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El “factor humano” en la Justicia o lo que las reformas del Gobierno no van a solucionar

10 abril, 2012 | Por Autor: Alberto Gil Ibáñez en Administración de Justicia

El 10 de enero se publicó un excelente post en este Blog del magistrado Eloy Velasco donde se proponían ideas muy interesantes para reformar la justicia en España). Poco después el Ministro de Justicia hacía pública  su estrategia de reformas que, sin llegar al grado de detalle y de ambición que se proponía en el post, ha sido recibida de forma bastante positiva admitiendo al menos que va en la buena dirección. Sin embargo, uno que cuenta con amigos, compañeros y familiares que trabajan dentro o alrededor de los juzgados, sigue oyendo historias increíbles más propias de la ciencia-justicia ficción que de un país que pretende pasar por ser serio y moderno. Historias a las que dudosamente van a afectar las reformas del gobierno tal vez porque la mayoría afectan a un elemento que se olvida más a menudo de lo que fuera deseable en la mayor parte de reformas (y revoluciones): “el factor humano”. Algunas historias y una moraleja final.

1.- Historias de jueces

a)      Sobre la ejecución de sentencias penales

Como saben Vds. el gobierno anterior dentro de sus (¿“brillantes”?) ideas para modernizar la justicia propuso quitar la ejecución de las sentencias a los juzgados ordinarios, creando en su lugar juzgados dedicados exclusivamente a la ejecución de las sentencias penales. La idea podía tener su justificación pero en la práctica está ocasionando algunas distorsiones ya que el juez de ejecución desconoce los entresijos y peculiaridades de cada caso y condenado. Hace tiempo se condenó a una persona peligrosa con diversos antecedentes a ingresar en prisión. El juez que dictó la sentencia, de conformidad con el penado y por tanto firme en ese mismo acto, pensó en dictar en el mismo acto auto de prisión (con un posible trastorno psiquiátrico) pero sabedor de que su colega de ejecución se mosquearía por invadir sus funciones la transmitió a éste con una nota de “urgente”. El juzgado de ejecución desoyó esa recomendación y aprovechó las fiestas navidades para dar la oportunidad al condenado de ingresar “voluntariamente” en los próximos treinta días (ya se sabe que hay que ser bien pensados). Evidentemente no solo no ingresó voluntariamente en prisión sino que aprovechó el plazo para atacar de nuevo a su víctima. Recientemente, (El País, 2 de abril) se ha comentado igualmente que un nigeriano (el dato políticamente incorrecto lo da el periódico) condenado a 8 años de prisión por agresión sexual recibe notificación de la sentencia de la Sección 5ª de las Audiencia Provincial de Madrid, pero no se ordena su ingreso en prisión.

b)      Sobre retrasos incomprensibles en la jurisdicción contenciosa

Hace poco a un amiga el Ayuntamiento de una gran capital le impuso una multa de aparcamiento por estacionar su vehículo en una zona donde carecía de cualquier señal vertical u horizontal que estableciera dicha prohibición. Después de agotar (nunca mejor dicho) la vía administrativa, decidió acudir a la vía contenciosa provista de abogado. El recurso lo presentó en marzo de 2011 y la vista se fijó para ¡¡¡diciembre de 2013!!! Cuando mi amiga preguntó a su abogado si era normal esta tardanza éste le respondió que había al parecer un pacto entre los distintos jueces de lo contencioso de la ciudad para fijar un solo día de vista a la semana, lo que ralentizaba enormemente los procesos. Sin embargo, en otra ciudad conocía a un juez del mismo orden y condición que pasaba tres días vista y que dictaba una media de dos sentencias al día, incluidos sábados y domingos, aunque recibía una cierta presión de los compañeros para bajar el ritmo pues les dejaba en evidencia. De hecho recientemente se publicaba una noticia (ABC, 17 de enero, como ven cito dos periódicos de signo distinto para que nadie me tache de falta de credibilidad) de un procedimiento abreviado del orden contencioso-administrativo que citaba a las partes  a la celebración de la vista para el 12 de enero de1 2017. ¿Estaríamos ante casos de retrasos maliciosos en la administración de justicia?

 c)      Sobre retrasos peligrosos en el orden social

 En un caso de una impugnación de una liquidación de cuotas que hace la seguridad social a una empresa, se tramita un recurso (de nuevo como ¡¡procedimiento abreviado!, ¿caso de humor judicial?) el día 13 de mayo de 2011 (¿será casualidad que sea un viernes 13?), y el juzgado fija por decreto de de fecha 1 de julio de 2011, el juicio para el 19/05/2016. En otro asunto, se presenta demanda impugnando la revisión de una pensión de incapacidad permanente el 7 de septiembre de 2010; la fecha de juicio según notificación del Juzgado de lo Social  se fija para  el 6 de marzo de 2012. En octubre la afectada estaba muy enferma, tal vez  ni siquiera se celebre el juicio….

