El poder judicial no es propiedad ni de los jueces ni de los partidos

¿Nombramiento por los jueces o por el Parlamento? Esa parece ser la única alternativa posible a la hora de designar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Véanse, si no, estos artículos de Jorge de Esteban y de Gregorio Peces-Barba publicados esta semana en El Mundo y en El País, respectivamente. Pero lo cierto es que ambas propuestas presentan muchos inconvenientes.

Para comprenderlo debemos reflexionar primero sobre qué tipo de Poder Judicial deseamos para España. Seguro que uno independiente, por supuesto, porque sólo por medio de un poder judicial inmune a las presiones políticas es posible garantizar un adecuado funcionamiento del Estado de Derecho; pero también nos interesa un poder judicial eficaz, adaptado a la sociedad en la que está inmerso y, sobre todo, responsable frente a los ciudadanos españoles que, al fin y al cabo, son sus verdaderos titulares. Pues bien, resulta evidente que ambos objetivos –independencia y responsabilidad- están en cierta tensión. Existe el riesgo de que, tratando de conseguir una judicatura ferozmente independiente, la convirtamos en irresponsable, una especie de casta que vele por sus propios intereses y no rinda cuentas de su actuación a nadie. Por el contrario, a ver si por intentar hacerla responsable y conectada a los intereses de la ciudadanía, la vamos a transformar en una mera correa de transmisión de los políticos profesionales y de sus personales intereses partitocráticos.

Enumerados los objetivos y los riesgos nos queda por examinar los instrumentos para alcanzar los primeros y, sin duda, el principal es el Consejo General del Poder Judicial. Es cierto que sólo reformando el  Consejo no vamos a resolver los problemas de la Justicia en España. El Gobierno y las CCAA tienen considerable influencia en su funcionamiento (precisamente el demencial reparto de competencias en esta sede es una de los obstáculos más importantes a su imprescindible reforma), pero no cabe duda de que el Consejo es la pieza fundamental, pues en sus manos está el régimen básico de premios y castigos: la política de nombramientos en los tribunales superiores del Estado (que tanto interesa controlar a los políticos) y el régimen disciplinario. Es evidente que el sistema de incentivos tiene una influencia directa en el funcionamiento de cualquier organización. La forma de designación de los vocales del Consejo que tienen encomendado este cometido, es, por tanto, un instrumento clave para mostrar nuestra opción preferente por uno u otro de esos objetivos en tensión que señalábamos al principio: independencia versus responsabilidad.

La Ley Orgánica originaria, la de 1980, optó por la independencia, indicando que los doce miembros que conforme al artículo 122 de la Constitución debían ser designados entre jueces y magistrados, serían nombrados por los propios jueces y magistrados. Cuando el PSOE ganó las elecciones de 1982 con una amplísima mayoría absoluta, se encontró con un poder judicial controlado completamente por la Asociación Profesional de la Magistratura, asociación mayoritaria de tendencia conservadora. Sintiéndose plenamente legitimado para buscar una mayor conexión entre el poder judicial y la sociedad española de ese momento, redujo la edad de jubilación a los 65 años (lo que supuso la salida inmediata de 56 de los 74 magistrados del Tribunal Supremo) y procedió cambiar el sistema de elección de los miembros del Consejo para evitar que el nombramiento de las vacantes volviese a recaer en jueces conservadores.  La Ley de 1985 consagró entonces, en el artículo 112, que los 12 magistrados serían nombrados por mitad entre el Congreso y el Senado, lo que daba lugar a que los veinte que integran la totalidad de sus miembros fuesen elegidos por el Parlamento, circunstancia única en los países de nuestro entorno (para no hacer demasiado largo este post podemos comentar los distintos sistemas en el debate, si es que lo hay). Con ocasión de esta reforma Alfonso Guerra pronunció su famosa frase recordándonos la condición exánime de Montesquieu.

Se optaba así por la “responsabilidad” frente a la independencia, pero pronto las cosas vinieron a demostrar que ni una cosa ni la otra. El Tribunal Constitucional, pese a declarar que el sistema anterior era mejor y más compatible con la Constitución, avaló la reforma en su Sentencia 108/1986, siempre, eso sí, “que las Cámaras, a la hora de hacer sus propuestas, no atiendan sólo a la división de fuerzas existentes en su seno y distribuyan los puestos a cubrir entre los distintos partidos en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos.” Cual oráculo de Casandra, la advertencia se convirtió en realidad y, desde entonces los partidos, en vez de ponerse de acuerdo en el nombre de las personas más idóneas (para los nombramientos se necesita mayoría de tres quintos), se ponen de acuerdo en el número que le toca a cada uno. Como consecuencia de ese reparto partitocrático, ahora no tenemos ni constitucionalidad, ni independencia, ni eficacia, ni tampoco responsabilidad, como demuestra que gracias a ese apaño hayan llegado al Consejo personas que pasarán sin duda a nuestra particular historia de la infamia judicial, si alguna vez se cuenta, como, por ejemplo y sin ser exhaustivo, el famoso ex juez Pascual Estevill.

