Eficacia y coste de la Administración: los sueldos de los funcionarios

Decía Azaña que “Es de interés primordial para los españoles que el Estado acapare (en lo posible) los mejores ingenieros, los mejores médicos, los mejores letrados, disputándoselos a la industria privada y a las profesiones libres. Abaratar la Administración no es criterio admisible, porque mientras siga siendo defectuosa e incapaz, por poco que cueste, será muy cara” (Grandeza y servidumbre de los funcionarios, Obras Completas, tomo I, pág. 468).

Puede parecer un poco contracorriente este aserto en estos días de austeridad y recorte de gasto público, pero no debemos perder de vista que el gasto de personal de la Administración no es un capítulo susceptible de sucesivos recortes, infinitos recortes, con alguna que otra protesta y huelga y sin merma de eficiencia. ¿O acaso damos por sentado que los empleados públicos son todos unos holgazanes y cuanto menos se les pague mejor? ¿O incluso, en una interpretación ultraliberal, que todos los funcionarios sobran?

No pensemos en los funcionarios como esas personas que a veces puedan parecer poco dinámicas al otro lado de la ventanilla. Ventanillas o, modernamente más bien, mesas hay muchas. Y no todos los empleados públicos son iguales. Pero, además, debemos tener en cuenta que empleados públicos son las personas que ejercen la medicina o la enfermería en los hospitales y centros de salud públicos, los policías, los bomberos, los maestros y profesores, los jueces, los diplomáticos, los abogados, economistas o ingenieros de caminos del Estado, los inspectores de Hacienda, etc. etc. El trabajo de todos ellos es importante. Y hay que pagarles por ello. Exigirles un buen desempeño de sus funciones, pero también pagarles de conformidad a tal exigencia.

Por supuesto que es precisa la austeridad, máxime en estos tiempos, y también la solidaridad (pues en el sector privado la crisis no se manifiesta en recortes sino en despidos, cierre de empresas o reducciones en proporciones mucho mayores que en la Administración), pero no debemos perder de vista que una Administración eficaz (no necesariamente sobredimensionada) es necesaria para disfrutar de una sociedad justa y una economía próspera. Y para la eficacia de la Administración, para contar con buenos profesionales en la misma, no son irrelevantes sus condiciones económicas y de otro tipo.

Hace no muchos días se leían unas declaraciones en prensa de Rodrigo Rato en las que afirmaba que los sueldos de los políticos deberían ser mayores, para atraer a las personas más capacitadas. Con mayor razón, puesto que se trata de su profesión y no de un cargo que debería ser pasajero, lo mismo podría ser aplicado a los funcionarios. El funcionario o empleado público desarrolla su trabajo y debe ser pagado por él. Al político se le puede esperar una cierta disposición a trabajar por los demás, a arreglar los asuntos de todos, más allá de su retribución estricta; teniendo en cuenta, por otro lado, que los políticos muchas veces acaban teniendo una retribución o compensación real muy superior a la formal tanto durante su mandato como después del mismo. ¿O acaso alguien piensa que Felipe González o Aznar tendrían los emolumentos que les pagan grandes empresas españolas si no hubieran sido presidentes? Incluso el propio Zapatero, que en este punto resulta más discreto y adecuado, mantiene un empleo y buena retribución como Consejero de Estado, puesto al que tampoco hubiera llegado de no haber sido Presidente.

Lo cierto es que, con una tradición de bajas remuneraciones especialmente en ámbitos de profesionales que pueden desarrollar su trabajo en el sector privado (como abogados, economistas, arquitectos o ingenieros), la crisis ha conducido a que el Gobierno nacional y los autonómicos aumenten la jornada de los empleados públicos, no incrementen e incluso reduzcan sus retribuciones, aún más. Ya fueron congelados los salarios públicos tanto por Felipe González como por Aznar, sin que nunca llegase a recuperarse esa pérdida. La situación pues, es, desagradable y no fomenta la mayor de las motivaciones. Pero hay que tener en cuenta el entorno. Actualmente, los empleados públicos (salvo los interinos) sí pueden valorar positivamente esa permanencia en su empleo, y lo extraordinariamente difícil que es no ya separar del servicio a un funcionario sino incluso despedir a un contratado laboral de la Administración. O lo ha sido hasta ahora.

Como señala Marco Celentani en el blog “Nada es gratis”, “aun cuando en las cifras que a veces se barajan, parezca que el sueldo medio del empleado público es superior al del sector privado, “para hacer una comparación sensata hay que tener en cuenta las diferentes características de los individuos, entre ellas su formación. No tiene sentido comparar el sueldo de un neurólogo que trabaja en el sector público con el de un empleado del sector privado sin apenas estudios y que realiza un trabajo poco calificado. Pero tampoco hay que olvidar que los empleos públicos son distintos a los privados por una razón fundamental: que son más estables, a veces mucho mas estables, y que generan unos ingresos menos variables”. Es decir, hay que tener en cuenta la diferente cualificación media, si bien es cierto que hay que tener en cuenta las ganancias pero también la estabilidad.

