La reforma del sistema de Seguridad Social: sostenibilidad económica vs. sostenibilidad social

Entre las numerosas reformas legales aprobadas recientemente tendentes a reforzar la credibilidad de la economía española ante nuestros acreedores, se encuentra la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, que incluso antes de su aprobación, tuve ocasión de comentar brevemente en un anterior post.

Dicha norma acomete una reforma parcial pero relevante de nuestro sistema de pensiones, no tanto para resolver problemas de solvencia actual, pues su balance sigue manteniéndose positivo a pesar de la gravedad de la crisis que padecemos, sino para garantizar que siga pudiendo hacer frente por si solo a las pensionas futuras que ahora se están devengando sin necesidad de que sean sufragadas con cargo al sistema fiscal general.

La reforma incide en varios aspectos pero siguiendo el modelo francés y británico, profundiza en las denominadas reformas paramétricas, es decir, aquellas que se limitan a realizar ajustes tendentes a reducir la tasa de sustitución de las futuras pensiones respecto del último salario del trabajador. Algunas de ellas, en particular las derivadas del incremento de la esperanza de vida de la población, a pesar de lo impopulares que puedan llegar a ser tienen una lógica indudable, como ya hemos apuntado en alguna ocasión.

Sin embargo, aunque acudir exclusivamente a estas reformas paramétricas puede ser una solución a corto plazo, si persisten las circunstancias que amenazan la viabilidad del modelo vigente, no serán suficientes para que el sistema cumpla adecuadamente con su finalidad. En el fondo, este tipo de reformas tienen como principal resultado que el importe final de las prestaciones tienda a reducirse, lo que unido al mantenimiento de un nivel mínimo de garantía no contributivo, parcialmente financiado por el propio sistema, acentúa una función redistributiva más propia de un sistema tributario que de seguridad social.

Efectivamente, en la actualidad, y con independencia de que originalmente tenga un lejano precedente en la figura civil de contrato de seguro, el sistema de seguridad social comparte muchos elementos con el sistema fiscal. Obligatoriedad de su régimen jurídico, prerrogativas de los poderes públicos en la recaudación de las cuotas, carácter privilegiado de sus créditos, etc

Así pues, tal y como está configurado actualmente, el sistema contributivo de seguridad social se diferencia de un sistema impositivo, por una parte, en su carácter finalista, es decir, por el hecho de que haber cotizado durante un determinado periodo de tiempo es lo que genera el derecho a percibir una prestación contributiva; pero, sobretodo, por la circunstancia de que la pensión que finalmente se devengue no solo ha de estar relacionada con el importe de la cotización efectuada, sino que, aunque modulada, es proporcional a ésta. En la medida en que esta proporcionalidad desaparece, el sistema se va transformando en una mera carga impositiva que grava el trabajo productivo.

Las reformas que se están llevando a cabo a lo largo y ancho de toda Europa, como las medidas paramétricas introducidas en España o Francia; la introducción en Italia del concepto de “cuentas nocionales” en las que, resumidamente, a la hora de calcular la pensión se atribuye a lo cotizado por el trabajador un valor teórico de capitalización que no tiene correspondencia con un capital real; o la introducción en Alemania de factores de sostenibilidad extraños a la propia vida laboral del trabajador como elementos moderadores del importe final de la pensión, tienden a disminuir esa proporcionalidad, lo que acerca cada vez más a los sistemas de seguridad social contributivos europeos a convertirse en una modalidad más del sistema tributario.

Todo ello conlleva el efecto perverso de que el principal peso del gasto de las pensiones va a terminar siendo sufragado por las cotizaciones devengadas a cuenta de aquellos trabajadores autónomos o por cuenta ajena con ingresos superiores a la media. Es decir, a unas clases medias que se verán obligadas a contribuir de manera proporcional a sus ingresos hasta alcanzar los topes de cotización (aunque en España algún sector sindical pretende suprimirlos) aun a sabiendas de que las prestaciones que finalmente percibirán no se corresponderán con las aportaciones realizadas.

