Urbanismo y corrupción (III). Transparencia en el planeamiento

“Me tienes que enseñar el planito”. Esta expresión aparece en el sumario, recientemente abierto, de un caso de presunta corrupción urbanística, y la dirige un poderoso empresario a la alcaldesa de una ciudad. La frase se refiere a un documento del Plan General de Ordenación Urbana de esa ciudad, en aquel momento en fase de tramitación. Al margen del caso concreto, pendiente de juicio y con varias acusaciones de soborno, tráfico de influencias, e información privilegiada, y de su resolución, la frase citada provoca varias reflexiones

En los planos y documentos de un Plan General Municipal se proyecta la mejor ciudad posible: el mejor marco físico del que somos capaces de dotarnos para desarrollar nuestras vidas. Conocer que esos documentos son llamados “planitos” por algunos de los principales artífices del Plan produce bastante indignación y rabia, pero afortunadamente no la melancolía de lo inevitable. Ni en todos los municipios el proceso de planeamiento cuenta con tan malos ejecutores, ni hay porqué aceptar que en los restantes, muchos a día de hoy, el proceso vaya a seguir estando dirigido hacia el beneficio privado de unos, y caracterizado por el desprecio al interés común.

Si sustituimos “planito” por “documentos”, y suponemos que la frase la dirigen públicamente los ciudadanos a sus responsables municipales, obtenemos una expresión que si antes ejemplificaba un modo de corrupción, el generado por la opacidad del proceso de planificación, ahora nos puede servir de reclamo de la manera en que éste se debe desarrollar: “nos tenéis que enseñar los documentos”.

La transparencia en urbanismo, es decir la posibilidad del conocimiento, por parte de los administrados, de la documentación referida a esa materia debe ser un derecho e indudablemente es un freno a la corrupción, porque supondría hacer desaparecer la información privilegiada y dificultaría los manejos ocultos que benefician a los participantes tramposos.

La actual Ley del Suelo del 2007, así lo entendió, introduciendo medidas para aumentar la transparencia: se regula el proceso de información pública en los procedimientos de planeamiento; se determina la necesidad de información pública para los convenios, que han sido una de las figuras de planeamiento con un uso más viciado, y en buena parte por su falta de publicidad; se exige que el planeamiento sea aprobado por los plenos de los ayuntamientos, con conocimiento por tanto del conjunto de los cargos municipales; también se obliga a que el planeamiento aprobado se publique telemáticamente. Son medidas positivas que conseguirán procesos más transparentes, pero se podía haber ido más lejos para que la transparencia dificultara, o casi impidiera, muchos modos de corrupción.

La Ley obliga a que existan periodos de información pública al culminarse las diversas etapas por las que pasa el planeamiento. En la práctica, cuando llega la primera exposición pública el planeamiento ya está muy avanzado, ya se han definido los criterios de ordenación, y desde luego ya se han definido las grandes áreas de clasificación del suelo. Desde ese momento los equipos municipales se suelen resistir a cualquier modificación sustancial del plan. La transparencia llega, pero lo hace tarde. Si en el proceso han intervenido factores oscuros lo han podido hacer sin que sean detectados hasta que el planeamiento está muy elaborado, muy consolidado.

La transparencia debe formar parte del proceso de planificación desde el comienzo de éste. La definición de criterios y objetivos puede hacerse en sesiones conjuntas de los equipos técnicos con el pleno municipal, y abiertas al público. A partir de ahí, deben realizarse sesiones regulares de trabajo con participación vecinal y de asociaciones implicadas, con información en las páginas web de las actas de las reuniones.

Las reuniones de los equipos técnicos y de los cargos públicos con los distintos interesados en el planeamiento, particulares o asociaciones, no pueden ser secretas. Debería exigirse una agenda pública de reuniones de los redactores del planeamiento y de los cargos públicos.

El periodo de alegaciones debería ampliarse, dando suficiente tiempo a que éstas sean argumentadas en correctas condiciones. No tiene sentido que el periodo de información de un documento tan complejo como un Plan General sea de un mes, más aún cuando su tramitación puede ser de años.

Que todo el proceso de tramitación del planeamiento sea público, desde el comienzo, con posibilidades reales de actuación para los ciudadanos, la oposición política, las asociaciones… reduciría notablemente la información privilegiada y el tráfico de influencias. Para impedir la corrupción ligada al urbanismo hace falta tomar medidas de muy variado carácter; sin duda la de imponer procesos verdaderamente transparentes es una de ellas.

 

4 comentarios
  1. Rodrigo Tena Arregui
    Rodrigo Tena Arregui Dice:

    Más aún cuando ahora contamos con un instrumento absolutamente idóneo a tal fin, como es Internet. Al margen de esas reuniones, siempre convenientes para formar criterios, bastaría con colgar los trabajos y los informes en la red a medida que se van elaborando. Todo aquél que sabe que cada paso que va dando está sujeto al escrutinio público tiene enormes incentivos para que su trabajo responda al interés general, y no al de unos cuantos.

  2. elisadelanuez
    elisadelanuez Dice:

    Totalmente de acuerdo con el autor del post y con Rodrigo Tena. Las ventajas que obtienen los caciques locales que consiguen “información privilegiada” de sus amigos políticos se quedaría en nada si todo el mundo tiene acceso a la misma información al mismo tiempo y a ser posible, como indica el autor del post, al principio del procedimiento. Y efectivamente las nuevas tecnologías lo hacen posible ya.

  3. jj
    jj Dice:

    Me parece que el post marca el horizonte al que sin duda se debe tender. Pero entre el ser y yl deber ser queda tanto que mejor no pensarlo…

    Ahora que se está poniendo en marcha la revisión del PGOU de Madrid creo que -más allá de las apariencias y de llenarse la boca con el rollito de la participación ciudadana y la transparencia- convendría preguntarse si es bueno poner a la zorra a cuidar de las gallinas…. Mucho me temo que seguirá habiendo mangoneos…

  4. fernando landecho
    fernando landecho Dice:

    Gracias por los comentarios. El nuevo PGOU de Madrid, si es que el gobierno municipal madrileño cumple su promesa electoral y presenta un nuevo Plan General (debería ser así, pero como Gallardón no incluyó en su programa electoral la candidatura a los Juegos Olímpicos y a los dos meses ya ha anunciado que Madrid se presenta a esa elección, todo es posible. Si se incumple el programa electoral en un sentido también se puede incumplir en otro) podría ser una ocasión para realizar un planeamiento ejemplar en el sentido que propongo en el post. El Ayuntamiento de Madrid tiene los medios para hacerlo, y por el tamaño y el significado de esa ciudad, sería un modelo para otros planes futuros.

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