Artículo de Rodrigo Tena sobre el “Caso Faisán” en El Confidencial
Nuestro Editor Rodrigo Tena inaugura con este artículo publicado ayer una etapa de colaboración de este Blog con El Confidencial. ¡Que no se lo pierdan nuestros lectores!
Espasmos jurídicos en el caso Faisán
Si algo prueban las complejidades jurídicas del caso Faisán es el genio imperecedero de Franz Kafka. Pese a que gracias a él estamos perfectamente avisados de lo fácil que resulta que las disquisiciones legales y los detalles procedimentales nos envuelvan en el absurdo, haciéndonos perder completamente de vista el sentido final de las cosas, hay que reconocer que los juristas tenemos una tendencia innata a incurrir en este vicio. Pues bien, este caso demuestra a las claras que no sólo los juristas.
¿Colaboración con banda armada o revelación de secretos? ¿Audiencia Nacional o Juzgado de Instrucción de Irún? ¿Pleno o sección? Comprendo que tales cuestiones puedan interesar bastante a los procesados (por razones obvias) y algo (por responsabilidad profesional) a los magistrados que tienen que decidirlas, pero para los ciudadanos de este país deberían ser completamente secundarias e intrascendentes.
Mientras nos agotamos discutiendo si el delito es de colaboración o de revelación, o minucias tales como si es ajustado a Derecho que el presidente de la sala avoque su conocimiento al pleno, esperando quizá encontrar en ellas escondidas conspiraciones, se nos escapa el fondo del asunto. Esos delitos han sido cometidos por funcionarios del Ministerio del Interior de probada trayectoria de lucha contra el terrorismo.
No hace falta ser un fino jurista para inferir que obedecían a una estrategia final de lucha contra ETA (y no de colaboración) diseñada necesariamente por los responsables políticos de ese Ministerio, con el Sr. Rubalcaba a la cabeza. Pensar cualquier otra cosa no es creíble. Pero si discutimos ahora en sede judicial si hay colaboración o no, es precisamente porque esta estrategia ilegal ha sido negada repetidamente por esos responsables políticos, por razones electorales, dejando de paso a sus funcionarios en la estacada.
El bosque que pretende ocultarnos tanto tecnicismo, por tanto, es esa radical negativa a asumir responsabilidades políticas por este asunto. Eso es lo que nos obliga a todos (jueces, periodistas y sufridos espectadores) a sumergirnos en este universo kafkiano de calificaciones y avocaciones varias. De ello no tienen la culpa los jueces, evidentemente, que cumplen con su trabajo, máxime cuando nadie colabora para aclararles oficialmente el asunto. Más bien al contrario, lo que se pretende es utilizar todo tipo de recovecos jurídicos y procedimentales para ocultar aún más la propia responsabilidad política, instando a que la judicatura infiera las conclusiones que ellos se niegan a explicitar en voz alta. Un nuevo y triste ejemplo de la utilización política de las instituciones clave del Estado de Derecho.
Condenados a no acertar
Es obvio que los jueces no tienen más remedio que entrar en este juego técnico. El problema es que cualquiera que sea la decisión que adopten será criticable, por un motivo u otro. Es más, como consecuencia de la torticera utilización de la que están siendo objeto, están irremisiblemente condenados a no acertar. Si califican el delito de colaboración, porque obviamente no la había, ya que “todo el mundo sabe” que esos funcionarios actuaban a las ordenes de Rubalcaba; si sólo de revelación de secretos, porque avisar a un sospechoso que va a ser detenido, que es el único hecho probado dado el silencio de Rubalcaba, es obviamente colaborar con él.
En cualquier caso nosotros, los ciudadanos, no estamos obligados a bucear entre espejismos y paradojas, afortunadamente. A nosotros nos basta con fijarnos bien en quién nos ha introducido, con su negativa a decir la verdad, en este universo kafkiano.
Fernando Rodríguez Prieto nació en Madrid el 10 de febrero de 1962. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Notario (Oposiciones Madrid 1988). Ha ejercido en Andoain, Bergara y Beasain, las tres localidades situadas en Guipúzcoa, y desde 2006 ejerce en Coslada, Madrid. Es también mediador y árbitro.
