Las propuestas electorales de ¿Hay Derecho? (VII): Más sobre la transparencia

Como ya dijimos en un post anterior, aunque podemos considerar  la transparencia como un derecho ciudadano, derecho democrático por excelencia, o uno de los pilares de una democracia de calidad, lamentablemente no es una «condición natural» de las organizaciones públicas como lo demuestra la actual deriva en España hacia cada vez procedimientos más opacos y menos transparentes, desde los acuerdos entre bambalinas para aprobar los Presupuestos Generales del Estado o la propia modificación de la Constitución Española en una noche, pasando por los procesos de tomas de decisiones tan importantes como las políticas públicas, las subvenciones, el empleo público, el urbanismo, las infraestructuras, etc, etc. Como mucho, a los ciudadanos se nos informa solo del resultado final de estas negociaciones en la sombra, y muchas veces en términos no comprensibles o intencionadamente confusos, cuando no directamente engañosos. De ahí el desconcierto y la irritación de estos mismos ciudadanos cuando se “desvelan” los auténticos motivos o las causas de algunos acuerdos (por ejemplo, importantes cantidades de  I+D para el Gobierno Vasco a cambio de su apoyo en los últimos Presupuestos se descubre que han ido a parar a montar un lujoso Centro de cocina vasca…de I+D)

Sin duda, lo más sencillo y por lo que siempre es más fácil empezar es por la elaboración de una Ley de Transparencia y de Acceso a la información pública que clarifique los supuestos en que se tiene derecho a acceder a la información pública, que a nuestro juicio tienen que ser todos, salvo contadísimas excepciones. Pero no nos quedemos solo en la Ley, como es tan habitual en este país de muchas Leyes que se quedan en papel mojado, que ni se conocen ni se cumplen ni se hacen cumplir. Aquí lo importante es cambiar la cultura de la clase política y de la Administración utilizando la ley como palanca y también la propia presión de los ciudadanos y hasta de nuestros acreedores, que tienen derecho a saber que se hace con su dinero tanto en uno como en otro caso.

El criterio general debe de ser el toda información pública es accesible para los ciudadanos, de manera que solo en casos excepcionales y muy justificados debe de ser secreta o no accesible. En mi opinión, son muy pocos los casos en que esa información no se puede dar. Se trataría únicamente de los supuestos en que el derecho a la información colisiona con otros derechos o bienes jurídicos cuya protección se estima que tiene un rango superior, como por ejemplo, el derecho a la intimidad de las personas o la seguridad nacional. Y esto habría que verlo caso por caso, para evitar la fácil tentación de que la excepción se convierta en la regla general y que los organismos públicos puedan invocar la intimidad o la seguridad nacional para evitar la publicidad y la transparencia de sus actuaciones..

Además, y esto me parece fundamental en este país de largos y burocráticos procedimientos administrativos, esta información tiene que darse de manera proactiva por parte de las propias Administraciones. No volvamos a los viejos mecanismos de los que tanto se abusa de reconocer un derecho a los ciudadanos que tienen que ejercer vía solicitud a los organismos en cuestión, con plazos para contestar, silencios administrativos, etc, etc. Esto no funciona. Recuerden la ley 30/1992 y su famosa lista de derechos de los ciudadanos, algunos de los cuales siguen sin aplicarse después de los casi 20 años transcurridos. (Por ejemplo, el de no aportar documentación que ya tiene la Administración, es absolutamente frecuente que por razones de comodidad la vuelvan a pedir). Recordemos que la Administración siempre se defiende frente a aquellos procedimientos que intentan hacer cambiar su forma de proceder, y no digamos ya frente a los que puede percibir como una “amenaza”  en la medida en que puede entender que se trata de proporcionar demasiada información a los ciudadanos, aún en los casos en que no haya nada que ocultar.

Por eso es imprescindible que toda la información pública disponible se ponga a disposición de los ciudadanos. Todo lo referente a las contrataciones, las subvenciones, las políticas públicas, el número de empleados públicos, las funciones que realizan, los salarios que perciben, los horarios que tienen, sus cvs, especialmente los de aquellos que acceden a puestos directivos, o de los que no han accedido a los puestos por oposición. Recordemos que todo esto se está haciendo con nuestro dinero. Los ciudadanos tenemos derecho a saber, y más en las circunstancias de crisis en que vivimos, que se está haciendo con el dinero de todos los contribuyentes. Hay que volcar los procedimientos enteros de contratación y de otorgamiento de subvenciones, y también los de selección del personal. Los organigramas completos. Las tareas que se realizan y su coste. Las políticas públicas. Como se diseñan, como se evalúan. Los indicadores. En fin, la lista puede ser interminable, pero ya se hacen una idea de por donde van los tiros.