Ahora el Gobierno del PP quiere volver al sistema inicial. Quizá sea mejor que el degenerado producto actual, pero no es ni mucho menos satisfactorio. La Justicia en España no sólo necesita independencia, también está pidiendo a gritos mucha mayor agilidad, eficacia y responsabilidad. Casos tan desgraciados como la sentencia del Tribunal Supremo avalando el reingreso del juez Urquía a la carrera, pese a los intentos de impedirlo del actual Consejo (comentado en este blog aquí), no nos hacen ser muy optimistas sobre lo que puede ocurrir si los jueces llegan a controlar otra vez de manera casi total el poder judicial. Es obvio, aunque el estado actual de cosas en nuestro país nos lo haga olvidar con demasiada frecuencia, que el regulador no puede ser el mismo que el regulado. Y eso no debería ocurrir ni con los banqueros, ni con los notarios, ni con los jueces. Bastante duro es soportar la casta de los políticos profesionales como para crear gratuitamente otras nuevas situadas al margen de la responsabilidad.

Pero, ¿no existiría entonces otra alternativa?, ¿estamos abocados de forma perpetua a golpearnos con Escila huyendo de Caribdis, y viceversa? En la pasada legislatura un partido político, UPyD, presentó en el Parlamento una propuesta interesante (aquí) que pasó sin pena ni gloria. Sugirió, simplemente, que esos jueces no fuesen nombrados sólo por sus pares, sino también por otros profesionales muy interesados en el correcto funcionamiento de la Justicia, como fiscales, abogados y secretarios judiciales. En Francia, con un número de miembros mucho más reducido, se permite a los fiscales y a los consejeros de Estado designar un representante. En España, por imperativo constitucional, ese representante tiene que ser un magistrado, pero nada impide que el elector pueda no serlo. Esto introduciría un factor de generación de incentivos muy sugestivo, pues el magistrado elegido por los abogados, que aspire además a la reelección, deberá tener en cuenta algo más que sus propios intereses corporativos.

Reconozco que las soluciones no son sencillas, pero puestos a introducir reformas, es siempre deseable dar una oportunidad al debate y a la imaginación, antes que limitarse a repetir mecánicamente las fórmulas del pasado.

 

8 comentarios
  1. Manu Oquendo
    Manu Oquendo Dice:

    El desprestigio institucional que vivimos es fruto, entre otras cosas, de mentes tan profundamente sectarias como la de Peces Barba, veterano muñidor de la trama totalitaria que el PSOE viene tejiendo desde hace treinta años.

    Alguna de las fundaciones acogidas por la Carlos III y generosamente financiadas por nuestros impuestos, están detrás de la infame “educación para la ciudadanía” que trata, pura y simplemente, de otorgar subliminalmente al estado el papel de creador legítimo de moral personal y pública tras la sistemática destrucción del sistema educativo perpetrada por este partido. 

    Realmente la lectura del artículo de Peces-Barba indica bien a las claras cómo ven amenazado su proyecto. Hay que añadir que la alternativa dista de ser para tirar cohetes porque tampoco Gallardón se distingue por una concepción liberal del poder. Más bien todo lo contrario aunque, cuando toca, disimule. 

    Estamos viviendo un periodo que será largo pero en el cual la  legitimidad y la validez instrumental del estado actual necesitará una revisión igual o superior (esperemos que sea mejor) que la que sucedió en el XIX tras la revolución francesa y resulta que Peces-Barba sigue, erre que erre, promocionando el modelo jacobino.
    A estas alturas.

  2. Fernando Gomá Lanzón
    Fernando Gomá Lanzón Dice:

    En todo caso y aparte de la necesaria despolitización de los órganos judiciales, los jueces tiene también tarea propia, no solamente los políticos, en el sentido que mencionaba hace meses en un post, y que reproduzco ahora: Ahora bien, la judicatura no está en absoluto exenta de culpa en esta situación y debería hacer una severa autocrítica. Si los partidos han manipulado el Consejo ha sido porque ha habido jueces que han querido estar a las órdenes de aquéllos votando lo que le interesaba al partido de su cuerda, y porque las asociaciones profesionales han elegido candidatos de este corte, politizados, obedientes a las necesidades partidistas y preocupados de su carrera personal en vez de hacer lo que necesitaba la Justicia aún a costa de no progresar. No han sido tampoco ejemplares. Los jueces, como colectivo, han sido parte del problema y deben ser los primeros en ser parte de la solución, si es que quieren recuperar una credibilidad ante la sociedad civil de la que ahora me temo que carecen en gran medida.”

