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El nuevo régimen de acceso a la abogacía (y II): perspectiva de dos estudiantes

7 marzo, 2012 | Por Autores: José María González-Garilleti Fernández y Miguel San Antonio de Cea en Profesiones jurídicas | Universidades

Como es sabido, la Ley 34/2006 de acceso a las profesiones de Abogado y Procurador, pretende regular el acceso de los licenciados en Derecho a estas profesiones, exigiendo para la colegiación que cursen un máster y pasen un examen. El fundamento de esta regulación es mejorar la justicia española y conseguir abogados más  preparados para el ejercicio profesional, de forma que se refuerce el derecho a la tutela judicial efectiva. Además de lo anterior se consigue una armonización con el resto de países de la Unión Europea que ya cuentan con un sistema de acceso a la abogacía complementario a los estudios universitarios.  Y en estos objetivos, estamos todos de acuerdo: Abogados mejor formados, más garantías y más derechos y libertades.

 

Veamos cómo se pretende conseguir. La nueva Ley establece un sistema de formación consistente en un curso teórico formativo específico, un período de prácticas y un examen estatal para la evaluación de la aptitud profesional.

 

El curso formativo será acreditado por los Ministerios de Educación y Justicia  e impartido por Universidades tanto públicas como privadas acreditadas para obtener el título oficial de Máster Universitario, y por Escuelas de práctica jurídica, creadas por los Colegios de Abogados y homologadas por el Consejo General de la Abogacía (CGAE).

 

El período de prácticas externas tuteladas, se desarrollará en departamentos jurídicos de las AAPP, en sociedades o despachos profesionales de abogados y en Juzgados o Tribunales, entre otras opciones. Siempre con la característica común de permitir al estudiante conocer de primera mano y por primera vez, en la gran mayoría de los casos, el mundo profesional en el que van a tener que actuar.

 

Esta Ley ha suscitado una gran polémica, especialmente por los problemas de derecho transitorio, resueltos en una disposición del RDL sobre mediación aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 2 de marzo. Pero, aparte de aquéllos, su regulación nos coloca ante la cuestión de fondo de cómo debería ser la formación universitaria en Derecho. Y es que el hecho de exigirse un título adicional a los licenciados para acreditar su capacidad para ejercer como abogados, es tanto como reconocer que llevamos muchos años fabricando productos semiterminados y lanzándolos al mercado como si estuviesen listos para su utilización. Entonces, y debería ser la mayor preocupación, ¿Necesitamos añadir una formación complementaria a la actual, o lo que hay que cambiar es la manera en que se imparte la formación básica? Como estudiantes, creemos que la formación teórica que se recibe es adecuada técnicamente hablando y aporta una sólida base en este sentido, siempre que se aproveche como se debe. Lo que sí falla clamorosamente es el aspecto práctico, pero en nuestra opinión, si la teoría se estudia en un año concreto, y las prácticas sobre esa misma materia se hacen tres años después, en el máster, valen de muy poco. Lo razonable sería rediseñar los planes de estudio de forma global, desde el inicio de la formación universitaria.

 

La formación no debería dividirse en etapas tan diferenciadas, sino ser un proceso más continuo e integrado. El proceso debería ser intensivo en formación teórica al principio e ir introduciendo progresivamente formación práctica, pero no al terminar la universidad, sino durante la misma, o si no, elaborando programas de estudios teóricos más cortos pero intensos para luego establecer un período suficiente de prácticas, de forma que todo el proceso de formación terminase en un período razonable de tiempo. Lo que es obvio es que tan importante es una buena formación teórica como práctica, de lo contrario estaríamos formando juristas ajenos al mundo profesional, y dificultamos tanto la adaptación como la elección acertada de su futuro laboral.

 

Los estudiantes no criticamos que haya que estudiar más como se escucha con demasiada frecuencia. Es más, parece claro que aquellos cuya intención es ser abogados tienen claro que nunca dejarán de estudiar y de actualizar sus conocimientos. Por tanto la crítica es al cómo, no al por qué de esta formación complementaria.

 

 Quizás la mejor fórmula para lograr esa formación integral deseada sea examinar las carencias del estudiante recién licenciado y ver de qué manera se podría rediseñar el sistema educativo para suplirlas durante los años destinados al efecto. Porque la universidad ha sido hasta el momento nuestro lugar de entrenamiento para dar el salto al mercado laboral y nunca una fase intermedia de preparación, como parece ser que se ve ahora. El problema es que durante este tiempo ha existido una clara carencia de interrelación del mundo estudiantil y el profesional. En definitiva, han sido etapas muy diferenciadas, pero consecutivas. Hay que difuminar esa línea divisoria involucrando a los alumnos en lo que algún día será su día a día desde antes: sería más eficiente, económico y lo más importante, permitiría a los estudiantes decidir su futuro profesional con más criterio.

 

Al hilo de lo anterior, se ha dicho que esta formación debería  tener tres pilares: función social y ética del abogado; formación procesal y especialización (en materias y en legislación territorial). De nuevo, ¿Qué problema hay en incluir estos pilares en los años de licenciatura? O mejor dicho, ¿No debería el licenciado en derecho conocer la función social y ética del abogado, poseer una profunda formación procesal y haberse especializado en aquella materia que más le interesa cuando acaba la carrera? El artículo 6 de la Ley dice que la mitad del máster será de tipo práctico, pero ya hemos dicho que, en nuestra percepción, lo que debería de ser es la mitad…de la propia carrera. Y hay una pregunta más: el coste del máster es notablemente elevado aunque se realice en una universidad pública ¿Por qué, siendo una formación complementaria reconocida por el legislador como una necesidad social imperante, debe tener un coste económico muy superior al de la misma Universidad?

