Réquiem por una pyme española

Los programas electorales de todos los partidos están llenos, de nuevo, de propuestas para pymes y emprendedores, dado que, como es sabido, las pymes forman la mayor parte del tejido empresarial español. Que si rebajas del Impuesto de Sociedades, que si todas las facilidades del mundo para constituirlas, que si alfombra roja para los emprendedores (dado que los emprendedores suelen empezar constituyendo una pyme, no una multinacional) que si (por enésima vez) desaparición de trámites y obstáculos administrativos, que si 3.000 euros por cada trabajador que contraten… En fin, la eterna cantinela.

La realidad es que estas promesas, además de ser más o menos las de siempre y por eso poco creíbles a estas alturas -vean si no como seguimos descendiendo en el ranking del Banco Mundial “Doing bussiness”   y recuerden cuántas veces se nos ha repetido, por ejemplo, que se iban a eliminar las trabas administrativas y a reducir los gastos para constituir una empresa- llegan tarde para la mayoría de las pymes que se han quedado o se van a quedar en el camino sin conseguir llegar a la tierra prometida que se extiende más allá del 20N. Y cabe preguntarse por las causas de esta extinción masiva prematura, incluso cuando la pyme gozaba aparentemente de buena salud (es decir, era capaz de vender productos y servicios que el mercado demandaba) y si estas causas tendrán algo que ver con las políticas y con la gestión de estos políticos tan bienintencionados y que tanto prometen en época electoral y tan poco cumplen cuando gobiernan, ya sea en el ámbito estatal, en el regional, o en el local.

Porque lo cierto es que en este momento las pymes se siguen muriendo –el propio programa electoral del PP dice que desde el año 2008 han desaparecido 500.000- y en eso algo tiene que ver (además de la crisis global y los malvados mercados) la específica crisis financiera española, las 17 políticas públicas españolas, la 17 regulaciones españolas y la consiguiente ruptura de la unidad de mercado nacional, el déficit de las Administraciones Públicas, las corruptelas o directamente la corrupción en la contratación administrativa, el régimen de subvenciones, la financiación vía pago de IVA de facturas no cobradas a la Hacienda Pública, etc, etc.

Resumiendo las causas de muerte de la pyme muy brevemente: En primer lugar, nadie financia a una pyme. En segundo lugar, prácticamente ninguna Administración u organismo público las paga en plazo, y eso si hay suerte y las paga. En tercer lugar, hay un montón de trabas administrativas y de gastos absurdos para constituir una empresa de cualquier sector, que además difieren según la parte del territorio nacional donde se establezca o/y pretenda vender sus productos o servicios, lo que tiene que ver con la estructura territorial española y las competencias o pseudocompetencias autonómicas y locales y con la ruptura de la unidad de mercado, por no mencionar los intereses de algunos colectivos que se benefician de dichas trabas. En cuarto lugar, a una pyme le resulta muy difícil internacionalizarse (lo que ahora mismo suele ser bastante crítico habida cuenta de cómo está el mercado nacional) dado que requiere una inversión considerable en tiempo y dinero que –de nuevo- nadie le financia. En quinto lugar, las ayudas públicas, y eso en el mejor de los casos, suelen estar más concebidas para hacer las políticas que los funcionarios y gestores públicos consideran más interesantes para la pyme (por ejemplo, pagarles consultores para diseñarles un plan estratégico para internacionalizarse o pagarle el sueldo de una persona para hacer I+D) que las actuaciones que a la pyme le parecen más interesantes (abrir una oficina comercial en el exterior, cobrar a sus acreedores, etc). En sexto lugar la contratación administrativa, aún en los casos en que es objetiva y rigurosa –lo que empieza a ser, desgraciadamente, más la excepción que la regla general- suele establecer importantes barreras de entrada en forma de requisitos de solvencia muy complicados de alcanzar para una pyme. Y así podríamos seguir un buen rato enumerando causas de muerte de la pyme que tienen relación directa con los políticos y las políticas (las públicas, no las señoras que se dedican a la política).

Pero aquí, sobre todo, querría centrarme en una, que es además la que más conozco de primera mano: la falta de pago de las Administraciones Públicas a sus proveedores no ya en plazo, que eso ya parece ciencia ficción, sino de pago, a secas, es una causa de muerte violenta de muchas pymes españolas y va en aumento a medida que se desboca el déficit autonómico y local.  No se molesten en leer lo que dice la Ley sobre los plazos que tiene la Administración para pagar (ley 15/2010 de 5 de julio) porque ni se cumplen ni pasa nada si se incumplen, como ya comenté aquí.

