“Revolving door” entre política y justicia

El pasado día 23 de septiembre el BOE publicó una modificación de la LOPJ de carácter exclusivamente técnico, en apariencia. En ella se varía el régimen vigente de los jueces, fiscales y secretarios que ocupen cualquier puesto de designación política o de confianza o simplemente se presenten como elegibles para alcaldías o parlamentos. Hasta ahora era el de excedencia voluntaria, y a partir de la ley pasa a ser, si así lo solicita el interesado en cuestión, el de servicios especiales.

 

Dicho así, el asunto no parece de mucho interés salvo el meramente corporativo. El cambio, sin embargo, tiene su importancia. Si se está en excedencia, no se acumula antigüedad en la carrera ni se le reserva la plaza que tenía anteriormente. En situación de servicios especiales, por el contrario, se siguen acumulando años y se tiene derecho a regresar a la plaza que se ocupaba anteriormente. Además, esta reforma se hace con efecto retroactivo, de modo que pueden acogerse a esta posibilidad los que en este momento se encuentren en excedencia voluntaria. Eso significa, en definitiva, que los jueces, fiscales y secretarios que ahora mismo estén en política podrán retornar a su profesión con toda la antigüedad y con derecho preferente a su antigua plaza, expectativa que no tenían hasta el día 22 de septiembre de este año, fecha de aprobación de la ley.

 

Vaya, el frío tecnicismo administrativo de la ley pareciera transformarse en un cálido favor que los políticos hacen a algunos de los nuestros: los jueces, fiscales y secretarios en cargos políticos en la actualidad, y por cierto en perjuicio del resto de los integrantes de estas profesiones, puesto que ven cómo les van a adelantar en el escalafón los que regresen de la política, siendo así que al irse a ella y pedir la excedencia habían aceptado la pérdida de antigüedad que ésta suponía (con lo que no seria descartable que alguno de los perjudicados la impugnara judicialmente).

 

Beneficiarios de esta nueva situación son, por ejemplo, José Antonio Alonso, el ministro Antonio Camacho, o el ex ministro Fernández Bermejo, pero no se trata de una ley impulsada únicamente por el PSOE. Es ciertamente sorprendente el que en el Senado haya sido apoyada por todos los grupos representados, sin excepción, y que después haya sido aprobada en el Congreso por nada menos que 343 de los 350 diputados, y con una sola abstención (Véase, en la página 38).

 

Es posible que la razón de esta enorme e infrecuente concordancia de posturas en el parlamento no tenga nada que ocultar sino que obedezca a la creencia general de que es bueno incorporar a la vida política y a todos los partidos a personas de valía procedentes del mundo de la justicia, y que con esta nueva situación administrativa, que les deja las espaldas cubiertas, va a ser más sencilla esa incorporación. Es posible, sí, pero lo cierto es que la manera que ha sido tramitada no facilita esa impresión: se introduce en el último momento de la legislatura en el Senado, como disposición adicional de una ley ordinaria que nada tiene que ver con ésta, se prescinde del preceptivo informe del CGPJ (el cual por cierto no ha protestado, como debería),  la ley sale sin exposición de motivos que justifique su promulgación y además entra en vigor al día siguiente a su publicación. No son buenos indicios, como tampoco lo es su grosera retroactividad. El hecho de que la justificación esgrimida en el Senado sea la de una “mejora técnica de la LOPJ” (véase página 112), cuando es evidente que tiene efectos que van más allá de lo puramente formal, no contribuye a mi tranquilidad de espíritu (entre otras cosas porque, como en este blog se ha dicho muchas veces, de lo que menos se preocupan los actuales parlamentos es de la calidad técnica de las normas).

 

Se denomina en el mundo anglosajón “revolving door” al movimiento de personas que pasan de trabajar en la administración pública o en los órganos reguladores, a hacerlo en las industrias que han sido afectadas por la regulación que ha salido de aquéllas, o que hacen el camino inverso. Aunque se señalan algunos posible efectos positivos de esta situación –esencialmente, la experiencia acumulada- no se dejan de destacar los obvios peligros de una práctica como ésta para el interés público, como tan descarnadamente mostró el documental “Inside job”, tratado en un anterior post del blog. Pues bien, prescindiendo de la intención, pura o impura, del legislador, la realidad es que esta ley introduce un “revolving door” entre política y justicia que lo mínimo que se puede decir de ella es que no contribuye a fortalecer la independencia judicial frente a los poderes políticos ni la propia imagen de la justicia en España, tan mal valorada en las últimas encuestas, y así lo han denunciado todas las asociaciones judiciales, que han coincido en criticar duramente la norma.