 

Pero también los estudiantes hemos de hacer un ejercicio de autocrítica. No podemos conformarnos con que la Universidad nos dé toda la educación que necesitamos. Debemos ser proactivos, si observamos carencias debemos preocuparnos y suplirlas. La formación universitaria es voluntaria, y es uno de los medios para llegar al fin pretendido, pero no el único. Es nuestro propio futuro el que está en juego. Si no nos lo labramos nosotros, nadie lo va a hacer, o por lo menos no debería. La universidad y el futuro máster no son los únicos medios de preparación a nuestro alcance. El movimiento asociativo estudiantil, con las nuevas tecnologías para comunicarse, podría no solamente representar un perfil reivindicativo sino también de servicios, y en el caso de la carrera de Derecho podría organizarse para dar servicios a los estudiantes alcanzando convenios con colegios profesionales, consejerías de justicia, administraciones, despachos profesionales y un largo etcétera para complementar nuestra formación y acercarnos al mundo laboral durante la carrera.

 

Resumamos por tanto los principales argumentos expuestos. Tendría sentido que se comenzara invirtiendo mucho más tiempo en formación teórica que en práctica, y progresivamente se fuera invirtiendo el proceso, cada vez más formación práctica y menos teórica. De hecho, es lo que ocurre en el mundo profesional. Los profesionales trabajan principalmente, pero sin dejar en ningún momento de estudiar para actualizarse. Parece por tanto necesario realizar prácticas durante la carrera. Es necesario interrelacionar el mundo académico y el profesional simultanear teoría y práctica para que los procesos se retroalimenten. Y lo más importante, es necesario que los estudiantes asumamos con responsabilidad nuestro papel a la hora de formarnos, sin achacar toda la responsabilidad al Estado.

 

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33 Respuestas

  • Manu Oquendo says:

    Buenos días.

    Estamos ya en otra fase de ingeniería social inversa para el establecimiento de nuevas jerarquías sociales a las cuales se accederá reconociendo la escasa capacitación educativa que se ha desarrollado en las últimas décadas.
    Se va haciendo a través de titulaciones adicionales, nuevas, que no añaden más conocimiento del de, digamos los licenciados de los años 70 u 80, pero van seleccionando en función de factores como la capacidad económica.

    El resultado será la creación de una subclase que tapone, restrinja y controle socialmente la gigantesca masa de titulados universitarios que no van a tener trabajo. Bueno, que ya no lo tienen. Este proceso ya es viejo en USA y está llegando a Europa con Pisa y cosas por el estilo.

    Solemos analizar los acontecimientos uno a uno. Como fotos aisladas. Pero en realidad las fotos están íntimamente relacionadas en un flujo de movimiento y no recibimos todo el beneficio del análisis cuando no hacemos visibles las interralaciones.

    Buenos días.

  • elisadelanuez says:

    Bienvenidos al blog. Como bien decís, aquí lo que se está planteando es la formación del estudiante en Derecho, aunque coincido con Manu Oquendo en que el problema hay que situarlo en un contexto más general. Como tantas cosas, en esto también el mundo está cambiando y efectivamente hay que tener en cuenta que estamos ante un fenómeno global. Por otro lado, la perspectiva vuestra como estudiantes de Derecho es sin duda a la que habría que atender prioritariamente cuando se habla de la formación de futuros abogados y por lo que decís, los problemas son los mismos que había hace 30 años y ya ha llovido…Supongo que algo tendrá que ver el que los planes de estudios hayan tenido más relacion con las necesidades de los profesores que con las de los alumnos. 

  • beatriz says:

    Me encanta este blog ” Hay derecho “ 
    La  conversación sobre los estudios y el acceso al ejercicio de la abogacía está en la calle .
    Por lo tanto me ha interesado mucho el artículo. Padres , hijos , profesionales, profesores  y estudiantes , todo el mundo tienen algo que decir . Y  lo que todos  confirman  es que ” Algo va MAL”.  
    Los   estudiantes confirman la necesidad de incorporar la  practica del derecho en la Universidad .Hoy en día ,  vemos  un gran abanico de posibilidades que se deben ir incorporando .Desde  las clases magistrales hasta  las prácticas en colaboración que apliquen  las nuevas herramientas tecnológicas,  en  casos reales y su puesta en escena en el día a día de un despacho de abogados.
     Habrá que buscar profesores que sean capaces de bajarse de la tarima y tirar de ordenador , de bases de datos, de formularios etc y redactar y presentar un documento para un caso práctico.

  • Alfonso Peralta Gutiérrez says:

    Muy acertado el post. Aunque no nos pueda tocar el máster sí hemos sufrido esas carenciasy podemos sufrir una discriminación negativa en las selecciones de personal frente a estudiantes del plan nuevo que sí lo deban hacer obligatoriamente para el ejercicio. El aspecto económico, que comentaís en ambos post de la ley, considero quizás el más preocupante. 
    Respecto a la especialización, totalmente de acuerdo, la carrera totalmente diseñada para ir “especializándote” desde 1º a través de las optativas, cuando ni siquiera tienes unas bases sólidas ni sabes en qué consiste cada rama. Además si antes hacías un máster para especializarte, ¿ahora tocarían dos? ¿Uno de práctica general de la abogacía y el otro de especialización?

