Presunción de inocencia, sentencias absolutorias y libertad de pensamiento
Con frecuencia, cuando algún político o personaje poderoso resulta inmerso en un proceso penal, la opinión pública hace un juicio paralelo sobre los hechos conocidos o filtrados del sumario judicial. La gente, a veces manipulada por las rivalidades políticas o mediáticas, va sacando sus conclusiones sobre la probidad y altura moral del personaje, sin esperar a las conclusiones de la sentencia posterior. Sentencia que tardará años en dictarse y que luego podrá ser revocada por tribunales superiores sin que la “solución” definitiva sobre la inocencia del interesado se aclare en mucho tiempo.
Si el primer pronunciamiento judicial es absolutorio, se dirá inmediatamente que ha habido un linchamiento moral inadmisible con la “pena de banquillo” y “de telediario”, cosa que muchas veces –pero no siempre- es cierta. Recuerdo aquí al juez Rico Lara, injustamente linchado, y el estupendo trabajo que, en su defensa, publicó el notario Rafael Leña.
Sin embargo, también es posible que una persona de ejecutoria conocida y más que dudosa se libre por los pelos de la condena penal y trate –absolución en mano- de hacer creer a la opinión pública que es un santo varón y nada tuvo nunca que ver con los hechos. Y es que hay casos en los que uno sale absuelto, por motivos diversos, aunque el relato de hechos probados de la sentencia sea inequívoco respecto a lo siniestro de su comportamiento. O sale absuelto sin que nadie -ni los medios de comunicación, ni sus propios compañeros de partido- ponga en duda el contenido y veracidad de documentos, grabaciones telefónicas o pruebas difundidas por la prensa que, sin embargo, no son tenidas en cuenta por el tribunal al haberse, por ejemplo, obtenido de manera irregular, entre otras causas.
Cabe preguntarse si, cuando el derecho a la presunción de inocencia –que tiene toda persona sometida a un proceso penal o administrativo sancionador o a un expediente disciplinario- no ha podido ser enervado en casos así, los ciudadanos/votantes deben atenerse exclusivamente al resultado de la sentencia o son libres de pensar lo que quieran sobre la ejemplaridad o desvergüenza del personaje en cuestión.
Por otra parte, el grado de manipulación de la justicia cuando afecta a políticos o a empresarios/personajes poderosos es tal que, en no pocas ocasiones, algunos delincuentes se terminan yendo de rositas. Y también sucede lo contrario: que algunos chivos expiatorios acaban siendo condenados cuando los jefes que les dieron las órdenes (no por escrito, claro) no son siquiera procesados. En casos así, ¿podemos sacar libremente nuestras propias conclusiones sobre estos personajes, o debemos atenernos a lo que resulte de la sentencia del juez penal? Yo no, desde luego. Ni en el caso Faisán (ya me huelo la sentencia, o más bien la no-sentencia), ni sobre el caso Gal, ni sobre Camps, ni sobre Ruiz-Mateos, ni sobre Filesa, ni sobre los implicados en el caso Naseiro, ni sobre los Albertos, ni sobre Sáenz, ni sobre Garzón (después del estupendo artículo de I. Gomá sobre el Sr. Garzón, y tras seguirle tantos años en los periódicos, seguiré considerándolo un magistrado nefasto, por mucho que el Tribunal Supremo le absuelva, y por más que en el futuro le elijan Premio Nobel de la Paz o Presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos).
Y es que la historia no la escriben los tribunales. La vida, que es más ancha que la historia, es mucho más ancha que el Derecho Penal, y ni se escribe ni se agota en los juzgados.
Una sentencia absolutoria constata que el derecho a la presunción de inocencia no ha podido ser destruido en un proceso penal desarrollado con todas las garantías. Pero no supone siempre –ni mucho menos- una afirmación categórica ni un certificado absoluto, en positivo, de inocencia REAL ni de probidad, ni de conducta recta o ejemplar. Justamente porque la presunción de inocencia no es absoluta es por lo que existe la posibilidad procesal de romperla.