 

La reforma operada no evita la ocasión para evitar el peligro, sino que crea el peligro de la ocasión, y con ello alimentará la sombra de la sospecha en la ya de por sí politizada percepción ciudadana de la justicia. No se trata de denostar al juez o fiscal que pase a la política y luego regrese de ella a su profesión, ni de suponerle un comportamiento incorrecto. Se trata de que para el sistema en su conjunto no es buena tanta facilidad para ir y venir; los jueces y fiscales tienen que mantener una neutralidad y una asepsia en el ejercicio de sus funciones, y la política fomenta los conflictos de intereses, las ambiciones particulares, los favores recibidos o solicitados, las amistades y enemistades o, simplemente, la corrupción. Y cuando hablamos de sanidad democrática toda precaución es poca, ya se sabe que lo único verdaderamente irresistible es la tentación.

 

 

23 comentarios
  1. Agustí Amorós
    Agustí Amorós Dice:

    Siendo la Justicia la responsable de impartir equidad, me sorprende quelos miembros de la magistratura no se vean afectados, voluntaria o involuntariamente, por los recortes que está viviendo la sociedad española. Los recortes afectan a todos los servicios públicos excepto la judicatura. Los jueces no´pertenecen a la administración, por lo tanto no pueden ver afectados sus ingresos como los maestros, personal sanitario, funcionarios… Pertencen al Poder Judicial pero, ¿quien paga sus sueldos? Pues los contribuyentes a través del Estado. Y ahora esta ley aprobada a última hora……

  2. robespierre
    robespierre Dice:

    Lo que denuncia el autor del post me parece gravísimo, y de nuevo con independencia de la finalidad, un ejemplo de la opacidad y la mala ´técnica legislativa” (nada menos que favores retroactivos)con el que nos obsequian habitualmente nuestros políticos y legisladores. Por lo demás, en este fin de època y “salvese quien pueda” que estamos viviendo con cargo al erario público están proliferando en empresas y chiringuitos de todo tipo del sector público estatal y autonómico (especialmente el andaluz) las promociones, autopromociones, subidas de sueldo y blindajes para prepararse frente a la posible llegada del PP. Y de esto no se dice nada porque la gente no se entera.  

  3. adolfo
    adolfo Dice:

    Enhorabuena por decir la verdad. Desgraciadamente, y hasta que no se suprima el cuarto turno, seguirán “aflorando” en la carrera judicial malos abogados, reconvertidos en jueces “políticos”, que serán la voz de su amo, y servirán a quien les ha nombrado, sin pasar por oposición alguna, y tras acreditar la mayoría de ellos su absoluta incompetencia para el ejercicio de la Abogacía… Y no lo digo en broma, pues es la realidad. Ningún buen Abogado, con un buen despacho, aceptaría pasar a la carrera judicial, salvo que esté al borde de la jubilación, y con pocas ganas de trabajar.

  4. Magistrada Barcelona
    Magistrada Barcelona Dice:

    Los primeros que tenemos el deber de reaccionar somos los jueces. Porque no se trata de simple mercadeo, por repugnante que sea. Se trata de meter el cazo político donde antes la Justicia caminaba sola (aunque esté ciega). Y si pasas a la política, cuelga la toga para siempre. Y a la inversa. No se puede servir a dos amos y ser independiente. Lo grave de la reforma es, aparte del oportunismo electoral, la enorme trascendencia que tiene en el futuro. Remueve los cimientos del Estado de Derecho. Me produce angustia imaginar cómo juzgará uno de ellos ante un caso de corrupción de alguien que antaño fuera su compañero de partido. Política y Justicia no pueden compartir mesa ni cama. Es una manera sibilina de colar por la puerta trasera lo que no pudieron hacer por la puerta de entrada. Claramente inconstitucional porque se carga la independencia judicial y a la vez se computa como servicio prestado lo que ha sido lo contrario. A eso le llamo yo tener o no tener dignidad y sentido del deber. Pero si el asunto se queda en una denuncia virtual estamos listos. El Parlamento en pleno actúa con la convicción de que se producirá el silencio. Y ahora mismo peligra la estabilidad del sistema democrático.

