Las propuestas electorales de ¿Hay Derecho? (II): responsabilidad en la judicatura

Conseguir que la Justicia funcione adecuadamente es una aspiración básica de cualquier Estado de Derecho. En España todo el mundo es consciente de que ese funcionamiento es manifiestamente mejorable, pero pese que la preocupación por el tema está en boca de todos desde hace décadas, y pese a que los partidos mayoritarios han firmado unos cuantos pactos por la Justicia y han lanzado incontables proyectos con gran aparato mediático, los resultados son escasos. Hay que reconocer que el tema es difícil porque son muchas las causas que confluyen para convertir el servicio público Justicia en uno de los peores de la Administración del Estado. Podemos citar algunas:

.- La politización descarada del CGPJ, órgano supremo del poder judicial, que se encuentra completamente en manos de los partidos políticos, más preocupados por salvaguardar sus propios intereses que por garantizar los de los ciudadanos usuarios del servicio público.

.- La infradotación de la Justicia, en términos materiales y personales, con el agravante de que no existen mecanismos de medición ajustados que permitan conocer con cierta exactitud la extensión y distribución de esas carencias.

.- La descoordinación competencial, que atribuye el control de los jueces al CGPJ, de los secretarios al Ministerio de Justicia y del resto del personal a las CCAA, atribuyendo a estas la dotación de medios materiales. De esa descoordinación deriva el tradicional caos informático que padece el servicio.

.- La excesiva judicialización de nuestra sociedad, sin que se haya logrado crear una cultura de resolución alternativa de los conflictos (mediación y arbitraje), ni una ley de jurisdicción voluntaria que saque de los juzgados muchas materias sin contienda que podrían atender eficazmente otros funcionarios, ni mecanismos disuasorios que eviten un abuso de la Justicia (copago).

Sobre todos estos temas vamos a tratar en nuestras propuestas electorales, pero hay una causa importante que debe ser objeto de nuestra primera reflexión: la ausencia de mecanismos susceptibles de introducir responsabilidad de una manera efectiva en la judicatura. Es necesario premiar al juez eficiente y trabajador y castigar al vago e irresponsable. No existe ninguna organización que pueda funcionar sin un mecanismo eficiente de asignación de responsabilidades dentro del sistema.

Pienso que para conseguir tal cosa se pueden articular distintas medidas:

– Despolitizar el Consejo General del Poder Judicial de tal manera que a la hora de proceder a los nombramientos en los tribunales superiores se tenga más en cuenta que la filiación política/asociativa la competencia profesional del candidato.

– Despojar al Consejo de determinadas funciones inspectoras y sancionadoras y pasarlas a la Administración General del Estado (lo que creo que es compatible con la independencia judicial). Una cosa es poner las sentencias que uno considere oportunas y otra cosa es no poner sentencias y que no pase nada. Recordemos que demasiados expedientes en el CGPJ caducan o son rechazados por defectos de forma ¿Por qué será? Quizá por la misma razón por la que a las denuncias contra notarios y registradores les ocurre lo mismo: las tramitan en la DGRN notarios y registradores. Es necesario además establecer criterios adecuados de inspección que castiguen más la falta de diligencia del protagonista que las ineficiencias globales del sistema, de las que muchas veces el juez termina siendo la principal víctima.

– Transferir a la AGE las competencias que ahora tienen las CCAA sobre personal auxiliar y medios materiales. ¿Qué juez se enfrenta con el partido en el gobierno en su Comunidad –que puede ser muy pequeña- cuando sabe que la disparidad de criterios le puede costar quedarse sin fotocopiadoras e impresoras?

– Objetivar al máximo en la ley el régimen de sanciones de tal manera que la discrecionalidad judicial para salvar la cara a los compañeros (algo que resulta siempre comprensible y difícil de evitar) sea mínima.

– Fijar una política retributiva que dependa de la productividad (cuantitativa y cualitativa) introduciendo medidores adecuados al efecto. Es imprescindible crear una carrera atractiva y adecuadamente remunerada para los profesionales de la Justicia donde la progresión dependa del mérito acreditado.

– Eliminar el seguro de responsabilidad civil suscrito por el CGPJ por las razones ya tratadas en este blog y que se pueden consultar aquí.

Para arreglar la Justicia en España no existe ninguna varita mágica, por supuesto. Todas las causas que determinan su mal funcionamiento están además muy interrelacionadas, pero sería bueno tomar conciencia de que esta es fundamental y que hay que empezar a afrontarla de una vez por todas.

 

20 comentarios
  1. elisadelanuez
    elisadelanuez Dice:

    Creo que es difícil estar en desacuerdo con esta propuesta electoral, pero creo también que un adecuado sistema de indicadores es fundamental para poder medir y evitar las valoraciones subjetivas de todo tipo que inevitablemente se producen cuando se trata de medir y evaluar un servicio público tan particular como el servicio de administración de Justicia. El reciente barómetro del Consejo general de la Abogacía ha levantado bastante polvareda en el “sector” pero lo cierto es que sus demoledoras conclusiones sobre la percepción ciudadana y profesional de la Justicia no pueden ser una sorpresa para nadie. Urge ya hablar con claridad de los problemas que hay y de como solventarlos, y el primero coincido con el autor, es establecer un adecuado sistema de incentivos para Jueces y Magistrados, tanto positivos como negativos. El barometro se puede consultar aqui
     http://www.abogado.es/portalABOGADOS/printPortal.do?urlPagina=/S003067010/1207906868577_es_ES.html

