Ser o no ser: el debate sobre las diputaciones provinciales
Asistimos en los últimos días a un interesante debate (siendo generosos con el término, claro) de por donde empezar a recortar nuestra florida Administración, que tanto dinero nos cuesta. Les toca ahora a las diputaciones provinciales, ya que parece que el número de ayuntamientos por el momento es intocable, puesto que, según nos cuentan, todos y cada uno son fundamentales para el bienestar ciudadano, cuesten lo que cuesten. En fin, como sobre el tema del excesivo número de Ayuntamientos y la necesidad urgente de proceder a su disminución y fusión ya hemos escrito en este blog, nos remitimos a los posts sobre estas cuestiones, escritos por Fernando Landecho (aquí) y Ramón Marcos (aquí). Cabe solo añadir que no parece que los ciudadanos de los numerosos países europeos que han procedido a la supresión y fusión de municipios para adaptarlos a la realidad territorial del siglo XXI se hayan lanzado a la calle desesperados por perder sus pequeños municipios y los correspondientes servicios.
Por razones que efectivamente parecen tener bastante más que ver con el numero de asientos desocupados en las recientes elecciones por el PSOE en estos organismos que con la preocupación por el déficit público y el bienestar ciudadano, el candidato Rubalcaba, para gran enfado del PP, ganador en muchas de ellas, y del PSOE andaluz, que todavía mantiene su hegemonía en unas cuantas, cuestiona ahora el papel de las diputaciones y hasta su existencia. Vaya por delante que me parece un debate muy pertinente. Pero lo primero que cabe destacar es, como siempre, los términos en que se plantea. Brillan por su ausencia los números y los indicadores de eficiencia y eficacia, así como las posibles alternativas en base a esos mismos indicadores. Como a la necesidad de plantear los debates referentes a la organización territorial y a la reducción de los costes que debe llevar consigo ya nos hemos referido en bastantes posts en este blog (Juan Luis Redondo en varias ocasiones, Fernando Rodríguez, José María Pérez y yo misma en la serie de la Floresta Autonómica), nos remitimos a los mismos.
Como siempre ocurre en el mediocre panorama de nuestra vida política, nos tenemos que contentar con argumentos “ad hominem” del tipo de “eso lo dices porque has perdido las diputaciones” o “eso lo dices porque estás sentado en la silla”. Hay que reconocer que este tipo de argumentos, más allá de recordarnos por enésima vez la dificultad de nuestros líderes políticos de deslindar sus intereses privados (me refiero al interés en mantener los puestos de trabajo para políticos) de los intereses generales, no nos ayudan a hacernos una idea sobre si se deben o no suprimir estos organismos o cualesquiera otros. Estamos una vez más ante una discusión de patio de colegio.
Los más audaces o los menos irresponsables anuncian la posibilidad de “estudiar” la cuestión como si se estuviera hablando de temas de una enorme complejidad. En mi opinión, suprimir diputaciones provinciales es complejo porque es costoso en términos políticos, básicamente para los políticos. No veo que los ciudadanos, ni indignados ni no indignados, nos vayamos a arrojar a la calle en defensa de estos organismos o de cualesquiera otros siempre que los servicios que se supone que prestan se sigan prestando, y además de manera menos onerosa y más eficiente. Y para bien o para mal no creo que exista el sentimiento “diputacionista”, como si existe, sin duda, un sentimiento nacionalista que puede llevar a defender organismos autonómicos inviables a un sector de la población. Pero ojo, que también hemos oído en estos días que las diputaciones, como los pequeños ayuntamientos, son instituciones muy próximas y muy queridas por los ciudadanos de los pueblecitos de España… lástima que sean absolutamente ruinosas.
En fin, como en época de crisis los argumentos sentimentales suelen tener bastante menos peso, nos encontramos con que los defensores de su mantenimiento no dudan en invocar el argumento final -que podemos llamar “de trinchera”- de la inconstitucionalidad de su supresión, todo esto como si la Constitución no se hubiera modificado ya varias veces por vías bien poco ortodoxas, por no hablar de la vía de hecho tan utilizada en nuestra vida política. ¿Cómo si no explicar la floreciente legislación autonómica que ha conseguido prácticamente terminar con la unidad de mercado en España garantizada constitucionalmente como tantas otras cosas que brillan por su ausencia? Pero como sobre esto también hemos escrito mucho en este blog, nos remitimos a los posts correspondientes para no aburrir a los lectores.