Con la consolidación de estas tendencias reformadoras, las cuotas sociales ya no se percibirían como un coste laboral más solo por los empresarios, sino que también serían asumidas como una carga fiscal por una gran parte de los trabajadores (en particular, los más cualificados). No es baladí la percepción que esta amplia capa de población tenga de este escenario al que nos dirigimos, pues no se acepta con la misma conformidad un modelo en el que, en cierto modo, el Estado te ayuda a ahorrar para tu vejez o para prevenir otras situaciones de necesidad, que un modelo en el que el Estado se queda con una parte más de tus retribuciones para “redistribuirlas” según las prioridades políticas y coyunturales de cada momento. Llegados a ese punto, posiciones políticas favorables al desmantelamiento del sistema podrían llegar a calar en el electorado y la sostenibilidad social o política de nuestro modelo de seguridad social verse afectada.

En conclusión, podemos afirmar que si bien la sostenibilidad económica del sistema de seguridad social es vital, tampoco podemos hacer que las reformas para conseguirla difuminen la esencia del sistema hasta el punto de transformarlo en algo distinto a lo que conceptualmente es.

 

12 comentarios
  1. elisadelanuez
    elisadelanuez Dice:

    Muy interesante el post, como siempre Jose María, en particular por lo que se refiere a la evolución del sistema de Seguridad Social hacia un modelo de redistribución de tipo fiscal, alejándose de los principios que lo inspiraron y que para un sector amplio de la población también lo legitiman. Sería importante que se hable con claridad sobre estas cuestiones.

  2. Francisco García Gómez de Mercado
    Francisco García Gómez de Mercado Dice:

    A mí lo que me parece es que se debería reducir el importe de las cotizaciones sociales (aunque sea recaudando por otro lado vía impuestos), porque estamos ante un impuesto al empleo que, como todo impuesto, desincentiva el hecho imponible.
    Esto, sin duda, resulta agravado por dos motivos: el primero es que el trabajador no es consciente de esta carga; y el segundo, en línea con lo expuesto magistralmente por José María, porque al caminar cada vez más hacia la desnaturalización del sistema que nació como seguro (aunque esta desnaturalización tenga una lógica “social”), la cotización es cada vez más un impuesto, que no conlleva de forma precisa una contraprestación, pues ese importe puede ir a cubrir a otras personas, o no resultar ventajoso para la persona por quien se cotiza al aplicar límites o parámetros diversos.

  3. Curro Arriola
    Curro Arriola Dice:

    Qué bien, José María, haces claro lo oscuro.
    Una posible conclusión práctica… quien está cotizando como autonónomo al máximo, a medio y largo plazo se está equivocando, ¿no?
    Total, cuando se jubile le van a decir que es un “rico”, y que para qué necesita tanta pensión. Si además tiene un plan privado de pensiones, o bien otros ingresos, ahorros, etc… ¿le dará la Seguridad Social algo más allá de una pensión mínima?
    Gracias anticipadas si me contestas…

  4. José Mª Pérez
    José Mª Pérez Dice:

    En contestación a Paco, no estoy del todo de acuerdo que bajar las cotizaciones sociales sea, en si mismo, una panacea, antes al contrario. Es cierto que el porcentaje de lo cotizado por las empresas en España es de los más altos de Europa, pero también que, el montante de los salarios de los trabajadores es más bajo en España que en otros paises europeos equipabales como Alemania, Francia e Italia (hace unos días se publico un reportaje muy interesante al respecto en un dominical), por lo que si se compensa una cosa con la otra, los costes laborales totales no son, considerados en su conjunto, muy distintos. 

