Análisis de las propuestas electorales (VIII) La regulación de los reguladores

Cuando el Estado interviene en la actividad económica de determinados sectores en defensa del interés general, se dice que esos sectores están regulados. En España, como en el resto de Europa, la regulación deriva principalmente de la privatización y liberalización de actividades tradicionalmente consideradas como servicios públicos. Aunque el Estado abandona el papel de empresario y proveedor de esos servicios, no abdica de su obligación de garantizar que los mismos se prestan a los ciudadanos en unas determinadas condiciones establecidas legalmente.

Y así surgen los organismos reguladores, cuya misión es garantizar que los operadores privados prestan esos servicios esenciales en un régimen de competencia y en las condiciones legalmente fijadas. Así, los reguladores actúan como supervisores, impulsan la competencia, fijan obligaciones como el servicio universal, sancionan, autorizan, asesoran e informan.

En España, entre los organismos reguladores se cuentan la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Comisión Nacional de Energía (CNE), la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) o la Comisión Nacional del Sector Postal (CNSP). Aunque en puridad no sea exactamente un regulador, por su relevancia hay que mencionar también al Banco de España como supervisor del sector bancario. Hay otros más recientes o menos conocidos, como la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria, creada por el Consejo de Ministros el pasado 26 de agosto, y dedicada a regular el sector del transporte aéreo en materia de tarifas aeroportuarias.

Los organismos reguladores están teniendo cierto protagonismo en la campaña electoral, en parte debido a los recientes nombramientos para puestos de responsabilidad de altos cargos del Gobierno socialista, que a modo de cesantías se instalan en los reguladores confiando en permanecer en sus nuevos puestos por los largos periodos que establecen los diferentes estatutos de dichos organismos. Pero también en los programas electorales los reguladores tienen sus instantes de gloria.

Así, mientras que PSOE y UpyD proponen desarrollar el regulador del sector audivisual previsto en la Ley sectorial y que el actual Gobierno no ha tenido tiempo de poner en funcionamiento, el PP plantea ordenar los reguladores para favorecer la competencia y la liberalización, así como la unidad de mercado con criterios comunes para todo el territorio nacional, redefiniendo la organización y funciones de los organismos y reformando la Comisión Nacional de la Competencia con departamentos sectoriales que aglutinen la regulación sectorial.

Parece, por tanto, que el PP propone convertir la CNC en un mega-regulador que absorba a los reguladores sectoriales. Es difícil aventurar qué efecto puede tener tal medida en la regulación, y las eventuales mejoras de eficiencia derivadas de la consolidación de servicios comunes, reducción de consejeros y directivos, etc, serán siempre bienvenidas. Pero ante todo conviene recordar el importante papel de los reguladores, importancia que se deriva directamente de la importancia de los sectores regulados, no solo por su carácter de servicios esenciales, sino por su peso en la economía.

La tabla siguiente representa la composición del índice Ibex35 de la bolsa española el pasado día 11 de noviembre:

Fuente: BME

Se observa como, de la capitalización total de la bolsa española, la mayor parte corresponde a compañías sujetas a regulación. Para valorar el impacto de la regulación en estas empresas basta recordar el efecto que sobre las cotizaciones de los bancos tuvo la decisión del regulador bancario (en este caso europeo) de obligar a las entidades a recapitalizarse.

En definitiva, los sectores sujetos a regulación son esenciales para la economía española, tanto por la naturaleza de los servicios que prestan las empresas que operan en ellos como por el volumen de actividad económica asociada a los mismos. Por ello es esencial contar con una regulación eficaz. Esperemos que el Gobierno que salga de las urnas trabaje en esa dirección, favoreciendo el desarrollo de la competencia y de los servicios en esos sectores, aprovechando su potencial de crecimiento y de creación de riqueza, siendo secundario que los reguladores se agrupen o no en una sola entidad, o se ubiquen en una u otra ciudad.