    Como comentaís, la carencia de conocimientos en la carrera es absoluta, sobre todo prácticos y procesales. Los procesales sobre todo, pero es que por regla general, no te enseñan casi a redactar una demanda, un recurso, la oratoria es escasa, en los exámenes la literalidad de los artículos brilla por su ausencia, he podido hacer 3 exámenes orales en 5 años, el Prácticum insuficiente (cuando es útil, porque si te toca en algunas administraciones no te aporta nada), tampoco casi la búsqueda de jurisprudencia, en fin. Sales y te das cuenta que si te dejan en un juzgado estás perdido y si opositas piensas que todo por lo menos te sonará, y te das cuenta que casi ni por asomo.
    Muy de acuerdo por tanto con esa proactividad, de preocuparnos por nuestra formación continua y suplir esa falta. Eso es lo que marca la diferencia y con Internet es fácil. Con blogs como éste he aprendido más que con asignaturas troncales.

    Me alegra saber por aquí de un antiguo compañero,

    Un saludo Chema

  • Roger Campanela says:

    Afirmar que se han resuelto los problemas del acceso con el RD-l publicado ayer es bastante aventurado, quizá se haya resuelto el del autor.
    De hecho, se sigue fijando un régimen distinto en función de una fecha (30 de octubre de 2006), cuando de hecho, ya ha habido licenciados que empezaron en el curso 07/08 que se han colegiado por terminar antes del 30 de octubre de 2011- fecha en que entraba en vigor la norma-. Quizá se nos olvida eso de que hay que tratar igual a los iguales.
    Sin mencionar la chapuza legislativa que supone esta ley, tendría que ser una ley orgánica atendiendo al 27 CE, y a que necesariamente se necesitaba modificar el 542 y ss de la LOPJ. 
    Por lo demás, en cuanto a los problemas de los estudios universitarios de Derecho, no se resuelve con más prácticas, que para eso está Bolonia- que es el suicidio de la universidad- se resuelve cerrando universidades, que sobran y han provocado la proliferación de profesores malísimos, que trabajan sobre una materia prima de bajísima calidad y producen churros en vez de palancas.

  • Josef K. says:

    Si hay algo en este país que casi todo el mundo está de acuerdo es con la medicina. Tenemos uno de los mejores sistemas público de medicina. Un médico estudia seis años en la facultad. Después de un duro examen de ingreso acceden al MIR, dependiendo de la especialidad, cuatro o cinco años bajo la supervisión de un tutor. Después de diez u once años se les considera que están preparados para ejercer en solitario.
    ¿No se podría implantar un sistema parecido para abogados y jueces?

  • Bienvenidos a ¿Hay Derecho?, José María y Miguel. De todo lo abordado en el post quiero ahora comentar dos cuestiones concretas.

    La primera es que yo sí soy un firme convencido de la necesidad de compaginar teoría y práctica. Estudiar Derecho sin comprender cómo actúa en la vida real, cómo se ejecuta, cuál es la utilidad de cada institución y cuál es el trabajo real de los profesionales del Derecho, y, como dice el post, pretender después que al cabo de 3 o 4 años de estudiado se hagan prácticas basándose en los aprendido, es muy poco eficaz y nada formativo, además de antieconómico.

    Cabe decir, no obstante, que el que el máster previa unas prácticas no significa que los estudiantes deban esperar a hacerlas a ese momento, la universidad pone unos mínimos pero no unos máximos, y como también venís a decir, los estudiantes deben ser responsables de su propia formación y completarla por sí mismos allí donde observen carencias.

    En este sentido me parece muy interesante esa alusión que hacéis al papel de que deben jugar la asociaciones de estudiantes como proveedores de servicios, y no solamente con un papel reivindicativo -con modos muchas veces radicales- de cualquier causa más o menos noble aunque no tenga que ver nada con la universidad, que parecen tener, al menos en la imagen para el gran público. Me gustaría que me indicárais si esta imagen es ajustada a la realidad, o es un cliché.

    • Acuaviva says:

      Creo que es cierto que la responsabilidad de la formación del estudiante la tiene el mismo estudiante, por lo que parece que al final siempre sale la cuestión recurrente: la educación en la infancia es esencial y de ahí hay que partir. De nada sirve que al licenciarse realicen prácticas, supuestamente, en un despacho de abogados si no tienen el interés específico en formarse, ya que en dicho despacho no van a estar por esa persona, lo tendrán a su servicio, como antiguamente estaba la pasantía, y el que quiera aprender, aprenderá, el que no, seguirá esperando que alguien lo tiene que poner en marcha, no saldrá de él.

  • El análisis es certero. Destacaría las dos ideas claves. Ni la culpa la tiene entera el legislador, está demostrado que los estudiantes tenemos capacidad de movilización, aprovechémosla en el buen camino! 

    Y, segundo, creo que estamos en la buena senda, hace 10 años los contenidos prácticos en la carrera de Derecho eran menos que los de ahora y hace 20 menos aún. Por lo tanto, no hay que perder el norte e incluir componente práctico-real de todo lo que se estudie, pero sin olvidar la formación teórica continua de un abogad.

    Gracias a José maría y Miguel por este artículo.

  • Un artículo sintético que recoge las claves del asunto.

    Desde mi parecer veo una fuerte contradicción en la universidad. Se supone que la universidad no es una “fábrica de profesionales” (para eso están los FP por ejemplo). Sin embargo, en el mundo laboral, se presupone que alguien salido de la universidad está altamente capacitado para desempeñar su actividad profesional.
    Solución? Seguir el modelo inglés de fabricar trabajadores? se gana en práctica pero tal vez se pierde en profundidad y esencia…

    Es un debate, según qué entiendas por universidad y qué busques en ella.

    LA realidad es que el 99% de los estudiantes buscan un título como “carnet” de entrada al mundo laboral y punto. No conocimientos, no habilidades, tan solo ese papel que acredite que pasaste la prueba!  