  2. Curro Arriola
    Curro Arriola Dice:

    La Justicia es un desastre. Hecho notorio. Se precisa una solución radical.
    Los jueces también sus humanos. Muchos acceden a esa profesión por el “Don”; pero luego se casan, tienen sus hijos… necesitan el “Dín”… ¿es eso una vergüenza? Vergüenza debería dar robar; pero desear un buen nivel económico a través de medios dignos, no.
    Me refiero a que a los jueces también les incentivaría el “más trabajo, más retribución”. Y  por ahí podría solucionarse el asunto. Dejo fuera la jurisdicción penal, que es muy especial por razones obvias.
    ¿Y cómo proporcionar unos buenos ingresos a los jueces sin gravar los Presupuestos? ¿Cómo lograr que un buen jurista, cualificado, se sienta atraido -también en lo pecuniario-por la toga con puñetas?
    La Justicia, CON costas; y el Juzgado, a DESTAJO o incluso CON ARANCELES.
    COSTAS: El que quiera litigar, que litigue; pero que se lo pague. Se habla en el post del “copago”, pero seguramente se ha de ir más allá: al menos en las jurisdicciones donde se ventilan intereses particulares, señaladamente la civil, el que use el servicio que pague el servicio. De esto hay escrito para aburrir, no digo nada que ya esté dicho, y opiniones abundan. Ya está bien de que entre todos paguemos gastos causados por las demandas en materia de “honor “ (?) de los “famosos”, por ejemplo.
    DESTAJO: De esto se habla muchísimo menos. Seguramente ando obcecado en el asunto porque lo miro desde mi perspectiva de notario. Así y todo, lo expongo:
    Si hay una notaría vacante, y en esa vacante hay muchísimo trabajo, incluso miles de escrituras pendientes de ser hechas, muchísimo “atraso”, esa notaría es codiciada por los notarios que buscan destino. Si en cambio es una notaría sin apenas trabajo, que está al día, donde se sestea… esa no la quiere casi nadie. Los notarios buscamos las notarías con mucho trabajo. ¿Seremos todos Stajanov? ¿O será que mucho trabajo equivale a buenos resultados económicos?
    ¿No se podría esto aplicar a los jueces? Hay juzgados famosos, conocidísimos por su atraso… iba a decir secular; no tanto, pero casi. Nadie quiere ir, y les llegan a los últimos números de las promociones. Normal, somos humanos. Pero, ¿qué sucedería si el Juez cobrase por asunto resuelto? ¿Nadie querría ir?
    Se dirá que esto fomentaría las sentencias de baja calidad. Así es. Si cobras a destajo, no vas a meterte en muchas florituras y razonamientos jurídicos, no vas a llenar folios y folios de ciencia; pero ¿qué le interesa al justiciable? ¿qué es lo único que se lee la parte? El fallo. Con que esté mínimamente motivado, ya vale. Justicia es ante todo DAR a cada uno lo suyo, y sólo secundariamente RAZONAR por qué se le da.
    Sobre todo porque la alternativa es la actual: sentencias ejemplares (no siempre, lógico, pero en general están bastante curradas); ejemplares, pero pocas y tarde.
    Un justiciable suele preferir que su asunto se resuelva rápido, aunque la motivación sea somera. Otra cosa es si acude a la justicia para abusar de derecho, para mejor dilatar. Pero entonces no merece consideración.
    El sueldo a destajo ayudaría; pero aparece entonces otra dificultad: la mora de la Justicia NO es solamente ni principalmente lentitud del Juez; es lentitud de la Oficina Judicial en su conjunto. O se activa toda la Oficina, o activarse el Juez no servirá de mucho.
    Por eso hay que dar un paso más allá: el arancel.
    En estos tiempos de crisis, en que la realidad impone ahorros, en que ¡hasta las insaciables CCAAs, lo que hay que ver! están reduciendo sus gastos, ¿no vendría bien que la Justicia, al menos la civil, dejara de ser una carga para los presupuestos? Pues hágase al modo de las notarías y de los registros. No le costamos un céntimo al presupuesto.
    El Juez organiza TODA la oficina; busca el local y los medios materiales (igual hasta sale “algo” más barato que si eso se paga con pólvora del Rey); contrata el agua, el teléfono, la luz… y contrata el personal. Personal laboral, no funcionarios. ¿Van a ser por eso menos honestos y eficaces? ¿Acaso son menos honestos y eficaces los empleados de una notaría, de un registro?
    A la hora de organizar todo esto, buen cuidado tendrá nuestro Juez en ser austero, en gastar sólo en lo que produzca resultados. Porque es gasto que gravará su cuenta de resultados.
    Para los ingresos, se establece un arancel. Cuestión de perfilarlo, tampoco tarea imposible. En principio iría a cargo del actor, pero la condena en costas sería una institución viva y dinámica, de constante aplicación; la condena en costas es justísima. Y esas costas incluirían los aranceles. Ya digo, falta –y mucho- perfilarlo, conforme; pero la idea creo que es válida.
    Y a partir de ahí..,¿cómo funcionaría la Justicia? Pues como las notarías, con eso está dicho todo, y perdón por la vanagloria.
    Tal vez lo escrito sea un solemne disparate, tal vez. Pero antes de que nadie  encienda la pira de quemar herejes y me ponga en ella, recuerde que lo que estoy proponiendo es una PRIVATIZACION, y que eso es siempre bueno, justo y necesario, según el liberalismo imperante. ¿O no?
    Para una vez que me aparto de mi “estatalismo” habitual…

    • Lorena Moreno
      Lorena Moreno Dice:

      Con los aranceles y los monopolios hay malas experiencias, que se abusa (solo hay que ver como cobran algunos registradores). ¿Quién garantiza que el Juez no abuse del arancel?…¿Y si abusa que hacemos?…¿Tendremos 15 días para impugnar?…¿Y quién resuelve la impugnación?…
      Lo siento, pero la experiencia me dice que mezclar aranceles y monopolio es una bomba de relojería.
       
