Consenso, concordia y vinculación al Orden constitucional

Con frecuencia se escucha a representantes de los grandes partidos nacionalistas (CiU, PNV) o del PSC decir que ni el Tribunal Constitucional ni los demás Tribunales pueden cuestionar el contenido de las leyes aprobadas por las asambleas legislativas de Cataluña y el País Vasco. Tampoco de las Cortes Generales cuando aprueban normas relacionadas con esas regiones, como los Estatutos de Autonomía (siempre que su contenido sea el deseado por esos partidos). Y ello porque hacerlo sería atentar contra la voluntad “democrática” y “soberana” del pueblo de Cataluña o del País Vasco expresada a través de sus representantes.

Los Tribunales, al no ser “soberanos”, no podrían entrar a cuestionar ni las leyes autonómicas ni las decisiones de esos gobiernos autonómicos tendentes a desarrollar o a aplicar dichas leyes, aunque entraran en contradicción con normas de igual o superior rango, incluida la Constitución.

Tesis tan disparatadas han sido incluso sostenidas, en diversas ocasiones y con pequeños matices, por dos figuras preclaras del Derecho Constitucional español. Por nada menos que el Ministro de Justicia, Sr. Caamaño, catedrático de la disciplina, y por la Sra. Chacón, otrora profesora del ramo, hoy Ministra de Defensa del Gobierno de España (algún día tendrá que hacerse el análisis de cómo se llega aquí a catedrático, aunque algunas pistas se dan en “La tribu universitaria” de Alejandro Nieto y en las más lejanas páginas de Ramón y Cajal).

Más allá de la anécdota, esa actitud de los nacionalistas y de sus arietes pone de manifiesto su velado desprecio por el orden político nacido de la Constitución de 1978. Una Constitución que nació fruto del consenso, cosa que -según se dice- permitió “integrar” a los nacionalistas y que algunos de ellos votaran a favor de su aprobación.

Cabe preguntarse si ese consenso era fruto de la concordia, de la adhesión convencida a un proyecto común, compartido, de convivencia. Y más aún, si ese consenso comportaba una voluntad de cumplir y hacer cumplir el orden jurídico-constitucional surgido del mismo.

Pero, ¿qué es el consenso? Según la RAE, es el acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo o entre varios grupos. La expresión tiene una carga valorativa implícita: da idea de unanimidad, pero expresada de una manera tenue, poco tajante. Por eso, se hace uso frecuente de ella en política. Evita confrontaciones sin entrañar afirmaciones rotundas.

De alguna manera, la Constitución de 1978 -en particular su título VIII, aunque no solo él- es la formalización, hecha por consenso, de un disenso sobre la unidad y la estructura territorial de España. Alzaga habló, en un sentido parecido, del “compromiso indecisión”. Y Cruz Villalón, ex Presidente del TC, de la “desconstitucionalización de la estructura del Estado”. Para poder llegar a un acuerdo aplazaron la solución, esto es, la definición de la estructura del Estado, que sigue abierta. Y si ese aplazamiento pudo parecer un acierto en aquel momento inicial, hoy cada vez más voces piensan lo contrario. Treinta años después, cada vez está más cuestionada dicha estructura, así como el grado de observancia real por parte de todos, especialmente de los nacionalistas, del orden jurídico y político nacido de esa Constitución.

Pese a todo, los políticos del PP y PSOE siguen más preocupados de conseguir el consenso de los partidos nacionalistas en las decisiones que deben adoptarse que de procurar que esas decisiones se tomen sin demora, y que su contenido sea acertado y conveniente al interés general, aunque no las voten los nacionalistas.

Se ha mitificado el consenso. Sin embargo, contra lo que se cree, las democracias no se desenvuelven en torno a la idea del consenso, sino al juego de las mayorías y al principio de división de poderes. El consenso es deseable, sí, pero la necesidad permanente de su concurso bloquearía la toma de decisiones y haría imposible la dinámica de los regímenes democráticos. Por eso, la Constitución exige mayorías -y no consensos- para aprobar las leyes o los Estatutos de Autonomía o para elegir al Presidente del Gobierno. Además, se presume erróneamente que una decisión adoptada por consenso será más acertada que otra sin él. Y esto no es necesariamente así, sobran ejemplos que lo demuestran. La bondad intrínseca de una decisión no depende del método usado para su adopción (sea por consenso, sea por mayoría).