2.- Historias de abogados

En España existe, todavía, el beneficio de justicia gratuita para aquellas personas sin recursos. No obstante, en la práctica muchas personas piden directamente un abogado de oficio, aunque pudiera ser que potencialmente tuvieran medios para contratar un abogado privado. La línea de división no está clara y de ello se aprovecha más de un abogado sin escrúpulos, curiosamente protegidos en sus fechorías por algunos (¿o todos?) Colegios profesionales entre cuyas funciones figura sin embargo la de velar por la “deontología profesional”. Les cuento un caso real: una persona es detenida y pide un abogado de oficio. El abogado le asiste en comisaría y en juicio, fin del trabajo. La Comunidad autónoma respectiva le paga por esa actividad 480€. Sin embargo, el abogado le pasa una minuta a su “cliente” de 7.000 €. La persona afectada no paga alegando falta de recursos y que nunca fue informada de que iba tener que pagar esa cantidad por la asistencia recibida, pero harto de abogados no contrata a otro para recurrir la minuta abusiva al juzgado. El abogado reclama al juzgado la ejecución de su minuta alegando que existe “contrato verbal” con el defendido (que ya no se admite ni con las asistentas) y que no es verdad que éste no cuente con medios suficientes porque él ha hecho averiguaciones por su cuenta y sabe que es propietario del usufructo de una casa, y que tal derecho puede ser embargado. El juzgado pregunta al correspondiente Colegio de Abogados su opinión sobre el caso, el cual apoya a su asociado reconociendo tan solo que deberían deducirse de la minuta lo ya recibido de la Comunidad Autónoma.

3.- Moraleja

Obviamente hay jueces buenos y trabajadores, y abogados honestos y profesionales. Pero la pregunta incómoda es ¿qué hacemos cuando no lo son?, ¿cómo prevenimos sus fechorías o simple pereza? Se ha hablado mucho de la politización de la justicia, algo de su ineficacia, pero menos de la desigualdad en su aplicación. Porque en España la justicia se aplica de forma desigual ya que depende y mucho de la suerte que tengas con el juez que te toque y el abogado que elijas o te toque (si es por tuno de oficio). Algo más puede hacer el Consejo del Poder Judicial y algo o mucho más pueden hacer los Colegios de Abogados.

No estaría mal por ejemplo, que hablando de retrasos, empezaran algunos por dar ejemplo. Así, ¿es normal que los jueces, con la que está cayendo, disfruten, además de un régimen algo peculiar de incompatibilidades, del triple de días de libre disposición que el resto de los funcionarios? (18 días que se añaden a las vacaciones,. ¡Ah!, y al parecer la máxima obsesión de los fiscales para mejorar la justicia es conseguir los mismos “derechos” de los jueces: ¡Pues más retrasos! Y la prima subiendo, a lo mejor hasta algo pudiera tener que ver…

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31 Respuestas

  • Próspero says:

     
    A la 1. b):
    Aunque no es nada fácil argumentar frente a afirmaciones del género “mi cuñado tuvo un juicio y tardó mucho en salir”, hay que intentarlo. Es verdad que los procesos contencioso-administrativos (sobre todo en algunas ciudades, como Madrid), están experimentando retrasos absolutamente intolerables. También lo es que existen límites materiales, intelectuales y físicos al número de juicios que un juez puede celebrar y al número de sentencias que puede dictar. Ese límite -y es posible demostrarlo con datos- lo sobrepasan ampliamente la inmensa mayoría de los jueces españoles, incluso hay algunos, como el que tú citas, que van más allá y olvidan sus deberes y derechos familiares, su salud laboral y hasta su integridad física, sacrificio que -me parece- no puede ser exigible ni a un juez ni a nadie. De todas formas, siempre he considerado sospechoso al juez que dicta un número desorbitado de sentencias. Si un juez dicta -como dices- dos sentencias diarias, o está haciendo trampas (no acumular, no pleito-testigo, repetir la misma sentencia cien veces) o lo que dicta no son sentencias, sino otra cosa. Con los datos del año pasado, hay un juez de lo contencioso que dictó 900 sentencias, lo cual no es ni bueno ni malo sino imposible, y a ese juez habría que abrirle un expediente informativo, porque nos está engañando a todos. Si un juez administrativo francés o alemán dicta entre 80 y 150 sentencias al año, las cifras que aquí se manejan no son verosímiles. Lo que se ha conseguido “apretando” a los jueces es que los asuntos se “despachen” de mala manera, sin estudio ni reflexión suficiente y, aun así, los tiempos no se reducen. Hace poco recibí una sentencia de un juzgado central de lo contencioso, de un recurso interpuesto a finales de 2008: transcribe la resolución administrativa y añade que le parece bien (“esta juzgadora lo comparte”), así que desestima el recurso sin más explicaciones. ¿Eso es lo que queremos, un simulacro de justicia? Parece que el CGPJ sí, porque lo único que le interesa es que se dicten muchas sentencias; si salen con barbas, San Pedro y, si no, la Purísima Concepción. Por cierto que el CGPJ (órgano cuya inmediata supresión sólo traería cosas buenas) encargó en su día un exhaustivo informe a una consultora privada que, aplicando exigentes criterios de evaluación del desempeño, concluyó que la carga de trabajo de los jueces españoles es excesiva y propuso unas cifras muy inferiores. Como nadie en el CGPJ ni -mucho menos- en el ministerio de justicia, estaba dispuesto a reconocer esa “verdad incómoda”, lo que se hizo fue guardar el estudio en un cajón (total, sólo había costado 500.000 euros, ¡será por dinero!). Allí supongo que permanece, pero, al menos, quedó claro lo que es realidad contrastada y lo que es propaganda y desconocimiento.
     

  • mariano martin peña says:

    En mi opinión, Alberto tiene razón en su exposición y pienso que se ha quedado corto.Todos conocemos casos flagrantes de aplicación de la justicia, en los que el ciudadano se ve totalmente desprotegido frente a la actitud prepotente de un juez o las triquiñuelas de los abogados.
    Sirva como ejemplo el comentario que me hizo un abogado amigo.
    Esto es un cachondeo, Mariano. Antes cuando había alguna disputa entre dos personas, los abogados correspondientes hablábamos y en un elevado porcentaje de casos, llegábamos a un acuerdo sin tener que llegar a los Tribunales. Ahora, si intentas hablar con el abogado de la otra parte, te contesta: pero tú de que vas, si lo arreglamos perdemos nuestros honorarios.
    Este es la triste realidad.
    Probablemente, la tasa por recurso podrá ordenar algo la situación. Pero creo que son los Colegios profesionales los que deberían pronunciarse al respecto.  

  • Jesús Casas says:

    Lamento muchísimo decir que las anécdotas que refiere el “post” no reflejan ni lejanamente el desastre cotidiano de nuestra administración de justicia y lamento mucho tener que decir una vez más que la solución del “copago” no es una solución democrática. La Justicia no es un servicio público, es un sistema volcado hacia el más elemental de los derechos, sin el cual no existen los otros sino virtualmente: el derecho a la tutela judicial efectiva. Cuando alguien no cumple la ley o no cumple un contrato o viola un derecho, es obvio que la única solución es acudir a los tribunales si fallan los sistemas alternativos (ADRs), la mediación o el arbitraje. Hacer pagar una tasa a quien pide justicia (el demandante), que, evidentemente acude al tribunal porque considera que el demandado ha incumplido o la ley o un contrato, paga procurador y abogado (que no somos nada gratis, sino de pago), además de un depósito para recurrir a cualquiera de las partes, incluso si el Juez o el Secretario se equivocan (lo que ocurre con no poca frecuencia) es una barbaridad que nos remonta a los tiempos de la legis actio sacramento, nada menos. No se puede filtrar el art.24 de la Constitución mediante una tasa para descongestionar la justicia. Los problemas son de otra índole, mucho más seria, como casi todos los que nos aquejan: la pésima formación de los juristas en las Facultades de (esperemos) Jurisprudencia y nula exigencia (tenemos unas 75 Facultades de Derecho fabricando titulados), la falta de un sistema de acceso a la abogacía, la mayor valoración por los clientes del trabajo procesal que de la labor del abogado para evitar un litigio, la escasa implantación del arbitraje y de la mediación, etc. Un día veo que escribo un post sobre esto. 

