¿Gato por liebre? La reducción de la responsabilidad de los gestores públicos al ámbito penal

 

Que no nos den gato por liebre. No podemos reducir la responsabilidad de nuestros gestores a responsabilidad penal.

Vaya por delante que comprendo y comparto la indignación de todos los lectores ante el panorama de corrupción, despilfarro y de falta de responsabilidad de que ha hecho gala durante estos últimos años nuestra clase política a todos los niveles, especialmente en el ámbito autonómico y en el local, que es donde han fallado más estrepitosamente los mecanismos de control que, teóricamente al menos, tenemos en nuestro Estado de Derecho para evitar este tipo de situaciones. Mecanismos que, por cierto, no están en el Código Penal, sino bastante antes, en un conjunto de normas de Derecho Público. Porque no debemos olvidar que en una sociedad civilizada el Derecho Penal es siempre “la última ratio”, es decir, la última instancia la que acudir cuando se trata de defender bienes o derechos jurídicamente protegidos. Y aunque a estas alturas nuestro Derecho positivo esté hipertrofiado y no sea un prodigio de claridad, lo cierto es que contiene bastantes normas sobre responsabilidad administrativa y patrimonial de los gestores públicos que han derrochado el dinero de los contribuyentes. Simplemente se trata de aplicarlas.

Estas normas están contenidas fundamentalmente en la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, LO 2/1982, y en la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, que regulan la llamada “jurisdicción contable” que permite depurar y exigir responsabilidad a los gestores públicos cuya actuación haya producido perjuicios al erario público (vulgo, el dinero de nuestros impuestos) como parece que ha ocurrido en muchos casos que han llevado al Gobierno –aunque por ahora con poca concreción y menor claridad- a proponer algo así como un nuevo tipo penal para despilfarradores del dinero de todos.

Pues como ya adelanto en el título, no me parece que sea una buena idea. Y les intentaré explicar por qué. En primer lugar, porque supone que hay una serie de normas de Derecho positivo -las mencionadas más arriba, por ejemplo- a cuya inaplicación sistemática nos resignamos.  Eso, por no hablar de códigos éticos, de normas buen gobierno, de autorregulación o de declaraciones de intenciones de todo tipo de la que hacen gala tanto las organizaciones públicas (empezando por los partidos políticos) como las privadas (empezando por las empresas cotizadas) que no sirven para nada. Pero es ahí donde se recogen esos  valores de decencia, honestidad, rigor, justicia, buena gestión, etc, etc de los que habla la Sra Vicepresidenta del Gobierno, lamentándose de que no tengan fuerza de ley. Aunque no me los he leído todos, me imagino que entre los valores recogidos se encontrará el de no tirar el dinero ya sea el de los contribuyentes o el de los accionistas. Pero si el Derecho positivo se incumple y no pasa nada, difícil parece imponer el cumplimiento de estos valores, que por otro lado son los que inspiran todo nuestro sistema jurídico, conviene no olvidarlo.

En segundo lugar, porque establecemos unos estándares muy bajos para el cumplimiento de nuestro Derecho y de los valores que le sustentan. Si basta con no ser un delincuente para ser un buen gestor o un buen político, o simplemente para ser un gestor público o un político, o todavía más,  si el no delinquir te convierte en un gestor ejemplar, pues apaga y vámonos.

En tercer lugar, porque estamos judicializando hasta un extremo insoportable los principios básicos del funcionamiento de un Estado de derecho y de la responsabilidad de nuestros políticos y gestores. ¿Quién va a decidir si el derroche de dinero público es o no delito? Pues nos tememos que la colapsada Administración de Justicia española. Y nada menos que los jueces penales, con el trabajo que ya tienen, entre otras cosas persiguiendo la corrupción ligada a la política.

Porque se ve que, sin amenaza de cárcel de por medio, nuestros gobernantes piensan que no hay forma de que se cumplan una serie de principios básicos de una gestión por cuenta de otros (los ciudadanos) y de exigir las correspondientes responsabilidades si no se hace así. Muy interesante. Parece que cuando hayamos conseguido “legalizar” y dejar en manos de los jueces la aplicación de los valores esenciales para garantizar el funcionamiento de una democracia y de un Estado de Derecho digno de tal nombre,  ya podremos dormir todos más tranquilos. Porque para entonces habremos abdicado de todas nuestras responsabilidades, los políticos y responsables públicos de las suyas, y los ciudadanos y la sociedad civil de las nuestras.