  5. adolfo
    adolfo Dice:

    Un gran Magistrado, Don Federico Carlos Sainz de Robles, cruzó el umbral de la política, y se presentó por el CDS, con mal resultado, por cierto. Pese a ser Magistrado del Tribunal Supremo y haber sido Presidente del CGPJ, jamás volvió a la judicatura, y se dedicó al ejercicio de la Abogacía, consciente de que el pase a la política contamina totalmente la carrera de un Juez. ¡Qué diferente de estos de ahora, que pasan de la política al juzgado y del juzgado a la política, pues en ambos sitios hacen lo mismo: política!
    El propio CGPJ tendría que ser reformado, y sus 20 Vocales deberían seguir ejerciendo jurisdicción, en lugar de estar allí tocándose los cataplines, ante el escaso trabajo que tiene el organismo, dadas sus menguadas competencias. No gobiernan nada, y escasamente administran algo…

  6. JJ
    JJ Dice:

    Me gustaría cambiar algo de tercio y plantear una cuestión colateral con lo que plantea usted en el post.

    Ya sé que es diferente ser juez, a ser “”funcionario”” de otros cuerpos (catedráticos de universidad, abogados del estado, inspectores de hacienda, ingenieros del estado…), pero en cuanto a los derechos pasivos y algún otro aspecto hay paralelismos que no justifican un tratamiento diferenciado.

    ¿El señor Michavila, cuando era diputado o ministro, en qué situación estaba en los cuerpos de funcionarios a que pertencía? ¿Y el Sr. Trillo? ¿Y el sr. Arias Cañete, y el sr. Herrero de Miñón, y el Sr. Calvo Sotelo Ibañez Martín, y la sra. Saénz de Santamaría, y el sr. López Amor, y el Sr. Solbes, y el Sr. Pío Cabanillas Gallas, y D. José Luis Alvarez Alvarez cuando era ministro? NINGUNO en situación de excedencia voluntaria. NINGUNO.

    Podría seguir dando nombres… Incluso el Sr. Rajoy, según tengo entendido, podría volver a su registro en Alicante que está servido desde hace años por un sustituto. Si hay sustituto es porque hay un titular de esa plaza, que la tiene en propiedad. ¿No sería más lógico que el sr. Rajoy estuviera excedente voluntario DEL TODO y que esa plaza saliera a concurso y pudiera ser cubierta en propiedad por cualquiera de los registradores en activo? Lo mismo le pasaba a José Luis Alvarez cuando era ministro. Tenía un sustituto de su notaría. Los abogados del estado, inspectores de hacienda, etc. que están en política también tienen derecho a conservar su puesto de funcinario, que entre tanto permanece servido por alguien de manera interina…. Pero esos interinazgos duran, a veces, décadas… ¿Tiene eso sentido?

    ¿Por qué, por ejemplo, el acceso a una plaza de letrado mayor del Consejo de Estado, se cubre por orden de antiguedad en el cuerpo, y lo mismo las de notarios o registradores, aunque todos ellos puedan haber estado 30 años sin ejercer la profesión, como le pasa al sr. Rajoy, y para los jueces no ocurría lo mismo? ¿Es que a los jueces se les “olvida” la profesión cuando no ejercen, y a los notarios o letrados del Consejo de Estado no? ¿No deberían tener preferencia los funcionarios con menos años en la carrera, pero con más años de servicio activo, respecto a compñaeros más antiguos que llevan años dedicados a la política o a otros menesteres?

    Todo esto es más complejo del aserto según el cual el juez que se quita la peluca no se la puede volver a poner. Hay otros aspectos “comunes” a todos estos cuerpos.

