La paradoja de la desinformación legal en la era de la Sociedad de la Información

Cuando hablamos de discapacidad, sigue habiendo una ignorancia social enorme en torno a ella. Entre otros muchos factores, porque la propia imagen de la discapacidad se ha construido en torno a clichés que se han ido arrastrando, y han limitado nuestra visión. Así, cuando mencionamos una persona con discapacidad física, pensamos en una silla de ruedas, y ya está. Hablamos de personas sordas, y nos viene a la cabeza la lengua de signos. No sabemos que el 90% de las personas sordas o con discapacidad auditiva no utilizan este lenguaje, son oralistas, que usan implantes cocleares, o medios alternativos y aumentativos de la audición. Luego están las personas ciegas, ¿y los que tiene limitaciones visuales, sin ser ciegas, o son daltónicos? Y, por supuesto, para la mayoría, una persona con discapacidad intelectual es un síndrome de Down, pero, ¿y las personas con autismo, con daño cerebral o inteligencia límite?.

El conocimiento de la diversidad de la discapacidad es esencial para empezar a cambiar el paradigma, y comenzar a hablar de capacidades, en lugar de discapacidades. Y esto es esencial, entre otros muchos motivos, para saber utilizar nuestra legislación, aprovecharnos de ella, y rentabilizarla socialmente en beneficio de todos. Si hay un campo donde esto es especialmente aprovechable, sin duda, es en todo lo relacionado con la inserción laboral de las personas con discapacidad. Cuando alguien va a una entrevista de trabajo, el entrevistador trata de indagar en las capacidades del candidato. Con las personas con discapacidad debe ocurrir exactamente lo mismo. Si yo tuviera la suerte de tener una empresa de desarrollos informáticos, de programación, la mayoría de mis programadores serían ciegos. No conozco nadie que programe como ellos, ¡y no ven!. Simplemente, les compraría un lector de pantalla Jaws, y poco más.

Y además, utilizaría “mis recursos legales” de legislación laboral. Utilizando lo que me autoriza la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, accedería a la ayuda de 1.800 € para la adaptación de puestos de trabajo, y a una bonificación anual de cómo mínimo 4.500 €, entre otras medidas. Evidentemente, estoy ironizando, pero con un cierto halo de tristeza. Porque no deja de ser decepcionante que tengamos herramientas legales que benefician a todos, como en este campo, en el de la inserción laboral, y sean tan desconocidas tanto por el trabajador con discapacidad como por los empresarios. Que desconozcamos las bonificaciones a la contratación y subvenciones de las cuotas a la seguridad social, en todos los tipos de contratos, previstas en esta ley y en la Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de Medidas Urgentes para el Mantenimiento y el Fomento del Empleo y la Protección de las Personas Desempleadas, o en el Real Decreto Ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, LEY 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, por citar algunas.

Es curioso observar cómo, hoy en día, plenamente inmersos en la denominada Sociedad de la Información y del Conocimiento, existe tan poco conocimiento sobre todo lo que está legislado y tanta dificultad para encontrar esta información, entre demandantes de empleo y ofertantes. Es curioso, pero sin embargo tampoco demasiado sorprendente. Todo lo referente a la contratación laboral de personas con discapacidad se ha convertido en un verdadero subconjunto dentro del derecho laboral: múltiples contratos, una enorme pluralidad de bonificaciones y subvenciones a la contratación, en función de múltiples criterios (mayor o menor grado de discapacidad, si ere mujer con discapacidad, si tienes daño cerebral, si eres mayor o menor de 45 años, con discapacidad física o sensorial superior al 45%…), una verdadera locura, en definitiva. Hasta el punto, que tiene su propio apartado específico dentro de la web del servicio público de empleo, sepe.es.

Se necesita un verdadero especialista para desentrañar toda esta trama legal. El resultado último, es que muy pocas personas con discapacidad y muy pocos empresarios acaban beneficiándose de ello. Después de que tuvimos que pelear a muerte con Economía y Hacienda, y con Seguridad Social, todavía hoy muchas, pero muchas personas con discapacidad, que te siguen preguntando, ¿y si trabajo pierdo mi pensión no contributiva?, por ejemplo. Y todavía muchas, pero muchas veces, les tienes que responder que ya hace seis años que se aprobó la Ley 8/2005 DE 6 de junio, para compatibilizar las pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva con el trabajo remunerado. Oye, ¿y se me hago autónomo, qué me ocurre?, y tu contestas: mira, que ya hace cincos años que tienes el 50% de bonificación en la cuota a la Seguridad Social, desde la Ley 43/2006, y además se ha asimilado a la jubilación anticipada prevista en el Real Decreto 1539/2003 para trabajadores con discapacidad por cuenta ajena, desde que se aprobó la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, por ejemplo.

Y todavía seguimos preguntándonos por qué la tasa de inserción de las personas con discapacidad es de las más bajas de Europa, ¿por falta de legislación, o por desinformación?.

3 comentarios
  1. Jaime de Nicolás
    Jaime de Nicolás Dice:

    Es un poco penoso lo que cuenta el autor del post. Evidentemente, contar con una página web, incluso aunque contenga toda la información precisa, no es suficiente para que el internauta pueda considerarse suficientemente informado. Es necesario que todos esos datos se ordenen, se sitematicen y se ofrezcan al usuario de un modo accesible y completo, de manera que pueda conocer éste cuál sería su posición, sus derechos y obligaciones, en diversas situaciones. Como un simulador de hipotecas, vamos. No es algo tan complejo, pero necesita un factor vital: gente competente en el mando de la cosa.

  2. Usuario
    Usuario Dice:

    El problema es el desmadre legislativo, el desorden en la normación de esta materia, como de otras muchas. Hay una gran mediocridad, no se busca en absoluto la mahyor efectividad de la norma, el mayor beneficio del destinatario. Todo al batiburrillo y ya está. A no ser, claro está, que esa dificultad, ese desorden, sea algo, si no querido, por lo menos no evitado, a fin de que los que pudieran beneficiarse de las ayudas no lleguen a  conocerlas bien, no las lleguen a pedir, y de este modo ahorrarse mucho dinero. ¿serán tan maquiavélicos?

  3. Cruz
    Cruz Dice:

    Estoy firmemente convencida de que si, en las empresas, se hiciese una verdadera definición de funciones y tareas dentro de un plan de negocios profesional, sería fácil encontrar puestos (y no pocos) para personas con cualquier clase de discapacidad (y sin ella). Pero en eso entran la formación y la sensibilidad de los órganos directivos y aún seguimos con el método de aprendizaje ensayo-error a todos los niveles y prefiriendo la “Universidad de la vida” a cualquier otra. 
    Desde luego que la legislación al respecto es abundante y la información accesible… Para quien tenga interés en encontrarla.

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