Y esta es la razón fundamental de la que pienso  que permitir que nos cambien la responsabilidad que ya se puede exigir, tanto política como administrativa y patrimonial, por una responsabilidad penal futura es una muy mala idea, y equivale a dejar que nos den gato por liebre, aunque vaya por delante que no dudo de la buena voluntad de quien hace la propuesta, que sin duda cree atender así a una demanda ciudadana.

En mi opinión, lo que sencillamente ha pasado estos últimos años es que todas estas normas de Derecho positivo y códigos éticos que podrían haber evitado la proliferación de los casos de derroche de dinero público y hasta de corrupción no se han aplicado porque sencillamente no les ha interesado a quienes debían hacerlo. Son, como tantas cosas en nuestro maltrecho ordenamiento jurídico y lo que es peor, de nuestro sistema de valores democráticos, papel mojado. Y al no aplicarse hemos hecho dejación de nuestras responsabilidades. Todos.

Ha habido, desde luego, una irresponsabilidad política, pero en una doble dirección: la que incumbe a una clase política que mantiene en nómina no sólo a despilfarradores impenitentes sino también a imputados por casos de corrupción en listas electorales y en cargos importantes pero también la de una ciudadanía que les ha seguido votando. Y aunque en algunos casos es verdad que los ciudadanos no tienen toda la información, o prefieren agarrarse como clavo ardiendo a la tan traída y llevada “presunción de inocencia”, o creen sencillamente que la alternativa es todavía peor, lo cierto es que los ciudadanos somos corresponsables, porque muchos de estos personajes han ganado las elecciones con mayoría absoluta. El que estas personas terminen finalmente, como acaba de ocurrirle al sr. Camps, absueltas (aunque sea por los pelos merced a un jurado popular en un juicio cuanto menos pintoresco y con un veredicto recogido en un acta que contiene faltas de ortografía), o con los delitos declarados prescritos, o incluso indultados como le ocurre últimamente a la gente importante de este país, no acaba, ni mucho menos, con sus responsabilidades políticas. Y por supuesto, tampoco con las otras responsabilidades jurídicas que no son de carácter penal.

Lo triste es que estos señores que despilfarraban a diestro y siniestro nuestro dinero estaban haciendo “política”. Es verdad que algunos, además de política, han hecho dinero. Pero lo que es importante es que hacían una política que les daba muchos votos, porque se ve que a los ciudadanos hasta hace dos días no les ha preocupado saber de donde salía el dinero que pagaba tanto aeropuerto, ave, palacio de congresos, empresas y organismos públicos,  embajadas, aerolíneas “nacionales”, circuitos de Fórmula 1, séquitos institucionales, y demás bombos y platillos a los que tenía derecho cualquier núcleo de población. Y con la ventaja de que, a cambio de hacer todas esas cosas, nadie se fijaba mucho en cómo se obtenían estos grandiosos logros, es decir, como se gastaba el dinero. No había ninguna rendición de cuentas, ninguna ”accountability”. Sencillamente no nos hacía falta. Conviene no olvidarlo. Así que todos somos responsables del desaguisado, aunque ciertamente los gestores públicos lo son más que nosotros.

En conclusión, más allá de los casos de corrupción tipificados penalmente, lo cierto es que la responsabilidad por mala gestión de los recursos públicos no es ni puede ser coincidente con la responsabilidad penal, como nos quieren hacer creer ahora. Confundir responsabilidad política por mala gestión o despilfarro con la responsabilidad penal es propio de repúblicas bananeras, donde se pasa de Presidente del Gobierno o Ministro (o Consejero) en activo al banquillo y a la cárcel sin solución de continuidad. Esto no pasa en las democracias avanzadas. No debe de pasar en España porque supondría declarar inservibles todos los mecanismos previos de control. Es, sencillamente, una mala idea, aunque tranquilice los encrespados ánimos de la ciudadanía.

Porque, a riesgo de ser reiterativa, hay que explicar a los ciudadanos que no es cierto que el Estado de Derecho esté inerme ante este tipo de conductas. Lo que pasa es sencillamente que no se han utilizado los instrumentos legalmente previstos que, en primer lugar,  las hubieran evitado y, en segundo lugar, las hubieran sancionado. No se ha exigido a nadie responsabilidades patrimoniales, que suelen doler bastante en los bolsillos, y resultar más disuasorias a corto plazo que el panorama de una posible condena penal en el largo.

Y para terminar, y siendo prácticos conviene recordar que las normas penales no son retroactivas. Así que, de entrada, con esta propuesta, borrón y cuenta nueva, lo pasado, pasado está, y los gestores que han derrochado nuestro dinero a manos llenas no tienen nada que temer. Eso sí, los futuros malos gestores, que se preparen. ¿No es mejor tirar de las normas que tenemos y exigir ya la responsabilidad contable, que con un poco de suerte todavía no ha prescrito? Lo dicho, que no nos den gato por liebre.