  • El problema radica en que esos sinvergüenzas togados a los que se alude (que francamente no creo sean mayoría ni mucho menos) no son rara avis en el ámbito de esta sociedad.
    Por diversos medios se ha fomentado la carencia de valores; el “todo vale” y el “es bueno aquéllo que me apetece en cada momento”.
    Rechazando al amparo de la “libertad” cualquier moral impuesta por un Ser superior, el resultado es precisamente este: una sociedad como la que tenemos, y donde pasan las cosas que estamos disfrutando.
    Es un problema que solo se puede arreglar de raíz; y es dificilillo. Tanto, que no creo que se arregle; esta Civilización está agonizando, y será sustituída por otra. Muchísimo menos amante de las libertades; pero eso sí, al que roba le cortan la mano. Algo es algo. ;)

  • Serafin Casamayor says:

    Excelente artículo Alberto, que lleva al terreno de lo práctico y de lo concreto la realidad de una situación, que interesadamente, muchas veces se lleva al terreno de lo abstracto o de lo intemporal. La Justicia son hechos concretos, personas concretas y de lo que versa es, precisamente, de cuestiones concretas y del orden cotidiano que a todos nos afecta. Pocas cosas, repito, muy pocas cosas hay, que determinen o influyan en la calidad de vida de los ciudadanos tanto como la Justicia y su correcto funcionamiento. Pero, del mismo modo que cuando se suscitan las reformas en Sanidad, Educación, Seguridad Ciudadana, etc. en el terreno de lo económico, existen posiciones encontradas cuando se habla de lo necesario de su racionalización al decir que estos precisamente se han vuelto recursos escasos, nos vemos del mismo modo en la obligación de preguntarnos ¿se ha convertido la Justicia en un recurso escaso? La Justicia, como recurso escaso, ¿deja de ser tal? Conocería, creo, desde una estricta racionalidad económica, la Justicia un regreso a sus esencias y al sentido que todos le atribuimos. En este caso, y dentro de todas las reformas y racionalizaciones económicas que se tienen ahora sobre la mesa, creo, y es una opinión estrictamente personal, más perteneciente a la intuición que a la evidencia científica obviamente, pero creo, que sería una de las racionalizaciones económicas que mejor bienvenida tendrían. Ya que una justicia que no responde a sus principios, deja de ser tal. Y los actos de jurisdicción que estrictamente se muevan dentro la esfera de los derechos subjetivos de las personas, deben y pueden ser racionalizados. Y para puntos de reflexión, los casos concretos y los claros razonamientos que Alberto nos brinda, dándonos una vez más luz en debates siempre difíciles y a menudo enconados.
    Gracias a todos.
    SCN
     

  • robespierre says:

    Claramente Próspero es usted Juez, y seguro que de los buenos, pero los hechos que reflejan el post no son anécdotas que le han pasado a cuñados y familiares, sino el día a día de los que trabajamos en los Tribunales de Justicia. Y en cuanto al subjetivismo, el espinoso tema de los días de asueto de más que disponen sus Señorías, ya sea para descansar de su ardua labor o por presiones corporativistas (lo que ignoro) es un hecho cierto. Por otra parte  es frecuente que los Jueces pidan permisos para formarse o para viajar o para lo que sea con independencia del estado de su Juzgado.En fín, que como dice el autor del post, si no habla del factor humano para arreglar la Justicia vamos dados. Yo personalmente creo que no tiene solución, ya se pongan 30.000 o 300.000 jueces más mientras no se cambien los incentivos y, por supuesto, se elimine litigiosidad.Y como siempre, no parece que nadie esté por la labor. Así que nada, a seguirse quejando todos, jueces, abogados y contribuyentes.