En cualquier caso, reconozco que no me he estudiado el tema desde un punto de vista constitucional, pero recordando que las diputaciones provinciales no existen en unas cuantas CCAA, no parece que sea un tema insalvable, aun si recuperásemos el respeto sacrosanto por la literalidad de los artículos constitucionales que suelen esgrimir los políticos cuando les interesa.
Pero volviendo al tema que nos ocupa, las diputaciones provinciales, como los ayuntamientos, son organismos públicos regulados enla Leyde Bases del Régimen Local de 7 de abril de 1985, cuya principal finalidad, además de la interesantísima de colocar a deudos y afines, es la de ejercitar las competencias (según el artículo 16) que “le atribuyan las leyes del Estado o de las CCAA” y en todo caso la coordinación de los servicios municipales entre sí, la asistencia y la cooperación jurídica y técnica a los Municipios, especialmente a los de menor capacidad económica y de gestión, la prestación de servicios públicos de carecer supramunicipal y, en su caso, supracomarcal, la cooperación en el fomento del desarrollo económico social y en la planificación en el territorio provincial, de acuerdo con las competencias de las demás Administraciones Públicas en este ámbito y en general el fomento y la administración de los intereses peculiares de la provincia.
Yo no se a ustedes, pero a mí como administrativista (eso sí, no especializada en legislación local) la lista me parece bastante etérea. Me gustaría saber qué hacen realmente cada una de las 38 diputaciones provinciales que quedan (y ya puestos, las forales y los cabildos insulares) y qué cuesta hacerlo. Cuanto personal tienen y de este personal qué proporción son cargos políticos o de libre designación y cuantos funcionarios que acceden a las plazas por oposición. Cuantas empresas públicas. Cuantos recursos se destinan al propio mantenimiento de sus aparatos burocráticos y administrativos, por no hablar de los cargos políticos. Volvemos a insistir en que queremos datos que nos permitan a los ciudadanos valorar los ratios de eficiencia y eficacia.
Por otra parte, y precisando un poco más, se nos dice que la función esencial de las diputaciones es la de suplir lo que los municipios muy pequeños no pueden hacer por sí solos por falta de recursos, y efectivamente, en la lista de competencias aparece esta función, pero entonces la pregunta es ¿por qué tenemos municipios tan pequeños? Lo racional sería no tenerlos, por lo que, de entrada, me parece que alguno de los presupuestos del debate sobre las diputaciones están “trucados”, ya que se parte del mantenimiento de la actual estructura municipal española que es sencillamente inviable desde todos los puntos de vista, además de responder a las necesidades de la España de principios del siglo XIX. Es más, en las CCAA autónomas uniprovinciales no existen las diputaciones provinciales, pero claramente tienen el porcentaje correspondiente de municipios muy pequeños. Esto quiere decir que, aun suponiendo que no se modifique la estructura municipal española y se refundan municipios (tal como propone por ejemplo UPYD, que se lo puede permitir al no tener los intereses y las hipotecas de los grandes partidos, es decir, tanta gente que colocar) el caso es que los servicios que prestaban las diputaciones en esas CCAA las prestan directamente las autonomías sin que parezca, de entrada, que haya pasado nada grave. Recuerden que, según el artículo más arriba transcrito, las CCAA pueden atribuir competencias o funciones a las Diputaciones, pero también pueden no hacerlo y asumir esas funciones directamente. Y alguna de las que se mencionan (por ejemplo, esa defensa genérica y esa coordinación de los intereses supramunicipales) la pueden hacer perfectamente los organismos autonómicos. Que por cierto suelen estar también muy sobredimensionados, así que por falta de personal no debería de haber problemas.
