Del derrumbamiento de las instituciones a la transparencia como instrumento para su regeneración.

Echando la vista atrás no deja de sorprender lo rápido que ha cambiado la sensibilidad política a lo largo de los dos últimos años. A principios del 2010 empezaron a prodigarse los artículos que cuestionaban la sostenibilidad de nuestro modelo administrativo, e indicaban la necesidad de recortar los excesos de nuestro estado autonómico. No han sido pocos los posts que se han publicado en este blog sobre este tema, bajo títulos relacionados con la floresta autonómica, o la crisis institucional.  Si hace algunos meses este tipo de artículos se recibían con desdén por la clase política, indicando que poner en duda el entramado institucional autonómico solo podía plantearse en mentes jacobinas, con el transcurrir de los meses, las excusas, ante la inevitable necesidad de recortar los gastos de las administraciones públicas, cambiaron.  Las críticas pasaron a centrarse en considerar que las propuestas de recortar primero los gastos autonómicos superfluos (defensores del pueblo, embajadas, televisiones, consejos consultivos, …), antes de abordar recortes en los gastos esenciales (educación, sanidad, …) no entendían que lo superfluo solo era el “chocolate del loro” … loro orondo y bien alimentado, pero loro al final y al cabo.

La rápida evolución de los acontecimientos ha llevado a muchos políticos a percibir que aunque los gastos superfluos podrían no sumar grandes cantidades, era difícil quitar camas en hospitales y profesores en colegios, si antes no se le racionaba algo del chocolate al loro. Probablemente esta etapa llegó a su punto álgido cuando el Presidente del Congreso, D. José Bono, en una entrevista el pasado 29 de Septiembre (ver aquí) afirmaba que quizás era excesivo contar con 17 defensores del pueblo, 17 consejos consultivos, y 17 defensores del menor.  No puede minusvalorarse esta opinión si consideramos a Bono un participante directo en la deriva autonómica. Con el transcurrir de las semanas se ha llegado incluso más allá. Se ha llegado a cuestionar para qué sirven las diputaciones, para qué sirve el senado, y probablemente en breve nos lleguemos a cuestionar para qué sirve un parlamento autonómico. El adelgazamiento de las administraciones ha entrado en campaña y todo parece indicar que los candidatos han llegado a la conclusión de que una dieta de adelgazamiento será buena para sus posibilidades electorales, y buena para la salud de este país.

Probablemente ahora nos parezca muy natural, pero conviene recordar lo que se comentaba hace menos de 18 meses, y el cambio de percepción que se ha producido en este corto período de tiempo. Este cambio ha venido de la mano del derrumbe de la confianza en todas nuestras instituciones públicas. A la vuelta del verano poco quedaba ya en pie. El tribunal constitucional, el consejo general del poder judicial, los gobiernos autonómicos y locales, el gobierno central, la justicia o los órganos reguladores ya habían perdido la consideración y el respeto de la mayoría de los ciudadanos, y para los políticos “nos habíamos quedado sin calificativos”, según nos ha venido informando puntualmente el CIS. En esta situación, solo había una institución que había quedado a salvo: el Banco de España parecía reflejar el espíritu de la rectitud, la ortodoxia, la independencia, y a él habíamos encomendado nuestra confianza en la fortaleza del sistema financiero español. La publicación de las millonarias jubilaciones e indemnizaciones de los directivos de las cajas de ahorros, incluso de las intervenidas, solo nos ha dejado dos alternativas, o pensar que los inspectores del Banco de España no estaban tan cualificados como creíamos, o pensar que tenían “buenas razones” para no poner pegas a esas indemnizaciones y jubilaciones. Cada uno es libre de elegir la opción que prefiera, pero con el Banco de España ha caído la última trinchera de la confianza ciudadana en las instituciones  españolas.

En esta situación, la palabra regeneración empieza también a abrirse camino en los discursos, tertulias y programas electorales. Si de algo quería escribir en este post es justamente de cómo se puede regenerar un país que parece haber retrocedido muchos años en la calidad de sus instituciones públicas. Si suponemos que la idea de “destruyámoslo todo y volvamos a empezar”, que tanto nos ha gustado  en épocas pasadas, tiene los tradicionales inconvenientes de que en medio de ese proceso de destrucción y reconstrucción siempre aparece un “salvador” que se queda con todo,  deberíamos hacer un esfuerzo por pensar en una regeneración más tranquila y realista. Los discursos que se escuchan son poco alentadores: vaguedades, leyes para “cambiar el gobierno de los jueces” o “evitar que un político vuelva a dirigir un organismo independiente”,… Yo creo que solo hay un camino, y ese camino tiene un nombre  el  de  transparencia.

