Las buenas intenciones: sobre las medidas del Consejo de Ministros de la víspera de Reyes

Tal y como era de temer, las medidas de ayer del Consejo de Ministros   se quedaron en una simple declaración de buenas intenciones. Como ya dijimos en el post de hace una semana, “Empezar por lo fácil”, aumentar los tipos del IRPF no resulta muy complicado técnicamente, proporciona “caja” de manera inmediata y aunque tiene un coste político muy importante, un Gobierno recién elegido sin duda se lo puede permitir. O por lo menos eso cree. En cualquier caso, quedaban pendientes, y así se nos dijo, las “nuevas medidas” que se iban a adoptar inmediatamente, tendentes básicamente a recortar el gasto desmesurado e insostenible del sector público, y poner orden en el déficit autonómico requisito “sine qua non” para lo anterior, dado que son las CCAA las responsables fundamentalmente de la desviación del déficit del 6% comprometido al 8% del PIB que –pese a que estaba cantada- es la causa de que el Gobierno del PP haya tenido que recurrir de forma “transitoria” a la subida de los impuestos a los asalariados y clases medias de este país, desdiciéndose de manera flagrante de lo dicho tanto en el Discurso de investidura, como en el programa electoral como de proclamado un montón de veces por el Sr. Rajoy como líder de la oposición. Por lo menos eso es lo que nos han dicho.

Pero recortar los gastos del sector público y poner orden en las CCAA, como ya decíamos en el post anterior, es harina de otro costal. En primer lugar es muy complicado políticamente, cuando hay autonomías en franca rebelión fiscal y otras directamente en suspensión de pagos, cuando no, de manera más o menos vergonzante, en ambas situaciones a la vez. Por cierto, que la rebeldía fiscal (por ejemplo, no pagar el IRPF o las cuotas de la Seguridad Social de los trabajadores públicos) ya sea en su modalidad más cruda o en la más sofisticada que lleva consigo la invocación de excusas tales como “pactos fiscales”, “agravios fiscales”, retrasos del Estado, o lo que sea, resulta de indudable utilidad política para ocultar la propia responsabilidad en el derroche y la mala gestión después de más de 30 años de autogobierno con gobiernos de un signo y de otro, y de paso permite no sacar el dinero de la caja cuando tanta falta hace. ¿Se imaginan que pasaría si los sufridos ciudadanos y las empresas de este país nos declaramos en rebeldía fiscal o solicitamos un nuevo pacto de rentas? Pues las  CCAA lo hacen y no pasa nada.

Pero, para no pecar de cenizos, vamos a asumir con la  mejor voluntad que, pese a los compromisos y las hipotecas que pesan sobre el Gobierno y su partido, éste va a tomar decisiones de este tipo, aunque sea porque no tiene más remedio.

Lo que pasa es que no es la primera vez que desde el Gobierno central se pretenden suprimir organismos públicos, estatales o autonómicos o locales. Ya lo intentó la Sra Salgado hace más de un año. Sin ningún éxito por cierto.

Y como ya hice en su momento en un artículo publicado en el Mundo, les daré alguna información que, en mi opinión, lo explica. Hay que tener en cuenta que, por lo menos hasta ahora, se suele encomendar la ejecución de esos acuerdos o instrucciones a los propios Ministerios o a las Consejerías o Concejalías de las que dependen los organismos públicos a suprimir. En este sentido, el Ministerio (antes Economía y Hacienda, ahora suponemos que Hacienda y Administraciones Públicas) da unas cuantas directrices al resto de los Ministerios y, si puede, a las CCAA y Ayuntamientos. Y éstas, a su vez piden datos…normalmente a los propios organismos a suprimir. Si, no se extrañen, no hay muchas otras formas de hacerlo ni muchos informes “objetivos” a los que acudir. Me imagino que se podrían usar los informes del Tribunal de Cuentas y de la IGAE u organismos autonómicos similares, y, a lo mejor, hasta se intenta, pero el problema es el retraso con el que van, aun presuponiendo que hacen informes solventes y rigurosos. Y, además, habría que estudiárselos y no suele haber tiempo.

