¿Funcionarios o laborales?

La función pública en España es dual, y utiliza dos sistemas: el nombramiento como funcionario, o la contratación, como personal laboral. En el primer caso es prácticamente imposible echar al trabajador, aunque, paradójicamente, no sean necesarios sus servicios, y en el segundo es relativamente sencillo prescindir del empleado, bien individualmente, mediante el despido, o la extinción colectiva, por medio de los expedientes de regulación de empleo.

Sistema este de los ERES (expedientes de regulación de empleo), tan famoso en Andalucía, aunque por otras causas, que van a tener que utilizar muchos de nuestros Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales y posiblemente también Comunidades Autónomas, ante la dificultad para pagar las nóminas de su personal, y la imposibilidad de seguir endeudándose, ante las limitaciones legales existentes para el sobre endeudamiento.

¿Tiene sentido esta situación? Según nuestras leyes de la función pública y las varias Sentencias del Tribunal Constitucional sobre la materia, sí, puesto que reserva para los funcionarios, en sentido estricto, determinadas responsabilidades que implican el ejercicio de potestades o autoridad pública. Para mayor abundamiento puede verse mi libro “Laboralización Administraciones Públicas” (editorial Trivium, Madrid, 1998), donde explico detalladamente estas cuestiones, bastante trilladas, por otra parte.

Pero el problema de fondo es el siguiente: ¿en una sociedad globalizada, en cambio constante, tiene sentido una función pública totalmente estática, incapaz de adaptarse a los nuevos tiempos?

Se me dirá, y es cierto, que el modelo funcionarial nació como una garantía para la prestación del servicio público con objetividad e imparcialidad, frente a las presiones y los intereses partidistas de los políticos de turno, pero la triste realidad es que son escasos los funcionarios que son capaces de resistirse a toda clase de tropelías, y siempre pagando un alto coste personal, en forma de marginación, cuando no persecución, bien por la vía disciplinaria o mediante la técnica del “mobbing”, que hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad.

Los cuerpos de intervención, tanto del Estado como de las Corporaciones Locales, son un claro ejemplo de lo que digo. ¿Cómo es posible que los señores funcionarios interventores dieran el visto bueno, y no opusieran reparos, a la cantidad de chanchullos que estamos viendo publicados estos días, tanto en Diputaciones Provinciales como en Ayuntamientos? ¿Y que podemos decir de la contracción de gastos sin consignación presupuestaria, o del incremento a todas luces excesivo, del número de empleados públicos en una buena parte de las administraciones? Obviamente, el interventor correspondiente no ha sido capaz de asumir sus funciones –y responsabilidades-, y ha preferido mirar para otro lado, que actuar como “interruptor” de las ocurrencias del político de turno, con mando en plaza. ¿Y para eso hace falta dotarles del estatuto funcionarial, que teóricamente les defiende y ampara? Claro que luego, por la vía de los complementos retributivos –la zanahoria-, o por la vía disciplinaria –el palo-, se consigue doblegar a los más irascibles, pues todos tenemos nuestros fallos, que aunque sean pequeños, el poder puede convertir en grandes, a su conveniencia.

Esta sumisión de los funcionarios –no todos, por fortuna- a los políticos no ha sido por casualidad. Se ha ido cambiando la legislación para acabar situando a los políticos por encima de los funcionarios, incluso de los antaño prestigiosos Cuerpos Nacionales. Así sucedió, por ejemplo, con los Secretarios de Administración Local, que eran los jefes de personal de la Corporación correspondiente. Pues bien, la Ley de bases del régimen local de 1985 puso por encima de ellos al Alcalde o Presidente de la Diputación Provincial, otorgándoles la jefatura superior del personal, en demérito del Secretario. ¿Cómo se puede advertir de la ilegalidad de acuerdos de tu superior o intervenir sus desmanes? Se puede, pero no se debe hacer, si uno quiere vivir tranquilo y sin problemas. Y ya sabemos que el funcionario, en general, no es persona muy dada a la aventura, sino más bien a la seguridad.

Es numerosa la bibliografía sobre estos temas. Recomiendo dos pequeños grandes libros, “Contrato laboral y función pública”, de doña Silvia del Saz (Marcial Pons, Madrid, 1995), y “El ocaso de la función pública española” de don Iñigo Martínez de Pisón Aparicio (Cívitas, Madrid, 1995). Para este autor “el desmoronamiento de todo orden racional y objetivo en el régimen funcionarial trae consigo la ineficacia de la Administración. Y, en última instancia, esa ineficacia quien la sufre es el ciudadano” (pág. 107). Pero, hablando con claridad, ¿alguien puede sostener en serio que nuestras administraciones públicas son eficaces…?