Es posible que el relato de hechos probados de una sentencia proclame, como algo indubitado, que el acusado no realizó los hechos de que se le acusaba. Pero con mayor frecuencia el tribunal se suele limitar a señalar que la prueba practicada no le permite declarar probado con total seguridad el relato fáctico de la acusación, aunque sin atreverse a dar por sentada la conclusión contraria. El tribunal, en tales casos, tiene pruebas que apuntan contra el acusado, pero no lo suficientemente concluyentes, y la más mínima duda impone un pronunciamiento absolutorio conforme al principio <<in dubio pro reo>>.
En los años noventa, un conocido proceso contra el narcotráfico se saldó con la absolución de algunos de los implicados porque el tribunal no pudo tener en cuenta, como prueba, los pinchazos telefónicos realizados durante la instrucción, que no se consideraron ajustados a derecho. El Presidente del Gobierno y otras autoridades lamentaron públicamente esas absoluciones y abogaron por una reforma legislativa que impidiera en el futuro nuevas absoluciones de narcotraficantes como la acontecida. ¿Por qué lamentarse de que unos inocentes hubieran sido absueltos? ¿O no eran tan inocentes? ¿La sentencia absolutoria nos obliga a pensar que esas personas no traficaban con drogas? ¿O más bien debemos pensar que el Estado de Derecho y el sistema policial/judicial a veces falla y deja resquicios por donde algunos “delincuentes” se escapan disfrazados de “inocentes”?
La absolución no equivale siempre ni necesariamente a la inocencia REAL. La absolución puede venir determinada, además de por las causas citadas, por la prescripción de los hechos, o por una excusa absolutoria, o porque las personas cuyo testimonio incriminatorio sería concluyente están dispensadas de la obligación de declarar contra el acusado (art. 416/417 LECrim), o por la aplicación de una eximente completa, o por error vencible, o por alguna otra causa.
Por ello, la afirmación según la cual toda absolución constituye un refrendo judicial de la honorabilidad del personaje o de que los hechos enjuiciados son falsos y nunca existieron, es pura demagogia. Cuando, en un partido de fútbol, el estadio entero (y miles de espectadores por TV) ven el patadón que un defensa le mete en la tibia al delantero centro del equipo contrario, ese patadón –y la conducta sucia del defensa- no deja de existir por el hecho de que el árbitro no lo pitara. ¿O es que no se puede disentir del árbitro y hasta tener razón?
Abogado
Dentro de las garantías dle proceso penal existe una muy importante, la separación entre la fase de sumario y la elevación posterior a plenario. Como consecuencia de una sentencia condenatoria contra España por el TEDH, las leyes impiden que el juez que ha instruido el sumario pueda formar parte del Tribunal que haya de valorar la prueba y juzgar al acusado.
Uno gravísimo problema existente en España es la identificación de la responsabilidad política con la ilicitud penal. Teniendo en cuenta que a pesar de los numerosos dislates que en nombre de lo políticamente correcto viene perpetrando el legislador, lo penal es la ultima ratio legis, equivale a dar un cheque en blanco al corrupto.
La insuficiencia de este principio, más que corregido resulta agravado por otro de contrario sentido: la grotesca utilización política y mediática de la instrucción de un sumario contra personajes conocidos, de modo y manera que al final resulta mucho peor la “pena de telediario” que la sanción penal en sí.
En un contexto como este, se blande de forma incorrecta la presunción de inocencia fuera del ámbito que le es propio, que es el del proceso penal o administrativo sancionador y se utilizan todos los resortes del poder, que no son pocos, para imponer “penas de telediario” a justiciables que en muchos casos no sólo son absueltos, sino que ni siquiera son procesados.
El resultado: Que entre la inexistencia de una ética de la clase política que expulse de su seno a quienes se comportan de forma inmoral (que diferencia con la dimisión del Ministreo de Defensa alemán porque había copiado unos párrafos en su tesis doctoral); la deleznable politización de jueces mediocres e irresponsables que eligen la judicatura como trampolín a la fama y la constante “adaptación” de las normas penales y procesales y su intrepretación a las “necesidades del momento” (caso Albertos), hablar de que España es un “estado de derecho” no deja de ser una mera declaración de intenciones. Y aún ni eso siquiera.