Así las cosas, lo más sencillo viene siendo pedir los datos a los directivos de los organismos candidatos a la supresión –muchos de los cuales a día de hoy son todavía los nombrados por el anterior Gobierno porque no habrá dado tiempo a celebrar las reuniones de los Consejos de Administración, Patronatos, órganos de Gobierno, etc que según las normas de los entes públicos hay que convocar para cesarles- que, faltaría más, defienden la esencialidad de “su” organismo con uñas y dientes,  Como, por otro lado, no hay ningún criterio objetivo y homogéneo preestablecido para valorar la necesariedad o la sostenibilidad de un organismo público, aunque puedan existir muchos de acuerdo con el puro sentido común (se me ocurren, por ejemplo, criterios tales como la sostenibilidad económica con ingresos propios sin necesidad de transferencias presupuestarias, la duplicidad o triplicidad con otros organismos, trayectoria y ejecutoria previa verificada en auditorias, Tribunal de Cuentas, recursos judiciales, etc, posibilidades de privatización, instrumentalización realizada por parte de las Administraciones que los han creado, tipos de encomiendas de gestión realizadas, crecimiento del déficit en los últimos años, perfil más o menos técnico o “de confianza” de sus directivos o empleados posible competencia con el propio sector privado, etc, etc)  no es muy fácil hacer una valoración ecuánime y racional ni tomar una decisión sensata en asunto tan complejo y con tantas implicaciones.. Con lo que, a la hora de decidir, si es que llega esa hora, se priman los criterios políticos, vulgo, la mayor o menor presión que los amigos y conocidos hayan podido ejercer a favor del mantenimiento o supresión de unos u otros entes públicos.

En conclusión, el problema real es que no hay criterio en el Gobierno central ni probablemente en el autonómico, para saber qué organismos públicos hay que suprimir, fusionar o vender desde un punto de vista objetivo y racional. Y me temo que por muy buenas intenciones que tenga el Gobierno y por muchos informes que encargue, de aquí a una semana, dos o tres tampoco lo va a haber.

Pero no es solo eso; vamos a dar un paso más y ser todavía más optimistas, en la estela del Sr. Zapatero. Vamos a suponer, que, mejor o peor, se llega a una decisión sobre qué organismos públicos hay que suprimir, fusionar o vender, pues incluso aunque se elijan aleatoriamente, siempre supondría una mejora sobre la situación actual dado que las posibilidades de acertar son muy altas. Bueno, pues ocurre que esa decisión hay que ejecutarla. No está de más recordar este pequeño detalle, porque no es la primera vez que este tipo de decisiones que se anuncian a bombo y platillo se quedan en papel mojado, porque no se ejecutan o se incumplen sin que pase nada de nada. O simplemente se toma el pelo al Ministro de turno, como ocurrió cuando la SEPI contabilizó como entidades públicas suprimidas las que ya estaban “muertas” pero no formalmente, por lo que encima costó dinero cerrarlas.  Desde entonces, como se pueden imaginar, no ha dado tiempo a cambiar nada.

Lamentablemente, en un Estado como el nuestro que se ha ido desprendiendo voluntariamente de todos sus instrumentos legales y políticos de coacción con respecto a otras Administraciones (por falta de ejercicio o porque a estas alturas ya está convencido de que carece de legitimación y recursos para hacerlo, véase el artículo de Rodrigo Tena sobre la partitocracia de taifas  esto de hacer cumplir este tipo de acuerdos no ya  a las CCAA y Ayuntamientos sino incluso a los propios Ministerios, reviste una cierta complejidad. Ciertamente en los últimos años, si por algo se han caracterizado nuestras normas y nuestros acuerdos y pactos de todo tipo, condición y ámbito de aplicación ha sido por su sistemático e impune incumplimiento como tantas veces hemos denunciado en este blog.

Y finalmente, aunque sea de Perogrullo, no está de más recordar que no se trata de suprimir solo el número de organismos públicos sino que se trata de que esta supresión sea un medio para conseguir un fin: la supresión de un gasto público innecesario y directamente insostenible, que amenaza con impedir cualquier posibilidad de recuperación y por llevar a la ruina a la economía española si es que no estamos ya en ella. Hablando en plata, si hay un organismo duplicado o triplicado y se suprime no se trata de recolocar a todo el mundo, ni de quedarse con los inmuebles. Para ese viaje, sobran alforjas.

Y ahora la última nota positiva, para que no se diga que no echamos una mano. A mi juicio, para forzar el cumplimiento de las decisiones que adopte en este ámbito, el Gobierno tiene ahora mismo instrumentos políticos y legales más que de sobra, merced a su mayoría absoluta y sobre todo, lo que me parece bastante más importante, porque tiene el apoyo de la opinión pública. Los ciudadanos y la sociedad civil van a entender muy bien y van a apoyar estas medidas. ¿Qué tal si se cuenta con ellos? Y una forma muy sencilla de hacerlo es proporcionándoles información sobre los organismos a evaluar. Que no los tengan que buscar en Google, en este blog o en otros, o en las webs de los propios organismos o buscando entre los presupuestos respectivos y la normativa estatal, regional o local. Gobierno abierto ¿se acuerdan? Está en su programa electoral.

Y en cuanto a los instrumentos técnicos para garantizar el cumplimiento, si una Comunidad Autónoma, por ejemplo, no suprime organismos públicos y reduce gastos, puede hacerse que el incumplimiento tenga consecuencias. Por ejemplo, que deje de recibir avales y dinero del Estado para pagar sus nóminas. Y si faltan herramientas legales, que no creo, como la situación es de extraordinaria y urgente necesidad, según nos explica la Sra. Saenz de Santamaría en sus ruedas de prensa tras el Consejo de Ministros para justifica la subida de impuestos se me ocurre que se da el presupuesto de hecho “de calle” para la aprobación de los Decretos-leyes en este sentido que hagan falta.