Y al final la solución salomónica de cortar al niño por la mitad…se devuelven los autos al Juez Ruz para que siga investigando (¿qué mas hay que investigar?) no se pronuncian sobre el fondo del asunto y patada para adelante a ver si después de las elecciones hay más serenidad…. Lástima que el niño que han cortado por la mitad sea la Justicia y el Estado de Derecho.
Sinceramente me esperaba una resolución peor.
El artículo está escrito antes de la decisión de la Audiencia de ayer, pero creo que su tesis queda completamente confirmada por esta última. Para la Audiencia este caso es una patata caliente generada por la irresponsabilidad (en sentido literal) de nuestra clase política a la que no saben como meterle mano. Devolver la pelota al instructor era lo más cómodo, con la excusa de que pese a haber claramente delito (como negarlo) no está clara la culpabilidad de los imputados (oiga, si estuviese clara sobra el juicio y su sentencia). Pese a que esos imputados prácticamente habían confesado no se considera que haya indicios suficientes para procesarlos.
La verdad es que hasta cierto punto me parece comprensible (no desde una perspectiva técnica, por supuesto, sino política). Cuando dejas sin resolver las cuestiones políticas y pretendes que se pudran en los tribunales resulta hasta normal que estos intenten defenderse.
En cualquier caso la decisión no puede entenderse como un rechazo a la actuación del juez Ruz, que ha sido técnica y correcta, sino como una decisión política para ganar tiempo a la espera de tiempos mejores y menos crispados (¿con la mayoría absoluta de Rajoy?)
No estoy en absoluto de acuerdo. Las dos frases clave de su artículo son:
1. No hace falta ser un fino jurista para inferir que obedecían a una estrategia final de lucha contra ETA (y no de colaboración).
2. A nosotros nos basta con fijarnos bien en quién nos ha introducido, con su negativa a decir la verdad, en este universo kafkiano.
Es una irresponsabilidad ciudadana pedir cuentas a un Ministro en un caso como este. Es el deber del Gobierno llevar adelante las acciones que convenga necesarias para la gestión del fin del terrorismo. Y, precisamente por su gravedad y lo fácil de su tergiversación, deben ser circunstancias y decisiones que queden bajo las sombras, en el estricto campo del ‘Secreto de Estado’.
El PP, como socio de tales ‘Secretos de Estado’, debiera haber callado y respetado (exactamente igual que los demás agentes políticos hicieron cuando a ellos tocó la gestión de ese fin, no tantos años atrás). Una vez más, se demuestra que el ‘cleavage’ del terrorismo es agitado desde las vísceras del odio por el partido conservador, sabedor de su valía para la instalación en el subconsciente patrio, de un hecho que permita derrocar al partido en el Gobierno.
Es evidente que existe un responsable de la utilización de las instituciones del Estado de Derecho, pero se equivoca en sus nombres y apellidos, señor Rodríguez Prieto. La traición al Estado estaba en la bancada de enfrente.
Un saludo
No estoy en absoluto de acuerdo. Las dos frases clave de su artículo son:
1. No hace falta ser un fino jurista para inferir que obedecían a una estrategia final de lucha contra ETA (y no de colaboración).
2. A nosotros nos basta con fijarnos bien en quién nos ha introducido, con su negativa a decir la verdad, en este universo kafkiano.
Es una irresponsabilidad ciudadana pedir cuentas a un Ministro en un caso como este. Es el deber del Gobierno llevar adelante las acciones que convenga necesarias para la gestión del fin del terrorismo. Y, precisamente por su gravedad y lo fácil de su tergiversación, deben ser circunstancias y decisiones que queden bajo las sombras, en el estricto campo del ‘Secreto de Estado’.
El PP, como socio de tales ‘Secretos de Estado’, debiera haber callado y respetado (exactamente igual que los demás agentes políticos hicieron cuando a ellos tocó la gestión de ese fin, no tantos años atrás). Una vez más, se demuestra que el ‘cleavage’ del terrorismo es agitado desde las vísceras del odio por el partido conservador, sabedor de su valía para la instalación en el subconsciente patrio, de un hecho que permita derrocar al partido en el Gobierno.
Es evidente que existe un responsable de la utilización de las instituciones del Estado de Derecho, pero se equivoca en sus nombres y apellidos, señor Rodríguez Prieto. La traición al Estado estaba en la bancada de enfrente.