Otra cosa es que a mí por lo menos me cuesta hacerme un criterio con los pobres argumentos que manejan los partidos políticos, y eso que tenemos elecciones a la vuelta de la esquina. Queremos datos e indicadores, y seguro que si nos los dan somos muy capaces de decidir si hay que suprimir las diputaciones provinciales Y es que los ciudadanos tenemos aquí una importante ventaja sobre los candidatos, incluso sobre el candidato Rubalcaba, que es la de no tener a ningún pariente o conocido colocado en una diputación provincial andaluza o de otro sitio. Y si, como parece, el invento es carísimo y no resulta imprescindible para mantener ningún servicio esencial, aunque lo sea para dar de comer a muchos políticos, resulta preferible ahorrar el dinero de los contribuyentes ¿no?
Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1980-1985). Accedió al Cuerpo de Abogados del Estado en el año 1988
En la Administración pública ha ostentando cargos tales como Abogado del Estado-Jefe de la Secretaría de Estado de Hacienda; Subdirectora General de Asuntos Consultivos y Contenciosos del Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria; Abogada del Estado-Secretaria del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid; Abogada del Estado-Jefe Servicio Jurídico de la Rioja; Letrada en la Dirección General Registros y Notariado; Abogada del Estado ante el TSJ de Madrid; Abogada del Estado en la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado del Ministerio de Justicia
En la actualidad compatibiliza su trabajo en los Juzgados de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional con otras labores profesionales.
En el sector público, ha ostentado muchos años el puesto de Secretaria General de una entidad pública empresarial.
En su dedicación al sector privado es socia fundadora de la empresa de consultoría Iclaves y responsable del área jurídica de esta empresa.
Destaca también su experiencia como Secretaria del Consejo de administración de varias empresas privadas y públicas, Secretaria del Consejo de Eurochina Investment,
de la de la SCR Invergestión de Situaciones Especiales, y de la SCR Renovalia de Energía; ha sido también Consejera de la sociedad estatal Seyasa y Secretaria de la Comisión de Auditoria Interna; Secretaria del Consejo de la sociedad estatal SAECA.
En el área docente ha colaborado en centro como ICADE; la Universidad Complutense de Madrid; la Universidad San Pablo-CEU o el Instituto de Estudios Fiscales. Ha publicado numerosas colaboraciones en revistas especializadas, de pensamiento y artículos periodísticos.
Es coeditora del blog ¿Hay derecho? y del libro del mismo nombre editado por Península junto con otros coautores bajo el pseudónimo colectivo “Sansón Carrasco” y Secretaria General de la Fundación ¿Hay Derecho?
Elisa, dando por supuesto que el debate está trucado y que nunca jamás vamos los ciudadanos a enterarnos de la realidad de las Diputaciones/Cabildos insulares en cuanto a costes y grados de eficacia y eficiencia que fundamenten su supervivencia o no, pues en España este tipo de discusiones se plantean siempre en el terreno de la superficialidad de la política a corto plazo y no de los estudios serios y rigurosos que avalen su permanencia o supresión, tengo la impresión de que la propuesta de Rubalcaba se plantea como un reclamo meramente electoralista que de antemano se sabe no va a prosperar, entre otras razones, no sólo porque sea ahora el PP el que ocupa mayoritariamente las poltronas en las Diputaciones, sino también, porque el Sr. Rubalcaba es perfectamente consciente de que va a perder las elecciones generales. Precisamente por eso lanza una propuesta como esta, que viene a poner de manifiesto su “maquiavelismo” a la hora de conectar con un sentimiento mayoritario de hartazgo por parte de la ciudadanía ante tanta desvergüenza reinante por parte de la clase política en el uso y abuso de los recursos públicos. Como bien apuntas, si de verdad se tratara de plantear un debate serio y riguroso sobre la estructura organizativa de nuestra Administración territorial, Rubalcaba debería empezar por los Municipios, seguir por las Provincias, continuar con las Islas y las Comunidades Autónomas y terminar por el Estado. Pero esto sería tanto como pedir peras al olmo, y no parece que los políticos tengan entre sus prioridades pedir lo mejor desde el punto de vista del interés general…pues en realidad siempre prefieren lo que ellos y ellas consideran prioritario en función de sus propios intereses políticos de corto alcance. En fin, Rubalcaba, antes de plantear este falso debate, debería dar explicaciones al pueblo español de por qué el Gobierno de la Nación gastó millones de euros en una línea de AVE o en la construcción de un aeropuerto que se han tenido que cerrar por ausencia de pasajeros…
Quizás el mayor problema sea la sentencia del TC 32/1981. La Generalitat Catalana quiso suprimir las diputaciones y el Tribunal indicó que no se podían suprimir sin una modficiación de la Constitución.