Además la Ley debe de recoger las sanciones para hacer posible este derecho si las Administraciones no lo respetan de forma voluntaria y proactiva. Tiene que haber responsabilidades para caso de incumplimiento, que deben de ser severas para conseguir que las Administraciones cumplan con su obligación y no mareen a los ciudadanos y les remitan a los tribunales de Justicia para exigir su derecho a la información pública. Pero no olvidemos que la sanción mayor y probablemente la más efectiva es la propia censura ciudadana a los comportamientos contrarios a la transparencia. Por eso lo más importante es conseguir un círculo virtuoso donde estas prácticas y comportamientos no transparentes se penalicen no sólo jurídica sino políticamente y hasta socialmente. Debe de estar mal visto no dar toda la información, porque quien no la de se presupone que tiene algo que ocultar o que teme el escrutinio público.

Además, para hacer efectivo este derecho de forma sencilla, se trataría de lanzar plataformas donde se recogiesen estos datos de forma accesible y sencilla, copiando iniciativas como http://data.gov.uk/ o  “data. gov.us“. Sin embargo aquí lo esencial no sería tanto los criterios técnicos (no se trata únicamente de licitar una plataforma tecnológica para que cada organismo o departamento administrativo “cuelgue” lo que le parezca o lo que le convenga) sino los políticos y de gestión, de manera que esta iniciativa debe de considerarse como una iniciativa esencialmente política donde la tecnología es  instrumental.  De ahí la relevancia de lanzar esta plataforma desde un organismo con la suficiente relevancia política, idealmente el propio organismo que debe garantizar el cumplimiento de la transparencia por parte de los demás, para evitar convertirse en un tecnológo y mero receptor pasivo de iniciativas ajenas.  Además. el criterio de las personas responsables sobre qué es relevante para los ciudadanos es esencial para que la iniciativa no defraude. En nuestra opinión el organismo no puede ser un organismo tipo Agencia de Protección de Datos (como se ha propuesto en algún Anteproyecto filtrado a la prensa) por la “deformación profesional” -valga la expresión- de sus funciones y de sus funcionarios, además de por la politización de sus nombramientos de directivos, por otro lado la absolutamente habitual en este tipo de organismos.  Un organismo que garantice la transparencia debe de contar con una importante participación de la sociedad civil, que por otra parte ya lleva tiempo organizándose en movimientos “pro transparencia”.

En esta línea, hay que promover, impulsar y apoyar los movimientos ciudadanos y de la sociedad civil que van en la misma dirección y el asociacionismo “pro transparencia” así como las iniciativas públicas un tanto dispersas pero también dignas de mención que empiezan a existir.

Lógicamente, el instrumento técnico para hacer posible el Open Government son las TIC. Sin ellas ese paso no sería posible. El vasto conjunto de datos que obra en poder de las Administraciones Públicas, su dispersión, la dificultad para su acceso e interpretación, y ciertas resistencias culturales además de la falta de claridad normativa son, sin duda, factores que han hecho muy difícil hasta la fecha ofrecer un auténtico Gobierno Abierto.

Las TIC han hecho posible que las democracias y destacadamente los Estados Unidos, estén desarrollando programas e iniciativas orientados al Open Goverment. En Europa, el “European eGovernment Action Plan 2011-2015. Harnessing ICT to promote smart, sustainable & innovative Government” pretende pilotar la evolución haciala Administración Electrónica en Europa, prestando especial atención al Open Government.