  7. Próspero
    Próspero Dice:

    El comentario de JJ introduce un aspecto esencial de la cuestión: las extraordinarias facilidades que el art. 87 del EBEP y legislación concordante ofrece a todo tipo de funcionarios y empleados públicos para “nadar y guardar la ropa”, yendo y viniendo de la política a la función pública, en la que conservan la antigüedad a todos los efectos y van ocupando puestos cada vez mejores (por la vía de la “libre designación”), postergando a funcionarios laboriosos y experimentados que, simplemente, se han dedicado a hacer su trabajo. Esta situación, en el caso de los funcionarios, es aberrante, sería considerada inadmisible en cualquier país de nuestro entorno y equivale a renunciar a una función pública profesionalizada, que pueda hacer realidad los principios constitucionales de la administración pública (objetividad, imparcialidad, etc). Pero, siendo muy mala la “ida y vuelta” en el ámbito de la función pública, en el caso de los jueces es sencillamente un disparate y una burla a la independencia judicial y a la división de poderes. Cuando, en España, un secretario de Estado, un director general, un ministro o un portavoz parlamentario pueden volver tranquilamente a sus destinos judiciales de origen (abandonados, en algún caso, hace varios lustros), en los que se les computará como ejercicio efectivo de la jurisdicción todo el tiempo invertido en la lucha política (a todos los efectos, incluidos nombramientos discrecionalees y ascensos), hablar de independencia es un sarcasmo intolerable. No entiendo cómo a los beneficiados por esta reforma (Campo, Camacho, Alonso, Bermejo, Zoido, son los más conocidos) no se les cae la cara de vergüenza.

  8. Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado
    Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado Dice:

    Totalmente de acuerdo con el post y con los comentarios. No obstante, el tema de los “servicios especiales” extendido ahora a todo el mundo mundial empezó siendo relativamente restrictivo. La idea, si no recuerdo mal, era establecer una garantía para que el funcionario se animase a desempeñas cargos en los que se pudiera cesar en virtud de una decisión discrecional -típicamente cargos que suponían una relación de confianza no necesariamente políticos, como ocurre por ejemplo con un nombramiento de directivo en una empresa pública- dado que en caso de exigir que pidieran la excedencia voluntaria muchos no se iban a animar, precisamente porque perdían la carrera profesional y a la vuelta podían tener que empezar “desde el principio”. Como de todo en esta última època se ha abusado también de la figura de los servicios especiales y ahora se dan a troche y moche, y no precisamente a funcionarios con largas carreras profesionales. En cualquier caso, el tema, como tantos otros, merece una reflexión. Pero como dice Próspero, lo de los jueces es harina de otro costal, y conste que no lo digo por corporativismo mal entendido, sino porque nos jugamos mucho más con esta revolving door que con las otras, qué duda cabe.  

  9. JJ
    JJ Dice:

    Yo estoy de acuerdo con Próspero y Elisa en que un juez no es lo mismo que un funcionario del cuerpo de archiveros de museos. Pero solo en cuanto a la función.

    Voy a poner un ejemplo. Y que conste que no tengo nada contra el interesado. Antes al contrario.

    Si yo, juez o abogado del Estado, soy diputado, y estoy excedente voluntario en el cuerpo, entiendo que NO cobro ni un duro por trienios, y que el tiempo que estoy de diputado no incrementa mis trienios como funcionario.

    La reciente información publicada sobre los diputados da cuenta de que el Sr. Arias Cañete, ha cobrado en 2010, unos 6500 Euros por “trienios como abogado del Estado” cuando no ejercía de tal.

    ¿Un juez, fiscal o secretario judicial, no podía, antes, al estar excedente voluntario, cobrar de manera similar mientras estaba de diputado? ¿No podía incrementar esa antiguedad como hacen el Sr. Cañete, y supongo harán el Sr. López Amor, el Sr. Barreda, el Sr. Nasarre, y tantos otros que son funcionarios de otros cuerpos? ¿Es eso justo?

    http://www.congreso.es/docbienes/leg9/000079/000079_000_e_0179433_20110905.pdf

  10. robespierre
    robespierre Dice:

    Creo que JJ tiene un punto..¿que hacen todos estos señores cobrando trienios además de sus sueldos de diputados y demás? ¿Como va esto de un político un sueldo? ¿Un sueldo pero con los trienios del otro?  Quizá deberían animarse a escribir un blog sobre esto, puesto que es un tema que ha entrado en campaña…Por otro lado en cuanto a lo de volver a su carrera profesional de origen..Pero si llevan todos siglos en la política!! Vamos, que renovación generacional, la justa. Por eso Arias Cañete cobra tantos trienios!!