  • Antes de nada, quiero felicitar a Chema y Miguel por su artículo.

    Algo que hay que entender, y que quizás en el mundo del Derecho no sea una idea muy arraigada, es el fenómeno imperante de la globalidad (i.e. Globalización). En ese sentido, la Ley de Acceso a la Abogacía iguala la profesión de abogado a la de otros países.

    En segundo lugar, la Ley de Acceso a la Abogacía es un soplo de aire fresco y renovado que prestigia la profesión de abogado en este país. En las últimas décadas hemos presenciado como se extendía la mediocridad y la falta de inquietud en las aulas de las Facultades de Derecho de todo el territorio nacional. Con ello, se devalúa el título de Derecho. Con ello, se devaluaba la profesión de abogado.

    Por otro lado, nos encontramos con un problema de transitoriedad en la aplicación de la norma y la diferenciación de sistemas académicos. Conviven la entrada en vigor de la Ley de Acceso a la Abogacía con licenciados, y graduados. Ha intentado solucionarse, aunque creo que erróneamente. La decisión era mucho más sencilla:”a títulos distintos, aplicaciones de la norma distintas”. Pero como siempre se ha optado por un; siempre insatisfactorio, camino intermedio.

    En el fondo del asunto, el problema que subyace y que muchos de vosotros comentáis es el relativo a la Universidad en España. El sistema universitario está mal diseñado por la concepción universalista de la universidad por parte de los ciudadanos. ¿Por qué todo el mundo tiene que ser universitario en este país? ¿Por qué tiene que ser un sistema gratuito o cuasi-gratuito sin exigir resultados académicos? ¿De qué sirve estudiar un título de dudosa calidad? ¿Por qué no figura ninguna universidad española en los rankings mundiales?…

    Un saludo,

     

    • Jaime de Nicolás says:

      De hecho Javier, una medida adecuada sería que el máster fuera más caro a medida que las notas de las carreras fueran peores, y viceversa. No me parecería correcto que tuviera el mismo coste para aquéllos que demuestran un interés en formarse y por tanto ser mejores profesionales (recordemos, en la mayor parte de los casos con gasto de dinero público) y se esfuerzan verdaderamente, que aquellos otros que vegetan en las cafeterías y zonas adyacentes.

    • José María González-Garilleti says:

      Javier, muchas gracias por el comentario. Coincido bastante con tu apreciación acerca del problema de la Universidad en España. Creo que en demasiados casos es una especie de continuidad tras el colegio. También considero que en España se da demasiada importancia a tener un título universitario. Y coincido por tanto en que hay demasiados universitarios. Cuántos arquitectos se licencian al año, cuántos abogados? cuántos encuentran el trabajo que esperaban? Quizás estamos ante un exceso de oferta en determinadas carreras universitarias, así que o bien se reduce el nº d estudiantes por Universidad o bien se reduce el número de Universidades (esto último sería lo más lógico). De alguna manera hay que ajustar el “mercado universitario”. Y así probablemente consigamos que la Universidad esté formada mayormente por estudiantes que trabajan duro, motivados y que no afrontan la Universidad como “lo que toca después del colegio, y luego ya veremos”. Hay que fomentar la igualdad pero también el esfuerzo.

      Parece que si no eres licenciado “no eres nadie”. Estamos a la cola en Europa de técnicos (estudiantes de FP), cuando en la mayoría de los casos requiere una inversión temporal menor, aporta un conocimiento técnico y eminentemente práctico bastante bueno. Desde este punto de vista quizás sobran licenciados y faltan puestos técnicos. Aclaremos aquí que hay determinadas carreras, como en este caso Derecho, en que un fuerte conocimiento teórico es fundamental. Lo importante debería ser cuanto se sabe, no cuantos títulos se tiene. De ahí la importancia de nuevo del aprendizaje contínuo sin que nadie nos lo exija, ya que lo que está claro es que medios no faltan.

      Creo que surge por tanto una pregunta muy interesante para el resto de lectores. ¿Sobran Universidades? ¿Debería ser más selectiva la Universidad? ¿Deberían existir más beneficios para los buenos universitarios? ¿Qué soluciones véis ante un exceso de oferta en determinadas licenciaturas?

  • Matilde Cuena Casas says:

    Comparto la idea que planteáis de mejorar la formación básica fomentando la vertiente práctica al hilo de la explicación de la teórica. Eso lo practicamos muchos profesores. Ni solo práctica ni solo teoría, pues no son dos facetas que puedan enfrentarse. También me alegra que entendáis que nunca se deja de estudiar y menos en el ámbito jurídico. Sin embargo, los males de la situación vigente hasta la fecha y la necesidad de su reforma no solo hay que adjudicarlos a la organización de los estudios de derecho. La mentalidad del estudiante debe necesariamente cambiar.
    Si algo bueno tiene esta reforma es que de una vez por todas los estudiantes tienen que cambiar el “chip” y no solo pensar que van a la universidad a “quitarse asignaturas” (expresión muy utilizada) sino a aprender, a formarse y a aprobar porque saben, porque piensan, porque razonan. Muchos estudiantes que claman por más clases prácticas luego cada vez que las  ponemos suspiran diciendo que “tienen mucho que estudiar” (o las hacen con poco interés) y adoran al profesor que le “dicta” 20 folios de apuntes y que luego los cantan en el examen y se “quitan” la asignatura. Los profesores que examinan con práctica, con Código Civil en el examen tienen la “etiqueta” de duros…… En fin solo pido alumnos que estén a la altura de lo que suponen los estudios universitarios. Y ello porque la universidad no es la continuación de la enseñanza obligatoria. Es precisa la excelencia en los alumnos y por supuesto también en los profesores (esto último daría para otro post y no quiero polemizar). Por eso me parece bien que consideréis que debéis ser proactivos pero también hay que echar muchas horas de trabajo y de estudio, asumir un rol participativo en el aula, tener inquietud por aprender y no solo por aprobar. Lo que tengo claro es que capacidad no falta. Si se os pide lo dais, si queréis claro. Ahora sí que no os va a quedar más remedio. Por eso me parece perfecta la frase con la que termináis el post.