Por último, debemos tener en cuenta que cualquier iniciativa que pretenda poner a disposición de los ciudadanos complejas y sofisticadas aplicaciones con acceso a cualquier tipo de datos está condenada al fracaso. Las soluciones deben ser sencillas y se deben implantar de forma gradual siguiendo los siguientes pasos:

  1. Las Administraciones deben recopilar, ordenar, integrar y catalogar los datos y la información de la que disponen. En muchos casos es la propia Administración la que no tiene acceso a su propia información por estar distribuida en aplicaciones antiguas, sin integración e incluso en formato analógico que previamente hay que digitalizar. La catalogación también es fundamental porque la información sin sus datos de contexto no tiene utilidad..
  2. Una vez que la Administración dispone de sus propios datos ordenados y catalogados se deben poner a disposición del público en formatos básicos y estándares de fácil procesado y explotación. Este punto es muy importante porque disponer de multitud de datos en formatos difíciles de explotar es como no tener nada. Por ello es importante que los datos básicos proporcionados por la Administración estén ordenados y etiquetados adecuadamente en formatos estándares para que sean fáciles de utilizar por terceros. La Administración se puede plantear el ofrecer informes básicos de aquellos datos de mayor interés pero sobre todo debe ser capaz de poner a disposición de la Sociedad de sus datos desnudos para que terceros (sociedad civil, empresas, ciudadanos) sean capaces de explotarlos y extraer valor y conocimiento.
  3. El procesado de toda esa información es el gran reto al que se enfrenta la Sociedad. Una vez que toda esa información generada por la Administración está a disposición de la Sociedad, serán las empresas y la sociedad civil los que se podrán encargar de su tratamiento y procesado de una forma eficiente para ponerlos a disposición de terceros en formatos de fácil utilización y difusión.

Como ven, una Ley, pero mucho más que una Ley también. Un cambio de cultura en toda regla.

13 comentarios
  1. Curro Arriola
    Curro Arriola Dice:

    Siembras óptima semilla, Elisa; ojalá caiga en tierra fértil. Porque si la Sociedad es la que está corrompida, ¿de qué valdrá conocer que sus políticos también lo están?
    Parte de lo muchísimo que deseas airear (una parte pequeña, verdad es) ya está accesible; las subvenciones se publican. ¿Y pasa algo? Nada en absoluto.
    Me temo que tu semilla caiga en un pedregal, y ojalá que me equivoque. En todo caso, ánimo en tu lucha.

  2. Rodrigo Tena
    Rodrigo Tena Dice:

    La transparencia no es solamente útil para controlar al poder público, sino también al privado… a través del púbico. Me explico. Resulta extraordinariamente importante saber qué hacen nuestras entidades financieras, a qué se dedican, que riesgos asumen (especialmente las sistémicas) y qué datos ocultan. Una de las causas de la crisis financiera fue el absoluto desconocimiento que tanto el regulador como el público en general tenían de los manejos de la banca de inversión, hasta límites verdaderamente asombrosos. Un sistema económico como el nuestro, que descansa en la disciplina que los distintos operadores se imponen unos a otros, exige que el regulador requiera esa información a las entidades financieras y luego la ponga a disposición del público. No sólo porque si al final van a ser salvadas con dinero publico tenemos derecho a saber, sino también por el control que este panóptico invertido será capaz de ejercer sobre nuestro sistema financiero, últimamente tan descontrolado.

  3. robespierre
    robespierre Dice:

    Me parece muy importante garantizar este “derecho a saber” de los ciudadanos, sin el cual no parece que pueda haber un “derecho a decidir” en condiciones, por utilizar un término (otra vez) de moda. 

  4. Juan José González
    Juan José González Dice:

    Todos estos términos mágicos -la transparencia, la calidad…..- más que proclamarlos en nuevas leyes lo que hay que hacer es cumplirlos. Y para cumplirlos, es decir, para hacer efectiva la aspiración sincera de hacer que todos actuemos con transparencia, o con calidad en la prestación de los servicios públicos o en la atención a los ciudadanos, más que efectivo que la hipertrofia de normas nuevas sería la voluntad política y la responsabilidad a quien no cumpla. ¿No existen normas en materia de contratación administrativa, de procedimiento, de planeamiento para dar cauce a la transparencia? Las hay, mejorables seguro, pero no funcionan porque no hay voluntad política de hacerlas funcionar de verdad. Lo mismo podría pasar con la futura norma que se apruebe: que proclame solemnemente la obligación de transparencia…. y en la práctica suponga un avance exiguo. Depende que quién tenga la responsablidad de aplicarla y las consecuencias de no hacerlo.