      Como ha dicho Jaime “la cuestión no tiene fácil solución, pero quizá el remedio pueda ser peor que la enfermedad en este caso”

  3. Jaime de Nicolás
    Jaime de Nicolás Dice:

    El pasar las facultades inspectoras a la Administración General del Estado probablemente la haría más eficaz y menos corporativa, por lo que los jueces estarían más atentos por la cuenta que les trae a hacer bien su trabajo (o, al menos, a tenerlo al día).
    Sin embargo, en mi opinión tendría un efecto negativo en cuanto a la independencia judicial. La inspección, mal utilizada, puede ser un instrumento de presión y acoso a determinados jueces por parte del poder ejecutivo. Si radica en el CGPJ existe el peligro sin duda de que sea usada de esta manera perversa, pero si la ponemos directamente en manos del ministerio, entonces esta capacidad de presión se multiplicará porque ya no será ejercida por los sujetos intermedios como son los integrantes del consejo, que quieras que no pueden tener ciertas resistencias a según qué actuaciones, sino por el Gobierno.
    Reconozco que la cuestión no tiene fácil solución, pero quizá el remedio pueda ser peor que la enfermedad en este caso.

  4. RR
    RR Dice:

    En el concreto tema  del a responsabilidad de los jueces creo que es muy difícil  llegar  a soluciones presentables  mientras no se resuelva un sencillo problema : A LOS JUECES NO LOS PUEDEN JUZGAR LOS JUECES. Pensemos  en la Ley del Jurado o en otras soluciones mas ingeniosas  que se dan en Derecho comparado.

    • eugenio de la Cuesta
      eugenio de la Cuesta Dice:

      Siento, de verdad, ser tan insistente con el problema que apuntas, que me afecta muy directamente. Te recuerdo que el PSOE, en su programa electoral del 2004, nos ofrecía que los delitos o faltas de los jueces y magistrados serían juzgados por jurado popular. Desde luego es un absurdo legal,  y la más elemental lógica jurídica como la de andar por casa, deberían impedir que se juzguen a sí mismos.
      Por si te interesa, aquí tienes un formidable ejemplo de alegre camaradería que, por lo visto, se justifica en nombre de un inadmisible corporativismo. ¿Hasta cuándo?

      https://docs.google.com/document/d/1LWEO81XdKZoghAGSmdBmJhf3FzfNgXgkTaXpbZfPWeA/edit?hl=es
       
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      Sinopsis:
      https://docs.google.com/View?id=dc6g67kj_0hk7bchfg
        

  5. juan josé
    juan josé Dice:

    Coincido con Curro Arriola en esto: la Oficina Judicial bajo la responsabilidad directa y exclusiva del Juez y retribuída mediante arancel.Se acabarían el 95 % de los problemas de la Justicia. Por supuesto el acceso a la carrera judicial mediante oposición como la actual y con eliminación de sistemas de acceso alternativoa.

  6. sitogr
    sitogr Dice:

    Está claro que la Justicia necesita una reforma profunda, su imagen y eficacia está por los suelos, su calidad es mejorable y una justicia lenta no es justicia. Pero también al ser tanto lo necesario a reformar creo que se ha de hacer desde la reflexión, aunque sin prisa pero sin pausa, y lo que es indispensable, que sean reformas duraderas, sin fallos ni grietas.
    Estoy casi al 90% de acuerdo con las propuestas mencionadas.
    – La politización de la justicia es aberrante. Hace falta un órgano de Gobierno de los Jueces elegido por los propios Jueces y Fiscales, y una Fiscalía de igual modo. Con verdaderos vocales y fiscales independientes.
    – Aumento de medios técnicos y humanos. Informatización e implantación de NNTT, comunicaciones eléctronicas y reducción del papel. Es indispensable replantearse la procuradoría. Esa infradotación por esa descoordinación competencial que se alude, da igual en manos de quién esté. Sea AGE sean CCAA, ni antes de la “Administración de la Administración de Jª” se hizo nada, a ninguno en todos estos años les ha interesado invertir en Jª.
    – Para ello, hace falta una dotación presupuestaria propia. Un Poder Judicial nunca puede ser un poder completo si no tiene dinero. Siempre dependerá de otros poderes. Y que los secretarios, funcionarios, etc. a lo mejor puedan depender del PJ y no de la CCAA.
    – Esa excesiva judicialización que se menciona, es por esa falta de medios alternativos de resolución de conflictos pero también por cada vez más una intervención de los poderes públicos en la vida. Una superproducción legislativa, un “derecho penal del enemigo”, con elevación de faltas a delitos, de sanciones administrativas a ilícitos penales, o delitos abstractos y formales, colapsa el sistema.
    – Respecto a la responsabilidad disciplinaria, estoy de acuerdo con Jaime de Nicolás. El despojar al Consejo de la función inspectora y darlo a la Administración (o séase Gobierno), es una politización más. Ya demasiadas injerencias hay del poder político como para darle la inspección disciplinaria. Podría usarse como presión o suspensión de determinados jueces “molestos”. Vamos a crear una Fiscalía independiente y que lleve la responsabilidad disciplinaria de Jueces y magistrados, y un CGPJ independiente y que por ejemplo los vocales del Consejo y miembros del Consejo Fiscal sean elegidos por sus miembros o o recíprocamente. Eso podría acercarse a ser un verdadero tercer poder de control del legislativo y judicial. Eso no quita que el régimen disciplinario quizás haya que mejorarlo y sea muy difícil sancionar, separar o incapacitar a los Jueces.
    – La política por incentivos, me parece que está implantada, pero quizás sería adecuado promocionarla más. Y respecto al seguro he dejado mi opinión en el post correspondiente, estoy a favor. (soy seguidor reciente de este blog que se me ha hecho ya indispensable).
    Añadiría además, 
    – Menos y mejores leyes. Es necesario reducir la superproducción y dispersión legislativa. Hacen falta más TR, leyes más duraderas y que no se superpongan entre sí. Cómo se van a explicar las sentencias si no se comprenden las leyes.
    – Agilización procesal (vamos a ver la ley en tramitación), reformas de recursos obsoletos, disminución tiempos de instrucción, mayor rapidez en peritajes y más y mejor Policía Judicial…
    – Más y mejores jueces. Hacen falta más medios humanos, funcionarios, secretarios y jueces. Pero también mejor formados: mayor adaptación a NNTT (para eso hay que tenerlas), especializaciones, formación continúa, … y eliminar las suplencias de los jueces/fiscales sustitutos, o los terceros y cuartos turnos, que en los tiempos actuales carecen de sentido.
    – Solucionar los conflictos jurisprudenciales y la tensión TC-TS, para ello veo necesaria una reforma completa del primero. Y hay que explicar claramente que el TC puede ser Justicia, pero no es Poder Judicial.
    – Y mayor labor de comunicación del Poder Judicial y de la Jª en general, que no olvidemos que emana del pueblo: está bien facilitar la comprensión del lenguaje jurídico, pero también el PJ ha de defenderse más, no ser tan retraído, explicar por qué se toman determinadas resoluciones, explicar que las leyes son las que hay, reclamar las reformas oportunas con más ahínco etc. Está bien eso de que “el Juez se pronuncia en sus sentencias”, pero si esa sentencia no se entiende para la ciudadanía, entonces no se pronuncia en ningún sitio. Mayor presencia de los Gabinetes de Comunicación que para eso están. Se ve mucho criticar, que “uno ha salido de la cárcel a los x años”, que “no se ha ilegalizado tal” o “que otro ha salido libre”… pero nadie sale diciendo que la ley es la que hay, que no se ha demostrado nada, etc. y luego vienen los problemas de que la gente reclama cadenas perpetuas, penas de muerte y cualquier barbaridad.
    Me he excedido demasiado, pido disculpas.
    Un saludo.
     

    • Fernando Gomá Lanzón
      Fernando Gomá Lanzón Dice:

      Muy sensato e interesante todo el comentario de sitogr, me centro en su último punto, el de la necesidad de una adecuada política informativa y educativa por parte de las autoridades judiciales, con el que coincido plenamente. 

       

      Está bien pretender simplificar el lenguaje judicial, pero no hay que olvidar que el Derecho es una ciencia y que su lenguaje técnico y su contenido son científicos, por lo que su comprensión, así como la de los complejos mecanismos que rigen la administración de justicia, va a tener siempre dificultades para los ciudadanos en general y la prensa en particular. Una de las actividades del CGPJ debería ser precisamente la explicación de aquellas resoluciones o actuaciones judiciales que pudieran ser polémicas o dar lugar lugar a equívocos. Una explicación clara, admitiendo preguntas, desactivaría muchos revuelos mediáticos que tanto interesan a la prensa y tan poco a la sociedad, por lo que suponen puesta en cuestión constante de nuestra justicia.

       

      En reuniones de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, a la que pertenezco, como ya he expresado en el blog, se ha tratado esta cuestión a la que se le da una gran importancia puesto que una forma de presionar contra la independencia de los jueces es precisamente someterles a un continuo juicio paralelo en los medios de comunicación, precalificando decisiones futuras o examinando lo que ha hecho con criterios que oscilan entre la teoría conspirativa (todo lo que se hace tiene intención oculta) y carrusel deportivo (minuto y resultado del más nimio movimiento judicial).

       

      A esta presión continua, provocada en parte por las necesidades propias de los medios y no por una realidad objetiva, debería responder el CGPJ deshinchando el globo cuando fuera necesario con explicaciones de lo que muchas veces son actuaciones plenamente normales, a fin de, si no parar, sí al menos reducir el efecto de los opinadores generales profesionales que tanto abundan en la prensa.

    • sitogr
      sitogr Dice:

      Estoy de acuerdo. Muchos errores informativos son por la falta de especialización de periodistas en el ámbito judicial. Se están haciendo Jornadas de Comunicación y Justicia también por el CGPJ, porque es un tema que parece preocupar, sobre todo lo que apuntas Fernando Gomá Lanzón de los juicios paralelos, es verdad que creo que esa relación prensa-justicia creo que debería ser más fluida. 
      Más aún si consideramos que la prensa (el llamado “Cuarto Poder”), al igual que el Judicial, ha de ser un control a los poderes políticos. Ambos coinciden también en su mal momento y en el cuestionamiento de su independencia. Pero la prensa es otro tema.
      Un saludo.