Esta sentencia es un auténtico balón de oxígeno al que se agarraran como clavo ardiendo no pocos políticos para poder permanecer en el cargo con el valor añadido de la opacidad que existe en las cuentas y los gastos de las Diputaciones.
Elisa, dando por supuesto que el debate está trucado y que nunca jamás vamos los ciudadanos a enterarnos de la realidad de las Diputaciones/Cabildos insulares en cuanto a costes y grados de eficacia y eficiencia que fundamenten su supervivencia o no, pues en España este tipo de discusiones se plantean siempre en el terreno de la superficialidad de la política a corto plazo y no de los estudios serios y rigurosos que avalen su permanencia o supresión, tengo la impresión de que la propuesta de Rubalcaba se plantea como un reclamo meramente electoralista que de antemano se sabe no va a prosperar, entre otras razones, no sólo porque sea ahora el PP el que ocupa mayoritariamente las poltronas en las Diputaciones, sino también, porque el Sr. Rubalcaba es perfectamente consciente de que va a perder las elecciones generales. Precisamente por eso lanza una propuesta como esta, que viene a poner de manifiesto su “maquiavelismo” a la hora de conectar con un sentimiento mayoritario de hartazgo por parte de la ciudadanía ante tanta desvergüenza reinante por parte de la clase política en el uso y abuso de los recursos públicos. Como bien apuntas, si de verdad se tratara de plantear un debate serio y riguroso sobre la estructura organizativa de nuestra Administración territorial, Rubalcaba debería empezar por los Municipios, seguir por las Provincias, continuar con las Islas y las Comunidades Autónomas y terminar por el Estado. Pero esto sería tanto como pedir peras al olmo, y no parece que los políticos tengan entre sus prioridades pedir lo mejor desde el punto de vista del interés general…pues en realidad siempre prefieren lo que ellos y ellas consideran prioritario en función de sus propios intereses políticos de corto alcance. En fin, Rubalcaba, antes de plantear este falso debate, debería dar explicaciones al pueblo español de por qué el Gobierno de la Nación gastó millones de euros en una línea de AVE o en la construcción de un aeropuerto que se han tenido que cerrar por ausencia de pasajeros…
Quizás el mayor problema sea la sentencia del TC 32/1981. La Generalitat Catalana quiso suprimir las diputaciones y el Tribunal indicó que no se podían suprimir sin una modficiación de la Constitución.
Esta sentencia es un auténtico balón de oxígeno al que se agarraran como clavo ardiendo no pocos políticos para poder permanecer en el cargo con el valor añadido de la opacidad que existe en las cuentas y los gastos de las Diputaciones.
Francisco, gracias por la referencia. Efectivamente, tenemos esa STC que menciona y ahora tenemos nada menos que una reforma express de la Constitucion para tranquilizar al personal, menos mal que la sra Merkel y los mercados no leen todavia nuestro blog y no saben como las gastamos aqui con nuestra pobre Constitucion, tan baqueteada ella. Probablemente la desaparicion frontal de un organo representativo de la provincia sí sería inconstitucional segun dicha sentencia , pero cabe imaginar alguna solucion juridicamente ingeniosa que respete formalnente esa representatividad. Y para qué vamos a engañarnos, nuestro TC de ahora no es el del año 1981 , ya nos gustaria. Por otro lado si vamos a reformar la Constitucion en 20 dias y con unas elecciones a la vista se me ocurre que un nuevo Parlamento podria hacer maravillas con nuestra estructura territorial, que falta le hace. Eso si, lo tendran que pedir los mercados, porque al parecer que lo pidan los ciudadanos, los expertos o la sociedad civil no es suficiente.