  5. José Mª Pérez
    José Mª Pérez Dice:

    Contestando a Curro, la verdad es que resulta difícil hacer predicciones a largo plazo. A fin de evitar sorpresas con el cálculo, yo cotizaria de manera proporcional a los ingresos. Una práctica habitual de álgunos autónomos, que ahora ha pillado a muchos con el pie cambiado, consistía en cotizar muy poco durante los primeros años y, luego, en los años previos a la jubilación incrementar el tipo al máximo para así conseguir la cotización máxima. El incremento en los periodos tenidos en cuenta para calcular la pensión ha tenido el efecto de que quienes voluntariamente cotizaron por debajo de lo que podían, ahora tengan una prestación inferior a lo que esperaban.
    Por otra parte, como se ha demostrado muchas veces, los sistemas privados de pensiones tampoco son absolutamente fiables para garantizar una pensión suficiente pues están sometidos a muchas variables como la inflación y la evolución de los mercados. Si tuviera que recomendar algo, yo optaría por combinar ambos sistemas.

  6. Respirart Sívia M B
    Respirart Sívia M B Dice:

    Estoy realizando un estudio sobre la Ley y creo que uno de los apartados más polémicos es el de integración de bases, que perjudica al Régimen General y beneficia a otros regimenes especiales que no disponian del método de integración de lagunas.
    Sin duda, será muy perjudicial, sobretodo para los que no hayan cotizado en los 36 meses anteriores, ya que las bases de los meses en que no hayan cotizado no procederà la integración de lagunas.

  7. Manu Oquendo
    Manu Oquendo Dice:

    Por su relevancia a los efectos de la conversación me he permitido traer un informe aparecido en la prensa general en 2007 sobre un trabajo de Alonso Meseguer para Funcas. Desde que comenzó la crisis no se ha vuelto a hablar en estos términos.

    Cita.
    F. Núñez
     
    Independientemente de la situación actual, la pregunta que debería formularse a la clase política sobre la situación de la Seguridad Social es la siguiente: ¿Cuál sería el superávit real de la caja de las pensiones si no se hubieran empleado sus recursos para ganar elecciones, para favorecer la convergencia española con la UE o para financiar partidas de gasto del Estado?
    En un estudio realizado en 2007 sobre el actual sistema y las reformas que habría que realizar (publicado por Funcas), Javier Alonso Meseguer, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, señala que habría que hacer frente «al problema de que los continuos superávits generados por el sistema de pensiones en los pasados 30 años no han sido capitalizados hasta fechas muy recientes». Es decir, realmente la caja de las pensiones lleva registrando beneficios desde hace más de tres décadas, pero sólo se han computado los obtenidos desde 1999.
     
    Según Alonso, el Fondo de Reserva, creado a partir de este último año, debería representar el 34,33% del PIB de 2004. Sin embargo, «sólo ha alcanzado 4,14%», es decir, más de treinta puntos menos.Por tanto, a esa fecha, el superávit real de las pensiones debería haber sido de 309.000 millones de euros y, sin embargo, a finales de 2008 sólo alcanzó, después de 10 continuados de beneficios oficiales, los 57.000 millones, es decir, casi seis veces menos.
     
    ¿Qué ha pasado? Alonso lo señala también en este estudio. «Todo ello es debido a que, en el pasado, los excedentes derivados de la buena coyuntura demográfica y del mercado de trabajo fueron gastados en los Presupuestos Generales del Estado de cada año, dejando sin provisionar los derechos a que dieron lugar (el cobro de la pensiones futuras)».
     
    Es decir, la caja de las pensiones, que supuestamente sólo pertenece a los cotizantes, ha sido mangoneada por todos los gobiernos.
     
    Por ejemplo, en 1989 el PSOE decidió que la sanidad debería ser universal (para el conjunto de todos los españoles), cotizasen o no. Desde ese año, y progresivamente hasta 1997, ya con el PP en el poder, la caja de las pensiones pagó la factura de este servicio.
     
    Ese dinero debería haber procedido de los Presupuestos Generales del Estado, que se financian con los ingresos de los impuestos que pagan todos los españoles. Esto quiere decir que, una decisión política, indudablemente con rédito electoral, cayó sobre los hombros de sólo unos cuantos, es decir, de los cotizantes de la Seguridad Social. Y no así, por ejemplo, del sistema cuasi privado de los funcionarios (clases pasivas), que tienen caja propia y separada de la de los trabajadores privados, o de las de diferentes mutualidades, como los colegios profesionales de abogados, arquitectos o incluso públicas como la de los miembros de la judicatura (magistrados).
     