Dentro de las garantías dle proceso penal existe una muy importante, la separación entre la fase de sumario y la elevación posterior a plenario. Como consecuencia de una sentencia condenatoria contra España por el TEDH, las leyes impiden que el juez que ha instruido el sumario pueda formar parte del Tribunal que haya de valorar la prueba y juzgar al acusado.
Uno gravísimo problema existente en España es la identificación de la responsabilidad política con la ilicitud penal. Teniendo en cuenta que a pesar de los numerosos dislates que en nombre de lo políticamente correcto viene perpetrando el legislador, lo penal es la ultima ratio legis, equivale a dar un cheque en blanco al corrupto.
La insuficiencia de este principio, más que corregido resulta agravado por otro de contrario sentido: la grotesca utilización política y mediática de la instrucción de un sumario contra personajes conocidos, de modo y manera que al final resulta mucho peor la “pena de telediario” que la sanción penal en sí.
En un contexto como este, se blande de forma incorrecta la presunción de inocencia fuera del ámbito que le es propio, que es el del proceso penal o administrativo sancionador y se utilizan todos los resortes del poder, que no son pocos, para imponer “penas de telediario” a justiciables que en muchos casos no sólo son absueltos, sino que ni siquiera son procesados.
El resultado: Que entre la inexistencia de una ética de la clase política que expulse de su seno a quienes se comportan de forma inmoral (que diferencia con la dimisión del Ministreo de Defensa alemán porque había copiado unos párrafos en su tesis doctoral); la deleznable politización de jueces mediocres e irresponsables que eligen la judicatura como trampolín a la fama y la constante “adaptación” de las normas penales y procesales y su intrepretación a las “necesidades del momento” (caso Albertos), hablar de que España es un “estado de derecho” no deja de ser una mera declaración de intenciones. Y aún ni eso siquiera.
Estoy de acuerdo con las puntualizaciones de Ennecerus. Este tema da para mucho, y en un post es fácil que queden cosas sin decir.
En cuanto a la manipulación de los sumarios judiciales para afectar con “penas de telediario” a gente limpia de polvo y paja, totalmente de acuerdo. Un atropello. Eses aspecto lo han tocado en este blog Fernando R. Prieto y Álvaro Delgado.
Pero la manipulación también puede consistir en lo contrario. En no exigir ninguna responsablidad a gente que puede razonablemente tenerla. ¿A qué obedece si no que políticos con responsabilidades (no solo políticas, sino a veces también penales) no son, a veces, ni imputados, ni procesados, ni tan siquiera llamados a declarar como testigos. ¿No es esa una forma de manipulación también?
Pero de esta se habla poco.
Las responsabilidades penales debidas, que no se os exigen, por ser vos quien sois. O porque se sabe que luego vendrán las presiones y los “cocinados” del asunto y quedará todo en nada.
Otro tema, al que Rodrigo Tena se refirió en un post reciente, es el relativo a los expedientes disciplinarios instruidos, por sus propios compañeros de cuerpo, a jueces, a notarios o a registradores por faltas disciplinarias. Dado el corporativismo que apuntaba Rodrigo (y que nace de la LOPJ, o de la LN, o de la LH) ¿cómo esperar que el expediente acababa en sanción? Es decir, que no siempre, pero muchas veces, el expediente acaba en nada, cuando debería acabar en sanción.
Estoy de acuerdo con las puntualizaciones de Ennecerus. Este tema da para mucho, y en un post es fácil que queden cosas sin decir.
En cuanto a la manipulación de los sumarios judiciales para afectar con “penas de telediario” a gente limpia de polvo y paja, totalmente de acuerdo. Un atropello. Eses aspecto lo han tocado en este blog Fernando R. Prieto y Álvaro Delgado.
Pero la manipulación también puede consistir en lo contrario. En no exigir ninguna responsablidad a gente que puede razonablemente tenerla. ¿A qué obedece si no que políticos con responsabilidades (no solo políticas, sino a veces también penales) no son, a veces, ni imputados, ni procesados, ni tan siquiera llamados a declarar como testigos. ¿No es esa una forma de manipulación también?
Pero de esta se habla poco.
