Comparativa programas electorales (II): Las propuestas fiscales (PSOE)

Superado ya el debate electoral que tuvo lugar el pasado día 7 entre los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno, es una buena ocasión para repasar los programas electorales de los principales partidos en lo que a la materia tributaria se refiere.
El debate estuvo sin duda centrado en la situación económica. No en vano la primera parte del debate acaparó un mayor número de minutos que los dedicados a otros temas, como la educación, sanidad o pensiones, en los que también la coyuntura económica estuvo siempre presente.
Por la crisis que nos toca vivir, hablar de impuestos y de política fiscal es ineludible. Estando la política monetaria en manos del BCE, si se quiere impulsar la economía nacional los países sólo disponen de las herramientas de política fiscal. Por ello, y dado que lo que más preocupa a día de hoy a los ciudadanos es la situación económica y el desempleo, es razonable pensar que más allá de promesas de uno u otro corte ideológico, lo que debería primar en el programa electoral de cada partido es una completa descripción de las medidas con las que van a intentar salir de esta crítica situación que vivimos.
De entre estas medidas, unas laborales, otras regulatorias, otras estructurales, aquí dedicaremos el comentario a las que atañen al lado del ingreso presupuestario, a las medidas tributarias, que no son las más importantes, pero que desde luego influyen decisivamente en la política económica y que además luego financian las políticas sociales.

Hace tiempo que perdí la fe en la clase política, guiados más por el interés particular que por el interés general, por lo que en mis comentarios me abstendré de hacer valoraciones partidistas o sesgadas. Me limitaré a exponer las principales propuestas y les dedicaremos un comentario de corte técnico, más o menos acertado, pero seguro más objetivo que el que guiaría a los devotos de uno u otro partido.
Para no ser acusado de fomentar el bipartidismo, recogeremos las promesas electorales del PSOE, el PP, IU, UP y D, como principales partidos nacionales; y representando a los partidos nacionalistas, comentaremos también las promesas electorales de CIU, partido que tradicionalmente se ha caracterizado por el rigor técnico de sus enmiendas.

Comenzaremos el post de hoy con el programa del PSOE por ser, en términos pugilísticos, el campeón que defiende el título. Y continuaremos los días sucesivos con el resto de partidos, en riguroso orden de escalafón como aspirantes al título.

Un último inciso antes de entrar en materia. Todos, absolutamente todos los programas contienen propuestas que podríamos tildar de humo electoralista. Odas a la lucha contra el fraude o a la persecución de paraísos no serán comentadas, por su ambigüedad. Va de suyo que cualquier partido debería propugnar una eficaz lucha contra el fraude fiscal. Por ello, sólo se comentarán las propuestas concretas.
Toca pues, hoy, el programa electoral del PSOE que puede examinarse en este link, en sus páginas 14 y siguientes.
El partido socialista propone cinco grandes bloques generalistas de propuestas, a saber:
1. Mejorar la equidad del sistema fiscal mediante una mayor progresividad y un tratamiento más equilibrado en la relación entre las rentas del trabajo y del capital.
2. Lograr la estabilidad presupuestaria.
3. Preservar el Estado del Bienestar.
4. Invertir en las personas y la nueva economía.
5. Mayor concienciación y compromiso de la sociedad con la lucha contra el fraude fiscal.

