“Revolving door” entre lo público y lo privado

 

Hace ya algunos meses publicó Fernando Gomá un post sobre la “revolving door”  entre la Justicia y la política, que por cierto no tiene parangón en otros países de nuestro entorno. Pues bien, estos días leemos el caso –como siempre, seleccionado entre otros muchos que van apareciendo en los medios  de los ex altos cargos de ICV, empezando por el ex Conseller de Medio Ambiente, sr. Francesc Baltasar, que han pasado a asesorar o/y trabajar (con distintas modalidades de relación jurídica)  con la empresa Agbar empresa a la que esa misma Consejería (siempre según las noticias antes señalada) había adjudicado importantes contratos por valor de 182 millones de euros.

En concreto, mantienen actualmente relaciones laborales o mercantiles con Agbar las siguientes personas del partido ICV que ocuparon cargos o bien en la Consejería de Medio Ambiente o bien en el Ayuntamiento de Barcelona:

D. Francesc Baltasar, ex Consejero de Medio Ambiente y Vivienda, como asesor. Por cierto, que su trayectoria como gestor público, si lo que dicen estas noticias es cierto, no parece particularmente brillante tanto al frente de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda como de la Agencia Catalana del Agua  en que se compró material por 22 millones de euros “a dedo”, material que, por otro lado, no se llegó a utilizar y sigue almacenado desde 2008.

Aquí advierto que la noticia puede herir la sensibilidad del lector, dado que la forma de referirse al sr. Baltasar no es precisamente políticamente correcta.

Agbar cuenta también con los servicios de D. Eduard Palleja, ex Secretario General de Medio Ambiente , a través de una consultora de la que parece ser precisamente la  principal cliente. También ha contratado a Dª Elisenda Ries  ex Directora de Servicios de la Consejería de Medio Ambiente, como Directora General de Recursos Humanos de la empresa. Y por último cuenta con Dª Inma Mayol, ex concejal en el Ayuntamiento de Barcelona, aunque las noticias no precisan a través de qué tipo de relación contractual, dado que ha representado a Agbar en actos públicos en Mallorca.

No he podido encontrar muchas noticias relacionadas con la trayectoria profesional de estas personas ni con sus CVS, más allá de lo que dice la Wikipedia, pero sí podemos saber algo de sus cargos y de sus funciones durante su etapa en la Consejería de Medio Ambiente (aunque ahora ya no se llame así ni tenga la misma organización). Un Secretario General, según nos dice la página oficial de la Generalitat, es la segunda autoridad del departamento o Consejería y el responsable de los asuntos de gestión administrativa, económica y de la contratación de personal. Aunque no dice nada sobre una Dirección de Servicios, las funciones propias de estas Direcciones, como su nombre indica, suelen ser la gestión de los servicios de la Consejería.

A preguntas de los periodistas, la empresa Agbar declina hacer comentarios y asegura simplemente que “hay mucha gente que colabora con la empresa”. Por eso seguramente no sabe exactamente quienes son las personas citadas, con tanta gente colaborando quien se va a acordar de si hay o no ex directivos de la Consejería de Medio Ambiente. Seguro que los trabajadores de Agbar tampoco los tienen identificados.

En todo caso, podemos suponer que aunque la empresa no se acuerde, en todos los supuestos casos estas personas –incluída la ex concejal, dado que al parecer en el Ayuntamiento llevaba el área de salud pública y medio ambiente como teniente de alcalde han sido contratadas merced a la experiencia y méritos  acumulados como directivos en su etapa en la Consejería de Medio Ambiente y como teniente de alcalde respectivamente. Y la pregunta del millón es, claro está  ¿estos méritos tienen que ver con la adjudicación de contratos públicos a la empresa Agbar?

Porque por lo menos sobre el papel, esto no debería ocurrir. Existen, como siempre ocurre en España, muchas normas cuya finalidad es impedir precisamente que los directivos de una Administración Pública o empresa pública “pasen” (sea cual sea la modalidad del “pase”) a empresas privadas a las que hayan adjudicado contratos, o en un sentido más amplio, a las que hayan beneficiado durante su etapa pública. Las razones se las pueden imaginar, dado que la tentación de hacer favores con dinero público a empresas que pueden devolverlos (ya sea vía puestos de trabajo o importantes contratos de servicios o consultoría a los ex altos cargos o familiares o amigos próximos) es muy grande,  máxime en un momento de crisis como el actual.  Y no digamos ya si  el partido político al que se pertenece tiene muy poquitas posibilidades de “colocar”  igual de bien.

