La nueva reforma laboral (I): A grandes males, ¿grandes remedios?

Como incluso los menos avisados ya conocen, el Gobierno ha aprobado el Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero (BOE del 11 de febrero) de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Lo cierto es que, aunque entró en vigor al día siguiente de su publicación, las numerosas disposiciones transitorias y la necesidad de desarrollos reglamentarios en determinados aspectos hará inevitable que su impacto en la realidad laboral sea paulatino. Por otra parte, la intención del Gobierno de incorporar el contenido de esta norma a una ley ordinaria hace suponer que algunas de las medidas aún pueden ser matizadas en la tramitación parlamentaria.

Se trata de una norma técnicamente compleja que encabezada por una extensa exposición de motivos se desarrolla a través de 25 artículos, 9 disposiciones adicionales, doce disposiciones transitorias (lo que da idea de lo complicado de su implementación), una disposición derogatoria y 16 disposiciones finales. En el Real Decreto-Ley, además de importantes reformas en el Estatuto de los trabajadores se introducen modificaciones relevantes en la Ley reguladora de la Jurisdicción social, en la Ley de Empleo y en Ley 45/2002, de reforma del sistema de protección por desempleo, en el Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social y en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, de actualización, adecuación y mejora del sistema de Seguridad Social, en la Ley reguladora de las empresas de trabajo temporal, así como otras modificaciones de disposiciones reglamentarias.

Resulta evidente que una alteración tan relevante de normas y los aspectos neuronales del sistema que aborda, obedece más a una intención de realizar una reforma estratégica de las relaciones laborales en España que a intentar resolver con medidas coyunturales el acuciante desempleo que padece el país en estos momentos y afecta a ámbitos tan diferentes como la negociación colectiva, las políticas activas de empleo, el régimen del despido tanto en las relaciones laborales comunes como en el ámbito del Sector Público, los salarios de tramitación, las condiciones de trabajo, la introducción de un nuevo tipo de contrato, los expedientes de regulación de empleo, la actividad de las empresas de trabajo temporal, entre otras.

Sin embargo, aunque la reforma supone una revisión sin precedentes de la filosofía tuitiva y protectora del régimen laboral español, no se trata tampoco de una reforma del todo rupturista pues en muchos aspectos, como por ejemplo en materia de contrato de trabajo, opta por continuar con la evolución comenzada por reformas legales anteriores, en particular por los caminos iniciados por la Ley 35/2010, de 17 de septiembre o el posterior Real Decreto-Ley 10/2011, de 20 de agosto.

Siguiendo la propia sistemática de la norma podemos estructurar la reforma en tres categorías que en otros post iremos desarrollando de manera más pormenorizada:

– Disposiciones orientadas a favorecer la empleabilidad de los trabajadores y a potenciar políticas activas de empleo.

– Disposiciones orientadas a favorecer la flexibilidad interna de las empresas para mejorar su competitividad.

– Disposiciones orientadas a favorecer una redimensión del empleo en el sector público y a la contención de las retribuciones de los directivos del sector empresarial y fundacional público.

Como iremos viendo más adelante, diversos aspectos de la reforma (simplificación de los ERE’s, abaratamiento de los costes del despido, aclaración de las causas del despido objetivo, etc…) abren la puerta a que, en un primer momento, las grandes empresas con capacidad financiera para ello reduzcan costes por la vía de realizar reestructuraciones, lo que incrementará el desempleo a corto plazo, aunque el legislador supone que con los cambios acometidos se dinamizarán la economía y supondrán un revulsivo para el incremento de nuevas contrataciones. Lo cierto es que en virtud de la nueva ley las empresas podrán disolver la relación laboral con sus trabajadores, incluso de manera improcedente, con una rebaja en la indemnización respecto al coste anterior a la reforma que oscilará entre el 25% cuando los trabajadores despedidos tengan hasta 16 años de antigüedad en la empresa y de hasta un 50% a medida que el trabajador despedido supere esa antigüedad. A ello habrá que añadir los efectos del carácter restrictivo con que se van a reconocer a partir de ahora los salarios de tramitación cuando el despido se judicialice.

Por otra parte, la ampliación de las materas objeto de descuelgue por parte de una empresa del ámbito de vigencia de convenio colectivo sectorial, territorial o supraempresarial, permitirá a las más pequeñas o en peor situación económica tener una válvula de escape que puede ser determinante para su continuidad pero, al mismo tiempo, abre la puerta a que surjan situaciones de conflicto que tendrán que ser revisadas por los tribunales.

La reforma de las políticas activas de empleo es otro aspecto relevante pero no excesivamente novedoso, se aprueban nuevas bonificaciones sociales, se faculta a las ETT’s para que actúen como agencias de colocación que, desde la última reforma, ya pueden tener ánimo de lucro y se consolida la importancia de los contratos formativos con una nueva regulación.

En materia de formación profesional se refuerzan los derechos del trabajador y se abre la puerta de un ámbito que, hasta ahora era un coto cerrado de los sindicatos y las organizaciones empresariales, a los centros y entidades de formación debidamente acreditados e inscritos en el Registro Estatal de Centros y Entidades de Formación.

La Ley también aprovecha para introducir disposiciones tendentes a facilitar que las Administraciones Públicas aborden procesos de reestructuración con menos riesgo de que los Tribunales de lo Social revoquen dichas actuaciones con lo que favorecerá en la reducción del déficit público pero a costa de una disminución en el número de empleados públicos contratados en régimen laboral. También se adoptan medidas de racionalización en lo que se refiere a las retribuciones de los directivos del sector empresarial y fundacional y del sector financiero que recibe ayudas públicas.