Pues bien, Celentani cita un interesante estudio de la Universidad de Bristol del que resultaría que, tomando en cuenta las distintas variables, las diferencias salariales entre el sector público y el sector privado en España son pequeñas o nulas. Y lo cierto, desde mi propia experiencia (en el sector público y el privado) y al menos en ciertos ámbitos profesionales, las diferencias existen pero son en perjuicio de los empleados públicos, aunque la estabilidad de estos sea ahora envidiable. Lo que no se debe es faltar a la verdad con estadísticas mal ponderadas y decir que el empleado público, encima, gana más.

Recientemente, el Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se solicita un dictamen de urgencia del Consejo de Estado sobre el proyecto de Real Decreto por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades. El objetivo de la norma, se dice, es conseguir la máxima austeridad y eficacia en su acción y la mayor eficiencia en el funcionamiento del sector público. La reducción de las remuneraciones puede suponer sin duda un esfuerzo de austeridad, pero no necesariamente de eficacia, pues competitivamente estos puestos serán menos atractivos para quien pueda desempeñar otros. Y si se piensa que es que no se lo merecen, busquemos a otros, que esa sería cuestión distinta.

Por tanto, creo que es justo y correcto que los empleados públicos compartan el esfuerzo de todos ante esta crisis. Pero sin que creamos que se trata de un pozo sin fondo. Porque algún día, al tiempo que se reclame eficiencia, habrá que considerar que las retribuciones de los empleados públicos son sin duda un elemento esencial en la captación y motivación de buenos profesionales. Igualmente, por supuesto, habrá que introducir mecanismos que aseguren su mayor eficacia y exigencia.

 

 

6 comentarios
  1. elisadelanuez
    elisadelanuez Dice:

    Desde mi experiencia personal, similar a la de Francisco, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice en el post, aunque creo que el problema es que los funcionarios de mayor nivel, formación y responsabilidad suelen estar peor pagados que sus “homónimos”en el sector privado, de media, claro está, y asumiendo que en el sector público se trabajan de verdad las horas que teóricamente se trabajan, lo que todos sabemos que no es exactamente así. Vamos, que el salario por hora real de un funcionario es bastante alto si como es frecuente no cumple con su horario formal.
    Pero sin duda los funcionarios de menor formación están mucho mejor pagados que los que ocupan puestos similares en el sector privado. Me refiero por ejemplo a los puestos de auxiliares administrativos o secretarias, por no hablar de bedeles y otro tipo de funcionarios de los grupos D y E. La prueba del algodón es que no conozco a nadie de esas categorías que haya pedido la excedencia para pasar al sector privado, y sí conozco a muchisimos abogados, ingenieros, inspectores, economistas, etc que sí lo han hecho, aunque no siempre por motivaciones económicas sino por falta de carrera profesional, que ese es otro problema.    

  2. Cliente X
    Cliente X Dice:

    Como dices, a los políticos se les supone cierta disposición a trabajar en favor de los demás, una “vocación de servicio público”. Pero creo que esa especie de “retribución moral” también se ha de aplicar a los funcionarios, hay que esperar que el policía, el maestro o el abogado del Estado no hayan escogido su profesión únicamente por motivos económicos… o muy mal vamos. ¿Qué sucede en la realidad? Quienes entran al sector público lo hacen para tener curro fijo y no en provecho de los ciudadanos. El sector privado tiene un estímulo para satisfacer nuestras necesidades, buscar su beneficio, pero el público… el público se beneficia a sí mismo. No, el número de funcionarios actual es un lujo insostenible en la coyuntura que atravesamos y también ineficiente. Además de menguar su cantidad, no veo con malos ojos que se les congelen los sueldos ya que como he dicho entiendo que la lógica que ha de mover a un servidor público no es la misma que se emplea en la empresa privada. ¿Que quieren ganar más (arriesgándose)? Bien, que se vayan. ¿Crees que por pagar más tendremos mejores profesionales? No, tendremos mejores sinvergüenzas que se van a casa con pensiones vitalicias, indemnizaciones millonarias (como los presidentes de las cajas) o a quienes se les coloca en organismos de cuestionable utilidad (a ZP le metieron en el Consejo de Estado como cuentas, a la Magdalenny en Bruselas, a la Bibiana en la ONU, y así… ¿son los mejores? en llevárselo sí, sin duda).

