Causas y efectos del gasto oculto de nuestras Administraciones públicas

Leo con preocupación en la prensa la reciente sorpresa de nuestra Ministra de Fomento acerca de la deuda real en más de 50.000 millones de euros (se dice fácil pero la cifra es impresionante) sobre lo previsto, aunque en la comparecencia de la Ministra ante las Cortes, el pasado 9 de febrero, la cifra del endeudamiento total del Ministerio de Fomento quedaba cifrada en los 40.000 euros. Ante esta disparidad de datos sólo cabe pensar en dos alternativas; o bien, el ex Ministro Blanco se hizo alguna clase de lío con los pen-drives y el que contenía la deuda diferida se le quedó en los bolsillos; o bien en el Ministerio de Fomento no se aclaran con las cuentas. Sin embargo y, aunque no se han dado explicaciones públicas sobre este incremento de última hora, me barrunto a qué se debe. Y es que, al menos desde el año 2010, las diferentes Administraciones públicas (no sólo el Ministerio de Fomento) han estado acudiendo, para muy buena parte de los contratos ya adjudicados a lo que eufemísticamente han denominado como “diferimiento de anualidades“. Diferimiento que significa que lo que estaba previsto pagar para 2010 y 2011 se traslada a los ejercicios de 2012 y siguientes, para lo cual se recabó, en su momento, la aquiescencia de los propios contratistas bajo la amenaza velada de no pagarles nada. Cosa que, según parece, sigue sucediendo en el momento actual,  porque ya sabemos que se pega todo menos lo bonito.

Ya se sabe que con los privilegios de la Administración, sus acreedores, por mucho que tengan justificadas las deudas, pueden ver dilatado su cobro durante muchos años, aún cuando obtengan una sentencia firme ejecutable. Y es que la ejecución de sentencias frente a la Administración pública tiene dificultades muy serias debido a esos privilegios, muchas veces mal utilizados (en beneficio de quienes las gobiernan) por no cumplir con la finalidad de “interés público” para el que fueron  concebidos. Por tanto, no es de extrañar -especialmente para quien conoce la contratación pública- que las empresas constructoras hayan prestado su consentimiento para que lo que se encontraba presupuestado para 2010 o 2011 se traslade a los ejercicios de 2012 y siguientes porque más vale cobrar tarde (a dos años vista) que no llegar a cobrar. Y ahora, las diferentes Administraciones (con el Ministerio de Fomento a la cabeza) no tienen más remedio que seguir haciendo lo mismo porque, como es conocido, el que se queda quieto paga…

Sin embargo,  cuando llegue el momento en el que haya que comenzar a pagar lo que dejó de pagarse años atrás, surgirán los problemas para todos, comenzando por las propias Administraciones públicas y terminando por los subcontratistas de los contratistas de las Administraciones (pasando, lógicamente, por éstos). Al tirar de la manta y levantar las alfombras, el nuevo Gobierno -y lo mismo ha pasado en las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos- se ha encontrado con una auténtica “bomba de relojería” que amenaza con estallar en un momento en el que resulta indispensable contener el gasto público. Porque lo que ha hecho el anterior Gobierno ha sido algo así como el “yo invito pero tú pagas” -dicho en términos castizos- al sacar a licitación proyectos y obras absolutamente inútiles sin hacer frente a los compromisos de pago que eso comportaba. Ahora se aflora el problema y toca a “otros” pagar las deudas contraídas para evitar que se siga rompiendo esa especie de cadena maldita que comienza por la deuda de las Administraciones públicas, sigue por la de las constructoras y concluye con la de los subcontratistas y suministradores a todos los niveles. Si el primero no paga (las Administraciones) o demora excesivamente sus pagos, pueden caer los que les siguen con lo que ello supone de destrucción del tejido empresarial y del empleo. Y claro está, el remedio más sencillo consiste en continuar con la “patada a seguir” continuando con el diferimiento de pago hasta el infinito sin tener en cuenta que con ese sistema la deuda a pagar se incrementa.

Esperemos a ver que pasa con todas estas deudas atrasadas (respecto de lo cual nada se ha dicho aún) aunque la Ministra de Fomento ya ha anunciado un nuevo Plan de Infraestructuras que corrija las desviaciones de los existentes -especialmente en materia de carreteras y ferrocarriles- aunque ha reconocido la existencia de una deuda total por importe de 40.000 euros, de los cuales 34.200 son a largo plazo y 5.800 a corto (algo más de tres puntos sobre el PIB). Como puede apreciarse, los datos facilitados en la comparecencia ante las Cortes no casan con la aparición de una mayor deuda sobre lo previsto -los dichosos 50.000 millones de euros- lo cual tiene descolocado al personal.

Con todo, el mayor problema que pueden plantear todos estos diferimientos de  pago acordados por  las distintas Administraciones públicas hace un par de años, es el desconocimiento real de la deuda del Sector Público, que es un dato indispensable para adoptar medidas correctas. Porque hemos de tener muy en cuenta que ante la insuficiencia de recursos, el Estado ya no puede acudir a darle a la máquina de hacer dinero (suponiendo que eso fuese una solución efectiva) sino que tiene que captarlo en el mercado de deuda pública y devolverlo al cabo de unos años a unos intereses cada vez más altos. Operación que, además, no puede repetirse de forma indefinida, como me temo que se está haciendo, porque incide en nuestro nivel de endeudamiento al que, por imperativo de la UE (y también de nuestra Constitución), hay que poner coto.

Así las cosas, resulta que la ocurrencia de los diferimientos de pago en la contratación pública nos va a salir por un ojo de la cara (otro más, si eso es posible), porque apuntan hacia un grave problema de muy difícil solución que se asemeja a la cuadratura del círculo. Evidentemente, habrá que pagar toda la deuda diferida a las empresas de construcción pública para que éstas, a su vez, puedan hacer frente a los pagos comprometidos con los subcontratistas y proveedores. Pero como el dinero para hacer frente a estos pagos difícilmente podrá obtenerse con un mayor nivel de endeudamiento de nuestras Administraciones (porque ya hemos sobrepasado el límite), me temo que no quedará más remedio que reducir todo el Sector Público (y muchas de las subvenciones a su cargo)  más de lo que se ha hecho hasta ahora. O sea que la “genial idea” del diferimiento de pagos va a generar, probablemente, un efecto boomerang, causando una retracción en la contratación de infraestructuras públicas (a menos que se adopten modelos basados en las PPP si la UE nos deja) y provocando que el dinero que no se pagó antaño haya de salir del adelgazamiento forzoso del Sector Público. Sinceramente, no se me ocurre (al menos por ahora) otra salida para la situación creada por unas medidas (los diferimientos de pago a los contratistas) que, en su momento, pretendieron tapar un roto con un simple zurcido para que a sus autores no se les vieran las vergüenzas.

Jose Luis Villar Ezcurra

Doctor el Derecho por la UCM. Ex Letrado del Banco Hipotecario de España y ex Letrado de la Seguridad Social. Miembro Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Profesor Titular de Dº Administrativo en la UCM. Profesor del Master en Gestión de Infraestructuras. Equipamientos y Servicios impartido por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Puertos y Canales. Abogado en ejercicio desde 1972 y actualmente, Director del Despacho Ariño y Asociados, Abogados. Autor de 12 libros y más de una treintena de artículos en revistas especializadas en Derecho Administrativo. Ha intervenido como conferenciante en diversos foros entre los que puedan destacarse el Banco Internacional del Comercio, la Escuela Judicial, el INAP, el Consejo General del Poder judicial, el Instituto de Estudios Europeos, y el Ilustre Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.