En fin, termino ya, que no quiero cansar en demasía al amable lector, si es que tengo alguno. Creo sería preferible ir paulatinamente hacía un sistema similar al de Estados Unidos, de total politización de la administración –que en la práctica ya tenemos-, con una progresiva laboralización de los nuevos empleados públicos, aunque lógicamente respetando el carácter funcionarial –a extinguir- de quienes actualmente disfrutan de esa situación de auténtico privilegio, tal y como están los tiempos…

En la práctica ya se está haciendo así, por ejemplo con la inclusión desde el 1 de enero de los nuevos funcionarios en el régimen general de la seguridad social, lo que llevará a la paulatina desaparición del régimen de mutualismo laboral, Muface, Mugeju, etc.

¿Y que pasará cuando haya que reducir la elefantiásica administración que padecemos? Pues que echar a los laborales es bastante sencillo, bien individualmente por la vía disciplinaria o colectivamente por causas objetivas por medio de los expedientes de regulación de empleo, pero poner de patitas en la calle a un funcionario es prácticamente imposible. De ahí la rapidez en funcionarizar al personal laboral que han acometido a toda velocidad muchas administraciones, ante la eminente pérdida del poder. Se trata de “dejar colocados” a los fieles, a salvo de toda inclemencia, que ya sabemos que ganarse la vida en la calle es muy duro…

 

 

13 comentarios
  1. José Mª Pérez
    José Mª Pérez Dice:

    Lamento estar en total desacuerdo con lo expuesto en este post. La laboralización del empleo público no es una consecuencia de la pérdida de eficacia e independencia de los funcionarios sino una de sus principales causas.

    Tres son las razones prácticas por las que, en este momento, el número de contratados laborales es casi el mismo que el de funcionarios de carrera.

    Por una parte, la necesidad de los sindicatos de clase de consolidar su presencia dentro de la Administración Pública. Opción respaldada sobretodo por los gobiernos de izquierda para tener un mayor control de la Administración Pública.

    Segunda, la necesidad clientelar de los partidos políticos de colocar a sus fieles sin tener que pasar por un proceso de mérito y capacidad riguroso donde es mucho más complicado hacerlo. 

    Finalmente, la tercera razón surge por la necesidad de los políticos malintencionados de eliminar un contrapoder que limita su discrecionalidad a lo que determinan las normas. Así, la desposesión de funciones a los funcionarios de los Cuerpos superiores que han de garantizar el cumplimiento de la legalidad se ha realizado, principalmente, a través de la contratación, como laboral o como eventuales, de personas afines a las que se asignaban tareas duplicadas para contrainformar o suplir la labor de los funcionarios encargados de las áreas de control. Esto es particularmente sangrante en la Administración Local y en ciertas administraciones independientes como las universidades.

    Defender la implantación del spoil system en España ahora, supone pretender retroceder ciento cincuenta años en el desarrollo de nuestra administración pública. Incluso en USA se está rectificando esa tendencia y cada vez hay más funcionario inamovible en la Administración federal.

  2. Curro Arriola
    Curro Arriola Dice:

    Querido Ramiro:
    Si el  piloto de un avión ve que los motores se están calentando en exceso (lo cual es perjudicial para los motores), puede hacer varias cosas para poner remedio y seguir volando (bajar las revoluciones, buscar una altitud más fría, tirar carga…). O puede sencillamente apagar los motores, y dejar que el avión  se estrelle. Desde luego, con los motores a salvo de sobrecalentamientos. Pero todo hecho papilla.
    Lo que propones me temo que se parece a apagar los motores.
    Como los funcionarios públicos, a pesar de su inamovilidad, están sujetos a varias presiones (retributivas y/o disciplinarias), y eso merma su imparcialidad, y de rebote el buen funcionamiento de la Administración… ¿qué hacemos? ¿aliviamos esas presiones? No;  prescindimos de los funcionarios. Los sustituímos por personal laboral… ¿y qué sucederá entonces, Ramiro?  No estamos en USA, estamos en España.
    Muy al contrario, hay que asegurar AL MAXIMO la independencia del funcionario frente al político. ¡Y seguir volando bien alto!
    Mira, cuando estuve en activo como abogado del Estado, un Secretario de Estado –cuyo nombre he olvidado por higiene mental- me “ordenó” un día que hiciera un dictamen diciendo que un proyecto de Real Decreto se ajustaba a la legalidad. Le dije que estaría encantado de hacerlo… si verdaderamente el proyecto era legal; lo cual le adelanté que dudaba, por mor de cierto Tratado vigente. Se agarró el cabreo del mono, y me dijo que yo estaba allí para hacer los dictámenes según él dijera. Como yo  tenía muy pocos años, no pude contener mi sonrisa (quizá más franca y regocijada de lo que la gravedad de mi cargo requería). Le saqué de su error. Tranquilamente, porque yo dependía de la entonces DG de lo Contencioso del Estado, y no de ese personajillo (aún le recuerdo todo rojo, y no por su filiación política sólo, sino por el berrinche que se agarró). El dictamen fue contrario, desde luego; ajo, agua y resina (fórmula excelente para los políticos prepotentes), y a mí no me pasó nada.
    ¡Porque era FUNCIONARIO, Ramiro!
    Un saludo.
     