    Me viene a la cabeza la instrucción dada por la Coordinadora General de Urbanismo de un Ayuntamiento importante de que un acto determinado no se notificara a los interesados, que eran muchos, “porque si no nos inflarán a recursos y nos meteremos en un lío”. El acto no se notificó, los funcionarios escandalizados hicieron caso de la orden superior, pese a considerarla un disparate, y apenas dos o tres enterados reclamaron sus derechos al enterarse por otras vías…

    ¿No existía ya una norma que exigía dar publicidad a los actos? ¿Qué consecuencias tiene el incumplirla? Sí, sí, ya se que la ley 30/92 habla de la responsablidad personal de sus funcionarios y demás… pero ¿se exige verdaderamente?

    Menos normas, más claras, y más responsablidad a quien las incumpla!!!

    Y desde luego no usar la transparencia como un pretexto que siempre favorece a los mismos, políticos o entidades financieras como explica F. Gomá en un post hoy. Menos pantomimas!!!!

  5. Noé de Callar
    Noé de Callar Dice:

    Por seguir con la imagen bíblica que explica C.Arriola de la semilla que cae en pedregal…. citemos aquí otro pasaje evangélico:

    “Quien obra el mal aborrece la luz, y no va a la luz para que no sean censuradas sus obras”

    Quien pretende hacer algo ilegal, ¿se someterá de veras a las normas de transparencia, o buscará la manera de sortearlas por algún resquicio legal que le sirvan sus asesores? ¿Comportará ello alguna responsabilidad penal o disciplinaria al político o a los funcionarios que le asesoran? Mientras eso no ocurra, lo primero es música celestial.

  6. elisadelanuez
    elisadelanuez Dice:

    Totalmente de acuerdo, lo importante es que que la Ley de transparencia se cumpla, no que se apruebe. Pero con todo, la cultura de la transparencia siempre será más fácil de implantar con instrumentos jurídicos siempre que sean efectivos, claro está. Es verdad que hay obligaciones de publicidad en un sinfín de normas jurídicas desparramadas por todos los BOES y boletines autonómicos, y que también hay funcionarios dispuestos a incumplir la ley si sus jefes se lo piden, y hasta funcionarios que prefieren mirar para otro lado. El problema es que no hay sanción jurídica, ni de ningún otro tipo, en caso de incumplimiento de estas normas o de cualquier otra. Por eso me parece importante que se pueda contrarrestar esa cultura de la opacidad que sale gratis, presumiendo que quien no publica algo o no informa es porque tiene algo que ocultar. Lo que por cierto suele ser bastante, pero que bastante exacto. De hecho, por la experiencia que tengo en los procedimientos contencioso-administrativos la falta de publicidad o de transparencia se suele considerar como un “indicio” de la ilegalidad de la actuación administrativa. Vamos, que despierta recelos.

  7. Noé de Callar
    Noé de Callar Dice:

    Ojalá se cumpla lo que Elisa dice. Coincido con Arriola de nuevo en destacar la bondad de la semilla de la propuesta de Elisa.

    Y espero que no pase con la transparencia lo mismo que con el cacareado concepto de calidad. Carta de calidad de los servicios, Carta de calidad en la atención de los fuincionarios a los ciudadanos, libro blanco sobre la calidad en las CCAAs, calidad en la Ad. de Justicia…cartas y más cartas de calidad…Y un auténtico caos más allá de tanto marketing y tanto espejismo que nadie, nadie se cree.

    ¿Cómo va a haber calidad si se han ido progresivamente disminuyendo o suavizando los requisitos para el acceso a muchos cuerpos de funcionarios, especialmente en CCAA y Ayuntamientos? ¿Cómo va a haber calidad si todos los puestos buenos son libre designación y para conseguirlos hay que hacerle al politico de turno el informe poniendo lo que él quiere y no lo que el funcionario piense que, en rigor, dice la ley? Y podríamos seguir… describiendo el caos.

    Pero luego va el político de turno, y contrata por procedimientos sin publicidad, a una consultora que certifica la calidad de los servicios. Se prepara un expediente muy bien ordenadito y colorinero y, oh milagro, resulta que la Consejería X o la Concejalía Y recibe el certificado ISO a la calidad, o el Premio a la Excelencia otorgado por una funcación semi pública cuyos fondos recibe de la propia CCAA a quien certifica!! una factura de medio millón de euros para la consultora que certifica la calidad, ninguna mejora con la calidad, pero eso sí, dinero público malgastado miserablemente.