5 comentarios
  1. elisadelanuez
    elisadelanuez Dice:

    La importancia de la regulación de los reguladores es esencial. En los últimos tiempos, años ya, se han utilizado estos organismos como una agencia de colocación de lujo para políticos o ex altos cargos (los sueldos son muy interesante, y en general los privilegios asociados al cargo también si se los compara con el resto del sector público) de manera que se ha pervertido, de nuevo, la función de estos organismos, que siguen, pese a ello, dotados de unas estructuras profesionales relativamente sólidas, unos más que otros, también es verdad. No estoy segura de si para eso hace falta una reforma como la que propone el PP, lo que desde luego hace falta es asegurar que los cargos en estos organismos no sirvan como botín, y de paso reducirlos, ya que hay muchísimos. Y por supuesto reforzar el carácter profesional y el prestigio de estos organismos que se han ido quedando por el camino estos últimos años. Y a las pruebas me remito. Como dirían nuestros amigos de NeG llenar de amigos y afines los organismos reguladores no es gratis.

  2. Galán
    Galán Dice:

    Continuando con el comentario de Elisa de la Nuez y con lo apuntado por el autor del post en cuanto a los recientes nombramientos en los organismos reguladores.
    Estos últimos meses de la legislatura en el seno de la AGE están siendo tremendos en cuanto a la proliferación de cacicadas: las consejerías de los ministerios en el exterior (en las embajadas de España) se usan para colocar a los compañeros con carnet que se han quedado sin cargo en las Comunidades Autónomas (Roma) o para colocar a aquellos otros que a la vista del previsible resultado electoral prefieren dimitir y que les nombren en un “puesto profesional” bien pagado o para funcionarizar y colocar antes de que llegue el PP a los hijos de destacados dirigentes del PSOE (Bruselas) o para convocar concursos deprisa y corriendo para adjudicar un puesto de nivel 28 a compañeros con carnet totalmente incapaces (MPTyAP).
    Hay Secretarias de Estado que se creen que la Administración es su cortijo (¡si los funcionarios que están allí hablaran! pero hacen bien en callar) y antes de que llegue el nuevo señorito dejan a los peones bien colocados.
    Lo malo es que esto ya lo vimos también en el periodo 1996-2004.
    Claro que después de lo de Alcorcón…

  3. ggalaktus
    ggalaktus Dice:

    El maltrato a estos organismos reguladores que realizan TODOS los partidos quedó perfectamente reflejado en la formación de la Comisión Nacional del Sector Postal. Les recomiendo que ojeen el diario de sesiones del Congreso del día en que se sometían a su fiscalización. Es de vergüenza ajena. Además, ninguno de los candidatos cumplía la Ley, que exigía cierta experiencia previa en el sector postal y en economía de la regulación. Con lo fácil que hubiera sido que la CMT asumiera las funciones… como en casi todos los países europeos.
    http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/DS/CO/CO_774.PDF
    Tal sólo una perla: “(…) favorecer esta transparencia y las condiciones de libre competencia del mercado, cosa que no es sencilla cuando hay un operador dominante y cuando hay también una tradición muy importante de que el sector postal es especialmente una compañía pública, en estos días con un gran empleo que, por cierto, debemos ser capaces de mantener, y ello no resulta fácil con la progresiva y paulatina introducción, tal como pide Europa, de un mercado competitivo.”
    Así nos va.

  4. robespierre
    robespierre Dice:

    Está claro que la Comisión Nacional del Sector Postal es perfectamente prescindible salvo para los señores que ocupan los sillones. Por otra parte se me escapa -seguramente por ignorancia- que es lo que hay que liberalizar aquí y a qué se van a dedicar exactamente estos señores, ya que el trabajo me imagino que podría sacarlo de calle no ya una dependencia de la CMT sino una pequeñita y preexistente del Ministerio de Fomento.
    ¿Cuanto nos cuesta esto a los contribuyentes? No soy especialmente partidario de la propuesta del PP porque me parece demasiado compleja (ponte a fusionar ahora a todos los organismos, traete de vuelta a la CMT de Barcelona, teniendo en cuenta el dineral que costó el caprichito de Maragall, o abre una delegación en Madrid, etc, etc) y que quita tiempo para los temas importantes, que creo que son la despolitización y reprofesionalización urgente de organismos clave para la deteriorada competividad de nuestra economía. Y conste que no me refiero precisamente al sector postal. ¿Ustedes mandan muchas cartas? ¿Paquetes pequeñitos? Pues eso.

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