    • Matilde, muchas gracias por contribuir al debate aquí suscitado. En mi opinión, el verdadero problema es que se ha devaluado el título universitario español. Y esto ha sucedido del mismo modo que sucede con cualquier bien. 

      Obtener un título universitario ha dejado de ser algo exclusivo, es decir, algo a lo que no todo el mundo puede acceder y que está al alcance de unos pocos que de verdad tienen la capacidad de conseguirlo. Lo que tenemos ahora son “carreras” que no exigen acreditar prácticamente ninguna capacidad previa, al haber, como se ha dicho en muchos de los comentarios, un número excesivo de universidades, que al ofertar un número exagerado de plazas hacen que el nivel exigido (nota de corte) sea mínimo. . Y esto, que parece tirar piedras contra mi tejado; el de los estudiantes universitarios, al preferir que se reduzcan las plazas y se levanten “barreras de entrada”, es en realidad todo lo contrario. Porque hoy en día, tener una carrera universitaria no acredita necesariamente ostentar un nivel de conocimientos o de capacitación profesional alto y esto significa que no asegura un trabajo acorde a la supuesta formación recibida.

      Por eso digo que lo que reclamo es en beneficio de los propios estudiantes, porque antes sí era suficiente con tener una carrera, pues era algo que muy pocos podían conseguir, y los que lo conseguían habían realizado un gran esfuerzo para ello. Ahora esto no vale, ahora tener una carrera es lo básico, “todo el mundo” la tiene, por eso hace falta además haber estudiando en el extranjero, hablar inglés, francés, alemán, chino, tener unos cuantos masters en una prestigiosa universidad de Estados Unidos y haber hecho miles de horas de prácticas. Efectivamente, nuestro título se ha devaluado como lo hace una moneda débil.

      Esta situación que puede sonar exagerada es una realidad que vivimos los estudiantes que estamos cerca de salir al mercado, una situación que hace que nuestro título universitario no esté a la altura de los títulos del resto de universitarios europeos o americanos con los que tenemos que compararnos. Somos los estudiantes los principales interesados en que esto cambie… 

  • elisadelanuez says:

    Valoro especialmente la referencia que hacéis a los valores éticos de la abogacía, muy necesarios y más en los tiempos que corren. Por lo demás, sobre los males en general de la Universidad española, os recomiendo la lectura de los muchísimos posts que los colegas de NeG (Nada es Gratis) han dedicado a este tema, que les preocupa muchísimo y con razón.

  • Carlos Herrero Fernández says:

    ¡Gran artículo! esta claro que el debate ha comenzado por la inminente aplicación de la ley 34/2006, desembocando finalmente por una crítica a nuestro sistema universitario, acusado de estar basado en un sistema de estudios fundamentalmente teórico sin casi una aplicación práctica, no aprehendida durante el periodo de formación, que obstaculiza claramente el futuro acceso al mercado laboral. Resumiendose en que en vez de estar “preparados” para ocupar un puesto profesional salimos “pre-parados” sin unas expectativas claras de nuestro futuro, y aquellos que han tenido una actitud mas perspicaz y han complementado su bagaje curricular mediante prácticas, idiomas y demás se ven con mayores probabilidades de conseguir un futuro profesional conforme a sus expectativas, lógicamente.
    En fin, creo que ya se ha dicho todo por lo que he podido leer de los comentarios, sin embargo quiero añadir una idea en relación a la carrera de Derecho:

    Lo que propongo…

    Creo que la solución a todos los problemas planteados seria establecer un sistema “numerus clausus”de inscritos por año (al igual que en medicina) en las facultades de Derecho de España, a diferencia de lo que hay hoy en dia, ya que al exigir cierto nivel para el acceso, necesitaría esfuerzo y por tanto “vocación”, evitando la actual sobredimensión de 200 alumnos por aula con 7 grupos cada año, en la que muchos entran como una tendencia de hacer algo en la vida.

    Establecer solo un grupo por promoción permite, en el sentido académico, significaría la entrada a alumnos que se le ha exigido desde el acceso hasta que finalizan sus estudios, establecer un sistema de prácticas, el cual, seria mas factible al haber menos estudiantes, y una atención más personalizada del profesorado. En sentido profesional, hay un menor número de licenciados, pero cualificados y de prestigio, para el puesto laboral que deseen sin una necesidad imperiosa, en el caso de ser abogados, de realizar un máster para complementar su formación académica.

  • Diego Egea says:

    Enhorabuena por el post! 

    Yo creo que un tema interesante sería diferenciar entre los estudiantes de Derecho a aquellos que quieren ejercer la abogacía de otros que entran en esta carrera como puente para realizar unas oposiciones ya sea de carácter jurídico (Abogado del Estado, Judicatura, etc) o de otra índole (Policía, administración, etc).

    Conozco que este problema intenta resolverse a través de licenciaturas dobles dirigidas a aquellos que quieran opositar, incluyendo temario directamente sacado de las oposiciones, o a través de la especialización mediante optativas. Creo que este sistema no ha conseguido demostrar su utilidad. 