Lo habitual, en política y en la vida, es la ausencia de consenso. La convivencia plantea conflictos de intereses continuamente -la sociedad conflictual frente a la paz de los cementerios, como decía Montesquieu-. Pero puede haber concordia sin consenso. De hecho, eso suele ser lo habitual: la concordia no implica la unanimidad de todos en todo, o la ausencia de conflicto. Ni en la vida de las familias, ni de las instituciones, ni de los países que consideramos conviven en armonía existe tal unanimidad. La concordia es la voluntad de convivir -de vivir juntos, y compartir unos valores, unos elementos históricos, geográficos, culturales, sociales…comunes, por encima de muchas otras discrepancias- conforme a unas reglas de convivencia que se aceptan y se respetan. Incluso para quien no las comparta por completo, hay que respetar esas reglas y hacerlas respetar.

Por eso mismo resulta tan paradójica la actitud de quienes tratan de imponer su voluntad exigiendo consensos sobre los temas que les convienen, y desprecian la concordia, expresada en las reglas de la convivencia aceptadas por la mayoría, cuando no se acomodan a sus intereses particulares. La convivencia civilizada consiste, empero, en aceptar que, en democracia, la voluntad de la mayoría se impone a la minoría conforme a las reglas establecidas en la Constitución. Y en respetar la división de poderes, lo cual supone que las decisiones de los parlamentos, incluidos los autonómicos, y de los gobiernos, están sujetas al control del Tribunal Constitucional y de los Tribunales ordinarios. No son, por tanto, irreprensibles.

El hecho de que los partidos nacionalistas y algún ministro del Gobierno de España traten de condicionar el contenido de las sentencias (recuerden el caso del Estatut) o se rebelen públicamente contra las decisiones del TC o de los Tribunales tratando de forzar que no se ejecuten o que se rectifiquen, es un acto gravísimo de deslealtad constitucional. Y más grave aún es tratar de hacerlo con el argumento espurio de que los tribunales no son “soberanos” para revisar las decisiones de órganos elegidos democráticamente, sean leyes o reglamentos autonómicos.

En ese argumento subyace una voluntad consciente de confundir a la ciudadanía y de no someterse, en todo lo que perjudique sus pretensiones nacionalistas, a los principios básicos del orden político nacido de la Constitución. Un sarcasmo, cuando es precisamente en esas reglas del juego -en la Constitución, y no en otro lugar- donde se encuentra el fundamento de su régimen de autogobierno que -no lo olvidemos- es de “autonomía”, pero no de “soberanía” (STC 4/1981, de 2 de febrero).

9 comentarios
  1. Curro Arriola
    Curro Arriola Dice:

    Muy verdad, Juan José.
    El principio de que la “soberanía” (en la terminología de Bodino) o “potestas politica summa” (en la de la Escuela Española de Derecho Natural y de Gentes, ya está bien de leyenda negra y de avergonzarnos de nuestras glorias, que el entorno de la la Revolución Francesa acuñó el término, pero no la doctrina: esa es nuestra); la soberanía, digo, pertenece al pueblo, existe NO PORQUE LO DIGA LA CONSTITUCION, sino incluso antes y al margen de la Constitución. ¿Acaso no era verdad antes de 1978?  Ese principio es tan básico que no depende de que esté escrito en ningún lado, salvo en la Ley Natural. La Constitución puede derogarse (supongo que antes o después sucederá, nadie creerá que vaya a ser eterna, digo yo…) y el principio seguirá mientras exista la Sociedad. Ninguna tiranía podrá nunca eliminarlo; podrán pisotearlo, burlarlo, lo que se quiera; pero eliminarlo jamás, pues procede de la misma dignidad del ser humano.
    De manera que la tración de los separatistas, al usurpar la soberanía española, que NO les corresponde, es aún más criminal; no es un simple violar la Constitución; es violar la Ley Natural.
    Bien apunta el artículo a la génesis histórica del problema, el famoso “consenso”. Qué gran ocasión perdida para haber consultado al pueblo ANTES Y NO DESPUES de elaborar la Constitución, en unas elecciones a CORTES CONSTITUYENTES que jamás tuvieron lugar, a ver si quería CCAA o no, y COMO las quería.
    Mejor nos iria.
     