  3. Robespierre
    Robespierre Dice:

    Totalmente de acuerdo con el autor. No podemos pasar de un modelo horroroso a otro modelo horroroso, ni control politico ni control corporativo. independencia de la partitocracia vale, pero tambien responsabilidad y transparencia y eso lamentablemente se compadece mal con el corporativismo que, no nos engañemos, reina en la judicatura (como en muchas otras profesiones)

  4. Curro Arriola
    Curro Arriola Dice:

    Manu, no critiques a Peces por ser poco liberal, que me le haces simpático, hombre. A él hay que “agradecerle” que el Jurado se metiera en la Constitución, así como la prohibición de los Tribunales de Honor.
    Por cierto, y como con esto del liberalismo hay que preguntar antes, que si no uno mete la pata y  Patricia me lee la cartilla… ¿Jeremías Bentham era liberal o no era liberal?
    Porque me he encontrado unas ideas suyas que, como fuera liberal, os vais a dar todos de baja de esa corriente…
    Un abrazo.
     
     

  5. Próspero
    Próspero Dice:

    De Peces Barba no cabe esperar otra cosa. Es la posición que siempre ha mantenido, situándose “en rebeldía” respecto de la doctrina establecida por el Intérprete Supremo de la Constitución, porque no está de más recordar que este asunto ya fue llevado al TC y este se pronunció, en la STC 108/1986, de 29 de julio, que, aunque salva “por los pelos” la constitucionalidad de la elección parlamentaria, advierte que se trata de “un precepto que  hace posible, aunque no necesaria, una actuación contraria al espíritu de la Norma constitucional”, porque “se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada de la Norma constitucional si  las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en éste, atiendan sólo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a  la fuerza parlamentaria de éstos”. La lógica del Estado de partidos -dice la Sentencia- “empuja a actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de  la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos, y señaladamente, el Poder Judicial”. No es que el TC tuviera facultades adivinatorias. Era algo que podía ver cualquiera. El peligro augurado en 1986 se ha confirmado en toda su crudeza durante estos años y el sistema de elección parlamentaria -constitucional, si se hubieran respetado las advertencias de la STC-, ha devenido inconstitucional en su aplicación.
    La perspectiva más interesante, me parece, es la que apunta Fernando Gomá: no se despolitiza la Justicia simplemente cambiando un sistema por otro, que -según cómo se configure- puede dar los mismos o peores resultados, sino teniendo conciencia del deber individual y colectivo de los jueces de defender su independencia como presupuesto sin el cual no existe Poder Judicial digno de ese nombre. Los políticos han hecho buen uso de la “zanahoria” durante todo este tiempo y han repartido cargos y prebendas, captando la voluntad y el voto de cierto número de Jueces. No han sido muchos, pero se les ha querido situar en los lugares adecuados para salvaguardar los intereses de los partidos y ellos han vendido alborozados “su primogenitura por un plato de lentejas” (como se decía cuando estudiábamos HIstoria Sagrada). La responsabilidad de la judicatura es indudable y, sin un enérgico cambio de rumbo de todos nosotros, todo continuará igual.

  6. elisadelanuez
    elisadelanuez Dice:

    Coincido con Fernando Gomá y Próspero, el mejor sistema es el que garantice la independencia de los Jueces, sin duda, pero ligado a su responsabilidad. Por eso también pienso que si además de jueces en el CGPJ hay otros profesionales usuarios o servidores de la Administración de Justicia (otros “agentes” como se dice ahora) ya sean abogados en ejercicio, procuradores, fiscales, etc la cosa irá mejor. Dicho eso, soy de los que piensan que todavía mejor hubiera sido no crear el CGPJ, especialmente vista su trayectoria, pero puesto que está constitucionalmente previsto y parece díficil la marcha atrás, sería muy conveniente que cumpliese sus funciones constitucionales. Y para acabar, una mayor transparencia en todo lo que afecta al CGPJ sería muy deseable y pienso que ayudaría en el cambio de modelo. 

  7. pedro
    pedro Dice:

    Los jueces se creen que la justicia son ellos, y no digamos los fiscales, que piensan que son los propietarios de los delitos o no delitos… Pienso que hay muchos más intervinientes cualificados en la administración de justicia, abogados, secretarios judiciales, etc., y que también tendrían que tener vela en este entierro. En resumen, que la abogacía tendría que poder intervenir, al igual que los secretarios, en la elección de los más idóneos, no solamente a los representantes de las asociaciones de jueces, que no dejan de ser las correas de transmisión de los partidos políticos correspondientes.

  8. xabio
    xabio Dice:

    Mi propuesta conjuga independencia y responsabilidad/democracia. Y es que los miembros del CGPJ y los del TC (aunque habría que cambiar la constitución para esto) sean elegidos por el pueblo en unas elecciones democráticas distintas de las generales. Así ni están a las ordenes del parlamento (es un poder separado) ni son independientes del pueblo e irresponsables.  Es como la propuesta de UPyD pero aun mejor, ya que la justicia es de toda España, no solo de los juristas.
    Añado que los miembros del TC deberian ser jueces y magistrados y los del CGPJ deberian ser juristas en general.

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