Veamos en qué propuestas se concretan las anteriores proclamas.
Comenzaremos por lo fácil, dejando el primer epígrafe como el último punto a analizar. Si continuamos leyendo el programa electoral, los puntos 2, 3 y 4 no se concretan en ninguna medida impositiva precisa. Estas proclamas, por su ambigüedad, no serán por tanto objeto de comentario.
Prosigamos con el punto 5. Dice el programa unas páginas más adelante:
“Para combatir con total contundencia y máxima eficacia el fraude fiscal y para prevenir y reprimir el blanqueo de capitales, proponemos la creación de una Oficina de Lucha Contra el Fraude de carácter especializado…”
Y yo me pregunto. ¿Acaso no es eso lo que hace la actual Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF)?
Ciertamente, es la ONIF quien, entre otros muchos órganos, combate eficazmente el fraude fiscal. Es la ONIF quien tutela las actuaciones de investigación contra las prácticas fraudulentas más graves; quien actúa en colaboración con la policía judicial, con la guardia civil; quien está en permanente contacto con la fiscalía anticorrupción; quien arremete contra el fraude fiscal organizado, contra el blanqueo de dinero, contra las tramas de IVA, contra las ocultaciones en paraísos fiscales. Es quien canaliza los requerimientos de información al extranjero. En definitiva, quien comanda la lucha contra el fraude fiscal cualificado. Una ONIF, además, integrada por excelentes profesionales a los que por cierto, se les ha invitado recientemente a abandonar dicho órgano y a realizar funciones de inspección financiera y tributaria en las dependencias regionales de inspección o en la Delegación Central de Grandes Contribuyentes.

Sí. Sorprendente pero cierto. En la política de austeridad que atraviesan las administraciones públicas, los recortes se dirigen a los servicios centrales de la AEAT en los que se incluye la ONIF, así como otros órganos cualificados de lucha contra el fraude como la Subdirección de Ordenación Legal y Asistencia Jurídica, o la Unidad Central de Coordinación en Materia de Delitos contra la Hacienda Pública. Sí, a estos órganos centrales se les invita ahora a adelgazar sus recursos humanos para realizar funciones de cartera. Lo cual no significa que la inspección de cartera no combata eficazmente el fraude fiscal, no se malentienda. Por supuesto que hay excelentes profesionales en la AEAT en la Delegación Central y en las Dependencias Regionales. Lo que sucede es que la inspección financiera, la cartera, tiene muchos objetivos, muchos programas de inspección y las exigencias recaudatorias requieren a veces muchos expedientes de inspección no tan sofisticados, dejando poco tiempo para el ataque contra los grandes defraudadores, contra el fraude complejo.

Ese fue precisamente el motor de la creación de la ONIF. El que hubiera un órgano desprovisto de otros menesteres y focalizado exclusivamente en la investigación,  en el estudio, en la persecución. Una especie de cuerpo especial, ni más ni menos listos que la cartera, sino con más tiempo para combatir el fraude sofisticado, el opaco, lo oculto, el delictivo. Desprovistos de los dichosos “programas de objetivos” pueden dedicar su valioso tiempo contra un fraude mucho más cualificado.
Por ello, no comprendo cómo se compagina el adelgazamiento que a día de hoy se sugiere en esta ONIF, con la prometida creación de esta novedosa Oficina de Lucha Contra el Fraude de carácter especializado que propone el partido socialista.

Y pasemos ahora al primero de los puntos, al de la búsqueda de la equidad.
Ciertamente el PSOE ha adoptado ya en estos años, como declara en su programa, algunas medidas tendentes a incrementar la progresividad del sistema fiscal. Véase los ejemplos que cita el partido en la página 16 de su programa.
Y en esa línea, dice el PSOE:
“Para mejorar la progresividad del sistema fiscal en España, nuestras propuestas son las siguientes:
1.- Modificar el Impuesto de Sociedades para redistribuir los beneficios de las deducciones del impuesto, desde las empresas grandes a las empresas pequeñas y medianas, de tal forma que ambas paguen tipos efectivos similares y más cercanos al tipo nominal.
2.- Crear un impuesto sobre los beneficios de las instituciones financieras.
3.- Crear un nuevo impuesto sobre las grandes fortunas, que sustituirá al renovado Impuesto de Patrimonio cuando expire en 2012, que permitirá alcanzar los objetivos de progresividad e incluirá una nueva fiscalidad de las SICAV.
4.- Incrementar los impuestos sobre el alcohol y el tabaco, salvo el vino, la cerveza y otras bebidas de baja graduación.
5.- Introducción de impuestos medioambientales”.