Lógicamente esta causa de muerte violenta afecta no sólo a las pymes que son  contratistas directas de las Administraciones, sino también a las que son subcontratistas o proveedores de las empresas más grandes a las que las Administraciones también han dejado de pagar, ya que lo habitual es que nadie pague a su proveedor mientras el cliente no le pague a él. Pero la diferencia es que mientras las grandes empresas tienen medios de presión –para entendernos, pueden dejar a oscuras las calles, , pueden canjear deudas de las Administraciones por otros contratos más grandes en otros sectores, o canjear deudas por favores administrativos o regulatorios (ya saben, contratos “dirigidos” a dedo para un proveedor, prórrogas o modificaciones de contratos existentes más allá de lo permitido legalmente, licencias, concesiones urbanísticas, recalificaciones, subvenciones o cambios normativos para beneficiar a alguien con cara y ojos)  o, en último término, pueden aguantar mejor los problemas de financiación, las pymes no pueden hacer nada de eso. Sencillamente financian a sus acreedores, las Administraciones, hasta que ya no pueden aguantar más y mueren. Pero esto no es una muerte natural, es un auténtico homicidio.

Es más, mientras dura esa agonía -por lo menos por ahora, ya que el programa electoral del PP recoge algunas propuestas en la buena dirección,-la pyme tiene que pagar religiosamente el IVA de todas las facturas que no ha cobrado todavía, y también el de las que no cobrará casi con seguridad, si bien en este último caso puede después regularizar la situación con Hacienda. Y tampoco puede compensar las deudas de las Administraciones Públicas con lo que la pyme debe a Hacienda. Es decir, la pyme (o el emprendedor) además de a las Administraciones morosas, financia también a la Hacienda Pública. Y por supuesto, pagará religiosamente nóminas y Seguridad Social de todos sus empleados, incluidos los que estén trabajando en proyectos para las Administraciones que no le pagan. La verdad es que es muy interesante ver como una modesta pyme (o un audaz emprendedor) financia con sus ahorros o los de su familia al Estado, la Comunidad Autónoma o el Ayuntamiento de turno.

Y una última reflexión: como las Administraciones no pueden suspender pagos jurídicamente (recuerden que en nuestro ordenamiento jurídico no se contempla el supuesto de que una Administración pública entre en concurso, o dicho de otra forma, se presume siempre que una Administración pública es solvente, por aquello de “the King can do not wrong” ( vean el postde  Sevach al respecto)   resulta que, en la práctica tenemos un concurso de acreedores o una suspensión de pagos encubierta, y de paso totalmente desordenada, porque es “de facto” y no “de iure”. Nada que ver con lo que establece la  Ley Concursal 22/2003 de 9 de julio. 

Así que, cuando una Administración pública no paga, es el sálvese quien pueda. Los proveedores no tienen más remedio que presionar para intentar cobrar lo que se pueda, cuando se pueda y como se pueda, dado que no pueden ir a un Juzgado de lo mercantil a pedir el concurso de esa Administración. Y calculen ustedes en esa lucha por la supervivencia que es lo que puede hacer una pequeña pyme frente a una gran empresa. Ah, y cuidado con recurrir a los Tribunales o dar la lata demasiado, porque entonces puede ser que no se le adjudiquen más contratos. Eso sí, a Florentino Pérez seguro que le pagan las deudas de una forma o de otra.

Y si creen que estoy exagerando echen un vistazo a los  datos que se recogen aquí  

En fin, menos alfombras rojas y menos Leyes de emprendedores y más pagar lo que se debe.

7 comentarios
  1. Almudena de la Peña
    Almudena de la Peña Dice:

    Es increible que por un lado hagan planes (pura imagen electoral) para promover la inicativa privada empresarial y por otro, paguen con retraso o no paguen los servicios que ellos mismos contratan. Estoy pensando, por ejemplo, en las farmacias. Puede que esté equivocada porque no se mucho del sector pero según leo en prensa parece que son los dueños de farmacia los que están financiando, durante varios meses, las medicinas a la seguridad social.
    Muy de acuerdo con Elisa, primero pagar las deudas y luego inventar.

