Estos son los “Principios de Actuación” de Telefónica (pero si no le gustan aquí tiene otros)

En la página web de Telefónica pueden consultarse los ahí llamados “Principios de Actuación” de sus directivos y empleados, en una palabra, el código ético del grupo. Como allí se indica “Se estructuran en unos Principios Generales: honestidad y confianza, respeto por la ley, integridad y respeto por los derechos humanos.” Para que tal cosa no se quede en agua de borrajas, se aclara al lector que “En Telefónica hemos trasladado nuestros Principios de Actuación a todos nuestros profesionales a través de un curso formativo on line, de carácter obligatorio, y cuyo objetivo es dar a conocer a todos los empleados nuestro código ético y reflexionar sobre la importancia de contar en el Grupo con unos estándares éticos que le ayuden en el desarrollo de su actividad diaria.” Como supongo que el Duque de Palma, el Sr. Urdangarín, consejero de Telefónica Internacional, no habrá quedado eximido de hacer el curso on line desde su residencia Washington, he sentido cierta curiosidad por bucear en su contenido.

El código ético se inicia en su primera página con una carta del Presidente, Sr. Alierta, en la que nos dice que “Nuestra reputación se construye y se ve afectada por decisiones y acciones tomadas por cada uno de nosotros”. Tras leer esto no puedo evitar recordar –cual perro de Pavlov que se ponía a babear tras escuchar la campanilla- que la Sala Penal del Tribunal Supremo tuvo a bien declarar prescrito in extremis, y con argumentos verdaderamente traídos por los pelos, una actuación del Sr. Alierta cuando era Presidente de Tabacalera que me parece que no encaja muy bien con su código ético. Ni con el general, ni tampoco con el Reglamento Interno de Conducta en materias relativas a los Mercados de Valores que se puede consultar en la web de la CNMV. Los que quieran refrescar la información publicada en nuestro blog pueden pinchar aquí, o en este otro post publicado por nuestros amigos de Nada es Gratis sobre el mismo tema.

Un poco más adelante se desarrollan los Principios “Respeto por la ley” e “Integridad”. Ahí se nos dice, entre otras cosas, que “Velamos por el cumplimiento de todas las legislaciones, normativas y obligaciones regulatorias, tanto nacionales como internacionales, considerando además entre ellas las políticas y normativas internas (…) Evitamos o declaramos cualquier conflicto de intereses que pueda anteponer prioridades personales a las colectivas.” Estas manifestaciones del código deben coordinarse con el art. 12, 2, d. del Reglamento del Consejo, que afirma que los consejeros deben poner su cargo a disposición del Consejo cuando “su permanencia en el Consejo pueda afectar al crédito o reputación de que gozala Compañía en el mercado o poner en riesgo de cualquier otra manera sus intereses”.

A la vista de todo ello, y dada la actitud pasiva desarrollada hasta ahora por la compañía, podríamos considerar que Telefónica está a la espera de aplicar su código ético en el caso del Duque de Palma a que haya sentencia firme, como es tan tradicional en nuestro país, o incluso a que, una vez recaída, el Gobierno no indulte al Sr. Urdangarín, imitando en este punto el buen criterio del Banco de España en el caso Alfredo Sáenz, al que este blog ha dedicado unos cuantos post (ver el último). Y sería muy prudente al hacerlo, porque, como es sabido, a la manera del memory hole de Orwell, lo que el Gobierno indulta nunca ha existido. No debe extrañar entonces que, como cuenta El Confidencial (aquí), dicho consejero haya sido reelegido en el cargo en julio de 2011, pese a que los indicios de comportamiento irregular en su contra ya fuesen abrumadores. En fin, que podemos esperar todavía un buen rato. A menos, claro está, que sea cierto lo que nos dice el mismo diario de que Telefónica está esperando instrucciones de la Casa Real para ver si aplica o no el código al Sr. Urdangarín. Ver aquí.