    • sitogr
      sitogr Dice:

      Pd. Y enhorabuena por su iniciativa, bastante necesaria por cierto. La Justicia es de todos y todos hemos de defenderla.
       
      Un saludo

  7. Escriba
    Escriba Dice:

    Quién dice que el juez debe dirigir la Oficina Judicial no tiene ni idea de como se trabaja en órgano judicial. El juez bastante tiene con admitir pruebas, celebrar juicios y dictar sentencias. Otra cosa es que pueda poner en conocimiento del Secretario de Gobierno o Coordinador o a la propia Sala de Gobierno las deficiencias de la oficina judicial y en que manera perturba su trabajo.
    Hay que ser serios, por favor.

  8. Jesús Casas
    Jesús Casas Dice:

    Las propuestas y el debate subsiguiente resultan sumamente interesantes, pero coincido con Jaime de Nicolás en que someter los juzgados a la inspección de la AGE es todavía peor, como la modificación de la Oficina Judicial y las nuevas atribuciones de los Secretarios Judiciales (no en cuanto tales) sino porque dependn jerárquicamente del Ministerio de Justicia (o la Consejería e la Comunidad Autónoma correspondiente), es decir, a la postre del mismo Poder Ejecutivo y no del Judicial, que es lo mismo que pasa con el Ministerio Fiscal. Por lo demás, aunque sufro en el ejercicio diario lo que sucede en los Juzgados, no pensemos que los letrados y procuradores no tenemos nuestra responsabilidad sobre el atasco. La tenemos. Si uno piensa en las resoluciones y sentencias y actos a los que tiene que asistir un Juez y su remuneración y aún más en la formación, medios y retribución del resto del personal al servicio de “La Administración de Justicia”, es obvio que el sólo hecho de que funcione ya es un milagro. Las reformas de las reformas de las reformas de las leyes procesales y sustantivas no ayudan sino ue entorpecen seriamente al igual que la oscuridad e imprecisión en la redacción de las normas de competencia. En cuanto a los costes y costas, quien trabaja en mercantil sabe que la justicia cuesta bastante por la tasa judicial y luego están los “depósitos para recurrir” como requisito de procedibilidad. La platafroma de la que habla Gomá o su homóloga y el propio CGPJ (que perece haber despertado mínimamente desde hace dos semanas) y vosotros mismos deberíais trabajar conjuntamente en una propuesta única y (como ahora se dice) de 360º. No sé si me equivoco mucho, pero creo que el presupuesto del CGPJ es similar al del coche eléctrico en 2011. En fin, no puede olvidarse que el Presidente del CGPJ, que lo es del Tribunal Supremo fue declarado idóneo in pectore ey in voce por el Presidente del Gobierno y, a pesar de su fama deJuez imparcial, aceptó el cargo, cuando debería haberlo rechazado ante Su Majestad “por haber sido infringida la separación de poderes, sin la cual no hay Constitución”. En 1985 Federico Carlos Sainz de Robles estuvo bien solo cuando trató de evitar la LOPJ que tenemos y que nos ha llevado hasta aquí. Como señala Fairén en los Anales de la Real Academia, citand a Melquiades Álvarez: si en un país no hay independencia judicial, huye. Este es el problema central de nuestra democracia. Si al menos hubiese Justicia, el ciudadano podría soportar las inquidades porque acabarían por componerse en un plazo razonable de tiempo. No sería objetivo no reconocer que el Ministerio de Justicia realmente ha propuesto e implantado reformas, pero, como las económicas, sin visión de conjunto y como parches, cuando no con intenciones políticas más o menos subliminales. Los gobiernos y lo partidos no van a hacer nada serio (ya han tenido tiempo y no lo consideran prioritario). Tenemos que hacerlo los juristas, todos los juristas si es que recordáis la definición de jurista y jurisprudencia de las Instituciones y el Digesto.

  9. Rodrigo Tena Arregui
    Rodrigo Tena Arregui Dice:

    Comprendo perfectamente las objeciones de Jaime de Nicolás, Sitogr y Jesús Casas a traspasar la postestad disciplinaria a la AGE por el riesgo de politización, pero en mi opinión siempre hay que ser consciente de la dificultad de alcanzar óptimos y de la conveniencia de aceptar second best cuando están a tiro. O dicho de forma menos obstrusa, lo mejor es enemigo de lo bueno. Cualquier sistema democrático para funcionar correctamente, es más, cualquier organización, exige checks and balances, contrapesos y vigilancias mutuas. Al final casi siempre hay que elegir entre dos males: riesgo de politización en casos puntuales (un poder quiere imponerse a otro) o una falta generalizada de control (un poder se vigila a sí mismo)

  10. ENNECERUS
    ENNECERUS Dice:

    Como he comentado en otros hilos, en mi opinión hay que separar al Juez de la oficina judicial. El juez debe estar para celebrar las vistas, admitir y valorar la prueba y sentenciar. El secretario judicial debe ser el jefe de la oficina judicial. Cuando el juez se constipa, la oficina judicial empezando por el secretario deben tener un gripazo de los gordos, con complicaciones graves incluidas.