  2. Curro Arriola
    Curro Arriola Dice:

    Desde luego que sí, Elisa, una vergüenza más que apuntar al “debe”del tinglado este que padecemos.
    Aparte hay muchísimos otros factores que perjudican a las PYMES . Ahí va alguno:
    1.- Responsabilidad universal. Infinidad de pymes operan sin utilizar las formas societarias, con lo que en la  práctica si vienen mal dadas es todo el patrimonio del empresario el que está en juego. Me llama la atención que esto muchísima gente no lo sabe; con  lo fácil que es constituir una SL…¿Qué hacen las gestorías que no les orientan por ahí? Más de una vez y más de dos la primera noticia que tienen de esta realidad es en una conversación en la notaría. Cuando se produce la conversación.
    2.- Globalización. Menudo engaño. Por ejemplo,  los omnipresentes “chinos” (bueno, “personas de etnia oriental, a ver si álguien me va a tachar de racista, caramba) que cada vez más se están adueñando del comercio minorista nacional;ya hay hasta bares “normales” regentados por chinos. ¿Respetan las normas de seguridad social, seguridad e higiene en el trabajo, leyes fiscales…? ¿O tienen  alguna clase de bula porque en definitiva China nos compra muchísima deuda pública? De momento no veo grandes operadores chinos haciendo la competencia  a las eléctricas, a la banca, a los seguros… no veo que se homologuen para España sus zarrios (mierdicoches)… pero sí les veo cada vez más afixiando a las pymes. Y no sólo los chinos. Hay muchos extranjeros que están dispuestos a realizar trabajos en condiciones cercanas a la esclavitud. Por ejemplo, conducir una furgoneta cinco horas; llegar a destino; pasarse doce horas montando un aire acondicionado industrial, y otras cinco horas de vuelta. 22 horas sin descansar, 80 euros. Negros como la conciencia de un político. Jugándose la vida propia y la de los demás. ¿Qué pyme española puede competir contra eso?
    3.- Inseguridad ciudadana. ¿Cuánto pierden por atracos las grandes empresas? ¿Les afecta de manera apreciable en sus cuentas de resultados? Porque las pymes sí que pierden por este concepto; no pocas veces hasta es un factor que determina su cierre.
    Lo que no acabo de entender es cómo , en una Democracia, siendo inmensa mayoría las pymes si las comparamos con las grandes empresas, los votos no producen cambios en este estado de cosas. Algo falla, y mucho.
     

  3. adolfo
    adolfo Dice:

    Creo que tiene mucha razón doña Elisa en todo lo que expone. Las pymes, y mo digamos las microempresas, o pymes de tamaño muy reducido, son las verdaderas “paganas” de la crisis… No cobran de las administraciones, ni de buena parte de sus clientes, carecen de financiación alguna, sus costas burocráticos de asesores, gestores, etc., son muy elevados, etc. Y, para colmo, las ventas están bajando a toda velocidad, pues como no hay financiación, los particulares no pueden endeudarse. En resumen, 2012 será todavía peor que 2011, que ya es decir… Y eso aunque llegue el PP al poder, que los humanos todavía no sabemos hacer milagros.

  4. Fernando Gomá Lanzón
    Fernando Gomá Lanzón Dice:

    Elisa, lo de que las administraciones puedan dejar morir negocios privados por no pagarles, pero que estos y sus socios haya de pagar a esas mismas administraciones, o a cualquier otra del Estado, todos los impuestos, sin perdón ni compasión, es de aurora boreal. Te transcribo un párrafo de una ponencia que hará unos dos años ofrecí en un curso para jueces del CGPJ,. algo habrá cambiado, pero la esencia es la misma:

     

    Hacia una mayor democracia fiscal

    Por democracia entendemos básicamente el modo de gobierno en el que el pueblo participa activamente en su gobierno y la doctrina favorable a esta participación, pero hay otros aspectos que se añaden a éste y que caracterizan el concepto de democracia, y dos de ellos, los que nos interesan ahora, son la supresión de privilegios y la libertad de elección.