Un saludo
“Esos delitos han sido cometidos por funcionarios del Ministerio del Interior de probada trayectoria de lucha contra el terrorismo.“ Sin ser un fino jurista, con sólo un poco de rigor, se sabe que está afirmación está por demostrar; esto es ni más ni menos lo que ha dicho la Audiencia Nacional.
“Pese a que esos imputados prácticamente habían confesado no se considera que haya indicios suficientes para procesarlos.” He estado siguiendo el caso con cierto detalle y la declaración de los imputados no me pareció una confesión, mucho menos que “esos imputados prácticamente habían confesado”, concepto este de la “práctica confesión” que es absolutamente nuevo para mí.
En ningún otro país del mundo civilizado estos hechos habrían llegado a los juzgados; mucho menos de la mano del principal partido de la oposición que aspira a gobernar dentro de pocas semanas. Y no habrían llegado a los juzgados porque es ciertamente posible que el delito se cometiera por funcionarios públicos siguiendo órdenes políticas para favorecer el proceso de fin del terrorismo. Pero también es posible que los hechos que han originado el procedimiento judicial sean debidos a otras causas que justificarían plenamente el chivatazo (proteger a infiltrados, soplones, traidores de ETA; poder detener a otros…) y que no se pueden airear. Si esto fuera así ¿cómo habría que calificar la actitud del PP y de los voceros de la prensa afín?
La mera existencia de ETA, no digamos ya el hecho de haber alcanzado el control de ciertas Administraciones Públicas, es uno de los mejores argumentos sobre la debilidad absoluta de esta “Democracia”.
¿Hay Democracia en el Reino Unido, sí o no? ¿Recuerdan lo que dijo, a las claras, Margaret Thatcher, cuando sus fuerzas especiales mataron a unos terroristas del IRA, en Gibraltar?
Que HABIA SIDO ELLA. Que disparó ella. Yo no lo oí, pero qué envidia.
Ya sé que no está de moda; ya sé que me llamarán de todo; pero yo a esa Democracia, sí que me apunto. Aunque sea en exigua mino´ría. Y espero algún respeto de los “tolerantes”.
Ser partidario de la pena de muerte para los terroristas me convierte en un paria, lo sé. Pero nadie podrá llamarme hipócrita. Y es lo que creo.
Si los procesados por el caso Faisán estaban luchando contra ETA, de la forma que fuera, se merecen una medalla, ellos y sus jefes.
Si estaban templando gaitas para conseguir frutos políticos partidistas… cambiando muertos por imágen y por ganar elecciones, se merecen otra cosa.
No salgo de mi asombro.
En un foro jurídico, en el que se enaltece el Estado de Derecho, se está defendiendo el uso de medios ilegales para acabar con el terrorismo.
Al terrorismo se le combate con el Estado de Derecho. Lo contrario es “la cal viva” contra Lasa y Zabala que rechazo con absoluta rotundidad.
Ya lo dijo Aznar: “no valen atajos en la lucha contra el terrorismo”.
Somos juristas por encima de todo.
Alberto, totalmente de acuerdo, al terrorismo se le combate con el Estado de Derecho. Cualquier atajo es un crimen, y lo que es peor, un error.
Ahora bien, y con eso enlazo el comentario con la opinión de Gaizka, ¿saltarse el Estado de Derecho para secuestrar a Segundo Marey es un delito y un error y saltárselo para favorecer una posible negociación que termine con la banda no lo es? El primer delito/error es mucho más grave, desde luego, pero el segundo también es un delito/error. Los que creemos en el Estado de Derecho pensamos que Rubalcaba tenía que haber pedido autorización al Parlamento (hubiera habido medios para hacerlo) y, si se piensa que efectivamente lo hizo y que la obtuvo (pues hubo al efecto una resolución que se ha alegado que podía amparar su actuación), no se entiende por que no ha reconocido palmariamente los hechos. Quizá porque ahora la cosa no le parecía conveniente desde un punto de vista electoral. Ese es el sentido final de mi crítica: aquí nadie quiere asumir su responsabilidad por nada, y la clave de bóveda de cualquier Estado de Derecho es que sea posible exigir responsabilidades a todo el mundo. Si a todos nos debe parecer bien lo que ha hecho ¿por qué no lo asume públicamente? Todo el mundo le votaría en bloque. Pero parece que él tiene sus dudas. Hasta el punto de que no ha movido pieza mientras imputaban a sus funcionarios… y lo que les queda. Porque, precisamente, y esto conviene recordarlo, no es el PP el que ha estado a punto de sentarlos en el banquillo, son los jueces de la Audiencia Nacional (y todavía pueden hacerlo). Esto es lo que pasa cuando no se respeta el Estado de Derecho, que éste sigue funcionando (porque no tiene más remedio que hacerlo) pero en un universo kafkiano, forzados a imputar por colaboración con ETA a gente que ha dedicado su vida a luchar contra ella. ¿Quién tiene la culpa de eso? ¿El juez Ruz que no comprende las necesidades electorales del Sr. Rubalcaba?