En estos casos, suele ocurrir que el cv de los agraciados es del tipo “político”, es decir, de aquellos cvs en los que la principal experiencia profesional es la derivada de pertenecer a un partido político, de realizar actividades políticas y de haber desempeñado puestos públicos atendiendo a dicha pertenencia. El caso del sr. Baltasar  o  de la sra Mayol, cuya trayectoria política profesional pueden consultar por cortesía de wikipedia son perfectos ejemplos.

Porque lo cierto es que las empresas privadas en este país dependen mucho del sector público, no solo de la contratación pública sino también de la regulación que mana con tanta liberalidad de nuestros muchos Parlamentos y Administraciones. En ese marco, no es difícil entender que una de las formas de estar a bien con los  que mandan (además de las ortodoxas, por así decirlo, como conseguir presentar la mejor oferta técnica y económica en un concurso público) sea la de atender los intereses y necesidades de los que adjudican contratos o  pueden escribir en el boletín oficial de turno normas que favorezcan a las empresas en cuestión o normas que las perjudiquen mucho. Atender a estos intereses se puede hacer de muchas maneras, obviamente, pero a la que se refiere a este post es a la que consiste en contratar directamente a los exdirectivos mediante contratos mercantiles o de servicios o incluso mediante contratos laborales. Existen formas más sofisticadas de hacerlo, por si alguien tiene interés, por ejemplo, recomendar vivamente a un ex directivo público para una empresa que aspire a contratar o a seguir contratada con las Administraciones Públicas. (Es verdad que esto funciona mejor cuando no cambia el partido político gobernante, pero lo curioso es que incluso con cambio de partido político a veces funciona tal es la solidaridad de la clase política). Pero como dirían nuestros amigos de NeG, esto no le suele ser gratis  los contribuyentes, y por eso precisamente las normas tratan de evitarlo.

La legislación vigente no quiere que los ex altos cargos públicos realicen actividades privadas en una empresa con la que tuvieron “relaciones” en dicha etapa hasta por lo menos transcurridos dos años desde su cese (las elecciones catalanas fueron el 28 de noviembre de 2010, por cierto).  Como siempre, será por regulación. Tenemos donde elegir, hay regulación estatal, autonómica y, por tener,  hasta tenemos un Código de buen gobierno

Dado que hablamos de Cataluña, empecemos por a ley 13/2005 de 27 de diciembre de Incompatibilidades de altos cargos al servicio de la Generalidad cuyo artículo 7 establece que los altos cargos al servicio de la Generalidad (sin perjuicio de las compensaciones o prestaciones que, si procede, establezca la normativa específica correspondiente) durante los dos años siguientes al cese en el cargo para cuyo ejercicio hayan sido nombrados, elegidos o designados, no pueden cumplir actividades privadas relacionadas con los expedientes en cuya resolución hayan intervenido directamente en el ejercicio del alto cargo.

Por supuesto, siempre hay previsto un régimen de responsabilidades y de sanciones. Por curiosidad, alguien debería hacer un estudio para ver cuantas sanciones se han impuesto a ex altos cargoss por vulnerar la ley de incompatibilidades.

En el ámbito estatal tenemos  la Ley 5/2006 de regulación de los conflictos de intereses y altos cargos al servicio de la Administración General  del Estado que es más clara y precisa con respecto a las limitaciones al ejercicio de actividades privadas con posterior al cese del alto cargo, ya que en su artículo 8.1 establece que “Durante los dos años siguientes a la fecha de su cese los altos cargos (…) no podrán desempeñar sus servicios en empresas o sociedades privadas relacionadas directamente con las competencias del cargo desempeñado”. Aunque su aplicación tampoco parece haber tenido mucho éxito, como ya comenté en este post .

