¿Tenemos un sistema legal eficaz?

En estos tiempos revueltos, de crisis económica y política, en los que nos replanteamos el funcionamiento de las instituciones políticas, el sistema financiero, el modelo económico o el mercado laboral, nosotros los juristas nos debemos plantear si acaso ¿tenemos un sistema legal eficaz?

Por supuesto, el mejor de los sistemas legales no asegura la bonanza económica ni siquiera la Justicia como valor absoluto, pero un sistema legal eficaz es un ingrediente importante para que nuestra vida en sociedad sea próspera y satisfactoria.

Por otro lado, desde el principio hay que advertir que esta comprobación persigue averiguar si el sistema cumple su cometido, no que tengamos leyes que, en teoría, establezcan preclaras disposiciones, derechos y compensaciones perfectas.

 Pues bien, en mi opinión, nuestro sistema es claramente ineficaz. Lo que no significa tampoco que sea absolutamente inútil, ni mucho menos.  En teoría vivimos en un Estado de Derecho, en el que la Administración ha de cumplir las leyes y servir los intereses generales. Pero en la práctica las Administraciones públicas, especialmente las municipales, actúan muchas veces al margen de las leyes, a veces con interpretaciones aberrantes de las mismas. ¿Y ante eso qué tenemos? Una jurisdicción contencioso-administrativa que pudo ser un buen modelo en los años cincuenta del siglo pasado pero que hoy, más allá de la falta de medios personales y materiales, presenta faltas de actitud y de aptitud notables, con una adopción absolutamente excepcional de medidas cautelares y un aplazamiento de la ejecución de la sentencia hasta su firmeza (frente a la regla común de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil). Y ello en todas las instancias, inclusive el Tribunal Supremo, cuyas resoluciones cada vez resultan menos ejemplares y muchas veces, especialmente cuando se trata de limitar el volumen de trabajo por vía de inadmisión, llegan a ser bochornosas.

 Los Juzgados y Tribunales españoles necesitan reformas que los hagan más eficientes, pero, a estos efectos, se encuentran sometidos a diversas autoridades (Ministerio, Consejerías, Consejo General y jueces…) e intereses corporativos. No me parece, desde luego, una solución que haya juicios y breves plazos para recurrir en agosto, primera propuesta del nuevo Ministro, seguramente mal aconsejado. Tampoco me parecen tan relevantes, en la práctica, la batería de reformas legales anunciadas por el Ministerio de Justicia. Cierto es que algunas de ellas pueden ser positivas. Así me lo parece intentar despolitizar el Consejo General del Poder Judicial, y puede serlo –aunque ya veremos- algunas reformas en el ámbito penal, que si bien es el más conocido para el público representa una pequeña parte del sistema legal. Las reformas grandilocuentes, como un nuevo Código Mercantil, una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, una Ley de Mediación, etc., pueden lucir mucho en primer plana pero luego es muy probable que sus resultados prácticos brillen por su ausencia o, como mucho, sean escasos. Los llamados juicios rápidos para lo civil puede que resuelvan más ágilmente determinadas cuestiones, pero no harán sino dilatar adicionalmente las demás e incluso incrementar la litigiosidad en su ámbito. Por supuesto, menos aún la solución puede encontrarse en encarecer la Justicia al ciudadano ordinario o limitar, aún más, el acceso a los recursos.

 Una materia especialmente relevante es la contratación pública, donde un sistema cada vez más complejo no ha evitado los escándalos de corrupción que todos conocemos y no hace falta recordar aquí. Solo pedir que no se confunda falta de responsabilidad penal con falta de responsabilidad política o moral. Esta confusión, tan frecuente y criticada en los últimos tiempos del felipismo, caracterizados por importantes episodios de corrupción, vuelve a primera plana, con múltiples corifeos.

 En el ámbito privado, ni las leyes civiles y mercantiles ni siquiera una legislación de protección de los consumidores que poco más puede decir logran evitar el abuso reiterado al ciudadano, no solo por chiringuitos diversos sino por empresas que se precian en ser vanguardia económica del país.

 En materia inmobiliaria, nuestro sistema registral, que sobre el papel puede parecer luminoso, falla por la base al carecer de una concordancia física con la realidad. Cualquiera que haya conocido actuaciones urbanísticas sabe que propiedades reconocidas por el Registro pueden acabar en el limbo.

 Nuestro sistema penal, por otro lado, parece a veces más preocupado de erigirse en Justicia universal en el espacio y el tiempo que en condenar a los culpables que tenemos en casa. Ahí tal vez sí puedan tener cierta repercusión las reformas propuestas por el nuevo Ministro Ruiz-Gallardón Jiménez, especialmente en el ámbito de la multireincidencia, que es quizá el mayor problema de seguridad pública.

 Y qué decir de la legislación laboral, que con su protección teórica ha consagrado tres clases de trabajadores: los fijos, los temporales y los que operan al margen de aquélla, por no decir que posiblemente ha coadyuvado a que tengamos cinco millones de parados.

 En fin, todo esto, por supuesto, es discutible y no pretendo decir que el sistema sea absolutamente inoperativo, pero la reforma o, mejor en plural, las reformas son necesarias, imprescindibles; pero no se trata de hacer leyes con mucho arte sino de que las cosas cambien.