Con esto pasamos al comentario de Aureliano, que me parece un poco contradictorio, porque por un lado me acusa de dejar sentada la imputación en contra de esos funcionarios y por otro, en el párrafo final, da como única posible alternativa a la orden de Rubalcaba conveniencias tácticas de esos (u otros) funcionarios que no se pueden airear. Yo creo que ante un juez desde luego que se pueden airear. Insisto en que quién ha imputado a los funcionarios no ha sido Rajoy ni el periódico El Mundo. Pero en cualquier caso me gustaría dejar sentada una cosa, pese a que creo que resulta de manera clara de todo lo que he escrito: no tengo ningún interés en que procesen concretamente a esos funcionarios. Ni a otros. Más bien lo lamentaría mucho. Creo que no lo merecen. Pero que los indicios son sólidos, por lo menos para justificar la apertura del juicio oral, también me parece claro. En cuanto a la “práctica confesión”, Ballesteros reconoció ser él la persona que sale del bar en la famosa filmación, justo en el momento adecuado. ¿Qué estaba haciendo ahí? La falta de consistencia de la explicación motivó que hasta el propio fiscal (decididamente éste no a las órdenes de Rajoy) tuviese que rectificar su petición de archivo y pedir el procesamiento (aunque no fuese por el delito de colaboración). Creo que eso puede llamarse una confesión de un hecho que es prácticamente de cargo, o quizá “confesión a efectos prácticos”. A ello pueden añadirse otros indicios que recuerdan hoy muchos periódicos y las declaraciones posteriores a su procesamiento, pero que no vale recordar ahora.
Las batallas se pierden cuando usamos el lenguaje del enemigo. Y usamos el lenguaje del enemigo cuando aceptamos términos como “proceso de paz” o “necesario secreto de estado”.
En la respuesta de Gaizka se observa lo rápidamente que detectan las “nuances” semánticas y la reacción que de quienes conocen y explotan las debilidades morales de nuestros gobiernos.
Estamos viviendo el equivalente histórico de la subida al poder de Hitler en el 33 con la entrega de la Hacienda Foral de Guipúzcoa (La Diputación es ese órgano foral) al entramado “etasuno” y es muy perceptible el horror de la gente que todavía resistía sin desparecer en el exilio. La bajada del voto de Elorza en una ciudad sin apenas paro lo atestigua. De 28,000 a 17000 al ver la maniobra de Zapatero, Rubalcaba y Eguiguren tras diez años de charlas de sofá con ETA. Diez. La estrategia del Tinell.
Callamos y ocultamos al mundo el mayor exilio europeo desde la segunda guerra mundial y todavía hay gente en instituciones del estado a quienes no se les cae la cara de vergüenza de usar términos como “hombre de paz” aplicado a un criminal convicto y confeso pero electoralmente interesante.
Todos estamos viviendo una situación de crisis muy profunda y muchos nos preguntamos por sus causas.
Hablamos de Riesgo Moral y otros neologismos simpáticos pero con relevancia profunda en nuestro bienestar.
El Riesgo Moral también aparece cuando los gobiernos evitan enfrentarse con nitidez a determinadas conductas de grupos de votantes o de aliados electorales llegando incluso el proceso político a fomentar dichas conductas para recabar su voto y su simpatía.
En España –y muy especialmente de la mano de ese Maquiavelo de la carcoma social que acaba de despedirse– los ejemplos son especialmente notorios y van desde el bochorno de ser el único país del mundo en partes de cuyo territorio no es posible estudiar en la lengua del estado, al olvido deliberado de que tenemos el mayor exilio de Europa por motivos terroristas o al camuflaje arquitectónico del monumento conmemorativo de las víctimas del 11-M de forma que nadie sepa el motivo de la casi imperceptible construcción al salir de la estación de Atocha.