    • Pablo
      Pablo Dice:

      Para opinar sobre determinados temas entiendo que sería deseable hacerlo desde una posición lo más objetiva posible, así que permítame que le haga una pregunta para averiguar si este es su caso: si, según usted, se le puede congelar el sueldo a los funcionarios sin más ya que éstos no acceden al desempeño de su puesto de trabajo por motivos económicos… ¿porqué regla de tres concluye que la operación inversa, esto es, subirles el sueldo, devendría en funcionarios sinvergüenzas, pensiones vitalicias y demás sandeces? 
      ¿No habíamos quedado en que el nivel salarial para un funcionario es neutro (y cito: “… o muy mal vamos”)? Entiendo que la neutralidad que usted da por supuesta debe de suponerse para ambos casos: para la congelación salarial o para el aumento de sus retribuciones. Si el desempeño del funcionario público es indiferente al salario, pues bien, debe de serlo necesariamente también para lo relativo a su incremento.
      ¿O es que me he perdido algo en cuánto a la lógica de su argumentación?

  3. veedor
    veedor Dice:

     
    La crítica al funcionariado por ser genérica es seguro injusta por su generalidad, pero habrá que reconocer que el famoso “vuelva usted mañana” lleva demasiado tiempo como para no reconocerle cierta virtualidad.
     
    En la línea que señala Elisa, la frustración normalmente se tiene cuando se trata con los niveles de menor capacitación pues los funcionarios de alto rango (Abogados, Economistas, Ingenieros,…) tienen un nivel (en su inmensa mayoría) que ya lo quisieran muchos del sector privado.
     
    Quizás el problema radica en el sistema de incentivos o de control, o incluso en el número de funcionarios, personalmente he criticado la bajada de salarios al funcionariado pero he sido igualmente crítico con la laxitud con la que se entiende tanto la jornada de trabajo como su intensidad (sí, ya sé que seguro que habrá probos y diligentes funcionarios) pero estoy convencido de que si se cumpliese estrictamente la jornada laboral por todos y cada uno de los funcionarios España se saldría.
     
    Y ello porque da la impresión de que las plantillas están (como se suele decir ahora) generalmente sobredimensionadas y no hay una carga de trabajo suficiente, con lo cual el que quiere ser responsable se encuentra con que hace su trabajo y el de otro y al final piensa que “tonto el último” y se suma a esa especie de “me estás estresaaaaaaaaaaaaando” pues el resto de compañeros le hacen ver que si es posible hacer el trabajo en “x” de tiempo sobran “x” número de funcionarios y lo que hay que transmitir es que están hasta las cejas de trabajo, al límite de sus posibilidades y que casi, casi hacen falta más funcionarios.
     
    Que me perdonen aquellos lectores que son funcionarios pero si son sinceros no podrán dejar de reconocer cierta realidad.
     
    De todas formas en el mundo privado “no todo el monte es orégano” y en las actuales circunstancias tengo mis dudas de que en el sector privado se gane más y mejor que en el sector público, daría para muchas intervenciones hablar del salario que un profesional independiente se lleva a casa a fin de mes (ojo que digo llevarse a casa, lo que implica detraer gastos)
     

  4. Manu Oquendo
    Manu Oquendo Dice:

    Por algún lado tiene que romperse la cuerda aunque todos coincidimos en que la bondad es aconsejable.

    Pero lo que tenemos es uma especie de trípode deforme porque quien no quiere tener funcionarios de prestigio, serios y bien pagados, es la propia clase política y esto se nota más cuanto más se degrada la capacitación profesional de los propios políticos.

    ¿Cómo se compadece un chorizo incompetente con un señor o una señora que se ha pasado la vida estudiando y trabajando hasta las diez de la noche cuando el amo del cotarro es el chorizo incompetente? Entropía en acción. Determinismo puro.

    Es más, de lo mejor que había en España eran sus cuerpos de funcionarios del estado y se los han laminado a conciencia.

    Por otra parte mientras el poder y la dimensión del estado no tenga límites mucho más restrigidos de los actuales y el trato con los ciudadanos no se base, por principio, en la igualdad de armas ante la ley, el interés de los ciudadanos que con su esfuerzo sostienen todo el tinglado no podrá apoyar nunca algo que le es agresivo hasta límites inauditos. Sólo genera un hondo rechazo.

    Este estado puede perfectamente ser gestionado por gente competente y bien pagada. Pero lo que no puede es tener 3.2 millones de empleados públicos (más del doble que Japón por millón de habitantes) y pretender que se les pague de modo competitivo. Es imposible.

    La clase política ha optado por el número, no por la calidad. Y ha optado porque nada tenga límites, ni su poder absoluto, ni su gasto ruinoso, ni la estructura del estado orientada clarísimamente a generar “cuerpo de casa” insustentable por “la familia” que ha ido cerrando fábricas a diestro y siniestro.

    Así no se puede porque ya vivimos de prestado.

  5. Francisco García Gómez de Mercado
    Francisco García Gómez de Mercado Dice:

    Pues si la clase política ha optado por el número y no la calidad, es un grave error que hay que corregir.

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