  3. MAT
    MAT Dice:

    Querido Sr. Arriola: su intento de convencer a quien no quiere ser convencido es digno de elogio, pero predica Vd. en el desierto. ¿A quién interesa abolir el sistema de oposiciones para sustituirlo por la dedocracia? pues a quien no le interesa hacer el esfuerzo de opositar, o a quien habiéndolo intentado no lo ha conseguido.

    Por lo demás, la “coartada USA” la desactiva muy bien el Sr. Pérez (añado: mal modelo un país con 46 millones de pobres, con culto a las armas, y donde no hay seguridad social porque dicen que es comunismo y luego no tienen reparo en practicar comunismo militar pagando entre todos el Ejército). Y también pone muy bien de manifiesto el Sr. Pérez el retroceso que supondría volver a la triste figura histórica española del funcionario cesante como consecuencia del en su día vigente y corrupto sistema del turno de conservadores y liberales a través de elecciones amañadas.

  4. A. QUIRALTE
    A. QUIRALTE Dice:

    Sin ánimo de polemizar, quisiera añadir, a los comentarios ya vertidos, mi sorpresa ante  posibles apelaciones a una concepción de la función pública superior en tanto que disfrute de privilegio ante una situación de crisis, como la actual. Sin rechistar, con minoraciones salariales que se han enfocado y entendido en términos solidarios…

    O la apelación a la ineficacia de los funcionarios, con la que tampoco coincido ¿hablariamos tambien de ineficacia de  directivos o de  funcionarios convertidos en becarios senior o jarrones chinos o porta mochilas …malgre soi? Creo que esto habría que estudiarlo  con mayor profundidad. El viejo tema de la evaluación de las políticas públicas, y en eso si coincido, me sigue pareciendo necesario.
    Bien, gracias a este Blog por su contribución al diálogo. Y al post por incitarlo.

  5. adolfo
    adolfo Dice:

    Con todo afecto y respeto hacia los comentaristas anteriores, ¿pero hay alguno de ellos que no sea funcionario, aunque sea en excedecia…? Normalmente el funcionario se cree un ser superior, porque una vez aprobó una oposición, a veces 30 ó 40 años antes, y en ocasiones sin haberse molestado demasiado en actualizar sus conocimientos. Total, ¿para qué? Por supuesto que conozco funcionarios excelentes y trabajadores, muchas veces victimas de la persecución del político de turno, ya que la Administración, las numerosas administraciones públicas existentes, se han convertido en el “botín” de los partidos políticos. ¿No sería preferible que reconociesemos la verdad, y dieramos a los empleados públicos ese carácter de trabajadores laborales, lo que no implica en absoluto volver al sistema de cesantías, pero si poder prescindir de los que no hagan falta o sean ineficaces? ¿O es que alguien piensa que España puede salir a flote con cerca de cuatro millones de empleados públicos…?

    • Curro Arriola
      Curro Arriola Dice:

      Adolfo, con los que propones dejaría de haber “x” empleados públicos vagos e inútiles, para haber “100 x” empleados públicos vagos e inútiles.. pero amiguetes, familiares, o barragan@s de políticos.

  6. Curro Arriola
    Curro Arriola Dice:

    Egregia y dilecta MAT:
    Ya empezamos. “Culto a las armas en USA…” No, mejor como aquí en España, que te dan una licencia tipo B si estás amenazado por banda terrorista… y la ley prohíbe que lleves el arma encima si vas a un lugar “público de recreo”; vamos, al cine, por poner un ejemplo.
    Muy lógico, porque -como de todos es sabido- los terroristas no atentarían jamás contra sus víctimas en un lugar así.
    O donde te permiten adquirir 25 balas al año, de manera que si desgraciadamente llega el caso de usar el arma, lo normal es que con la falta de práctica le des a todo el mundo menos al terrorista.
    Nuestra legislación en materia de armas apenas ha evolucionado desde los tiempos de Franco. Si acaso, ha ido a peor.
     