                La administración debe tener, es indudable, una posición predominante y de superioridad frente al ciudadano, de otro modo le sería imposible actuar y desarrollar su actividad. Sin embargo hay ocasiones en las que esta relación desequilibrada entre los dos no tiene tanta razón de ser, y puede acercarse peligrosamente a un privilegio no admisible. En concreto me estoy refiriendo a la imposibilidad que existe para el contribuyente de compensar las deudas que tiene la administración a su favor con todos aquellos pagos fiscales – IVA, IRPF, impuesto de sociedades…- que tenga que hacer aquél. El ciudadano tiene que pagar al contado, y si no lo hace, o bien lo aplaza, con intereses y avales, o bien ha de afrontar una multa. En cambio, el Estado puede retrasarle sus pagos; ciertamente que le abonará intereses, pero esta no es una solución aceptable. De nuevo hay que reiterar que estamos en tiempos de crisis, y que muchas empresas están en riesgo de desaparecer o desapareciendo de hecho entre otras razones porque la administración no les paga. Esto no es admisible ni democrático. De hecho, los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han solicitado recientemente que las empresas puedan compensar los pagos del IVA e Impuesto de Sociedades con las deudas de las administraciones públicas para aliviar sus dificultades de liquidez. Lo que entiendo es que la causa para hacerlo no debe ser solamente la falta de liquidez, sino que la imposibilidad de compensar es un privilegio injustificado de la administración que puede poner en peligro realmente la continuidad de una empresa, con lo que eso supone de afectar a la vida personal y familiar de los dueños, los trabajadores y los que con ella tenga relaciones comerciales; no es una mera cuestión económica, por tanto. Es más, esta posibilidad de compensación debería extenderse a todas las deudas que la administración tenga con el contribuyente por cualquier concepto, no solamente por los dos impuestos indicados, acogiéndose a estos efectos al concepto de “administración única”.

                Y, en relación con la libertad de elección, en materia tributaria existe una muy tímida posibilidad de elegir el destino de nuestros impuestos, cuando en el impreso del impuesto sobre la renta nos permiten poner la cruz para destinar una cantidad a la Iglesia Católica, a fines sociales o a los dos. Cabría al menos plantearse si debería ampliarse esta libertad para otros supuestos. Y en este momento me estoy refiriendo a uno muy concreto; la llamada ley de Dependencia. Como es sabido, su puesta en funcionamiento está teniendo muchos problemas por la falta de dinero, lo que es causa de dramas personales que aparecen con cierta periodicidad en los medios de comunicación porque hay personas que tienen una enorme necesidad de ayuda y que contemplan con ansiedad que no les llega. Quizá lo que debería permitirse es que en casos extremos de necesidad social como el de esta ley se permitiera al ciudadano especificar que quiere que con sus impuestos se nutran en primer lugar los presupuestos para atender a estas personas, e incluso, ¿por qué no? que fuera posible que si una persona tuviera un familiar acogido a la ley de Dependencia pero a la que no les estuviera llegando la ayuda correspondiente, pudiera detraer directamente de sus propios impuestos la cantidad correspondiente para abonársela al familiar, como un colaborador voluntario de la administración. A fin de cuentas, muchos ya lo son –lo somos- de forma muy intensa en materia de recaudación de impuestos y control tributario (retenciones, ingresos de IVA, declaraciones informativas periódicas, etc), podríamos serlo también en materia de abono de prestaciones.

  5. Cruz
    Cruz Dice:

    Sigo manteniendo que el problema esencial es que el principio de capacidad económica, en la práctica, excluye completamente el concepto de solvencia. Si se tuvieran en cuenta las necesidades de liquidez, las dificultades que supone obtener financición, el coste de los avales y en definitiva, los aspectos reales que limitan esa capacidad teórica, se abriría el camino para una aplicación tributaria verdaderamente racional y equitativa que, al contrario de lo que ocurre ahora, desincentivaría la elusión y la defraudación. Pero por lo visto y pese a la gravedad de la crisis (o quizás por ello) no interesa:  La hipertrofiada burocracia tiene que comer como sea. Y sólo come dinero.

  6. Cruz
    Cruz Dice:

    Un apunte más: El señor Gomá plantea la posibilidad de detraer de los impuestos las cantidades destinadas a prestaciones equivalentes en supuestos de dependencia. Estoy completamente de acuerdo.
    Pero creo que debería ampliarse a cualquier situación que, requiriendo un aporte económico, objetivamente suponga reducir los costes de la Administración en gestión al ser cubierta de forma más rápida, eficaz y libremente por los ciudadanos. Eso sí, sin gravámenes adicionales. Si lo que importa es la redistribución de la riqueza ¿Qué más da que lo haga el Estado o una persona física o jurídica?

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  1. […] que han guardado Ayuntamientos y Comunidades Autónomas en sus cajones cuyo impago ha llevado a la muerte a un buen número de pymes españolas, dado que las grandes empresas tienen, como ya se sabe, más “músculo financiero” e incluso […]

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