Hasta ahora se ha subestimado la “dosis” de transparencia que precisa este país. Cuando se han mostrado como han fallado todos los controles de la administración para evitar el despilfarro y la corrupción. Cuando nos hemos convencido de la facilidad con la que el poder político puede saltar sobre los controles administrativos. Cuando hemos comprendido que los cuerpos de servidores públicos encargados del control y la supervisión, sean interventores, reguladores, tribunales de cuentas o …, siempre han conseguido poner a salvo su honor y profesionalidad mediante el respeto  escrupuloso de los procedimientos pero sin atender a su finalidad última, con el  resultado  del derrumbe institucional y económico del país, creo que no es demasiado difícil llegar a la conclusión que el único órgano de control verdaderamente eficaz en esta nueva etapa es el que pueden ejercer directamente los propios ciudadanos.

En algunos artículos económicos de la pasada semana (ver aquí) ya se apuntaba la poca transparencia como uno lo de los problemas que lastran la credibilidad de España en el exterior. En el interior nos hemos quedado sin palabras. Que el actual gobierno no fuese capaz de aprobar una ley de transparencia en la legislatura que acaba de terminar no es un mensaje muy alentador, más teniendo en cuenta que la ley más parecía un artificio de distracción que una herramienta verdaderamente eficaz. Los discursos de los partidos en este inicio de campaña tampoco parece que acaben de recoger lo esencial del mensaje. Se habla de una ley de transparencia, como algo técnicamente complejo, en el que habrá que desplegar todo el saber administrativo para contemplar el derecho a pedir información, los plazos para proporcionarla, el cómo debe tratarse el silencio administrativo, las administraciones involucradas, … complejo, muy, muy complejo …

Creo que entender la situación de lo que ahora precisa España, si queremos una regeneración, intentando evitar la revolución, es comprender que probablemente la ley de transparencia debería ser la ley más corta y sencilla de las que se han aprobado en España en mucho tiempo. Probablemente bastaría con un articulado trivial: “todo ciudadano tiene derecho a acceder a cualquier información que genere o maneje cualquier administración pública”, y “toda administración pública debe poner a disposición de todos los ciudadanos toda la información que genere, maneje o reciba”. Así de simple. Dejemos los detalles menores para más adelante.

No se trata de que los ciudadanos “pidan”, y las administraciones de acuerdo con lo que diga una ley “entreguen”. No, ese es el error básico de concepto. Eso no funcionará. Se trata de que las administraciones lo publiquen “todo”. ¡En la era de Internet qué menos se puede pedir! Todo incluye por supuesto, contratos, contratados, currículums, agendas, gastos, presupuestos, salarios, deudas,…., todo. Que no se preocupen nuestros siempre bienintencionados gobernantes por el volumen de información. Solo el hecho de tener que publicarlo es un incentivo suficiente, y publicado en el formato adecuado, seguro que  hay personas que estarán interesadas en echarle un vistazo a toda la información. Espectáculos como el vivido en los últimos años con el Presidente Montilla negándose a facilitar al Parlamento unos informes contratados en condiciones más que dudosas (ver aquí), o la Junta de Andalucía negándose a facilitar a una juez documentación para investigar el escándalo de los EREs (ver aquí) no pueden repetirse, si se quiere volver a construir o cimentar la credibilidad de nuestras instituciones.

Ponerlo en práctica no parece demasiado complicado, solo nos queda esperar para comprobar la verdadera voluntad de los políticos.

7 comentarios
  1. Transparente regional
    Transparente regional Dice:

    Lo cierto es que en algunas Comunidades españolas aún no se ha producido el proceso de “racionar el chocolate al loro”. Que en Cataluña se mantengan las lujosas embajadas en el exterior, de utilidad aún por explicar, y las millonarias subvenciones al doblaje, mientras se recortan camas en hospitales y se cierran consultorios es algo muy difícil de entender.

    O los catalantes no disponen de toda la información, o realmente consideran que embajadas y doblajes son básicos para su bienestar. O quizás sea que como la culpa la tiene el gobierno central de Madrid, se rigen por otras reglas de lo que es o no admisible en los recortes.

  2. Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado
    Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado Dice:

    Lo cierto es que o no tienen toda la informacion, lo que podria ser dado el control de la Generalitat sobre los medios y la sociedad civil via ayudas y subvenciones, o bien realmente piensan que toda la culpa es de Madrid que se niega a darles el famoso concierto fiscal a la vasca con el que podrian permitirse a costa del resto tener embajadas, pelis en catalan y hasta hospitales publicos. Ahora parece que se/los van a lanzar a la calle para pedirlo…todo antes que asumir la propia responsabilidad de unos cuantos gobiernos autonomicos en los ultimos 30 años.

  3. Curro Arriola
    Curro Arriola Dice:

    ¿Y hasta donde llegaría, a efectos de esa “transparencia”, el concepto de Administración Pública?
    Porque a mí me gustaría sabre si es cierto, como se ha publicado, que hay quien se lleva comisión por cada barril de petróleo que importa España.
    De ahí mi interés por saber cuál es el concepto de “Administración Pública” a estos efectos.