    Si por el contrario, existiera una carrera especializada para abogados, con gente motivada porque de verdad quiera ejercer la abogacía en un futuro, podría conseguirse este objetivo de compaginar teoría y práctica. De hecho, creo que con la especialización que trae Bolonia, esto llegará.

    • Alfonso Peralta Gutiérrez says:

      Como idea está bien Diego, pero habría que cambiar en la práctica todo el sistema. Y lo veo inviable.

      Quiero decir, los que hemos tenido claro en la carrera que íbamos a opositar nos hubiera venido bien estudiar y explicar las asignaturas por manuales de oposición, exámenes orales o literalidad en los artículos para tener una base fundada y no sufrir un cambio tan radical. Sin embargo, por ejemplo el preparar una oposición A durante la carrera no lo recomiendo. Son diferentes intensidades, ritmos, formas de vida, horarios, diferentes épocas de estudiante.

      Entonces para tener una carrera sólo para Administraciones Públicas tendría que ser por dos vías:
      1. Sustituir las oposiciones por esa carrera. Es lo que llegó a plantear Bermejo y me parece de las barbaridades más importantes que ha dicho un Ministro de Justicia. La oposición creo que no es un sistema perfecto, pero sí el menos malo. Es meritorio y justo en su gran mayoría de los casos.
      2. Establecer claramente un plan de compromiso de convocatorias decenal de forma clara, segura e invariable de las oposiciones. Es decir, que si acceden por numerus clausus a esa carrera “x alumnos”, el 70-90% de ellos tengan seguridad de plazas en una posterior oposición. No digo seguridad de aprobado, sino simplemente de plazas.

      Una de las peores cosas de un opositor actual es la incertidumbre. Te congelan las plazas, te las reducen, no sacan convocatoria cuando ya debería estar publicada. Y no sabes durante cuánto tiempo va a ser así. No sólo se trata de estudiar sin saber si aprobarás o no, sino que en el momento actual es sin saber si ni siquiera vas a poder examinarte, que es peor.

      Si se hace una carrera sólo para oposiciones durante 5 años, y luego otros 3-5 opositando y uno de los pocos consuelos que hay si no se aprueba es dedicarnos a la abogacía con un reclutamiento medianamente efectivo (eso dicen), si nos quitan la posibilidad de ejercer. ¿Qué hacemos? ¿A qué nos dedicamos?

      Un saludo.

    • Acuaviva says:

      No creo que el Plan Bolonia, al menos hasta este momento, sea la respuesta a la preparación final de los estudiantes de la licenciatura de Derecho, Lo compruebo cada día en los estudiantes que me rodean y que continúan tan despistados como lo estábamos nosotros en nuestra época, respecto a la realidad de ejercer la defensa del derecho para nuestros clientes. Me parece que continúan tan a años luz, como lo estábamos los de antiguas promociones. Cuando finalizas, compruebas lo alejada que está la teoría – por otra parte esencial de estudiar y aprender – de la práctica. En cuanto sales te das cuenta, nada que ver con la práctica ni con el ejercicio. Y creo que continúa igual. Vendrán otros cambios, y comprobaremos si son o no más eficaces, hasta dar con el más cercano al ideal.
       

    • Acuaviva says:

      Respecto a la calidad de la enseñanza de las Universidades públicas, añadir que los mismos profesores que impartían las asignaturas en la Facultad, y que públicamente criticaban la mala calidad de la enseñanza en la Universidad, eran los que organizaban master, cursos, jornadas, con precios muy elevados,externos, fuera de horario de clases, para completar la formación de sus propios alumnos. Esto me escandalizaba ya que me preguntaba ¿por qué no invierten en formar a los alumnos impartiendo unas clases de calidad, en vez de criticarlas o beneficiarse haciendo negocio con los propios alumnos? No llego a entenderlo.

  • Eri says:

    Hola
    No es cierto lo que algunos dicen de que las universidades públicas no preparan bien a los alumnos para ejercer, no se puede generalizar de ese modo porque, y también hablo desde la experiencia ya que estudio Derecho en la universidad de Alicante, que es pública, y no nos libramos de hacer prácticas, aquí no estudiamos únicamente y luego vamos al examen. 
    Reconozco que hay asignaturas que por una u otra razón sólo damos teoría (ya sea culpa del profesor o de la materia ¿qué práctica vamos a dar en historia del Derecho que nos sirva en un despacho? y no me quejo de la asignatura cuya profesora me dejaba alucinada cada día que llegaba y sin mirar ni un libro nos contaba el tema que tocaba) en Derecho romano nuestro profesor nos cosía a prácticas, creo recordar que cada semana o dos colgaba una sentencia de lo civil en la que podíamos aplicar lo que habíamos dado en clase.
    En Derecho penal parte general discutíamos un caso haciendo unos de defensa, y otros de acusación.
    En la parte especial cada semana tenemos que hacer un caso práctico.
    En Derecho civil I y II también hacíamos prácticas.
    Con Derecho constitucional II visitamos el Congreso, el Senado y el constitucional, y también hacíamos trabajos prácticos, que tenían en cuenta la teoría, sí.
    Y aún podría continuar, por ejemplo, los procesales y los mercantiles tienen un examen oral, que ya de por sí, garantiza que no vas a tener miedo escénico una vez llegue la hora de ejercer como abogado, en mi opinión al menos. 

    No digo que eso sea suficiente, y estoy muy a favor de lo que han expuesto estos dos estudiantes, no se puede separar tanto en el tiempo la parte práctica de la teórica. Creo que es necesario hacer las prácticas al tiempo en que estás estudiando porque además de esta forma los conocimientos se asientan mejor. 