Eso sí, como se desprende del propio tenor literal de la norma, puede uno siempre decantarse por una interpretación formalista que deje la conciencia tranquila y de paso el futuro asegurado. Por ejemplo, si el ex alto cargo no ha firmado directamente las adjudicaciones de los contratos, aunque sí las hayas “inspirado”  por decirlo de forma elegante (lo que, pese a la rígidisima normativa de contratación pública no es infrecuente) puede entender el interesado en que no haya incompatibilidad que no la hay, aunque la finalidad de la Ley está clara. Lo mismo si en lugar de “colocarse” en una empresa del sector se “pasa” a una asociación de empresas del sector, o la Fundación de las Cajas de Ahorro y no a las Cajas directamente, como en el caso comentado en el post anterior.

¿Y que pasa si hay dudas sobre la incompatibilidad o el conflicto de intereses aunque el interesado no tenga ninguna? Para velar por el cumplimiento de esta normativa, se ha creado una Oficina de Conflictos de Intereses, a la que el alto cargo en cuestión le tiene que comunicar la actividad que proyecta realizar antes,  para que en un mes la Oficina se pronuncie sobre su compatibilidad o no, y se lo comunique al interesado y a la empresa o sociedad en la que fuera a prestar sus servicios. Si la respuesta es positiva, todos contentos, y si es negativa, pues casi igual, dado que pueden hacer las alegaciones convenientes interesado y empresa futura y la Oficina dicta “la resolución que proceda”.

Y si tenemos en cuenta que la Oficina tiene rango de subdirección en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, dependiente de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, y que no es fácil encontrarla en el organigrama, y que como dijo Rafael Rivera en otro post  http://hayderecho.com/2012/02/08/organigramas-que-no-hablan/los organigramas dicen cosas, pues ya se imaginan ustedes el papel o más bien el papelón que ha desempeñado hasta ahora la Oficina ante casos tan sonados como el de David Taguas, sin ir más lejos

Por cierto, que en Cataluña existe también una Oficina antifraude, entre cuyas funciones según su web está la de actuar cuando haya conflicto de intereses e incumplimientos del deber de abstención y de la normativa de incompatibilidades. Es un organismo creado en 2008 y que depende del Parlamento catalán cuya última memoria publicada es del 2009 .

Eso sí, pese a tanta norma y a tanta Oficina, y a tanta autorregulación (y al paso que vamos toda nuestra legislación, empezando por la de incompatibilidades va camino de eso, de convertirse en autorregulación y en códigos de buena conducta de cumplimiento voluntario) la cosa no parece que esté mejorando nada, ni en Cataluña ni en ningún otro sitio.

 

16 comentarios
  1. Alberto Gil
    Alberto Gil Dice:

    Normas que se aprueban para dar imagen de ética y ejemplar ideal que luego no se cumplen por el célebre adagio de “hoy por ti mańana por mí”. Uunidades administrativas que se ceban con impedir que funcionarios den clases en universidades privadas como asociados (por cierto con una interpretación más a discutible de una ley aprobada cuando no existían universidades privadas) que luego hacen la vista gorda o incluso aceptan cambiar informes por presiones del poder político de turno. Una consecuencia de la creciente pérdida de autonomía e independencia de los funcionarios y de un poder político que no sabe cuál es su papel o se encuentra capaz de bordear la ley. De hecho muchas personas (no tdas afortunadamente) aceptan desempeñar altos cargos y dirigentes de ministerios no tanto por el puesto en sí (normalmente mal pagado) sino por lo que conseguirán después con sus relaciones, influencia amo favores.

  2. Guillermo
    Guillermo Dice:

    Muy razonable todo lo que dice, doña Elisa. Así planteado, nadie que tenga el mínimo honor dejaría de estar de acuerdo. Pero, ¿qué hacemos con los grandes profesionales de un sector? El caso de los cv políticos puede estar claro cuál es la motivación de la contratación. Y seguro que son los más de los casos, no lo niego. Pero la Administración, las universidades y las empresas están llenas de hombres (ya casi me suena rara usar esta palabra, aunque no prejuzga sexo) con grandes conocimientos en sectores concretos. Creo que el poder pasarse libremente de un lado a otro es bueno para la sociedad. El obligarlos a permanecer en el banquillo dos años es desperdiciar sus conocimientos. Y no hablo tanto de la regulación sobre abstención y recusación, muy razonable, sino de la de incompatibilidades, que en su espíritu se puede interpretar tan ampliamente que impida este trasvase. Con la ley en la mano, dudo mucho que el Sr. De Guindos pueda ser el ministro encargado de rediseñar el marco en que se moverán las entidades financieras, viniendo de una caja. Y sin embargo, me parecería un error no dejarle ser ministro.

