El peligro de inadaptación de nuestro sistema de derechos a la evolución tecnológica

La evolución que ha sufrido nuestra sociedad en los últimos veinte años está produciendo una situación cuando menos paradójica en nuestras Administraciones, gestoras de los derechos y obligaciones que quedan plasmados, a ritmo vertiginoso, en nuestro cuerpo legal. La introducción de la tecnología en nuestras vidas y en todos los ámbitos sociales, por supuesto una verdadera revolución y un avance sin igual en la historia, también ha generado una situación ciertamente preocupante para muchos ciudadanos. Cuando vemos que la educación, la comunicación, el trabajo o la relación con las Administraciones públicas están impregnadas de procedimientos y herramientas tecnológicas, carentes de condiciones de accesibilidad y usabilidad para muchas personas, no nos damos cuenta que dejamos fuera del ejercicio de derechos fundamentales a muchos ciudadanos.

Siempre me gusta recordar que, aunque hoy nos parece que llevamos una era entera viviendo entre microchips, ordenadores personales o telefonía móvil, fue hace apenas quince años cuando “el ciudadano de a pie” empezó a introducirse en esta nueva sociedad de la comunicación y la información. Recordemos que el pistoletazo de salida lo dio el presidente entonces de Microsoft, Bill Gates, cuando sacó a la luz el primer sistema operativo visual dirigido al gran público, Windows 95, copia por cierto de los Mac de Apple. En estos pocos más de 15 años, de 1995 a 2011, hemos visto aparecer innumerables sistemas operativos, el surgimiento de internet y su desarrollo parejo al crecimiento de los anchos de banda, los portátiles, la telefonía móvil desde su conexión básica hasta las actuales 4G, ahora las tabletas… Toda esta evolución, tan feroz y rápida en el tiempo, ha supuesto un anacronismo entre el potencial que nos ofrecen las tecnologías, y la incapacidad de adaptación de grandes masas de la población a sus usos, y, aunque sea reiterativo, la también inadaptación de nuestras Administraciones a este desembarco tecnológico. No podemos obviar que las Administraciones están compuestas por ciudadanos que, y debido a múltiples circunstancias, entre ellas la edad de nuestro funcionariado, no han sido capaces de responder con agilidad a la adaptación de las tecnologías a un uso para todos los partícipes de nuestra sociedad, sociedad TIC.

La introducción de la educación online cada vez con más asiduidad en todos los entornos educacionales y formativos está produciendo, aunque seamos incapaces de detectarlo a simple vista, una verdadera brecha social. Mientras el Ministerio de Educación aprobaba el proyecto Escuela 2.0 hace apenas tres años, con la previsión de dotar de herramientas tecnológicas a los alumnos en todos los ciclos de educación obligatoria, se olvidaba de establecer como garantía la necesidad de que tanto los terminales físicos como  los contenidos educativos tuvieran las imprescindibles condiciones de accesibilidad y usabilidad.  La preocupación se acrecienta cuando vemos igualmente el crecimiento exponencial en las Universidades de las plataformas digitales y de formación virtual. No podemos olvidar que en nuestro país abogamos y defendemos una educación inclusiva, donde una parte de nuestro alumnado posee diversidad funcional o discapacidad.

Resulta sorprendente que las primeras regulaciones legales firmes respecto a la obligación de contemplar mínimos niveles de accesibilidad a los portales de internet y las plataformas virtuales, entre las que se encuadra la formación online tanto en centros de educación obligatoria o universitarios, o la Administración electrónica, vayan casi parejas en el tiempo a la aprobación y puesta en marcha de estos servicios. Así, mientras el Real Decreto 1494/2007, por el que se aprobó el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social, veía la luz en noviembre de 2007, y la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso dela Sociedadde la Información, en diciembre del mismo año, estableciendo obligaciones de accesibilidad a las páginas de internet y a algunos, pocos, servicios tecnológicos, la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, era aprobada en junio también del 2007; la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, que incluye numerosas referencias tecnológicas, es de mayo de 2005; o la Ley Orgánica 4/2007, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, de abril de 2007.

El problema no es sólo la disfunción temporal, va mucho más allá. Gran parte de nuestro cuerpo docente y funcionarial se ve incapaz de asimilar las nuevas herramientas y sistemas de trabajo, por falta de formación y habitualidad a los cambios, e imposibilidad de adaptación y actualización en los tan cortos espacios de tiempo que van desde la aprobación normativa y su implementación. Problema que se agrava ante la inflexibilidad y rigidez de nuestras Administraciones y sus procesos, como ocurre en los procedimientos de contratación administrativa, y donde nuestra Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, tan sólo contempla, como mera posibilidad, en su art. 101, que “…las prescripciones técnicas se definirán, en la medida de lo posible, teniendo en cuenta criterios de accesibilidad universal y de diseño para todos…”. Lo que aboga, necesariamente, al no establecer los criterios de igualdad y no discriminación como obligación, a una continua dotación y adquisición por parte de las Administraciones Públicas de bienes, equipos y servicios inhibidores de derechos básicos. Más agravante cuando sabemos que, hoy día, existen ya productos, recursos y servicios con las debidas condiciones de accesibilidad y usabilidad.