  11. Curro Arriola
    Curro Arriola Dice:

    Pero…¿Estamos hablando de 6.500 euros de Arias Cañete? Al año… 540 leuritos al mes, por los que tributando al 43 % le quedan… ¡Por favor! Me gustaría oir al interesado al respecto, pero igual no entra en este blog; o si entra, su elegancia le impide batirse en cosillas tan pequeñas.
    Creo que hay ejemplos muchísimo más claros del abuso de la puerta giratoria esa, que no esta minucia.
    Y Miguel, que se sepa, tiene fincas rústicas, no sé si él o su mujer o los dos; y fue Ministro de Agricultura, y NADIE le ha acusado jamás de beneficiarse del cargo. Gente así es la que hace falta.

  12. elisadelanuez
    elisadelanuez Dice:

    Fernando más vale tarde que nunca…de todas formas parece que muchos parlamentarios no eran conscientes de lo que acordaban, o por lo menos eso dicen ahora. Cosa que por otra parte no sorprenderá mucho a los que conozcan como funciona (de verdad, no sobre el papel) el trámite de enmiendas en Congreso y Senado.  

  13. JJ
    JJ Dice:

    El otro día se me enfadó el Sr. Arriola, que no me entendió bien, pese a su habitual sutileza. Creo que sin razón porque ya había yo dicho que “Miguel”, como el tan familiarmente lo llama, me caía bien y lo citaba como un mero ejemplo, pero que todos los funcionarios metidos a políticos hacen igual. Pedro (Sabando) del PSOE, o Fernando (López-Amor), o Gabriel (Elorriaga), por poner ejemplos del PP cobran trienos cuando no trabajan como funcionarios, gracias a los provilegios de la situación de “servicios especiales”. Supongo que los políticos del PNV, CiU O UPyD estarán haciendo lo mismo.

    Aquí no se trata de Miguel ni de Pedro, ni de si cobran de “extra” 6000 euros o 25, sino de leyes generales, e iguales para todos (salvo que la excepción esté debidamente justificada). Y si es verdad que cuando el juez se mete en política hay que cuidar que -en cuanto a la función-luego no pueda juzgar asuntos o personas relacionadas con su etapa política, no lo es tanto que  -en cuanto a los derechos económicos- TODOS los funcionarios, cuando se dedican a la política, puedan ganar antiguedad y cobrar trienos, EXCEPTO los jueces, fiscales y demás que antes debían estar en excedencia voluntaria.

    El comentarista Próspero creo que me entendió, y también otros.

    Pero, saliéndome del post, voy a ponerles el caso de Pedro Sabando. Solo a título de ejemplo, Sr. Arriola, sobre el desmadre de los “servicios especiales”. Este señor era funcionario (o personal “estatutario” de la Seg. Social, que es casi lo mismo) con plaza de MÉDICO en un hospital de Madrid. Se dedicó de manera continuada más de 20 años a la política, pero tenía su plaza “reservada” dada la situación de serv.especiales. Dejó la política y volvió al hospital sin que se le exigiera ni un simple curso de reciclaje. Pobres enfermos, ¿no? ¿Qué culpa tenían ellos de que les tocara un médico tan poco entrenado? Y pobres los médicos que se dedicaron a ejercer la medicina y podrían haber optado a la plaza de jefe que tenía el Sr. Sabando y que volvió a ocupar tras 20 años de ausencia cuando su autoridad médica sería, a bien seguro, menor que las de sus colegas que se pasaron 20 años estudiando y atendiendo enfermos.

    Urge una regulación de los serv. especiales que impida estas anomalías.