11 comentarios
  1. @aldelgadog
    @aldelgadog Dice:

    Muy bueno, sobre todo en lo de que hay que recordar más que el Derecho Penal es el último recurso.

  2. sitogr
    sitogr Dice:

    Enhorabuena por el artículo Elisa. La protesta contra el expansionismo del Derecho Penal es constante, pero más constante es el olvido del legislador. Y la consciencia del pueblo. Si no se pena con muchos años de cárcel, no es pena. Igual que sin teatros titánicos, aeropuertos en cada provincia, o autopistas de 4 carriles cada sentido no se era un buen político. Y así nos va. Y a este paso el CP va a estar lleno de delitos simbólicos, vacío de contenido, escasa trascendencia, y una fuerza coactiva despreciada por su falta de aplicación.
    Sin embargo, como bien apuntas en estos casos una pena ejemplar sería la del bolsillo y de patrimonio así como inhabilitación de cargo público de quienes se han enriquecido y a su vez nos han llevado a la ruina. Además eso, instrumentos no faltan, falta aplicarlos.
    De todas formas, cuando vea aprobada la tipificación del despilfarro me lo creeré. A otro perro, con ese hueso.

    Un saludo

  3. Javier Aparicio
    Javier Aparicio Dice:

    Las leyes están para cumplirlas.
    Desde mi punto de vista, la inaplicación de las leyes es la principal culpable de la actual situación jurídico-social. Cada vez hay más leyes, más molonas y exigentes y menos respeto por ellas, lo que da lugar al desprecio de instituciones y conduce tarde o temprano al desprecio de la democracia (los salvapatrias).
    Es tan grave el problema que cuando en algún momento dado se ha perdido el control de la situación, gracias a la última instancia del indulto se consiguió arreglar el entuerto, no sea que alguno de los nuestros o de nuestros patrocinadores (o, incluso, de los suyos y esto pone de manifiesto lo alarmante de la situación), como señalabas en tu anterior post, le apliquen la legislación vigente.
    La oligarquía de la “clase política” y sus amiguitos del alma se ha instaurado y se limita a vestir muñecos para contentar al espectador y seguir pidiéndole los votos.
    Elisa, estoy totalmente convencido de lo que razonas en el post, incluso abogaría por la derogación de innumerables piezas de museo salidas de las cámaras representativas o del salón de consejo de ministros o consejeros que sólo han servido para presumir y ostentar.
    Sin duda, esta iniciativa de tipificar como delito el malgasto de fondos públicos es una ostentación más que, desde luego, no va a modificar la falta de interés en perseguir a quien nos arruina el país, o, si no, que les apliquen la legislación vigente, como a los carteros.
    Sin embargo, como apuntas, encima va a servir de amnistía de lo pasado, lo que ya supera cualquier precedente.

  4. faycanero
    faycanero Dice:

    Totalmente de acuerdo…ya está bien de aplicar el Código Penal a nuestros gestores públicos…¡¡¡ basta ya !!! Ya son muchos los que están entre barrotes abarrotando las abarrotadas cárceles españolas. Ya hemos visto las medidas cautelares que se han tomados con ese Consejo de Administración “aeureo” que han actuado con nocturnidad y alevosia. ¿Se ha tomado alguna medida…? ¿no?…Pues es una pena que no se haya tomado ninguna medida penal. Ya se reía Anakarsis de la Constitución de Solón. “Las leyes son como una tela de araña. Es buena para atrapar moscas pero…si pasa un avión, te quedas en tierra…de nadie”. La historia está llena de “anécdotas democráticas”. Algunos revolucionarios franceses decidieron – cual Perseo – cortar por lo sano. Hoy – Siglo XXI – algunos cortesanos piden protección “cautelar” contra actos vándalicos y revolucionarios y antidemocráticos consistentes en “posible” lanzamiento de huevos, tomates “y quién sabe que otra suerte de alimentos”. Sinceramente, doña Elisa – muchos españoles estamos tan indignados con lo que está sucediendo que ya nos conformamos con ver a algunos de esos “hooligans de Al Capone” caminito de Jérez. Los demócratas ya no resisten “NI UN GATO POR LIEBRE MÁS”. Los ratones españoles ya estan hartos de tanto gato. No importa que el Código Penal se aplique al gato blanco o al gato negro…lo importante es que no cace más ratones. NO HAY DERECHO A QUE NOS SIGAN DANDO GATO POR TODOS LADOS.  Un democrático saludo. Un amigo de Montesquieu

  5. Curro Arriola
    Curro Arriola Dice:

    A lo que se ve, ninguno de los sinvergüenzas que están en la mente de todos ha prevaricado ni ha malversado caudales públicos, ¿verdad?