    Todavía no he llegado a la parte del prácticum, donde creo que tenemos la opción de hacer prácticas externas, en un bufete de abogados, de todas formas, si la universidad no nos da la opción siempre podemos buscarnos la vida e intentar meternos en el mundillo antes de licenciarnos, como estoy segura de que muchos hacen.

    No creo que sea cuestión de universidad privada o pública, no porque ésta sea privada garantiza que sea mejor y viceversa, que sea más práctica o menos

    PD: He cambiado un poco el comentario, ya que si no se lee el comentario de facebook al que intenté responder, el comentario no sería muy coherente.

    Saludos a todos 

  • cruz says:

     
    Criticaban las universidades privadas y es justo lo q vienen haciendo hace años…yo doy fe de q respecto a las practicas en alfonso x el sabio fuimos evaluados en varias asignaturas solo de practicas mientras estudiabamos…esto me da la razon cuando he defendido siempre q en la universidad publica, hablo por mi carrera derecho, no se iba a practicas y a la hora de ejercer se veian estancados y asustados. Considero un gran avance cambiar esto para q los futuros abogados se enfrenten mejor a su futuro profesional…
     

  • cruz says:

    A ver, no me refiero a prácticas en las asignaturas, claro que habrán prácticas tipo, trabajos, comentarios, debates….. hablo de prácticas en audiencias, tribunales, donde seas evaluada… yo las tuve…. durante un cuatrimestre ibamos con jueces de diferentes tribunales para ser evaluados por ellos, acudiamos a juicios con el… y al finalizar debatíamos lo que pensabamos de lo que habíamos visto. Durante otro cuatrimestre, ibamos a un despacho (el cual elegiamos según lo que más te gustaba de materia: yo elegí procesal) y eran ellos los que nos evaluaban…. Son estas prácticas a las que me refiero y las que creo que se están refiriendo en este cambio…. Si es verdad que en una universidad publica es muy dificil hacer esto ya que no son 40 alumnos o 50 o 100 son muchos mas… pero tambien creo que los despachos deberían favorecer estas prácticas y hay suficientes abogados como para cada uno acoger durante cuatro meses a estos estudiantes….. no se….. el todo es conseguir que cuando salgan de la carrera tengan algo de práctica para  llegar luego a un despacho y (como ha venido ocurriendo hasta ahora)  no tener que pedir ayuda para nada y no tener que paralizar el despacho para tener que ayudar a estos niños que salen. Quiero decir, que la teoría esta muy bien, pero al fin y al cabo, vamos a estar estudiando toda la vida, y las leyes cambian, y la carrera de Derecho debería estar basada mucho mas de lo que esta, en las practicas en despachos y en tribunales.

  • Eri says:

    Hola de nuevo, 
    Ciertamente no hacemos ese tipo de prácticas, al menos no hasta los prácticum (que ya digo, como no he llegado aún ahí no sé exactamente en qué consiste) tienes razón, no veo muy factible ese tipo de prácticas para clases de aproximadamente 170 alumnos que hay al menos en las asignaturas de primero. 

    Saludos
     

  • Pablo A. says:

    Hola a todos, 

    En primer lugar, agradecer a los creadores de este Blog por darnos la oportunidad de poder debatir e intercambiar impresiones acerca de la nueva Ley de Ejercicio a la Abogacía que a todos nos afecta.

    Desde mi punto de vista, se trata de una norma cuyo fundamento jurídico y motivo de implantación puede considerarse lo suficientemente factible, necesario y coherente dada la situación del ejercicio de la abogacía en España. Sin embargo, considero que su redacción e implantación se llevó a cabo de forma apresurada, y ello ha provocado las actuales modificaciones. Precisamente, los matriculados en Derecho en 2006, nos veremos exentos de realizar el famoso master, aunque nos afectará en alguna medida a la hora de enfrentarnos a un mundo laboral y profesional complejo donde tendremos que competir con otros alumnos quizá más preparados que nosotros. No considero que la fórmula del master “privado”, entendiendo así el hecho de tener que pagar por una formación adicional obligatoria para poder colegiarse, sea el método apropiado; pero sí considero que es importante que todos los estudiantes de Derecho realicemos un ejercicio de autocrítica e intentemos valorar cuál es realmente nuestra formación y aptitud para ejercer la abogacía de una manera adecuada y diligente. Al fin y al cabo, confío en que los motivos que mueven este tipo de medidas, sean los de fortalecer la protección jurídica de todos los sujetos e individuos a través de una generación de abogados cada vez mejor preparada. Veremos qué ocurre.

    Gracias y un saludo.

  • Acuaviva says:

    Tal vez lo más eficaz sería lograr compaginar la teoría con la práctica desde el primer curso de la licenciatura de Derecho. De este modo los estudiantes, más fácilmente, se introducirían en el mundo del derecho con un resultado final más práctico y de este modo eficaz, sobre todo a la hora de ejercer como abogado.

  • ISARAH says:

    Eficaz veo la formaciónde las Universidades  americanas, no por ideales ni prefectas, sino por espècíficas y concretas, con lo que preparan a los estuduantes de algo más determinado, de lo que conocen bien, aunque padezcan laguna generales en otros ámbitos. Creo que sería a largo plazo lo más eficaz, la especialización.

  • En primer lugar, me gustaría felicitar a José Maria y Miguel por su artículo. Han dado algunas ideas muy claras y valiosas de la presente reforma y, en general, de lo que adolece el sistema educativo español actual.