  2. Elisadelanuez
    Elisadelanuez Dice:

    Totalmente de acuerdo con lo que dices. Seria muy conveniente un post sobre la desnaturalizacion y utilizacion torticera o simplemente ignorante de conceptos que estan perfectamente acuñados eb la doctrina como soberania, autonomia, legitimidad, democracia, separacion de poderes y tantos otros.

  3. Curro Arriola
    Curro Arriola Dice:

    Sí que tienen alcance las palabras, Elisa, bien dices. Pej, y por limitarme a altísimas instancias y conceptos: ¿Soberano el Rey? ¿Reino de España? ¿Príncipe el Príncipe? Incluso…¿Ministro el Ministro?
    ¿Soberano? El Rey debería ser llamado Rey (Rex) o Príncipe (Princeps), en la acepción latina, etimológica, de esas expresiones. Soberano NO es el Rey, por lo mismo que los ciudadanos ya no somos “súbditos” suyos.
    El Principe debería ser llamado “Regulus” (con todo respeto, “reyecito”). “Princeps” aquí solo lo es el Rey.
    Y España NO es un Reino; la Constitución habla de “Estado Español”, y de “Rey de España”; ni por asomo se menciona al “Reino de España”, expresión que –creo- sí que usaban las antiguas Leyes Fundamentales. Entre los títulos tradicionales supongo que estará, pero también aparece el de “Rey de Jerusalen”; son bellos recuerdos históricos y nada mas.
    En los tratados, unos años después de promulgarse la Constitución, les dio por empezar a usar lo del “Reino de España”; si no me falla la memoria, a mediados de los 80; pero para nada es pacífico ese término.
    España es una Nación, que se organiza jurídicamente como Estado y por su forma de gobierno es ahora Monarquía, de igual modo que en otras ocasiones fue República. Y el asunto no es baladí, ya que si desapareciera la Monarquía, ¿en qué quedaría España, caso de ser un Reino? En nada; como el Reino de Jerusalén: un título de un ex Rey en paro, como hay tantos por ahí.
    Y para acabar, lo verdaderamente sorprendente es que a los Ministros se les llame así. ¿Servidores? ¿Servidores? He tachado la denominación (latina) alternativa que propondría. Total, no la íbais a publicar…

  4. José Mª Pérez
    José Mª Pérez Dice:

    Interesantísimo post, en el que se explica muy bien la impostura de las minorías nacionalistas, siempre proclives a aplicar su ley favorita: “la ley de embudo”: ancha para ellos y estrecha para los demás.

  5. Lucas
    Lucas Dice:

    Para la paralización del sistema a la que conduce el consenso como principio esencial, recuerdo “la trampa del consenso” de Darnstadt. El argumento de la soberanía, ademas de falaz por lo ya comentado, implica la operación de conversión de la voluntad de una parte en la de un todo inexistente políticamente, por referencia a la categoría estatal. Si se acepta la tesis de que lo decidido en una comunidad autónoma va a misa y es intocable e irrevisable por ningún tribunal, se legitima cualquier tropelía. Imaginemos un estatuto con su referéndum y todo, que sale adelante por el apoyo de un partido en el gobierno que está ante la tesitura de apoyar ese estatuto o de convocar elecciones o quedar permanentemente en minoría. Si ese estatuto dijera por ejemplo que un río es de esa comunidad o crea un concierto económico nuevo o introduce el principio de reserva reglamentaria o atribuye competencias contrarias a la Constitución, como lo valida un referéndum, el TC ya no tiene nada que decir, no puede defender la Constitución, como esta le encomienda. La política devora al derecho, como decía luhmann