  6. José Mª Pérez
    José Mª Pérez Dice:

    Totalmente de acuerdo con el contenido del blog. Recurrir al Código penal para suplir la falta de aplicación de los controles ordinarios no es ninguna solución. Al final, corremos el riesgo de que solo se aplique el Código penal al adversario, viendo la paja en el ojo ajeno, sin ver la viga en el propio.

  7. Jesús Picó
    Jesús Picó Dice:

    La cuestión es que las autoridades, en numerosas ocasiones, no respetan las leyes, ni las van a respetar en el futuro porque, por arte de magia, no cambiarán los criterios por los que se rigen sus conductas. Esta es la cruda realidad. La lamentable y vergonzosa realidad. Una falta de ejemplaridad que socava los cimientos éticos de cualquier sociedad. Es necesario una razón de peso para cambiarlas. La vía administrativa es inviable, porque son ellos mismos los que tienen que dar el primer paso.

    ¿Por qué es delito dejar de ingresar impuestos a la hacienda, cuando supera un determinado importe, y no tiene que serlo gastar lo que no tienes o dónde o cuándo no puedes, a partir de un determinado importe?

    Es una cuestión de JUSTICIA. O acaso, gobernar, es una función con patente de corso. O nos creemos que TODOS estamos por igual sometidos a la LEY, o no hay solución.

    Por eso discrepo. No solo creo que introducir nuevas figuras en el Código Penal como delitos contra la Administración Pública o la Hacienda Pública es urgente y necesario, sino que pienso que si no prospera la propuesta del Sr. Montoro, o todo queda en algo muy suave, acabaremos mal.

    Es un deber fundamental el respeto a la Ley. No lo digo yo, lo dice el artículo 10 de la Constitución Española. Por cierto, con mucha vista, porque el desorden político ya existe y la paz social está a punto de saltar por los aires.

  8. ENNECERUS
    ENNECERUS Dice:

    Yo me conformaría con que los gestores públicos tuvieran la misma responsabilidad civil (incluida la fiscal) y penal que los de una sociedad mercantil. ¿Sería posible que un juez de lo “administrativo-mercantil” pudiese imponer una prohibición para el desempeño de cargos públicos o ser administrador en sociedades mercantiles?

  9. atrapa
    atrapa Dice:

    Buenas tardes Elisa,

    Sigo a diario vuestro blog y a menudo ponéis de relieve cómo la mayoría de las tropelías políticas y administrativas que se han cometido durante los últimos años en este país son correponsabilidad de todos los españoles. 

    Estoy totalmente de acuerdo, pero indignarse sólamente no arregla el problema. En este sentido, echo de menos que en vuestros posts, además de explicarnos la cruda realidad del país, nos déis unas directrices sobre cuáles son los mecanismos jurídicos que pueden activar los ciudadanos para denunciar y reclamar responsabilidades en cada caso concreto.

    Dicho esto, respecto al tema que nos ocupa, cuáles serían los instrumentos legalmente previstos para exigir la responsabilidad contable de la que hablas?

    Muchas gracias

  10. elisadelanuez
    elisadelanuez Dice:

    Atrapa, tomamos buena nota de lo que dices, pero desgraciadamente a veces los ciudadanos no tenemos acciones que ejercitar directamente ante la Administración o ante los Tribunales, ya sean administrativos, de Cuentas o judiciales, aunque yo no soy especialista en Derecho procesal (tendremos que buscar uno). En cuanto a la jurisdicción contable, que corresponde al Tribunal de Cuentas (recogida arts. 15 y ss de su Ley Orgánica) el 49 y ss. de su Ley de Funcionamiento señala como se exige y por quien. Prometo otro post al respecto, visto el desconocimiento que parece haber sobre este tema, y no me refiero a los ciudadanos y juristas en general, que no tienen ninguna obligación de saberlo, sino a los políticos y gestores públicos, que sí que deberían. Pero ya le adelanto que los ciudadanos no tienen a una “acción” contable, salvo que consideremos que como contribuyentes tienen el “interés directo” al que se.refiere el art.47 de la Ley Orgánica…que a lo mejor es una posibilidad ahora que lo pienso. Habrá que seguir estudiando el tema. Y gracias por la fidelidad al blog!.
     

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