Francisco, gracias por la referencia. Efectivamente, tenemos esa STC que menciona y ahora tenemos nada menos que una reforma express de la Constitucion para tranquilizar al personal, menos mal que la sra Merkel y los mercados no leen todavia nuestro blog y no saben como las gastamos aqui con nuestra pobre Constitucion, tan baqueteada ella. Probablemente la desaparicion frontal de un organo representativo de la provincia sí sería inconstitucional segun dicha sentencia , pero cabe imaginar alguna solucion juridicamente ingeniosa que respete formalnente esa representatividad. Y para qué vamos a engañarnos, nuestro TC de ahora no es el del año 1981 , ya nos gustaria. Por otro lado si vamos a reformar la Constitucion en 20 dias y con unas elecciones a la vista se me ocurre que un nuevo Parlamento podria hacer maravillas con nuestra estructura territorial, que falta le hace. Eso si, lo tendran que pedir los mercados, porque al parecer que lo pidan los ciudadanos, los expertos o la sociedad civil no es suficiente.
Ciertamente sería necesario establecer un método de análisis riguroso con los criterios de eficacia y eficiencia como referencia y objetivo para decidir si interesa y en qué medida, eliminar entidades y cuáles. Pero para eso serían necesarios unos políticos con verdadero sentido de Estado y responsabilidad, cosa de la que aún carecemos porque ellos mismos evitan que así sea.
Por otra parte, no acabo de entender la atribución de entidad propia a los “mercados” cuando están fuertemente intervenidos. O bien estaríamos hablando de simples “mercados políticos” movidos por intereses partidistas en el que se deja a los votantes-ciudadanos completamente fuera, entregando el papel de demanda que les correspondería a otros estamentos políticos, sociales o económicos. Así el modelo dejaría de ser oferta-demanda para convertirse en oferta-contraoferta. Negras perspectivas para los derechos y libertades individuales, entonces…
Ciertamente sería necesario establecer un método de análisis riguroso con los criterios de eficacia y eficiencia como referencia y objetivo para decidir si interesa y en qué medida, eliminar entidades y cuáles. Pero para eso serían necesarios unos políticos con verdadero sentido de Estado y responsabilidad, cosa de la que aún carecemos porque ellos mismos evitan que así sea.
Por otra parte, no acabo de entender la atribución de entidad propia a los “mercados” cuando están fuertemente intervenidos. O bien estaríamos hablando de simples “mercados políticos” movidos por intereses partidistas en el que se deja a los votantes-ciudadanos completamente fuera, entregando el papel de demanda que les correspondería a otros estamentos políticos, sociales o económicos. Así el modelo dejaría de ser oferta-demanda para convertirse en oferta-contraoferta. Negras perspectivas para los derechos y libertades individuales, entonces…
Estoy de acuerdo en que la reforma que necesitan los gobiernos locales en España es para reducir, drásticamente, el número de municipios permitiendo únicamente la existencia de aquellos con suficiente masa crítica para poder cumplir eficientemente las competencias y servicios que se les atribuyan. Asunto antiguo, en esto andamos desde que la Constitución de Cádiz pretendió que no pudiese haber municipios con menos de mil almas….hoy son casi cinco mil.
El Estado se organiza territorialmente en tres ámbitos: Central, autonómico y local que, además, responden a lógicas electorales diferentes. No se puede ni se debe releer la Constitución para establecer dos ámbitos territoriales con la interiorización del local en el autonómico como se pretende en los estatutos autonómicos de tercera generación”
Una de las claves para entender el problema de la estructura territorial del Estado se deriva de lo que el profesor Parejo denomina, el “estado líquido” en que se encuentra el Estado al sufrir un proceso permanente de definición que arrastramos desde que se aprobó la Constitución y que, lamentablemente, parece que no va a concluir nunca.
Estoy de acuerdo en que la reforma que necesitan los gobiernos locales en España es para reducir, drásticamente, el número de municipios permitiendo únicamente la existencia de aquellos con suficiente masa crítica para poder cumplir eficientemente las competencias y servicios que se les atribuyan. Asunto antiguo, en esto andamos desde que la Constitución de Cádiz pretendió que no pudiese haber municipios con menos de mil almas….hoy son casi cinco mil.
El Estado se organiza territorialmente en tres ámbitos: Central, autonómico y local que, además, responden a lógicas electorales diferentes. No se puede ni se debe releer la Constitución para establecer dos ámbitos territoriales con la interiorización del local en el autonómico como se pretende en los estatutos autonómicos de tercera generación”
Una de las claves para entender el problema de la estructura territorial del Estado se deriva de lo que el profesor Parejo denomina, el “estado líquido” en que se encuentra el Estado al sufrir un proceso permanente de definición que arrastramos desde que se aprobó la Constitución y que, lamentablemente, parece que no va a concluir nunca.