 

9 comentarios
  1. Curro Arriola
    Curro Arriola Dice:

    Querido Francisco, vaya repaso demoledor a las múltiples deficiencias de nuestro sistema legal.
    Sólo falta, quizá, una alusión a la raíz. El Derecho es como un árbol; sus ramas -bien lo denuncias- están llenas de plagas, de hongos, de enfermedades que les impiden dar fruto.
    Pero en la raíz subyace algo áun más grave: el Derecho se ha convertido en instrumento al servicio de la política. La cual, es, a su vez, instrumento para el lucro de muchos (no todos gracias a Dios) politicastros profesionales, que no saben hacer otra cosa que robar.
    Todo ello aderezado por ese “abono” putrefacto y delicuescente que suponen las CCAA.
    El resultado no puede ser otro que la muerte del árbol… salvo que antes nos decidamos a CORTAR POR LO SANO. Que aún quedará parte sana…

  2. Cruz
    Cruz Dice:

    Excelente  resumen y de acuerdo con el señor Arriola: Volver a las raíces y podar lo que no sirve.
    Aunque no creo que el problema radique tanto en que el sistema sea ineficaz per se, como  en su aplicación, cada vez más mecánica, formalista y burocratizada, en la que vemos cómo se recurre a normas específicas sin ponerlas en relación con el conjunto ni con la realidad del caso concreto. Precisamente  cuando el sistema se concibió como un todo normativo en el que hubiese una interrelación entre los diferentes ámbitos, sometidos a una norma suprema y  capaz de dar respuesta a situaciones excepcionales gracias a principios comunes. No parece ser así en la práctica. Quizá por eso es tan fácil el abuso reiterado al ciudadano, tan claro en cuestiones de Derecho Administrativo: Siempre hay un artículo o  una interpretación que sirve al propósito del más fuerte, desarmando al contrario o imponiendo condiciones imposibles de cumplir. Y si no, se legisla y punto.
    O en el Tributario: Si el mayor problema es el de liquidez y obtención de créditos, con una caída inmensa del consumo que ha provocado niveles de paro alarmantes ¿Por qué sigue excluyéndose el concepto  de solvencia del principio de capacidad económica? ¿Qué” bien común” justifica condenar a la ruina, no ya a personas o familias o empresas individuales sino a todo un país mediante la obligación de entregar, constantemente, un dinero que no tienen o que necesitan para sobrevivir?
    Ójala, estimado señor García, proliferen mensajes como el suyo, que lleven a una revisión en profundidad del sistema y colaboren a que las cosas cambien. Aunque sin una voluntad clara, sin desterrar corporativismos mal entendidos,  sin eliminar prejuicios y sin esa “poda” que permita volver a las raíces, parece poco probable.

  3. elisadelanuez
    elisadelanuez Dice:

    Este blog lleva más de un año ya insistiendo sobre la necesidad que apunta Francisco, menos leyes, mejores y que se cumplan. Mientras que a cada nuevo Ministro la solución le parezca que pasa por aprobar un montón de reformas legislativas sin verificar si las que ya están en vigor se cumplen, sirven para algo o sencillamente ver un poco como está el ordenamiento jurídico de desmantelado lo llevamos claro.

  4. robespierre
    robespierre Dice:

    Muy vergonzosas. Resulta que el jurado popular le ha convertido en un gran estadística por no estar completamente seguro de si pagó no sus trajes. Vamos, que lo de la trama Gurtel campando a sus anchas por el feudo, que por otro lado ha dejado quebrado, no tiene nada que ver con su valoración como político una vez que 5 señores han dudado de si el guardaespaldas efectivamente le dió el dinero de su bolsillo aunque la mitad de la tienda, incluída la cajera, dijo que no, y había una contabilidad de los malos que explicaba que ya se ocupaban ellos.   Oye, pues nada, vayamos todos, sus compañeros del PP y los ciudadanos en general a poner ramos de flores en señal de desagravio a la puerta de la farmacia de su esposa, o de su despacho en el dorado retiro del Consejo consultivo, o incluso en la puerta de Forever Young.

  5. Jaime de Nicolás
    Jaime de Nicolás Dice:

    No tenemos un conjunto legislativo eficaz, por varias razones esencialmente:
    Hay demasiadas normas. Cualquier ente con capacidad normativa se siente en la obligación de expedir continuamente más y más normas, hasta hacer discutible lo que dice el art. 6 del CC, de que la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento.
    Las normas están en muchas ocasiones pésimamente redactadas, con una ausencia de técnica notable. Esto hace que sean incomprensibles o contradictorias, lo que entre otras cosas genera un aumento de litigiosidad.
    Se cambian las normas demasiadas veces, sin pensar, atendiendo a la necesidad del día. Se legisla “a lo twitter”, de hoy para hoy. Aparte de lo dicho anteriormente, esto provoca un efecto muy negativo: que no haya doctrina jurídica seria, solamente “apuntes de urgencia” sobre las materias. ¿para qué me voy a esforzar en hacer estudios profundos si no sé si la ley va a durar más de dos años?. Es una pérdida de calidad doctrinal lamentable.

  6. Romeo&Julliette
    Romeo&Julliette Dice:

    tranquilos que los notarios casarán y divorciarán y se arreglará todo, pero ¿cuântas décadas hace que Gayardón no pisa un juzgado?

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