Las responsabilidades penales debidas, que no se os exigen, por ser vos quien sois. O porque se sabe que luego vendrán las presiones y los “cocinados” del asunto y quedará todo en nada.
Otro tema, al que Rodrigo Tena se refirió en un post reciente, es el relativo a los expedientes disciplinarios instruidos, por sus propios compañeros de cuerpo, a jueces, a notarios o a registradores por faltas disciplinarias. Dado el corporativismo que apuntaba Rodrigo (y que nace de la LOPJ, o de la LN, o de la LH) ¿cómo esperar que el expediente acababa en sanción? Es decir, que no siempre, pero muchas veces, el expediente acaba en nada, cuando debería acabar en sanción.
Totalmente de acuerdo con Ennecerus y también con el autor del post. El mundo al revés, los poderosos salen de rositas porque sus procedimientos siempre prescriben o hay problemas formales de todo tipo (para eso tienen legiones de abogados caros, o en último término pagan viajes y seminarios a los jueces o se les ayuda en sus promociones) y los pobres de este mundo son linchados en el banquillo de la tele aunque luego sean absueltos. Y enciima los primeros gritan que hay que pedirles disculpas porque resulta que su delito ha prescrito o no se ha podido demostrar fehacientemente de donde han sacado el dinerito que aparece por arte de magia en sus cuentas o en la de sus santas. Un espectáculo ciertamente edificante y como bien dice Ennecerus, si esto es un Estado de Derecho serio, que venga Dios y lo vea.
Totalmente de acuerdo con Ennecerus y también con el autor del post. El mundo al revés, los poderosos salen de rositas porque sus procedimientos siempre prescriben o hay problemas formales de todo tipo (para eso tienen legiones de abogados caros, o en último término pagan viajes y seminarios a los jueces o se les ayuda en sus promociones) y los pobres de este mundo son linchados en el banquillo de la tele aunque luego sean absueltos. Y enciima los primeros gritan que hay que pedirles disculpas porque resulta que su delito ha prescrito o no se ha podido demostrar fehacientemente de donde han sacado el dinerito que aparece por arte de magia en sus cuentas o en la de sus santas. Un espectáculo ciertamente edificante y como bien dice Ennecerus, si esto es un Estado de Derecho serio, que venga Dios y lo vea.
Un artículo muy claro, mas bién clarísimo, de porqué nos tenemos que comer los marrones, aún sabiendo a ciencia cierta que “le dió la patada en la tibia” ¡lo vió todo el campo! menos el árbitro.
Lo que ocurre es que a veces los marrones son ruedas de molino y son más indigestas. Y me viene a la mente algunos casos, el procesamiento de Bush, Aznar y Blair por agresión a un país como fué Irak. Y que parece ser que por ahora no hay forma de juzgarlo, pero que dicho supuesto delito no prescribe ni es indultable, lo cual dá esperanza de que algún día sean juzgado penalmente, con las implicaciones que en el caso de Aznar, puede tener sobre la monarquía. Me viene a la memoria otro caso, ocurrido hace no mucho sobre una querella presentada por unos abogados españoles contra las agencias de Rating y que fué desestimada por la Audiencia Nacional, mientras que en Portugal, siguiendo el ejemplo español se presentó otra semajante y no solo fué admitida sino con caracter de urgente.
En resumen a veces tenemos que admitir la inocencia, aún sabiendo lo que esconde detrás, pero otras veces no hay ni proceso que sirva para discernir que, porqué y como. Hay preguntas que quedaran sin contestar, sobre crimenes de grandes magnitudes, mucho más que unas bolsas de basura, y hablo no solo de Irak, sino del uranio en las bombas utilizados por los ejércitos demócratas, los saqueos a paises, la reciente firma del gobierno con la OTAN contraviniendo un referendum, etc. preguntas que no tienen respuestas.
Enfín que le vamos a hacer.
Un economista en busca de la huella de la justicia social
Blogger
¿Es el Sr. “X”, compañero de mítines de Rubalcaba, responsable del asesinato y enterramiento en cal viva de Lasa y ZAbala? El PP no tiene entre sus exministros a nadie condenado por crímenes de Estado.