  6. aperalta
    aperalta Dice:

    Inmejorable post.
    También decir, que a veces esas posturas políticas mencionadas se han justificado más bien en cómo los Tribunales van a entrar a valorar leyes que ya han sido aprobados por el pueblo en referéndum. Como si el sometimiento a plebiscito hiciera intocables esas leyes, las otorgara una mayor democraticidad o fueran de un rango superior incluso a la CE, como si la intención del referéndum fue dejarlas a salvo del control constitucional. Cuando es todo lo contrario, el que existan “barreras” como la existencia de leyes orgánicas, aprobación por referendum o reforma constitucional por procedimiento agravado, por ej, sirven como protecciones materiales y formales para dejar ciertas materias a salvo del poder político, no del jurisdiccional o del control constitucional. Son medidas de “autodefensa” del propio ordenamiento jurídico, para dotarle de cierta estabilidad, de respeto a aquellas materias más importantes como DDFF y LLPP, dejarlas a salvo de la potestad reglamentaria y dotarlas de la necesidad de mayorías más amplias (no unanimidad) para evitar modificaciones continuas, insustanciales y dejarlas a salvo de vaivenes políticos.
    Lo que además olvidan o quieren olvidar, es que esas reservas materiales o formales, esa necesidad de mayorías o aprobación por referendum no hace esas normas más democráticas sino que son eso, materias de especial protección. Las Cortes Generales representan al pueblo español (Art. 66 y ss.  CE), las Asambles Legislativas al de las autonomías y todas las normas con rango y fuerza de ley tienen que pasar por ellas, incluso Decretos Leyes y Decretos-Legislativos (Art. 81). Por lo que son todas de igual democraticidad. El que una ley, o reforma constitucional se sometan a referendum puede otorgar más representatividad pero no mayor democraticidad en tanto en cuanto son ambos sistemas previstos en nuestro ordenamiento jurídico democrático.
    Igualmente quisiera resaltar la democraticidad y soberanía de los Tribunales. Art. 2 CE “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. TODOS LOS PODERES DEL ESTADO, también el Judicial. Es más “La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial”, Art. 117 CE. Es más, a pesar de los Jueces y Tribunales no ser órganos elegidos, su la legitimación del PJ procede de su más fuerte sujeción a la CE y a la ley. Una ley que ya es expresión de la voluntad popular. Una ley que no puede modificar ni crear arbitrariamente, sino solo interpretar y aplicarla de forma independiente y responsable conforme a la CE y el ordenamiento jco siendo la garantía de un Estado social y democrático de Derecho. 
    Un saludo
     

  7. Juan José González
    Juan José González Dice:

    Gracias por los comentarios, que en líneas generales comparto.

    Estoy de acuerdo con lo que dice Peralta sobre la justicia y los jueces. La legitimidad democrática de los jueces no es menor por el hecho de no ser elegidos en unas urnas. Esa línea argumental es la que ha conducido a la deriva del CGPJ desde la LOPJ de 1985.

    Por último, me gustaría señalar que PP y PSOE, incluso cuando han tenido mayoría absoluta, se han negado a reformar la LOREG para conseguir así que los partidos nacionalistas no tengan un exceso injustificado de peso en las Cortes Generales y perjudiquen los intereses generales en favor de sus intereses particulares.

    ¿Esperan acaso a conseguir el “consenso” de CiU y PNV en una reforma así? Nunca lo tendrán. Pero tanto PP como PSOE tienen toda la legitimidad democrática para, con mayoría absoluta, modificar esa ley. Si la CE se lo permite, ¿por qué no lo hacen? ¿Para no enfadar a los nacionalistas y “romper los consensos de la transición”? ¿Están dispuestos a seguir rehenes del consenso con las minorías, sacrificando de manera continua el interés general del conjunto del país? La culpa es del PP y PSOE, no de los nacionalistas!!

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