    • Juan Luis Redondo
      Juan Luis Redondo Dice:

      Como pregunta retórica es muy interesante. La respuesta tiene que ser la obvia: la administración pública llega hasta donde llega la gestión del dinero público que aportan ciudadanos y empresas con sus impuestos y tasas. Mas allá, creo que será territorio de la fiscalía anticorrupción.

  4. Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado
    Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado Dice:

    Yo también confío en la fuerza de la transparencia como remedio para muchos de los males que se describen en el post. En este sentido, la idea que me parece más interesante es la de que la transparencia no se reduzca a una ley de las de siempre (ya saben, de esas que se anuncian a bombo y platillo y luego no se cumplen) sino que realmente sea un principio informador de todas las actuaciones de las Administraciones e instituciones que, como bien dice el autor, manejan dinero público. 

  5. Manu Oquendo
    Manu Oquendo Dice:

    Buenos días
    Me ha gustado el artículo y quisiera añadir algunas cosas que dan perspectiva y explican la necesidad de que nuestras percepciones sean más acordes a la realidad.
    1.   La UE tiene un coste fiscal que es un 30% superior a USA y a Japón.
    2.   Además de la fiscalidad explícita hay otra, la oculta, que es imposible medir pero que también es visible y de dimensiones anormales. Se puede estimar viendo, por ejemplo, el tipo de compañías que cotizan en los principales mercados. Desde el Nikkei al Dow, al Dax o al IBEX-35.
    3.   En nuestro IBEX 35 lo realmente difícil es ver una cotizada que no dependa estratégicamente del sector público o que no preste un servicio público desde titularidad privada. Esto complica extraordinariamente la situación porque no es que tengamos un  problema con la estructura político-administrativa, es mucho más grave.
    4.   El fenómeno se extiende como la raíz del sauce hasta el servicio de salvamento de las piscinas municipales, la recogida de basuras o tantos otros que son en outsourcing. A pesar de ello tenemos casi los mismos empleados públicos que Japón que tiene 2.5 veces nuestra población.
     
    Por otra parte hablamos de Transparencia e Información. Realmente lo que existe y de modo creciente es lo contrario y no sólo en España. Invito a que se busque, en el INE o donde sea un dato de lo más sencillo: Renta neta disponible real desde 1975 a la fecha (per cápita). Si existe no es visible, se restringe a datos desde 2008 a hoy y, quizás, se reserva para doctorandos de confianza.
    Este fenómeno es global. Si se busca el mismo dato o parecido en el US Labour Statistics Data Base sale un mensaje dirigiéndote al Web Master.
    La información es restringida y ya comienza a haber negocios que suministran información estadística (“Shadow Statistics“) porque la restricción viene desde hace años, afecta a numerosos índices y los datos oficiales son incluso sospechosos o poco fiables.
    Es decir, ya hay información secreta entre otras cosas porque es un viejo asunto que la efectividad de la política económica está en riesgo o es menos efectiva si el sector privado tiene los mismos datos que los Bancos Centrales o los Gobiernos que dan instrucciones a dichos bancos.
    En otras palabras: Estamos en presencia de un problema sistémico y por tanto irresoluble desde dentro del sistema.

    Una de las facetas de este asunto es que, desde la revolución francesa todos aceptamos de modo natural el poder ilimitado del estado y por ello el poder político se va refugiando cada vez en instancias más globales integrándose en instituciones al más alto nivel que se dedican a impartirnos instrucciones (la vigilancia de nuestros correos electrónicos es sólo un ejemplo menor) convirtiendo la democracia en un remedo deforme y sin legitimidad reconocible de modo natural.
    Cada vez más el sistema se basa en la fuerza coercitiva y menos en el sentido común y en el derecho natural.
    Este proceso es una bomba de tiempo que, in extremis, nos va a llevar a lo que parecía absurdo: la legitimación de los nacionalismos periféricos como defensa del individuo. No es broma: CIU es el partido que representa a España en la Federación Europea de Partidos Liberales.
    Un saludo

  6. Curro Arriola
    Curro Arriola Dice:

    Muy bien Manu; pero dale a CiU la independencia, ya verás qué poco tardan en apuntarse al carro del Estat Gran Germá. Que una cosa es predicar y otra dar trigo.

    Claro que no hay “democracia” verdadera. En los tiempos actuales, donde el control de las mentes llega a donde llega, donde se deforma al ciudadano medio -desde pequeñito- para que sólo entienda de fútbol y de famoseo… ¿es posible una Democracia tradicional? ¿No sería mejor una Aristocracia, pero que no fuera la del dinero como hoy en día?
    ¿Exagero? Un botón de muestra: han eliminado de nuestros estudios infantiles el Latín y el Griego. Porque enseñan a pensar. Mientras tanto, las élites dirigentes mandan a sus hijos a carísimos colegios extranjeros… donde les atiborran de Latín y de Griego.
    ¿Democracia? Sólo en apariencia.

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