  • Escribano says:

    La administración de justicia se caracteriza por su baja productividad. Los miembros de la carrera judicial son los funcionarios que más días de asueto tienen, los que mas cursos pueden realizar y algunos lo aprovechan de verdad y son prácticamente los únicos que hay días de la semana que no aparecen por su despacho. Y no me vale la justificación que trabajan en casa porque todos los días debieran de firmar, resolver dudas de los funcionarios etc. etc.
    Se dice que el juez que dicta dos sentencias diarias no puede hacer bien su trabajo.Creo que es una afirmación excesiva. ¿Sabe mucha gente que en los procedimientos civiles la mitad de la sentencias se dictan sin oposición?. ¿Se necesita mucho tiempo para resolver un juicio de desahucio? Es necesario un gran proceso de reflexión para resolver juicios de faltas?.
    La solución viene por profundizar en la reforma procesal del año 2009 que consiste, como saben todos, en que el juez se dedique a su función principal que es celebrar juicio y dictar sentencias y si algunos no quieren ser “gallinas ponedoras” pues que hagan otra oposición.
    Saludos

    • Usuario says:

      Interesante opinión, pero en estos casos no importa solamente lo que se dice, sino quién lo dice. La profundización en la reforma procesal, como usted dice, del 2009, implica en definitiva dar más poder al secretario judicial, funcionario que recordemos, no tiene ninguna misión constitucional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, y dependen el ministerio. Es una opción, otra por ejemplo sería que los jueces tuvieran menos cursos o días de asueto.
      ¿Es usted secretario judicial como parece indicar su apodo?
       

    • Próspero says:

      Lo que de verdad caracteriza a la administración de justicia es que los cuerpos y profesiones que intervienen en ella están en guerra permanente con el resto. Cada uno acusa a los demás de no trabajar y de tener la culpa de los males de la justicia. Desconozco la jurisdicción civil. En la contencioso-administrativa, que es a la que me refería, es imposible dictar dos sentencias diarias, a pesar de lo cual hay jueces que lo hacen, y eso debería ser investigado a fondo por el CGPJ, porque si los jueces administrativos de los países de nuestro entorno dictan (como media) menos de la mitad de sentencias que los españoles, alguien está dando gato por liebre. Me parece que los ciudadanos, cuando acuden a la justicia, lo que quieren es que su asunto sea examinado con un mínimo de garantías y de atención. Sustituir el estudio detenido de los asuntos -que lleva tiempo- por un apresurado “corta y pega”, que se liquida en tres cuartos de hora, no es sino una gigantesca estafa, de la cual los jueces están siendo cómplices.

  • José Mª Pérez says:

    Un post muy interesante que pone, una vez más, el dedo en la llaga. Como bien dice un comentario, la justicia es algo más que un servicio público, teoricamente su consecución es uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, hasta ahora no ha existido una voluntad política clara por hacerla prevalecer. Asi, la Administración de justicia se encuentra paralizada por la confluencia de intereses coroprativistas, territoriales y económicos a los que, por distintos y a veces contradictorios motivos, interesa que las cosas sigan como están.

  • Cruz says:

    Excelente artículo, oportuno y necesario. Y fascinante el debate por la multitud y variedad de análisis a los que puede dar lugar.
    Estoy de acuerdo con Jesús Casas  en que hay problemas de otra índole y con su permiso, quisiera ir un poco más allá, brevemente, en dos cuestiones que apunta: La formación de los juristas y la valoración de los clientes del trabajo procesal.
    La primera porque, objetivamente, el papel de las universidades no es tan relevante. La formación, el aprendizaje, es una actitud individual hacia el conocimiento y el estudio que, en nuestra profesión, es tarea diaria o casi. No solo porque, como  acertadamente señala Serafín, cada caso es particular, sino porque el mundo de las normas es todo menos inmutable y exige una actualización permanente.
    Al hablar de “la valoración de los clientes del trabajo procesal” parece importante tener en cuenta también la percepción que del propio trabajo tiene el jurista. Si este se limita a verlo como “ir a juicio” o “rellenar papeles”  se olvida de que el  existe el análisis del caso como tarea  específica y que las soluciones, que deben estudiarse caso a caso, no han de pasar necesariamente por el juzgado, ni siquiera por arbitraje, ni ser las mismas de siempre.
    Si eso, que se traduce en asesoramiento, fuera un trabajo eminentemente preventivo,  si se estimase como tal tanto por el profesional  como por el cliente, ocuparía el puesto de tarea principal y probablemente coadyuvaría a una reducción de la litigiosidad.
    Además, si el cliente supiera  en qué consiste el trabajo de un jurista, procesal o no, qué es no solo la defensa  de un derecho, cómo le afecta económica y jurídicamente, en el presente y en el futuro, sino también las obligaciones que conlleva, sería posible una valoración adecuada: Vería que las cosas no son tan simples ni tan fáciles ni se guían por su propia lógica sobre lo que es justo, siendo conscientes de la necesidad de contar con un profesional, diferenciando a los buenos de los malos y en consecuencia,  respetando su trabajo o dirigiéndose contra ellos cuando fuera oportuno.
     