Si este fuese el caso, quizá se debiera incluir en los Principios de Actuación otro Principio, cuya redacción propongo por si se considera útil su incorporación en la próxima Junta General de la compañía:

“Principio de Pragmatismo:

En el caso de directivos contratados incumpliendo el Principio de Contratación (Basamos nuestras políticas de selección, contratación, formación y promoción interna, en criterios claros de capacidad, competencia y méritos profesionales), ya sea porque son miembros de la Casa Real, o se trata de ex políticos contratados con el fin de eludir el Principio de Neutralidad (No efectuamos donaciones en metálico o en especie, de ninguna índole, a partidos políticos, organizaciones, facciones, movimientos, entidades, sean éstas de carácter público o privado cuya actividad esté claramente vinculada con la actividad política), en estos casos no, repetimos, NO se aplicarán los anteriores Principios.”

Lo dicho, como afirmó Marx (en esta ocasión Groucho), estos son mis Principios, pero si no le gustan aquí tengo otros.

Y es que, efectivamente, la autorregulación está muy bien en un país serio, en donde estas cosas se las creen tanto los directivos como los usuarios y el público en general. Especialmente, en países donde existen mecanismos de sanción por parte del mercado a las empresas que las incumplen, en definitiva, donde existen mercados abiertos y transparentes. Esto nos da ya una pista de el por qué estos códigos éticos de muchas de las grandes empresas españolas son como los principios de Groucho. La vinculación de estas empresas con el poder, su dependencia de la regulación, las hacen especialmente proclives al oscurantismo y al “revolving door”. Con cualquier cambio de Gobierno, con independencia de su color, podemos observar cómo los políticos desfilan del poder público al privado -integrado por ¿antiguos? monopolios y entidades financieras- y a la inversa. Esta “cultura” explica la razón por la que se contrata a gente como Zaplana, Javier de Paz o… el yerno del rey. Como ocurre siempre en España, los favores se pagan. Simplemente, a los españoles nos gustaría saber cómo y en qué forma los terminamos pagando nosotros.

4 comentarios
  1. Curro Arriola
    Curro Arriola Dice:

    Querido Rodrigo, tal vez no sea tan grave.
    ¿Qué es  “honorabilidad”? Desde el punto de vista de cada uno, algo muy variado; pero desde el punto de vista jurídico, ha de ser más o menos “estar en paz con la Ley”.
    Alierta y otros están en paz con la Ley. Máxime en el caso de ese señor, que no ha recibido un indulto. La prescripción también pone en paz con  la Ley.
    Una “honorabilidad” más allá de eso nos sitúa en el terreno de la conciencia, de la moral de cada uno. Y la moral de las grandes compañías es maximizar el beneficio. No creo equivocarme, ojalá.
    Si Alierta o cualquier otro maximiza el beneficio, es honorable y se queda. Si no, es deshonesto y se le echa. Esa es su moral. Si, pej, un alto dirigente resultara ser un pedófilo asesino, se le echaría, claro; pero no por sus actos en sí, sino porque al perjudicar a la imagen de su campañía esta ganaría menos.
    A los –mal- llamados “consumidores” nos tiene que preocupar bastante más el asunto de cómo nos tratan. Los contratos de adhesión (que como decía  Mezquita del Cacho, “no son contratos, son sintratos”), los infinitos abusos en que tan a menudo incurren, ese es el meollo. Para reprimirlos, no aspiremos a colocar ángeles en sus Consejos de Administración. Más eficaz sería un buen régimen de sanciones, aplicables por los tribunales, por un simple Juez de entrada, en el seno de procesos civiles: ¿Abusa Ud del pobre consumidor? Pues diez millones de leuritos de indemnización por daños y perjuicios. La próxima vez, ¿a que se lo piensa? Eso sí que les haría portarse mejor.
    Las músicas celestiales que puedan poner en sus páginas güeb son para hacer bonito, es notorio.
     
     

  2. veedor
    veedor Dice:

    Quizás el problema que plantea Rodrigo no se tanto el honor como el implicado, si fuera cualquiera de nosotros ‘nos dan una patada en el trasero nos ponen en órbita’ como suele decirse, pero si el sujeto en cuestión es yerno del monarca, puesto, parece, por presiones, indicaciones, recomendaciones, instrucciones del monarca, la cosa cambia bastante.
    La disociación entre propiedad y gestión puede facilitar el mercadeo de cargos que comenta el autor.
    También puede deberse a que en España el verbo dimitir parece ser no se da en la escuela (y no es cosa de la LOGSE), al final auqellos polvos traen estos lodos.

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