Precisamente el obstáculo de la STC citada es un argumento más a favor demi idea contracorriente que expresé en un post en este mismo blog: En vez de suprimir las Diputaciones provinciales, en lo que estoy totalmente de acuerdo si se trata de mantenerlas tal cual están, suprimamos los municipios de menos de 10.000 habitantes y traslademos sus competencias a las Diputaciones Provinciales, las cuales se elegirían como el “Ayuntamiento” de los pueblos pequeños, un ciudadano, un voto. Es decir, pasemos de 8.200 entidades locales a unas ¿2.000? ¿3.000, quizás?.
No veo por qué, pongo por caso, en Soria, que no llega a 100.000 habitantes (por eso sólo elige 2 diputados), tiene que haber más de 100 municipios. O que el PAR, que ha quedado fuera del Ayuntamiento de Zaragoza, sea el 6 o 7º partido por número de concejales, dado que Aragón, excluyendo Zaragoza, no llega al medio millón de habitantes pero tiene más de 700 municipios.
Por otra parte, la dimensión mínima de estos Ayuntamientos hace que se creen organismos “imprescindibles” como las comarcas, mancomunidades, veguerías y demás.
En resumidas cuentas, en mi opinión el esquema institucional debería ser: Unión Europea (sólo como unificadora de la acción política y legislativa, democratizando, por cierto, esta última); Estado central, CC.AA. con competencias legislativas restringidas, Entes locales (Ayuntamientos para los municipios de más de 10.000 habitantes y Diputaciones provinciales para el resto).
Precisamente el obstáculo de la STC citada es un argumento más a favor demi idea contracorriente que expresé en un post en este mismo blog: En vez de suprimir las Diputaciones provinciales, en lo que estoy totalmente de acuerdo si se trata de mantenerlas tal cual están, suprimamos los municipios de menos de 10.000 habitantes y traslademos sus competencias a las Diputaciones Provinciales, las cuales se elegirían como el “Ayuntamiento” de los pueblos pequeños, un ciudadano, un voto. Es decir, pasemos de 8.200 entidades locales a unas ¿2.000? ¿3.000, quizás?.
No veo por qué, pongo por caso, en Soria, que no llega a 100.000 habitantes (por eso sólo elige 2 diputados), tiene que haber más de 100 municipios. O que el PAR, que ha quedado fuera del Ayuntamiento de Zaragoza, sea el 6 o 7º partido por número de concejales, dado que Aragón, excluyendo Zaragoza, no llega al medio millón de habitantes pero tiene más de 700 municipios.
Por otra parte, la dimensión mínima de estos Ayuntamientos hace que se creen organismos “imprescindibles” como las comarcas, mancomunidades, veguerías y demás.
En resumidas cuentas, en mi opinión el esquema institucional debería ser: Unión Europea (sólo como unificadora de la acción política y legislativa, democratizando, por cierto, esta última); Estado central, CC.AA. con competencias legislativas restringidas, Entes locales (Ayuntamientos para los municipios de más de 10.000 habitantes y Diputaciones provinciales para el resto).
Interesante propuesta la del señor Oñate. Parece ser que en EEUU existe un sistema similar, donde algunas colectividades estan “incorporadas”, es decir, tienen corporación municipal, y otras son meramente demarcaciones históricas sin personal a su servicio, quedando cubiertas por otro nivel de la administración.
Extracto de la wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Incorporated_town):
An incorporated town in the United States is an incorporated municipality, that is, one with a charter received from the state, similar to a city. An incorporated town will have elected officials, as differentiated from an unincorporated community, which exists only by tradition and does not have elected officials at the town level. In some states, especially in midwestern and western states, civil townships may sometimes be called towns, but are generally not incorporated municipalities, but are administrative subdivisions and derive their authority from statute rather than from a charter. In New York and Wisconsin, the term “town” refers to municipalities more similar to townships in other states than to incorporated towns in most states (see Administrative divisions of New York, Political subdivisions of Wisconsin). In some other states, the term “town” is not used for municipalities.