¿Son el Sr. Zapatero y la Sra. Chacón responsables del asesinato de Gadafi, de sus hijos y de sus nietos?
Que pase un buen fin de semana.
Un artículo muy claro, mas bién clarísimo, de porqué nos tenemos que comer los marrones, aún sabiendo a ciencia cierta que “le dió la patada en la tibia” ¡lo vió todo el campo! menos el árbitro.
Lo que ocurre es que a veces los marrones son ruedas de molino y son más indigestas. Y me viene a la mente algunos casos, el procesamiento de Bush, Aznar y Blair por agresión a un país como fué Irak. Y que parece ser que por ahora no hay forma de juzgarlo, pero que dicho supuesto delito no prescribe ni es indultable, lo cual dá esperanza de que algún día sean juzgado penalmente, con las implicaciones que en el caso de Aznar, puede tener sobre la monarquía. Me viene a la memoria otro caso, ocurrido hace no mucho sobre una querella presentada por unos abogados españoles contra las agencias de Rating y que fué desestimada por la Audiencia Nacional, mientras que en Portugal, siguiendo el ejemplo español se presentó otra semajante y no solo fué admitida sino con caracter de urgente.
En resumen a veces tenemos que admitir la inocencia, aún sabiendo lo que esconde detrás, pero otras veces no hay ni proceso que sirva para discernir que, porqué y como. Hay preguntas que quedaran sin contestar, sobre crimenes de grandes magnitudes, mucho más que unas bolsas de basura, y hablo no solo de Irak, sino del uranio en las bombas utilizados por los ejércitos demócratas, los saqueos a paises, la reciente firma del gobierno con la OTAN contraviniendo un referendum, etc. preguntas que no tienen respuestas.
Enfín que le vamos a hacer.
Un economista en busca de la huella de la justicia social
¿Saldrá condenado Urdangarín por los hechos de que habla hoy el diario EL Mundo? ¿Saldrán condenado Blanco por el caso Campeón? ¿Recibirán las instrucciones debidas los jueces y fiscales correspondientes para que todo quede en el limbo?
¿El hecho de que no salgan condenados querrá decir que no están implicados en cosas feas y sucias que merecen el desprecio general?
¿La opinión de la ciudadanía sobre estos señores debe quedar suspendida hasta que recaiga sentencia firme o somos libres de pensar, desde ya, que no tienen vergüenza?
¿Saldrá condenado Urdangarín por los hechos de que habla hoy el diario EL Mundo? ¿Saldrán condenado Blanco por el caso Campeón? ¿Recibirán las instrucciones debidas los jueces y fiscales correspondientes para que todo quede en el limbo?
¿El hecho de que no salgan condenados querrá decir que no están implicados en cosas feas y sucias que merecen el desprecio general?
¿La opinión de la ciudadanía sobre estos señores debe quedar suspendida hasta que recaiga sentencia firme o somos libres de pensar, desde ya, que no tienen vergüenza?
Yo soy tan libre que desde ya pienso que son unos sinverguenzas. Y también los srs. como Gallardón o los alcaldes (no recuerdo el nombre) de Alcorcón, Coslada, Jerez, Getafe, etc, etc que han arruinado a sus ayuntamientos. O los presidentes autonómicos que han dejado sus CCAA hechas unos zorros. Aunque el despilfarro de nuestro dinero no sea (todavía) un delito.
Yo soy tan libre que desde ya pienso que son unos sinverguenzas. Y también los srs. como Gallardón o los alcaldes (no recuerdo el nombre) de Alcorcón, Coslada, Jerez, Getafe, etc, etc que han arruinado a sus ayuntamientos. O los presidentes autonómicos que han dejado sus CCAA hechas unos zorros. Aunque el despilfarro de nuestro dinero no sea (todavía) un delito.
Si el juez Garzón resulta absuelto del delito de prevaricación, ¿debemos colegir que su actuación es plausible?
O que los tribunales son falibles y, digan lo que digan, cada uno es libre de hacerse una idea de la catadura moral del personaje por los hechos conocidos en el proceso, aunque éstos no alcancen la condena penal???
Lo mismo cabría decir de los implicados en Gürtel, o de Pepe Blanco, o del Sr. Urdangarín, no??