    Sin embargo, hay una cosa de la que no se ha hablado lo suficiente, y que me gustaría destacar: como decía Javier García anteriormente, está claro que el ejecutivo ha vuelto a errar, a mi humilde entender, en las excepciones que ha establecido en la modificación de la Ley 34/2006. Y lo digo porque no es que me afecte a mi, que de hecho no me afecta (soy de los pocos a quien nos favorece esa primera excepción, puesto que empecé la carrera en septiembre de 2006, y voy a terminarla este curso). Lo digo porque se habrían evitado mayores problemas si se hubiera incluido a alumnos que, habiendo empezado en 2007, lo hacían en una Licenciatura y no en unos estudios conducentes al título de Grado en Derecho.

    La transitoriedad, tanto en España como en muchos regímenes jurídicos foráneos, es un verdadero quebradero de cabeza. Pero cuando la transitoriedad implica que personas que empezaron una titulación en 2007 de Licenciado en Derecho, y que van a terminar sus estudios con posterioridad al 31 de octubre de 2012, tengan que pagar los 9000€ o similar que cuesta el máster; en ese caso, la transitoriedad pasa de ser un quebradero de cabeza a ser un agravio comparativo y un dislate en términos económicos.

    Si es el ánimo del legislador no contradecir lo enunciado por el ejecutivo (cosa que auguramos probable), no es menos cierto que próximamente se verán estudiantes en las calles reclamando lo que es suyo: la aplicación de excepciones debe ser igual para situaciones iguales (Licenciados en Derecho). Que me digan a mi que el 20 de septiembre de 2007 un alumno que iba a empezar derecho tuvo que optar entre Licenciatura o Grado (teniendo en cuenta que en la mayoría de las universidades no se permitía esta segunda opción…) previa consulta del BOE para saber cuándo entraba en vigor la Ley 34/2006…. Algunos ni siquiera sabían lo que era el BOE. Con eso está dicho todo.

    No obstante, algo hay que destacar: la reforma del Ejecutivo es intachable en términos jurídicos, pero reprobable en términos de equidad. Cierto es que haber obligado a los que empezamos antes de la entrada en vigor de la Ley a hacer el máster y el examen de acceso habría carecido totalmente de sentido; pero también es cierto que dicho régimen, en aras de la equidad, debía haber sido extendido a los LICENCIADOS con posterioridad a 2006, con un régimen de plazos, tal y como nos obliga a nosotros a hacerlo (2 años a partir de terminada la carrera).

    Una pincelada sobre la cualificación en España: si no recuerdo mal, una vez leí en el ABC que un 39% de los españoles que trabajan, lo hacen en puestos de trabajo por debajo de su cualificación profesional. En otras palabras, Cuatro de cada diez españoles trabajan por debajo de su cualificación profesional. Ése es un problema que el legislador español tiene que atacar desde la raíz.

    Una vez más, gracias a José María y a Miguel por haber hecho posible abrir este debate. 

  • Manuel Barrera Sierra says:

    Buen artículo, y buenos comentarios al mismo.
    Creo que el tema ha quedado bastante claro.
    En cuanto a la Ley de Acceso, comparto lo dicho anteriormente por José Antonio Gómez. La actual reforma supone un agravio comparativo. Si el sentido común forma parte del legislador, éste optará por la exclusión de todos los licenciados. La transitoriedad, en este caso, no debería ocasionar ningún perjuicio ya que, aprovechando que la Licenciatura está en extinción y se ha implantado el grado, se podría haber optado por la aplicacion de la Ley 34/2006 a los alumnos del grado quedadno así a salvo el principio de equidad (mismos derechos para mismas titulaciones). Pero pienso que la cuestión es otra a la meramente formativa o académica, los intereses económicos están ahí, no lo podemos obviar, y cuando pretendemos hacer una reforma, tan importante, pensando más en términos económicos que educativos, las cosas salen como salen… Además, si habeís podido ojear los futuros exámenes, tipo test, que se tendran que hacer tras la realización del Máster, comprobareís que poco, o nada, ayudarán a la formación de los futuros abogados, ya que las preguntas son de un nivel bajísimo.
    En cuanto a lo expuesto en el post referente a la necesaria ampliación de la parte práctica en nuestra formación universitaria, sólo puedo adherirme a lo desarrollado en el mismo. Necesitamos una formación más práctica de la que hemos recibido, más acorde a la vida real. Compaginar, de algún modo, la parte teórica, tan necesaria en la formación, como la parte práctica, ayudaría a que salieramos mejor preparados de la Facultad. 
     
    Por todo lo anterior, entiendo que la Ley 34/2006 ; 1) Es injusta su aplicación para los licenciados, sea cual sea su año de matriculación; 2) Creo que es una “parche” más a la enselanza universitaria de Derecho, puesto que como hemos podido comprobar del Post y de los comentarios anteriores, el tema es más profundo y ,para atajarlo de raíz, no basta con la aplicación de esta Ley, ni siquiera para la homogolación con otros países; 3) Es una Ley que tiene más en cuenta lo económico, que lo educativo.

  • José María González-Garilleti Fernández says:

    Os dejo aquí un enlace interesante del Ministerio de Justicia en el que encontraréis un ejemplo de cómo quedarán las preguntas tipo test del examen oficial

  • José María González-Garilleti Fernández says:

    Parece que no funciona, os lo dejo de nuevo: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1200666550200/Tramite_C/1288776144635/Detalle.html

    • Gracias por el enlace José María. He visto los cuatro casos que ponen como ejemplo y me parecen bastante correctos. Como además adjuntan las soluciones pueden ser muy útiles como práctica para estudiantes.