  14. Curro Arriola
    Curro Arriola Dice:

    Bueno, Sr JJ,mis disculpas por no pillar la sutileza. En el planteamiento de fondo sí estoy bastante de acuerdo con Ud.
    Hablé de “Miguel” no porque me honre con su amistad, que apenas le conozco; es que cuando era Ministro tuvo una serie de infortunios, y por aquél entonces salió la canción del “probe Migué” ¿a que la recuerda? Pues en un club de coches clásicos -afición que compartimos- le empezaron a llamar “el probe Migué” y el mote hizo fortuna. Y tampoco era cosa de llamarle también aquí de esa manera: Por eso lo de “Miguel”.
    También es mala pata, luego se me mete Ud con Pedro Sabando. A este señor le tuve de Subsecretario en Sanidad, hace como ¿treinta? años, y las cosas como son, era un tío válido y honrado a carta cabal; al menos a mí me lo pareció. Le digo -de primera mano- que hizo por la Sanidad española lo que pudo. Eran otros socialistas aquéllos…
    Me juego algo a que cuando volvió a ver enfermos, tuvo cuidado en reciclarse cuanto hiciese falta para no perjudicarles.
    Lo digo porque en conciencia me siento obligado a decirlo.. ahora bien: hablando del asunto en abstracto y sin personalizar, yo creo que lleva Ud razón en lo que dice. Conque gracias por ello.

  15. JJ
    JJ Dice:

    Sr. Arriola, me cuentan que aparte de los coches clásicos, comparte usted con Cañete la condición de AbEst y la de alumno del mismo colegio.

    Menos mal que no es usted también reumatólogo, como Sabando, porque con esa pluralidad de saberes de que suele hacer aquí gala (desde balística, a agricultura, pasando por la teología política…), hubiera sido ya lo que faltaba.

    Imagínese que Sabando fuera anestesista, o cirujano dedicado al transplante de corazón, ¿se hubiera operado usted con él? Más allá del caso de Sabando, cuya honradez no pongo en duda, las leyes deben ser generales y cumplir una función de SEGURIDAD jurídica y garantizar de algún modo el reciclaje en casos así.

    Por otra parte, me gustaría hacer una pregunta. Otro ejemplo. El Sr. Mendizabal Allende, subsecretario del Mº de Educación, después del de Justicia en época de Suarez, antes Director de Asuntos del Sahara…, ¿acumuló o no antiguedad como magistrado cuando estaba en esos puestos?

  16. Curro Arriola
    Curro Arriola Dice:

    Apreciado JJ, creo que no me explico.
    Que sí, que yo estoy de acuerdo con Ud en el planteamiento general que hace Ud del asunto. Sólo que si cita a políticos que creo son de los poquillos que hay honrados, y no para llamarles “bonitos” precisamente, pues me veo moralmente obligado a decir que lo que sé de ellos es bueno.
    Lo cual no empece a que –repito –concuerde con  su planteamiento en general.
    Sí que me hubiese operado del corazón con Sabando; estoy seguro de que –llegado el caso- o se hubiese reciclado debidamente o no hubiera cogido el bisturí.
    Y siento no poder responder a su pregunta sobre Mendizábal; a ese señor no le conozco de nada. Para compensarle, me ofrezco gustoso a aclarar sus posibles dudas en materia de balística y de agricultura, en la medida que me lo permitan los conocimientos que Ud  -con alguna exageración, tampoco mucha- 😉 me atribuye.
    ¡Un abrazo!
     
     

  17. JJ
    JJ Dice:

    Le había entendido, Sr. Arriola. Soy yo el que no me explico bien.

    La pregunta sobre Méndizabal no iba dirigida a usted, sino al aire (no digo al viento que me confunden con ZP!!).

    Yo no tengo nada ni contra Sabando ni contra Cañete ni contra Elorriaga. Me parecen tipos listos y honrados que se benefician de una legislación que está ahí. Qui iure suo utitur nemini iniuriam facit (para que vea usted que aunque no sé balísitca, ni agricultura ni casi nada, sí algún latinajo).

    Espero que la legislación no llegue a establecer un régimen DUAL  de los servicios especiales. Uno, para los jueces o funcionarios que nos parezcan “honrados”, y otro para los que no nos lo parezcan… No se puede dejar todo, ni siquiera el reciclaje tras 25 años fuera de la profesión, al albur de la responsabilidad individual.

    Otro abrazo!

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