Respecto a estas propuestas podemos comentar lo siguiente.
Tanto los impuestos medioambientales como la subida de impuestos especiales al alcohol y tabaco más que medidas progresivas, podrían tildarse de medidas desincentivadoras de comportamientos que generan externalidades negativas. No creo que vayan a tener un importante efecto recaudatorio pues a los niveles de renta disponible que tienen los ciudadanos en la actualidad, la elasticidad precio de estos productos empieza a ser bastante elástica, es decir, a pequeñas variaciones de precio, grandes variaciones de cantidad demandada, por lo que lo ganado por el lado del tipo de gravamen, se puede perder por el lado de la cantidad consumida.
La creación de un impuesto sobre instituciones financieras hay que verlo para creerlo. Y si se crea, hay que ver su impacto real, o simplemente testimonial. Pero en cualquier caso, responde a la ideología del partido y puede calificarse de coherente. Eso sí, hay que medir bien sus efectos nocivos en el mercado de crédito.
Respecto al impuesto a las grandes fortunas sucederá al impuesto sobre el Patrimonio. Es sin duda una gran apuesta y es una medida ciertamente progresiva. Esperemos que su regulación no contenga los errores del actual Impuesto sobre el Patrimonio, sus ineficiencias y que grave realmente lo que está llamado a gravar, esto es, las grandes fortunas.
Aprovecha también el partido socialista para adentrarse en este epígrafe en el tópico de las SICAV que poca relación tiene con un impuesto sobre el patrimonio. Si acaso se quisiera hacer algo, hablaríamos de IRPF. Pero tampoco auguro un éxito recaudatorio a esta medida. Toda vez que en la UE existe la libre circulación de capitales, cualquier medida restrictiva en las SICAV españolas provocará la huida de capitales a SICAV de otros países. O sin ir tan lejos, a fondos de inversión españoles que para el caso tributan igual y que no creo que sean mucho más difíciles de adulterar como lo han sido las SICAV.

Y por último, abordemos la modificación del Impuesto sobre Sociedades. La canción de los tipos efectivos y nominales ya ha pasado de moda. Ciertamente hubo un tiempo no muy lejano en que las grandes empresas tenían tipos efectivos muy inferiores a los nominales. Ello se debió básicamente a tres grandes ajustes fiscales: el fondo de comercio financiero; la deducción por actividades de exportación; y los gastos financieros. A día de hoy el primero ha sido declarado por la UE como ayuda de Estado ilegal; el segundo derogado de la norma y corregidos por la Inspección algunos abusos que se dieron en esta deducción; como también fueron corregidas las prácticas abusivas en materia de gastos financieros.
Por ello, pocos ajustes quedan hoy en el impuesto que puedan atribuirse sólo a las grandes empresas. La desaparición progresiva de las deducciones que comenzó con la Ley 35/2006 ya ha sido culminada por lo que no encuentro mucha diferencia entre los tipos efectivos de las grandes empresas y de las pequeñas, al menos en lo que a deducciones se refiere.
Naturalmente que hay que reformar el Impuesto. Ha quedado desfasado en muchos aspectos. La reforma contable ha provocado algún que otro desajuste. Y naturalmente que hay que incentivar a las PYMES. Pero no redistribuyendo deducciones, pues pocas quedan ya, sino previendo otras nuevas para ellas.
Y ninguna propuesta más hay en lo que a impuestos se refiere. Nada se dice del IVA, el gran ausente en este programa. Ni del IRPF. Ni de tipos en el Impuesto sobre Sociedades.
Nada más. Mañana le toca el turno al PP.

Jorge Salto Guglieri

Soy licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por ICADE (E-3), e Inspector de Hacienda del Estado, actualmente en situación de excedencia voluntaria. He trabajado en la Agencia Tributaria durante ocho años, ocupando puestos de máxima responsabilidad en el área de Inspección, siendo mi último cargo, antes de pasar a la excedencia, el de Subdirector Adjunto de la Subdirección General de Ordenación Legal y Asistencia Jurídica, perteneciente al Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la AEAT. Actualmente soy abogado en ejercicio del ICAM y socio fundador del despacho RAMIREZ&SALTO ASESORES TRIBUTARIOS.