Son algunos de los casos en los que se cede a la perversión y a la comodidad en vez de hacer lo correcto. Lo debido.
El precio que pagamos es el de todo riesgo moral, el irremediable descrédito del estado y, con él, la pérdida de la necesaria confianza social que es condición necesaria de la prosperidad.
En esas estamos.
Yo no acuso a nadie de dejar sentada una imputación contra unos funcionarios. He citado (sin poner ni quitar una coma) al autor de la entrada; que cada uno decida si el autor acusa o no.
Completamente de acuerdo en que Rajoy no ha imputado a nadie; ha sido el juez a petición del PP y nada más y nada menos que por colaboración con banda armada. Ahora, la Audiencia Nacional en pleno y por unanimidad ha dicho que la acusación no se aguanta.
Ante todo, corrijo mi comentario anterior, en donde hacía referencia a Rodríguez Prieto, pero tendría que haberme dirigido a Tena Arregui.
Espero que nadie interprete o quiera pensar, que quienes no vemos razón para crítica alguna en la actuación del Gobierno en general (y del Ministro Rubalcaba en particular), nos sitúamos en contra del Estado de Derecho.
Para mí, no estamos ante una ssituación que haya sido objeto de una interpretación contraria a derecho, sino ante una interpretación laxa de aquéllos preceptos que, otros, esgrimen haber sido violados. De hecho, si entendemos que la actuación del Ministerio ha sido contraria a derecho, la misma interpretación debiéramos aplicar a prácticas tales como la utilización de ‘topos’ por parte de la policía; que tan buenos resultados ha dado, por cierto.
Aunque comparta con usted que la depuración de responsabilidades políticas sea un ámbito que en este país no se digne en practicarse con regularidad, insisto: hay campos de actuación en dónde no debieran pedirse responsabilidad con ánimo electoralista, aquéllos campos que quedan subyugados bajo el techo del ‘Secreto de Estado’. Estamos, en mi opinión, ante uno de ellos.
Quisiera también decir, que por muy defensores que seamos del Estado de Derecho, no sería la primera vez que nos econtráramos ante una situación en el que el mismo ha sido puesto en tela de juicio (si es que somos partidarios de tal interpretación). Lo que sí creo es que sólo señalamos los agujeros del mismo cuando tales huecos son aprovechados por aquéllos que no gozan de nuestra simpatía. Pocas críticas he escuchado en ese sentido a la Doctrina Parot, por poner un sólo ejemplo. Lógico, pues la posible violación del Estado de Derecho, en ese caso, contaría con nuestro beneplácito por los fines conseguidos. Y, por favor, que nadie se sienta señalado, es un simple ejemplo con ánimo ilustrativo.
La conclusión, por tanto, es que el Estado de Derecho (que todos respetamos y veneramos) puede verse sometido a jaque en muchas ocasiones; pero la manera en la que se entiende este particular tablero de ajedrez y sus reglas (el Estado de Derecho) es dispar (y menos mal); y por ello, mientras algunos esgriman ‘jaques’ puntuales, otros dirán que son simples movimientos de peón.
Un saludo de nuevo.
Muy de acuerdo con las sabias palabras del comentario de Manu Oquendo.
Aureliano, creo que la siguiente afirmación no es exacta, o al menos completa:
“Completamente de acuerdo en que Rajoy no ha imputado a nadie; ha sido el juez a petición del PP y nada más y nada menos que por colaboración con banda armada. Ahora, la Audiencia Nacional en pleno y por unanimidad ha dicho que la acusación no se aguanta.”
En primer lugar porque el caso como tal se inicia en el año 2006 cuandoel juez Fernando Grande-Marlaska ordena a la Guardia Civil que investigue la autoría del chivatazo policial por el que Joseba Elosúa supo -según dijo él en una conversación intervenida- que era seguido por la Policía por su presunta vinculación con la red de extorsión etarra. De forma complementaria, el equipo policial al que asignó Marlaska la operación contra esta trama de chantaje envió un informe sobre el chivatazo al juez Garzón, que se hizo cargo del asunto. Desde entonces los jueces se ocupan del tema. La intervención del PP es muy posterior, en 2009, para oponerse al posible archivo del caso. El punto que pretendo destacar con ello es aquí hay un poder del Estado investigando a otro, lo que demuestra que alguien ha hecho algo mal, y me resisto a admitir que eso sea culpa de los jueces o del PP (que es culpable seguramente de un montón de cosas, pero no de ésta).