Conviene recordar que, al igual que avanzamos hacia una sociedad eminentemente tecnológica y virtual en todos los ámbitos, también avanzamos hacia una sociedad, tanto en España como en Europa, ciertamente envejecida, con una previsión de población de un tercio por encima de los 65 años en 2020, con las limitaciones y grandes limitaciones (no sólo discapacidad) propias de la edad. La consecuencia para nuestras sociedades pueden ser dramáticas, con incidencias en otros ámbitos ya mucho más allá de los derechos básicos. Sin duda, el mercado de consumo y la economía no se van a ver alejados de la problemática, cuando estamos viendo impasibles cómo las nuevas tendencias a través de contenidos interactivos, por ejemplo, en la televisión digital, van a cambiar radicalmente los hábitos de relación en la adquisición y compra de bienes y servicios, entre comercio y consumidor. Reajustar las condiciones de igualdad para todos los ciudadanos puede llegar a tener costes, si esperamos mucho, inasumibles para cualquier Administración. Y no parece que la solución contra esta discriminación y brecha social vaya a venir de nuestras leyes, infinitamente más lentas en su nacimiento que los departamentos de I+D+I de los grandes imperios tecnológicos y sus redes de comercialización, hecho éste al que hay que sumar la incapacidad de previsión de futuro de los desarrolladores jurídicos frente a los desarrolladores “tecnólogos”.

 

 

 

1 comentario
  1. Manu Oquendo
    Manu Oquendo Dice:

    Buenos días, Juan carlos.

    Llevo desde 1965 trabajando con ordenadores. Toda mi vida laboral ha transcurrido en esta industria más fuera que dentro de España. Esto me permite alguna perspectiva y poder identificar con nitidez los orígenes concretos de todas las tecnologías importantes en procesadores, sistemas operativos y aplicaciones.

    Estamos a punto de descubrir la parte oscura de lo que esta tecnología ofrece al haber sido desarrollada sin gran comprensión de sus efectos.

    Tiene muchos positivos pero otros no lo son tanto o son muy negativos.
    Los resumo.

    1. Destrucción de empleo masiva y la banalización de los trabajos. Este proceso continúa y sa está acelerando. La mayor parte de los empleos degradados (atención al público tras un terminal y un teléfono, p.e.) son fruto de estas tecnologías que van reemplazando con ventaja al ser humano.

    2. Los empleos de alto nivel creados son una muy pequeña fracción de los destruidos. Los números Schumperianos de “destrucción creativa” son irrebatibles: 100 de destrucción 10 de creación. Este proceso es determinista si se aceptan las reglas clásicas de las economías de escala sin restricciones. A muy corto plazo niveles de paro superiores al 50% de la población activa son inevitables y nosotros no andamos en la realidad muy lejos.
    No somos conscientes de lo que en este proceso ha ayudado el que tengamos un número de por vida (como el ganado) y un carné de identidad que en otros paises es un derecho ciudadano no tener.

    3. Por el motivo que sea ( no es momento de entrar en “diseño” o “azar”) se ha permitido la comoditización y la estandarización global con una industria que en muy poco tiempo se ha oligopolizado radicalmente en todos sus elementos. Resulta irónico que sea China la que (por las razones equivocadas) trata de romper esta situación.

    4. Hoy los estados disponen de información ilimitada de cada segundo de vida de sus ciudadanos. A veces olvidamos que hasta las conversaciones son digitales lo que requiere su almacenamiento temporal por razones técnicas (y a plazo fijo por ley). Esto ya sucede con todos los correos electrónicos y otros contenidos. Una situación que ni el Dios de Israel tuvo a su alcance en todo el viejo testamento.

    Hablas de educación y me gustaría plantear un escenario que ya sucede en la industria privada y es causa del gran desempleo y pérdida casi total de procesos fabriles que ha tenido lugar en occidente.

    Supongamos una corporación y un estado que crea, con los contenidos universitarios por televisión que ya existen en UK y Rusia desde hace 25 años, (que yo sepa, seguro que hay más) unos planes y recursos de educación on line de calidad excepcional y con alto nivel de exigencia en exámenes para el título. 

    Imagina que esa compañía contrata un grupo selecto con los 20,000 mil mejores profesores del mundo desde primaria a doctorado y que con el Software de traducción simultánea ya existente en la red (por un euro) desarrolla un campus virtual de verdad en el cual un MBA mejor que el de Harvard, en vez de salir por 100,000 euros/año te saga por 3000 permitiendo por primera vez la igualdad de oportunidades educativas de verdad.

    Imagina que los títulos de esta universidad comienzan a tener autorización estatal (Libre Comercio, ronda de Doha, etc) y la gente a trabajar.

    Pregunta.

    1. ¿Cuantas universidades y colegios tendrían que cerrar en todo el mundo?
    2. ¿Cuantos miles de millones de horas de desplazamientos ya hoy innecesarios se ahorrarían las personas desde la infancia a la universidad?
    3. ¿Qué ahorro nos produciría y cuantos impuestos se dejarían de recaudar por el combustible quemado innecesarianmente día tras día?

    Este escenario es viable ahora mismo y a muy bajo coste por alumno. Si no está ya en Wall Street es porque no interesa a los estados porque no sabrían qué hacer con ellos mismos.

    Y nosotros no estamos, como ciudadanía, ni siquiera equipados ni organizados para comprender las dimensiones del proceso y mucho menos gestionarlo democráticamente en nuestro interés colectivo.

    Sin embargo ya ha pasado con nuestra industria y tampoco nos dimos cuenta.

    Un saludo cordial y gracias por tu artículo.

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