    Soy partidario de que los jueces y la oficina judicial cobren a destajo, pagando los justiciables. Eso de la justicia gratuita es un camelo, pues que yo sepa, los abogados y procuradores no viven del aire, como tampoco los peritos que normalmente deben hacer sus informes para sustentar las pruebas de las partes. En definitiva, en un juicio el que menos gana por razón del propio juicio es el juez. Claro que también es el único que carece de cualquier tipo de responsabilidad.

    La consecuencia es un tipo de incentivos perverso: Los mejores licenciados no son atraidos por la judicatura y si alguno entró allí, son enormes los incentivos que tiene para pasarse al otro lado y dedicarse a la abogacía privada o directam,ente a la política, sin pasar por las urnas. Así que el caudal de conocimientos acumulado con el tiempo obtiene mejores rendimientos y no sólo económicos, fuera del juzgado.

    Hay que privatizar la retribución de la justicia, para que sea independiente del poder político y que la simple decisión de un juez ponga en la calle al empleado vago, ineficiente o corrupto, que esté sujeto a una relación laboral especial si se quiere, pero laboral. No se entiende por qué quien hace las fotocopias tenga que ser funcionario público.   

  11. elisadelanuez
    elisadelanuez Dice:

    Coincido con Rodrigo es que lo que hay que evitar es que los jueces se controlen a sí mismos. La solución optima podría ser una auditoría externa, del tipo de las que ahora se reclaman para autonomías y ayuntamientos una vez constatado el fracaso de los instrumentos de auditoría internos, que existir, existen, pero funcionar no han funcionado. Pero me parece demasiado “agresiva” dado el punto de partida. Una solución intermedia sería otro órgano de la Administración General del Estado, que yo preferiría que no fuera el MInisterio de Justicia por proximidad y porque suele haber muchos jueces y fiscales en puestos directivos, por la mentalidad de nuestros políticos de colocar este tipo de perfiles en puestos de dirección del Ministerio, por lo que el problema existente se puede agudizar, como dicen algunos comentaristas. Debería de ser un órgano alejado y ajeno a los intereses corporativos/políticos tipo una Agencia de evaluación que realmente funcione con criterios objetivos y profesionales, claro.

  12. Próspero
    Próspero Dice:

    Hay varias cuestiones en el post que me parecen especialmente desacertadas:
    – La inspección y el régimen disciplinario de los jueces y magistrados forman parte del núcleo esencial de garantía de la independencia judicial. Por eso se mencionan expresamente en el art. 122.2 de la Constitución como funciones inexcusables del CGPJ. Atribuir esas funciones a la AGE no sólo requeriría un cambio constitucional, sino que supondría volver muchos años atrás y abandonar cualquier esperanza de un Poder Judicial independiente. La AGE es también un “justiciable”, que comparece como parte en infinidad de procesos judiciales. ¿Qué independencia tendría un juez sometido al escrutinio de la AGE, o sea, del Gobierno? Ninguna. La fórmula ya existió, y su base legal última era la “unidad de poder y coordinación de funciones”, establecida en la Ley Orgánica del Estado de … 1967. ¿Eso es lo que propones, Rodrigo, volver a 1960 y a la “Dirección General de Justicia”? No juguemos con las palabras, esa “agencia independiente” de la que habla Elisa no es nada diferente del CGPJ, que ya sabemos como ha acabado. Cambiarle el nombre no serviría de mucho, salvo para “colocar” a unos cuantos amigos más.
    – La supuesta benevolencia del CGPJ en el ámbito disciplinario, que se repite por todas partes, es una falsedad que no soporta el contraste con los datos reales. En las memorias anuales del CGPJ puede comprobarlo cualquier observador de buena fe que no se limite a buscar la confirmación de sus prejuicios. El CGPJ recibe miles de denuncias, pero en realidad muy pocas se refieren a la actuación de los jueces, sino a todo tipo de cuestiones ajenas a su competencia (mal funcionamiento de la oficina judicial, retrasos en la tramitación, deficiencias en los locales y edificios) o que reflejan el mero desacuerdo con una resolución jurisdiccional, sobre la que el CGPJ tampoco tiene atribución alguna. Esa y no otra es la causa del elevado número de denuncias archivadas.
    – Se mencionan en el post los “defectos de forma” de los expedientes disciplinarios. Es largo de explicar, pero intentaré resumirlo: el Tribunal Supremo, hace unos años, cambio su jurisprudencia sobre los procedimientos disciplinarios contra jueces y magistrados, pero lo hizo para seguir los mismos criterios que se aplican a todo quisque (notarios incluidos): que un expediente no puede estar abierto de manera indefinida y que el transcurso del plazo máximo para su resolución da lugar a la caducidad. Antes de ese cambio jurisprudencial, un juez podía estar sometido a expediente disciplinario durante un plazo ilimitado y la verdad es que el CGPJ se lo tomaba con mucha calma. No era algo muy presentable en un Estado de Derecho, ¿verdad?
    – Los jueces y magistrados ya han tenido, desde la Ley 15/2003, de 26 de mayo, un sistema de retribución variable basado en “módulos”, que fue declarado nulo por el Tribunal Supremo (al que, por cierto, nunca se le aplicó) en sentencia de 3 de marzo de 2006, que estimó el recurso interpuesto contra el Reglamento del CGPJ 2/2003. Durante los años en que estuvo vigente, quedaron demostradas dos cosas: 1) un sistema de medición de la actividad judicial que tenga en cuenta todos sus aspectos, no limitado a lo meramente cuantitativo, es muy difícil de crear y gestionar; 2) la existencia de un sistema de incentivos económicos basados en la “productividad” afecta de manera negativa a la independencia judicial, pues existe un riesgo real de que los jueces adopten sus decisiones jurisdiccionales en función de dichos incentivos. Esta última cuestión ha sido objeto de varios estudios doctrinales. Uno de ellos, elaborado por el profesor Gabriel Doménech, puede leerse en http://www.indret.com/code/getPdf.php?id=1154&pdf=569_es.pdf
    – Como el sistema de módulos presentaba clamorosas deficiencias, el CGPJ era consciente de que, tarde o temprano, habría que cambiarlo y, para ello, encargó un costoso informe a una consultora privada que, tras un exhaustivo trabajo de campo y aplicando los más avanzados criterios de gestión de actividad y valoración del desempeño utilizados en el ámbito empresarial, entregó al CGPJ un estudio, que inmediatamente fue a parar al fondo más oscuro de algún cajón. ¿Por qué? Pues porque el estudio de la consultora concluía, sobre una sólida base argumental y estadística, que la carga de trabajo de los jueces y magistrados españoles era sencillamente inasumible, y proponía un nuevo sistema de retribución variable, también imperfecto, pero que mejoraba notablemente el anterior. Cuando el ministerio de justicia -que es el que paga- vio aquel informe, se negó en redondo a admitir sus recomendaciones, con el poderoso argumento de que, si se aplicara el sistema propuesto, TODOS los jueces y magistrados cobrarían productividad, y esa fue la razón de que el único estudio digno de ese nombre que se ha hecho sobre la valoración de la actividad judicial tuviera un final tan poco lucido.
    Lo que quiero decir con todo esto es que la búsqueda de soluciones para la Justicia es una tarea mucho más ardua de lo que a primera vista puede pensarse y que, si no se tienen todos los datos, se corre el riesgo cierto de “descubrir el mediterráneo” o de caer en el puro arbitrismo. Un saludo.