    Lo dicho. que con la transparencia no pase lo mismo que con la calidad.

  8. Curro Arriola
    Curro Arriola Dice:

    En España es habitual lo que tradicionalmente se llamaba “acepción de personas”. Se ve como natural; recordad lo de la manifestación aquélla en un pueblo ante un Ministro recién nombrado. A la pregunta del esclarecido prócer “¿qué queréis?” contestaron sus paisanos a coro “¡que nos coloques a todos!”. El resultado es que los escasos puestos de trabajo disponibles resultan a menudo adjudicados a perfectos inútiles, con las consecuencias que están a la vista. Así, ante algunas personas con las que toca tratar, surge la pregunta: “Este/a, ¿con  quién se estará acostando?”
    La acepción de personas es para la Teología un pecado esencial contra la justicia distributiva. Consiste en repartir los bienes COMUNES (lo son los empleos y los contratos públicos) no atendiendo a la necesidad y al mérito de quien los recibe, sino por criterios de amistad o enemistad.
    El daño que se causa a la sociedad es gravísimo; es bastante peor que el robo a un particular. Y el pecado sube de nivel si  por él  se favorece a los “malvados y perversos”. ¿Nos suena?
    Estas doctrinas las expuso ya hace algunos siglos y magistralmente Santo Tomás de Aquino, pero se ve que no sirven de mucho.  Incluso algún “aceptante” tiene la desfachatez de alardear en público de su “tranquilidad de conciencia”, cosa muy inoportuna por cuanto la conciencia de cada cual  es cosa que atañe a Dios y al interesado, no a los demás que nos la trae perfectamente al pairo.
    Es curioso que TODOS los actos que perjudican al bien  común estén tan perfectamente tipificados como pecados por la Teología

  9. Noé de Callar
    Noé de Callar Dice:

    Efectivamente este documento tiene propuestas interesantes… No una, sino muchas.

    Habla de los cargos para los que no se necesita ser funcionario (desde subsecretario para arriba), y de que desde subdirector general para abajo son de libre desginación y cese lo que crea el clientelismo y el peloteo funcionarial. PERO ESO ES EN EL ESTADO.

    En otro nivel, por ejemplo los Ayuntamientos, es todavía peor. Un Director General, que en el Estado debe ser funcionario del grupo A según la LOFAGE, no tiene que cumplir requisito alguno: no tiene que ser funcionario y,  además, puede tener el graduado escolar, o no tenerlo. ¿No tendría sentido que se aplicaran requisitos iguales a los del Estado en  las CCAA y EELL? En las EELL quizá bastaría con modificar la LBRL.

    Y no me enrollo más para respetar las “normas de comentarios” del blog. Pero el enlace de Elisa da para mucho.

  10. robespierre
    robespierre Dice:

    Nos enteramos (por la prensa) del escándalo de Urdangarín y el Instituto Noos, pero al parecer los “convenios” por el que tanto la Generalitat de Valencia como la de Baleares les soltaron una pasta a dedo son “confidenciales” y no se le pueden dar a la oposición en los Parlamentos regionales. Menudo ejercicio de transparencia, y menuda entrada para el “regenerador” de la vida política en Valencia, sr. Fabra. 
     http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2011/11/gobierno-valenciano-niega-copia-convenio-instituto-20111109-622389.htm

  11. Curro Arriola
    Curro Arriola Dice:

    Pobre Urdangarín… todo el mundo metiéndose con él, sin respetar la presunción de inocencia… Reflexionen Uds, señores, que bastante tiene el pobre hombre…

  12. Noé de Callar
    Noé de Callar Dice:

    Robespierre, habrá más de un listillo purista por ahí que afirme que usted diciendo esas cosas está socavando los cimientos de la monarquía constitucional…. y que es usted un irresponsable!!

    Ante estos temas, siempre hay merluzos que se ponen de perfil y cargan contra el mensajero en vez de analizar, friamente, si lo que se cuenta es verdad o no, afecte a Urdanga, a Camps o a quien sea…

    Así que enhorabuena por hablar clarito!!

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