  3. Manu Oquendo
    Manu Oquendo Dice:

    Esa misma compañía presta servicios en otras comunidades autónomas. En Vizcaya lo hace el Consortzi y en Asturias la propia Agbar camuflada bajo “Asturagua”. Subcontrataciones por hasta 50 años y de ellas presumen en sus discursos electorales políticos de ambos partidos.

    Si investigamos un poco lo sucedido vermos que en España tenemos dos sectores públicos.
    Por un lado el de los 3.2 millones de emplados. Más del doble proporcionalmente que Japón.
    Por otro las grandes compañías que hacen el trabajo o prestan el servicio. Ver el Ibex y descubrir que sólo hay una Zara y dos o tres compañías más y que el resto depende estratégicamente del Estado es comenzar a entender la real dimensión del problema.

    En estas condiciones lo procedente quizás no sea ni denunciarlo, como hace nuestra admirada Elisa y algún otro esforzado editor, ni lamentarlo como en vano hacemos otros.

    Quizás lo que toca es promover su nacionalización para que de una vez sea evidente de qué vive el capital autóctono y qué desierto productivo real tenemos entre manos.

    Saludos

  4. Triboniano
    Triboniano Dice:

    Más preocupante que este ejemplo de ex políticos indocumentados que reciben sus compensaciones ex post facto, es el de los empresarios o financieros vinculados a grandes empresas que entran en la política como reguladores de esos sectores. En este Gobierno tenemos un montón de casos, y el de Guindos no me parece el más preocupante. Tenemos el caso de un directivo de la primera entidad financiera del país que ocupa el cargo de vigilante de lo que entra en el Consejo de Ministros, el de un Ministro cuyo departamento tiene que resolver una reclamación interpuesta por la empresa de la que acaba de salir, el de un regulador del sector de los seguros en la misma situación, de un regulador de los registros públicos que es registrador, etc. Y no me entiendan mal, no estoy hablando de conspiración ni de corrupción, al menos expresa, estoy hablando de voluntades mediatizadas por compromisos asumidos, amistades conservadas, expectativas futuras, etc. Lo siento, Guillermo, la experiencia en estos casos me parece casi contraproducente.

  5. Jesús Casas
    Jesús Casas Dice:

    Los “posts” que publica Elisa sobre la transparencia en las Administraciones Públicas aclaran no ya los hechos abordados, sino y sobre todo que NO es necesario dictar nuevas normas, sino aplicar las existentes, que ella cita con profusión de detalles, como es debido. La pregunta siguiente es por qué las autoridades competentes (que ella también ha explicado en otro post – Tribunal de Cuentas, Intervención General del Estado, Fiscalía, Inspecciones de Servicios y, claro, los Juzgados y Tribunales- no abren los oportunos expedientes de oficio y sin necesidad de denuncias de “sindicatos” o “asociaciones” con uno u otro color político. Si bien es cierto que, como apunta D. Guillermo, los profesionales de un sector suelen permanecer en él. Sin embargo, la Ley DEBE cumplirse y en la Administración sólo puede estar quien no tiene otro interés que el servicio público. Si se puede entar y salir por una puerta giratoria, acabaremos mareados y sin saber si las normas y su aplicación tienen la más mínima objetividad y defienden el interés común. En fin, más bien creo que lo sabemos muy bien y así nos luce el pelo…

  6. Curro Arriola
    Curro Arriola Dice:

    Así se va a levantar España. Así vamos a salir de la crisis.
    Mañana mismo…
    Hace falta una limpieza general, y muy muy profunda. Hace falta auténtica cirujía que extirpe por lo sano tanta gangrena. Pero no hay médico.
    La vigente legislación de contratos del Estado, si la comparamos con la antigua, lo que en realidad facilita es el abrir la mano, con tantas variantes, subvariantes, y comités de expertos. El adjudicar los contratos a dedo, aunquen puede parecer lo contrario. Y a los hechos me remito. Da vergüenza.
    Nada mejor para que los sinvergüenzas se vayan de rositas que multiplicar hasta el infinito los mecanismos y procedimientos de control. Así al único que le meterán mano será al que se atreva a ir contra el Tinglado. Y de esos no hay muchos.