Se trata en definitiva de una reforma arriesgada, que a corto plazo es previsible que provoque un incremento en el desempleo pero que intenta impedir que el tejido empresarial y productivo español desaparezca por completo. Solo el tiempo determinará si la apuesta es acertada o no.

6 comentarios
  1. Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado
    Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado Dice:

    Interesante resumen de una reforma que sin duda supone un cambio importante, aunue para muchosbsevqueda corta y para otros larga. En cualquier caso tengo entendido que el marco laboral existente hasta ahora y las elevadas indemnizaciones por despido proceden nada menos que del Fuero del Trabajo y que suplian en ese momento a la inexistenciab de pagos por desempelo ¿ Me puedes confirmar este extremo? Mas que nada por conocermsi los origenes historicos de nuestras democraticas regulaciones laborales tienen bastante menos pedigree democratico del que parece y resulta que no son conquistas sindicales sino graciosas concesiones dictatoriales. Tambien me interesaria saber como esta el Derecho comparado, especialmente el europeo.

    • José Mª Pérez
      José Mª Pérez Dice:

      Brevemente y un poco de memoria te cuento que, efectivamente, el carácter paternalista y protector del mercado laboral surge en un primer momento del Fuero del Trabajo de 1938 y se consolidó a partir de 1941 en las Reglamentaciones de Trabajo que al principio preveían indemnizaciones incluso de hasta 60 días de sueldo por año en aquellas empresas de más de 50 trabajadores. La prestación por desempleo se comenzó a implantar en los años 60, pero realmente no tuvo un carácter protector determinante hasta finales de los años 70 con la creación del INEM y las reformas subsiguientes. Al mismo tiempo la indemnización de 45 días por año trabajado se consolidó con la aprobación del Estatuto de los Trbajadores en 1980.

  2. Elena
    Elena Dice:

    Si finalmente decides responder las preguntas que te ha hecho Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado, yo creo que en lo que se refiere al Derecho comparado lo interesante no es ver cómo se despide en nuestros países vecinos, sino las garantías que tienen los desempleados para afrontar esa situación de incertidumbre. Si el análisis se basa únicamente en el despido estaremos realizando un estudio parcial e inexacto.
     
    En lo personal, me parece una reforma que desequilibra más aún las posiciones de las partes. En este caso, se le otorga más poder a la empresa y se rebaja más la posición del trabajador. Quizás lo más alarmante y que ha pasado más desapercibido por los medios es todo lo relacionado con la negociación colectiva, que veremos como ha perdido prácticamente su fuerza y su espíritu.

  3. José Mª Pérez
    José Mª Pérez Dice:

    La fijación de los 45 días por años trabajado se estableció en el eStauto de los trabajadores. El Fuero de Trabajo de 1938 era una norma muy sucinta que no preveía una indemnización concreta pero en las regulaciones laborales a partir de 1941 si se empezaron a fijar indemnizaciones elevadas, sobretodo para las empresas de más de 50 trabajadores. Los primeros seguros de desempleo empezaron a regularse en los años 60, pero realmente no tuvieron una cobertura y eficacia real hasta finales de los 70.

    En cualquier caso, no me parece del todo acertado vincular las indemnizaciones por despido con un modelo político autoritario o democrático politico, pienso más bien que esta relacionado con las circunstancias económicas de cada momento. En la España proteccionista de los años 50, el Gobierno tenía margen de maniobra suficiente para poder tomar esas decisiones sin verse excesivamente afectado por lo que pasara en el resto del mundo. Ahora ese “autarquismo social” es imposible. 

  4. elisadelanuez
    elisadelanuez Dice:

    Gracias por la contestación Jose María, que me parece efectivamente muy atinada. La pregunta iba un poco en el sentido de que mucha de la regulación que algunos consideran sacrosanta e intocable proviene del Estado franquista autoritario y paternalista, pero efectivamente me parece que tu contestación es la acertada. Por lo demás, enjuiciar la reforma en términos de dar más poder al empleador o a los trabajadores, o a los sindicatos, o al estado, o al INEM   a estas alturas de la película creo que resulta cuanto menos anacrónico. Para un análisis riguroso de las posibles consecuencia de la reforma, en términos de creación de empleo a medio plazo, posible destrucción a corto, papel de las ETTS, y eliminación de dualidades fijos/temporales en el mercado laboral (que incluyen como siempre muchos datos interesantes de como funcionan otros sistemas en países de nuestro entorno) los pueden encontrar en Nada es Gratis.  http://www.fedeablogs.net/economia/?p=18625

  5. jose eladio
    jose eladio Dice:

    creo que hay varias cosas que me quedan claras: 1) la política laboral desde hace 30 años no ha solucionado un desempleo estructural relativamente superior al del resto de Europa, fueran malos o buenos tiempos; 2) la excesiva ideologización de nuestro país nos pone unas gafas que nos tapan la realidad, es igual si fue Franco o su padre, lo importante como dice Jose María es analizar las circunstancias de cada momento, y el despido es en efecto sólo una parte del problema. Hay que analizar el mercado laboral en su conjunto y no parcialmente; por ejemplo, España es de los países donde las cotizaciones de los empresarios son más altas, sin embargo relativamente el IRPF es más bajo. 3) En mi humilde opinión, los sindicatos mayoritarios se han convertido en un anexo al ministerio de trabajo y la mayor empresa de formación de España. Creo que habría que revisar la LOLS de arriba a abajo.  enhorabuena por el post, amigo.

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