    Esta utilización proporcionó un déficit continuado del sistema de pensiones y una deuda histórica (que todavía existe y que supera los 3.000 millones de euros).
     
    Es lo que se encontró el PP al llegar al poder. No había dinero ni para pagar las pensiones y tuvo que diligenciar un crédito a Hacienda para pagar las prestaciones.
     
    Pero, tras llegar a La Moncloa, y en pleno desarrollo del Pacto de Toledo (suscrito por todos los grupos políticos y sindicatos), los populares también utilizaron la caja de las pensiones para favorecer la convergencia española a la UE.
     
    Resulta que el PSOE se había inventado (con el apoyo de los demás partidos) un complemento a mínimos para las pensiones más bajas con el que garantizar que las cotizaciones más bajas percibieran al menos el Salario Mínimo sin haber causado derecho. Esta decisión política, que debería ser sufragada con los presupuestos del Estado y los ingresos de todos, se cargó también a la caja de las pensiones. Sin embargo, el Gobierno del PSOE abonaba en 1996, vía transferencia presupuestaria, el 38% de ese coste (232.000 millones de pesetas frente a un gasto de 604.000 millones). ¿Qué hizo el PP? Bajó esta aportación en 1997 a 16.000 millones de pesetas, es decir, al 2,6% del coste total para facilitar el ajuste contable de la convergencia europea. Por tanto, le enchufó a las pensiones un gasto de casi 600.000 millones de pesetas más por año.
     
    Y este gasto ha venido castigando las arcas de las pensiones incluso con la llegada de Zapatero, aunque se ha venido atenuando, ya que en 2000 se acordó con CCOO (UGT no participó) que ese complemento a mínimos debería ser financiado en su integridad por el Estado y no por los pensionistas privados en un plazo de 12 años (hasta 2012).
     
    ¿Qué ocurre en la actualidad? Pues que todavía ese complemento a mínimos cuesta más de 5.000 euros al año y el Estado sólo aporta 2.406 millones, menos de la mitad.
     
    Por si fuera poco, Zapatero ha subido las pensiones mínimas (más de un 30% en la última legislatura) por compromiso electoral. Lo que significa que, independientemente de que favorece a los que tienen menor carrera de cotización porque les es más rentable incluso no cotizar al tener garantizada una pensión sin esfuerzo y que se revaloriza más que las demás, carga más gastos al sistema de pensiones. Esta decisión también debería ser pagada con los presupuestos.
     
    A este elenco de utilización de la liquidez de la Seguridad Social habría que sumar también que más de una docena de los grandes hospitales que ahora gestionan las autonomías (y ambulatorios) son de los pensionistas y, sin embargo, no pagan un euro de alquiler a sus propietarios, que necesitan ingresos para garantizarse su futuro.
    Fin de cita.

    PD. Creo que lo que está sucediendo es un delito tipificado en el código penal y que un gobierno muy concreto se despenalizó a si mismo. Cualquier tolerancia con estas conductas és cómplice.

    Saludos

     

    • Curro Arriola
      Curro Arriola Dice:

      Manu, así las cosas, ¿no te parece de ilusos seguir cotizando al máximo a la Seguridad Social? ¿Cómo un político -del partido que sea- va a respetar tan jugosa caja? Encima en plena crisis… pues meten la mano dentro.
      Cuando llegue el momento de nuestras jubilaciones, gracias tendremos que dar si nos toca una pensioncilla mínima a los que hemos cotizado a máximos.
      Si encima tenemos plan de pensiones privado, nos dirán que ya tenemos bastante.
      Un robo anunciado.

