saludo a todos. Deseo que proximamente nos podamos ver comentando sobre las iniciativas de los partidarios de la libertad y reconocimiento nacional vasco para restaurar el pase foral, ya que supongo que se situarán en contra de la restauración de los Derechos Históricos del Pueblo Vasco.
Hasta entonces:
Gora Euzkadi askatuta!