  7. elisadelanuez
    elisadelanuez Dice:

    En cualquier caso quiero aclarar que no estoy en absoluto en contra, sino todo lo contrario, que los mejores profesionales puedan pasar del sector privado al público, estaba hablando más bien del caso contrario, de pasar del sector público al privado saltándose la normativa de incompatibilidades y de conflicto de intereses, que es el tema específico del post. El otro tema, el cómo y por qué no es fácil que profesionales de valía pasan del sector privado y del sector en el que ejercen profesionalmente al sector público, tanto a nivel político como a empresas públicas de verdad (es decir, no chiringuitos, para entendernos) tiene muchísimo que ver con el disparatado sistema de retribuciones en el sector público (ya saben el Secretario de Estado gana menos que el peón del Ayuntamiento de Parla como ya conté en un post) y con otros incentivos perversos que intentaré tratar en otro post. En ese contexto los pocos profesionales del sector privado con cualificación y experiencia que animados por la vocación de servicio o de echar una mano en un momento tan díficil han podido ser reclutados merecen todo mi respeto. Pero si hacen las cuentas verán que no son muchos. 

  8. robespierre
    robespierre Dice:

    Si, la verdad, muy oportuno el post. El fichaje de la posiblemente peor Ministra de Economia y Hacienda de la democracia española seguro que es por sus muchos méritos profesionales y seguro que no tiene nada que ver lo que hacía en el Consejo de Ministros con Endesa.  Ah, y por favor que la Oficina de Conflictos de Intereses se pronuncie, una garantía fundamental como ya sabemos.Menuda desfachatez tienen todos estos señores.

  9. Perplejo
    Perplejo Dice:

    Es que en España se conoce que las puertas giratorias funcionan con electricidad, vista la aficion de los ex gobernantes por fichar por empresas energeticas

  10. Francisco Estrada
    Francisco Estrada Dice:

    Un post muy interesante y ante todo muy completo, no puedo estar más de acuerdo con todo lo que hay publicado ademas de que las opiniones que he ido leyendo son todavía más jugosas.
    En fin así de bien nos va en España…

    Un saludo

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  11. elisadelanuez
    elisadelanuez Dice:

    Y efectivamente, en el caso Salgado (hoy me han publicado en El Confidencial este post pero adaptado al caso Salgado, que es más de lo mismo) la justificación es que como ficha por la filial chilena de Endesa, la interpretación estricta de la Ley de Incompatibilidades no le afecta. Conserva sueldo de ex Ministra por supuesto y como siempre el PP dice que “hay que cambiar la ley”. Pues ya la pueden cambiar, ya, que siempre encontrarán la forma de saltársela. Y así hasta el infinito.
    http://www.elconfidencial.com/espana/2012/03/07/salgado-seguira-cobrando-el-sueldo-de-exministra-tras-irse-a-endesa-93933/ 

    http://www.elconfidencial.com/opinion/tribuna/2012/03/07/revolving-doors-entre-administraciones-empresas-publicas-y–privadas-caso-salgado-8830/ 

     

  12. Triboniano
    Triboniano Dice:

    Debo ser un jurista trasnochado, pero en mi época no era necesario cambiar la ley para atajar estos enjuagues. Conocíamos la existencia de una institución contenida en el Título Preliminar del Código Civil llamada FRAUDE DE LEY. Cuando alguien pretendía eludir la aplicación de una ley utilizando un subterfugio para escapar a su literalidad se procedía a aplicar directamente la ley defraudada. Las patologías no se atajan con nuevas leyes -si no no acabaríamos nunca- sino con la aplicación de las vigentes. Claro, para eso hay que querer aplicarlas. ¿Y quiere el Gobierno del PP?

  13. robespierre
    robespierre Dice:

    Bien dicho, Triboniano, hay que hacer menos leyes y aplicar más las que ya hay, y de paso aplicar los conceptos generales del Derecho,que aunque los políticos no los conozcan, los juristas sí. Y efectivamente el fraude de ley está para estos casos ¿o no?

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