En segundo lugar tampoco me parece exacto eso de que “la Audiencia Nacional en pleno y por unanimidad no ha dicho que la acusación no se aguanta”. La nota de la Audiencia afirma que el chivatazo existió pero que no hay pruebas suficientes todavía contra los acusados, a los que levanta el procesamiento. El pleno devuelve la causa al juez instructor para que siga investigando (no podía hacer otra cosa si considera que hay un delito) y finaliza diciendo que consecuencia de lo anterior no entra a analizar la calificación jurídica concreta de los hechos. En conclusión, volvemos a lo anterior, un poder del Estado va a seguir investigando a otro.
Se pueden hacer las interpretaciones que se quiera y estar de acuerdo con una parte o con otra, pero hay hechos indiscutibles:
1- El PP ha pedido que se procese a unos policías por colaboración con banda armada.
2- La AN ha dicho que hay delito pero que no hay indicios suficientes contra los imputados que justifiquen un procesamiento, lo cual viene a ser lo mismo que decir que la acusación contra los imputados no se aguanta. Por lo tanto, la AN no ha dicho que “no hay pruebas suficientes todavía contra los acusados”; ha dicho que no hay indicios suficientes. Indicios y pruebas son cosas muy diferentes y un jurista, sea un fino jurista o no, nunca debería confundirlas. La AN tampoco ha dicho “todavía”; eso supondría prejuzgar que los habrá, cosa que la sala no puede hacer. La palabra “todavía” la has añadido tú que sí te puedes permitir el lujo de prejuzgar el asunto.
Finalmente, es cierto que un poder del Estado va a seguir investigando a otro. El origen de esto está en Montesquieu; es lo que tiene el estado de derecho, que el poder judicial puede investigar y controlar los supuestos excesos del ejecutivo.
Aureliano, estamos de acuerdo entonces: a los dos nos parece bien que los jueces investiguen (aunque a usted, de forma un poco contradictoria, no tanto si es a instancia del PP) y mal los excesos del ejecutivo (pues el delito existió, aunque no se sabe si cometido por estos u otros funcionarios). Mi opinión, simplemente, es que no por parecerme bueno y necesario lo considero menos triste.
Alfredo, yo no propongo medios ilegales, cal viva.. ¿de dónde te sacas eso? Lo de Gibraltar fue un tiroteo en que los seals anduvieron más listos que los del IRA. Y yo me alegro. Sí, me alegro; no por la muerte del terrorista (eso no me alegra) sino porque ese terrorista ya no matará más inocentes. Eso me alegra muchísimo.
La pena de muerte puede desde luego ser legalizada; incluso sin reformar la Constitución. Reformándola, muchísimo mejor. Que se puede, creo que eso es pacífico.
Es decir: primero se legisla. Se legaliza la pena de muerte. Después se aplica. Medio LEGAL, no ILEGAL.
¿O solo cabe opinar como la mayoría?
Coincido plenamente con el contenido su artículo en EC sobre el caso Faisán. El problema es que ambos partidos mayoritarios, PSOE y PP, hacen política electoral con el tema del terrorismo.
De todas las formas, por si le interesa, asumiendo que es un rollo de mucho cuidado, le paso dos enlaces en los que podrá comprobar, una vez más, pues no le imagino inocente al respecto, que la JUSTICIA en este país es, efectivamente, un puro “cachondeo”. Solamente depende de quien sea el delincuente. Un cordial saludo.
Documento nº 1
Documento nº 2
Coincido plenamente con el contenido su artículo en EC sobre el caso Faisán. El problema es que ambos partidos mayoritarios, PSOE y PP, hacen política electoral con el tema del terrorismo.
De todas las formas, por si le interesa, asumiendo que es un rollo de mucho cuidado, le paso dos enlaces en los que podrá comprobar, una vez más, pues no le imagino inocente al respecto, que la JUSTICIA en este país es, efectivamente, un puro “cachondeo”. Solamente depende de quien sea el delincuente. Un cordial saludo.
Documento nº 1
Documento nº 2