    • José Mª Pérez
      José Mª Pérez Dice:

      Me alegro del que el post haya suscitado un debate tan interesante. Los datos del informe de FUNCAS son interesantes pero hay que tomarlos con cierta perspectiva. Los superavits solo empezaron a producirse cuando se extrajo del presupuesto de la Seguridad el gasto derivado de la asistencia sanitaria sin disminuir el importe de las cotizaciones sociales. Debido a los convenios internacionales sobre la materia, la asistencia sanitaria forma parte del contenido de un sistema de seguridad social contributivo. Es cierto que, la instauración a partir de 1986 de un sistema nacional de salud con vocación de universalidad supuso una tremenda perturbación en los presupuestos de la seguridad social, al igual que la instauración de las pensiones no contributivas, pero para resolverlo se optó por separar las fuentes de financiación de la asistencia sanitaria y las pensiones.
      Lo cierto es que, desde la supresión del presupuesto de la Seguridad Social como una parte separada del Presupuesto General del Estado (que aún recordarán los más viejos del lugar) existe una cierta tendencia a utilizar los ingresos de las cuotas sociales como si de un recurso fiscal más se tratase. Esta tendencia, con la reciente reforma, no parece que vaya a atenuarse.

  8. Manu Oquendo
    Manu Oquendo Dice:

    Hola, Curro:
    Trataré de responder a tu pregunta al final del post pero este es un asunto de extrema gravedad que debe que salir a primera línea del debate político y de la exigencia porque de él depende la vertebración del estado.
    No es viable un estado cuya clase política se apropia indebidamente de fondos ajenos para comprarse votos a escala tan masiva como los 300,000 millones de Euros que faltan del superávit de Contribuciones a la Seguridad Social. Esto, se vista como se vista, es una deuda no contabilizada, fuera de libros, y es la definición de estado fallido.
    Lo propio es salir corriendo. ¿En qué creemos que consiste una república bananera? Consiste en esto que aquí se ha hecho.
     Lo racional, que no comparto porque es ponerse a la altura de unos delincuentes que se despenalizan a si mismos, es lo siguiente.
     1. Si estás en régimen general: darte por robado y tratar de compensarlo privadamente sin caer en las redes de los fondos de pensiones privados.
    2. Si eres autónomo y eres joven cotizar por el mínimo y hacer lo propio (acumular ahorro privadamente). Si eres mayor estás en el caso 1 anterior.
    3. ¿Por qué no entrar en fondos privados?: Porque son un mecanismo para crear masas de clientes forzosos para deuda pública pagando (¡encima!) cada año un 2.5% del patrimonio (gestión y depósito) y absorbiendo las pérdidas periódicas de los finales de burbujas y la degradación monetaria que es brutal. El euro ha perdido en sólo 10 años bastante más del 50% de su valor adquisitivo.
    Mira  la época en la que se comienzan a legislar los fondos de inversión y pensiones y a ser promocionados fiscalmente (aplazando impuestos) y verás que coincide con el inicio del dinero-papel y políticas monetaristas basadas en dinero sin respaldo.
    La deuda nunca la compran grandes inversores para quedarse con ella. Son sólo el primer destino de un proceso de distribución que cuando llega al cliente final (el fondito de pensiones privado) ya está hecho unos zorros.
    Cuando se entiende el sistema es para echarse a llorar. El oro está así porque hay gente que lo ha entendido hace tiempo.
     Saludos

  9. Curro Arriola
    Curro Arriola Dice:

    ¡Moño, Manu! Perdón por el exhabrupto, pero no es para menos… y vaya si tienes razón.
    Hace como nueve años ví una cosa la mar de curiosa en un fondo, vale, no era de pensiones, era de inversión, pero vaya… da la tónica del asunto en general. La ¿gestora? ¿se llama así? hablo de memoria, no me apetece mirar tecnicismos, ya me aburren; vamos, la gestora era del Banco X. Cosa natural. E invertía las perras de los inversores. Para eso está, claro. Todo muy bien.
    Lo curioso es que parte de las perras las invertía en un depósito en el Banco X (que,  recordemos, era su señorito) A UN TIPO DE INTERESES SIMBOLICO, UN MEDIO POR CIENTO O ASI. Y hablamos de como cien millones de euros… calderilla.
    Olé qué bien…
    Lo que tú dices, República Bananera. Hay que salir corriendo. ¿Recomiendas algún destino en particular?
    Otro saludo.
     

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