Lo estamos esperando.

7 comentarios
  1. Francisco García Gómez de Mercado
    Francisco García Gómez de Mercado Dice:

    Es cierto que se ha empezado por lo fácil (quién no) y que quedan muchas reformas por emprender, no solo la reducción de gastos. Esperemos que se pongan a ello, aunque me temo que todas las reformas deseables no se van a llevar a cabo.
    El control financiero del déficit en cuanto a las CCAA me parece muy necesario. Quizá debió explicitarse en la reforma constitucional. 

  2. La promesa del PP de una Administración PROFESIONALIZADA
    La promesa del PP de una Administración PROFESIONALIZADA Dice:

    ¿Se acuerda alguien del art. 18 LOFAGE, aprobado siendo Rajoy Ministro de AAPP y artífice de la Ley?

    Los DIRECTORES GENERALES han de ser funcionarios del grupo A, salvo que razones excepcionales justifiquen que no lo sean. El TS ha concretado el alcance de la excepción y ésta no alcanza el nombramiento de PILAR MARTINEZ como Dir. Gral. de Arquitectura en el Consejo de Ministros del 30.12.11.

    NO es funcionaria. Y en la AGE hay cuerpos de funcionarios que entienden de temas de urbanismo y vivienda: los arquitectos e ingenieros de caminos del Estado, los Ad. Civiles del Estado destinados en Fomento, los Abogados del Estado…

    No tiene justificación ese nombramiento y el TS a buen seguro lo tumbaría por ILEGAL, como ya ha hecho en otras ocasiones.

    Caso distinto sería es de Consuelo Sánchez Vicente como Dir. Gral. de Comunicación. No existe en el Estado un cuerpo de funcionarios expertos en periodismo y relaciones informativas, y aquí podría valer la excepción. En el otro, NO. Ya explicarán Rajoy y Ana Pastor cómo se llenan la boca de profesionalizar las AAPP y para hacer un favor a Ana Botella reubican a una señora con infracción de las leyes y de los compromisos electorales. ¿Impugnará el PSOE, IU o UPyD ese nombramiento?

    http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/INFORMACION_MFOM/Curriculum/DGSuelo.htm

  3. Jaime de Nicolás
    Jaime de Nicolás Dice:

    Había dos series cómicas inglesas extraordinarias, Sí Ministro, y Sí, Primer Ministro, que contaban cómo los esfuerzos del político para cambiar el statu quo dentro de la administración británica quedaban siempre reducidos a cero,puesto que la maquinaria de la administración acababa por paralizar cualquier proyecto. En estos momentos las CCAA simbolizan esa pesada maquinaria refractaria a cualquier cambio, y sobre todo, a cualquier pérdida de poder e influencia. Las autonomías en estos momentos se han convertido en un problema, como se explica en el post, y una de las tareas a corto-medio plazo ha de ser su completa reformulación, su aggiornamiento al siglo XXI, porque el modelo del 78 está agotado e hipertrofiado.

  4. aldelgadog
    aldelgadog Dice:

    Creo que falta recordar que el Título VIII de la Constitución Española sigue vigente.

  5. robespierre
    robespierre Dice:

    Ojalá estuviera vigente el título VIII… por lo menos habría algunas reglas de juego conocidas. Aquí lo que está vigente es esto tan español de que cada uno haga de su capa un sayo.  

  6. Curro Arriola
    Curro Arriola Dice:

    Crear algo tan artificial como las CCAA, dárselo a nuestros políticos, y pretender que no generen la ruina… es como darle a un pirómano el oficio de bombero. ¡Si llevan dentro la manirrotez!
    Para el político autonómico gastar y gastar (en el mejor de los casos, en el peor robar y robar) es como respirar: lo necesita para vivir. Y con la conciencia bien tranquila, porque está “haciendo Patria”.
    Rajoy (qué susto cuando sus huestes le gritaban “España unida jamás será vencida”, huy, callaos, que me van a llamar facha) ni siquiera es capaz de recortarles un poquito los entes y sociedades pintorescos. ¿Cómo va a ser capaz de acabar con el derroche?
    Cuando álguien fallece, los piojos y demás parásitos que le chupaban la sangre mueren también. Cuando España muera del todo, será un consuelo (pequeño) ver a toda esta gentecilla desaparecer del mapa. Porque sin España no son absolutamente nada.

  7. Daniel-Aníbal García Diego
    Daniel-Aníbal García Diego Dice:

    Gracias al comentario de Jaime de Nicolás he esbozado una sonrisa al recordar “Sí, Ministro” y “Sí, Primer Ministro”… muy buenas y divertidas series.
    Respecto a la DG de Comunicación, podría ser perfectamente cubierta por Administradores Civiles del Estado de la rama de Sociales. 

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