    • Rodrigo Tena
      Rodrigo Tena Dice:

      Próspero, extracto un par de párrafos de un artículo que se puede leer completo aquí http://www.elnotario.com/egest/noticia.php?id=1790&seccion_ver=0

      “El legislador se olvida de hacer una reforma complementaria pero esencial, entre otras, y que a nadie se le escapa es urgente, como sería la de establecer por fin y de una vez un sistema eficaz de poder exigir responsabilidad a los jueces y magistrados y demás personal al servicio de la Administración de Justicia; mientras esta reforma no se haga, los jueces y magistrados no se sentirán responsables, tal como quiere el art. 117 de la CE, y la justicia no será verdadera Justicia, por mucho que se intente cambiar la oficina judicial.”
      “El establecimiento de un sistema ágil, independiente y eficaz de poder exigir responsabilidad a los jueces y demás servidores del Juzgado, como la hay para el médico, el arquitecto y cualquier otro prestador de servicios a la sociedad, es inaplazable y entra de lleno en la nueva concepción de lo que debe ser la oficina judicial”.
      El articulo esta escrito por un abogado y catedratico de Derecho procesal con la finalidad de advertir por que la nueva oficina procesal no va a servir para arreglar los males de la justicia. Pese a que la gente sobre este tema habla mucho en privado y poco en público hay otros muchos artículos en la misma línea. Podemos citar por ejemplo los de Ramón Pelayo.
      http://www.elnotario.com/egest/noticia.php?id=1263&seccion_ver=0
      http://www.elnotario.com/egest/noticia.php?id=2654&seccion_ver=0
      Lo primero entonces sería reconocer que hay un problema y que ese problema es completamente idependiente de la planta, de los medios y de la informática, y a continuación ver cómo arreglarlo. Las medidas que propongo de manera muy general tienen sus inconvenientes, sin duda, pero habría que ver si son peores que las que ahora existen y, en ese caso, qué alternativas hay. La independencia judicial no puede ser una barrera que inmunice frente a la responsabilidad.
      Sobre la competencia en materia de régimen disciplinario creo que he contestado en una entrada anterior pero se podría añadir dos cosas. Primero, la AGE no es un justiciable más, no es un banco ni una empresa privada. El Gobierno no es Botín o Alfredo Saenz, la Administración funciona con arreglo a un principio de legalidad y tiene unos funcionarios que velan por él. Y segundo, esto ocurre en algunos países europeos bastante democráticos. Por cierto, en cuanto a su necesaria reforma constitucional ya sabemos que esto se puede hacer en una noche.
      Sin duda los expedientes sancionadores no pueden ser eternos, tiene que terminarse en un plazo determinado en garantía del expedientado. El problema es por qué caducan con tanta frecuencia. Quiénes son los instructores y por qué cuando les caduca un expediente no les cae a ellos un tremendo paquete. También eso es responsabilidad.
      Y en cuanto a que la retribución en función de la cantidad y calidad del trabajo atenta a la independencia judicial, en fin, sin comentarios. La verdad es que me encantaría que se materializase ese “riesgo real de que los jueces adopten sus decisiones jurisdiccionales en función de dichos incentivos”. Es cedir, que sacrificasen su independencia para sacar más trabajo y de mayor calidad, más predecible, más respetuoso con las decisiones de TS y TC, etc. La independencia, creo, no es hacer lo que uno crea conveniente en cada caso, sin respeto a la ley ni a como ha sido esta interpretada por los tribunales superiores. Pero en cualquier caso admito que hay sistemas mejores y peores y que no es fácil encontrar uno bueno. Simplemente apuntaba la necesidad de intentarlo.