     

  7. robespierre
    robespierre Dice:

    Parece que todo el mundo tiene una parte de razón y nadie la tiene entera. Yo he leído en este mismo blog, en un excelente post del Sr. Rivera “¿Sobran funcionarios”? que lo que parece que sobran son funcionarios sin cualificar, el famoso “peón de Parla” de otro post, cuyas tareas podrían perfectamente ser asumidas por empresas externas, de jardinería, limpieza, etc, como ocurre por ejemplo con la seguridad de los edificios públicos que no está atendida por funcionarios, sin que eso menoscabe en nada la realización de las tareas con la debida profesionalidad. El tema de los auxiliares administrativos en un momento en que la mayor parte de las tareas que antaño realizaban se han “digitalizado” o “tecnologizado” incluso en las Administraciones más burocráticas merece una reflexión aparte, porque se siguen convocando “linealmente” puestos para estos colectivos como si estuviesamos en 1980. En cualquier caso, bienvenido el debate, creo que es una cosa muy sana. Y conste que a mí tampoco me convence el sistema USA pero es que el español deja mucho que desear y a los hechos me remito!!

  8. alvaro
    alvaro Dice:

    te has pasado tres pueblos con lo de : “la triste realidad es que son escasos los funcionarios que son capaces de resistirse a toda clase de tropelías”.
    ¿En qué país vives ?
    PD: primera y última vez que leo este blog.

  9. robespierre
    robespierre Dice:

    Pues no sé si tres pueblos o ninguno, pero alguien habrá tenido que hacer algo mal o se habrá resistido poco a las presiones cuando tenemos un ejemplo tras otro de que no han funcionado los controles en la Administración, particularmente en las autonómicas y locales, pero también hay múltiples casos en el Estado. Si todo el mundo hubiera actuado como es debido funcionarios y laborales esto sencillamente no podría haber pasado. 

  10. rasputín
    rasputín Dice:

    Entonces ¿Quién sobra? No me he enterado si son los políticos, los laborales o los funcionarios. Aunque creo entender que si los ayuntamientos tienen que seguir siendo gestionados por políticos, mal vamos. Si el funcionario ha tenido que opositar, el político que conocimientos debe tener para gestionar un area que desconoce, ah si perdón tiene poder de contratar personal de confianza para quitarle la vergüenza de desconocer lo que hace…

  11. antonio
    antonio Dice:

    Estoy bastante de acuerdo con don Ramiro Grau Morancho. Normalmente el personal laboral ha entrado en las administraciones públicas “por la gatera”, sin cumplir con los requisitos constitucionalmente exigibles de publicidad, igualdad, mérito y capacidad. Ahora bien, parte de ellos se han reconvertido en funcionarios, mediante oposiciones amañadas, concursos-oposición, dónde se primaban excesivamente los servicios prestados previamente como personal laboral, etc. En resumen, no veo justo que sólo se eche a los laborales, y no a aquellos funcionarios que han llegado a serlo sin superar UNA OPOSICIÓN LIBRE.
    Tal vez sería preferible acabar con la inamovilidad en el empleo, y que las administraciones públicas pudieran despedir al personal que no necesiten, sean funcionarios o laborales. Creo que se ha aprobado recientemente un real decreto que permite someter a expedientes de regulación de empleo al persona laboral. Creo es una buena solución, pero que fuera también extensible a los funcionarios.
    Mientras los contribuyentes tengamos sobre nuestra cabeza la pesada bota de tener que mantener A MÁS DE TRES MILLONES DE EMPLEADOS PÚBLICOS, con salarios incluso superiores a los de las empresas privadas, trienios, complementos retributivos, jefaturas de cualquier cosa, cargitos inventados para cobrar más, etc., este país, antes llamado España, no conseguirá levantar cabeza. ¡Y ojala me equivoque!

  12. adolfo
    adolfo Dice:

    En la práctica los trabajadores públicos, tanto funcionarios como laborales, están vendidos a los políticos. Los ascensos discrecionales, los nombramientos a dedo, los concursos que se resuelven como quiere el político de turno, los complementos retributivos, etc. hacen que el empleado público sea más sumiso que un perro con su amo. Es triste, pero es así.
    Sólo se salvan, y tampoco mucho, algunos cuerpos de funcionarios de élite: jueces, abogados del estado, y poco más, o cuerpos que viven del arancel, como los notarios y registradores de la propiedad.

Los comentarios están desactivados.