  13. Próspero
    Próspero Dice:

     
    El artículo de Cortés Domínguez da de lleno en el blanco al vaticinar el fracaso de las últimas reformas procesales y de la nueva oficina judicial, ya constatado en Murcia, Burgos y León, ciudades cuyos juzgados y tribunales no volverán a levantar cabeza durante muchos años. Lo que no me parece tan acertado es eso de que el legislador “se olvida… de establecer por fin y de una vez un sistema eficaz de poder exigir responsabilidad a los jueces y magistrados”, “como la hay para el médico, el arquitecto y cualquier otro prestador de servicios a la sociedad”. Coincido contigo, palabra por palabra, en que “la independencia judicial no puede ser una barrera que inmunice frente a la responsabilidad”, pero ¿quién ha dicho que los jueces no son responsables y efectivamente responden? A fuerza de oírlo por todas partes, muchas personas han acabado creyéndolo, pero no es así: la LOPJ arbitra mecanismos de responsabilidad civil, penal y disciplinaria, y todos ellos se utilizan cuando se da el caso.
    Varios jueces han sido condenados penalmente en los últimos años (por otros jueces) como autores de delitos cometidos en el ejercicio del cargo. La única autoridad o funcionario público que cobra de los Presupuestos del Estado y tiene responsabilidad civil directa es el juez o magistrado (art. 411 LOPJ); para todos los demás, la acción directa del particular se suprimió por ley 4/1999, de 13 de enero. En cuanto a la responsabilidad disciplinaria, en el último año con datos publicados (2010), el CGPJ incoó 72 expedientes disciplinarios y resolvió 59 (32 de ellos con sanción). Comparando estas cifras con las de cualquier colectivo funcionarial de nivel superior (v. gr., los médicos, que cita Cortés Domínguez) verás que, ni de lejos, se llega a niveles semejantes. La supuesta “laxitud” del CGPJ en materia disciplinaria es un infundio, cuya falsedad es fácil de demostrar, aunque más fácil es creer la irreflexiva o interesada opinión que suelen recoger los medios.
    Claro que la AGE “no es un justiciable más”: es el instrumento del Poder ejecutivo, dirigida por el gobierno (art. 97 CE). La administración funciona (más bien, “debe funcionar”) con arreglo al principio de legalidad, pero lo cierto es que no siempre lo hace. Por eso existe la jurisdicción contencioso-administrativa y por eso la Constitución atribuye a los juzgados y tribunales “el control de la legalidad de la actuación administrativa” (art. 106.1). Dicho de otra forma: en nuestro sistema constitucional, son los tribunales los que controlan a la administración pública y no al revés. En realidad, el control va mucho más allá, porque se extiende al sometimiento de la actuación administrativa “a los fines que la justifican”.
    Que “la retribución en función de la cantidad y calidad del trabajo atenta a la independencia judicial” es algo que sí merece comentario, puesto que -al parecer- no he sido capaz de explicarlo bien. Cuando hablo del “riesgo real de que los jueces adopten sus decisiones jurisdiccionales en función de dichos incentivos” me refiero a algo muy concreto. Por ejemplo, si la alternativa entre sobreseimiento y apertura de juicio oral, comporta distintas consecuencias económicas para el instructor que tiene que acordar uno u otra, se está condicionado la decisión de fondo y convirtiendo al juez en parte interesada. Esto no es una abstracción, sino que ocurrió durante la vigencia del sistema de módulos. Repito que esta cuestión ha sido objeto de varios estudios doctrinales, como el ya citado o el libro (del mismo autor) “Juzgar a destajo” (Civitas, 2009), en los que se denuncian, con abundancia de datos y argumentos, los peligros reales de ese “juzgar a destajo”, en que se ha convertido la administración de justicia en España. Un saludo.

    • Curro Arriola
      Curro Arriola Dice:

      Próspero: En efecto, los jueces NO son tan inmunes: añado a lo que Ud señala que es INMENSO el número de denuncias absurdas, infundadadas e incluso ridículas que se presentan contra jueces en vía disciplinaria. Al menos lo era hace pocos años, cuando mi esposa (qepd) acompañaba como Secretario Judicial al Presidente del TSJ de Madrid a las visitas de inspección. Reconozco que comentaba luego conmigo los casos (guardando el secreto de las personas afectadas) e incluso me leyó alguna de las denuncias. Lástima que no se publiquen, porque llegaban a ser desternillantes. Todo tipo de iluminados y dementes que pululan por los juzgados atacan a los jueces de las formas más pintorescas e inauditas. Y para los jueces eso es un muy mal trago, aunque luego acaben archivándose.
      Sobre los peligros de la retribución con incentivos, el sistema arancelario que propongo no dejaría mucho resquicio al abuso. Por la sencilla razón de que sería un sistema GENEROSO; el juez se enriquecería con él, y no necesitaría acudir a “forzarlo”. Sí, se ENRIQUECERIA, pero no a la manera de los políticos. ¿Es escandaloso que un juez, trabajador y recto, gane al año 100.000 euros o incluso más? Yo creo que muy al contrario, es deseable por varias razones;  sobre todo si con ello se ahorra de paso muchísimo más dinero a las arcas públicas.
       

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