  • Escribano says:

    Evidentemente sr./a usuario soy secretario judicial y vivo en primera línea la situación de la administración de justicia. Yo no estoy pidiendo que los secretarios dicten sentencias pero si pueden impulsar el procedimiento bajo el superior control del juez a través de los correspondientes recursos. Pero vamos si por presión de los jueces y de algunos catedráticos el legislador decide prescindir de nosotros pues nada, lo aceptamos pero lo que nunca vamos a volver a ser negros de los jueces.

    • Estimado escribano, sería muy interesante para conocimiento general de los lectores de este blog -muchos de los cuales no están en absoluto al tanto de los avatares internos de los juzgados- que ampliara en la medida de lo posible este último comentario, tanto respecto de lo que pueden hacer de manera efectiva para impulsar el procedimiento, así como respecto de la última afirmación que hace en el mismo.

  • Escribano says:

    Gracías Próspero por tus aportaciones. A diferencia de usted, desconozco como se trabaja en la jdo. cont. adm. y por tanto no voy hablar. Por su mensaje creo entender que está de acuerdo conmigo en que teneís muchos cursos (alguno de ellos no tienen ningún relación con vuestro trabajo), que teneís muchos días de descanso y que hay compañeros tuyos que hay días que no vienen al despacho. ¿Sabe el problema que se plantea a un secretario destinado en un juzgado de lo penal cuando hay que mandar a una pesona a prisión y el juez está a cien km?. Pues yo eso lo he vivido y al final lo que he tenido que hacer es ir mendigando la firma de algún compañero del juez.

    • Próspero says:

      La formación de jueces y magistrados es uno de los pocos activos que puede presentar en su balance el CGPJ. En muchos países es obligatoria y no parece excesivo que los jueces españoles hagan uno o dos cursos al año, sobre materias que, siempre, tienen que ver con la función jurisdiccional. Lo que cuenta de ese juez que estaba a 100 kilómetros de donde debía estar lo creo y me parece inadmisible, pero tengo que decir que nunca he visto a nadie hacer tal cosa. Cuando un juez está en un curso debe tener permiso y proveerse a su sustitución. De todas formas (no digo que este sea el caso) hay una suerte de “anecdotario del incumplimiento judicial”, integrado por añejas historias, con remota base real, que se han ido transmitiendo de generación en generación y que hemos oído en muchas ocasiones, atribuidas a distintos jueces y épocas, lo que da idea de su carácter legendario. Por eso, es siempre preferible tratar estos temas con una perspectiva general y, a ser posible, con datos contrastables, porque, de lo contrario, y eso es lo que yo trataba de reprocharle al post de Alberto Gil, nos quedamos en una aproximación tremendamente superficial.

  • Escribano says:

    Enhorabuena Fernando por este blog tan interesante y del que tanto estoy aprendiendo. Contesto a tu petición diciendo que el secretario puede asumir competencias en materia jurisdicción voluntaria, en materia de diligencias preliminares, mas competencias en materia de ejecución tanto civil como penal sin quitar, que en muchos casos, la última palabra la tenga el juez que tiene como función constitucional juzgar  y hacer ejecutar lo juzgado.
    Pero esta opinión no es aceptada por las asociaciones de jueces ni tampo por algunos profesionales del derecho(veáse la declaración que hicieron profesores de universidad con motivo de la tramitación de la gran reforma procesal del año 2009). Luego existen, a mi parecer, lobys (ejemplo la Plataforma que avala los titulares de este blog) que quieren mantener el satatus quo, es decir, que todo el poder radique en el juez con independencia de quién lo  haga ya que le es imposible  asumir todo. Esto, señore, no es optimizar a las miles de personas que trabajamos en la administración de justicia.

    • Gracias por la felicitación Escribano. De hecho, sé que muchos lectores valoran muy positivamente no sólo en post, sino la calidad e interés de los hilos de conversaciones que los comentarios van produciendo, así que la felicitación es también para usted.

      En cuanto a la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, la relación básica es que yo soy socio fundador, es una asociación de jueces, juristas o no juristas, hay un 50% de jueces y no jueces aproximadamente. Los objetivos son los siete que se pueden leer aquí: http://www.facebook.com/pages/Plataforma-C%C3%ADvica-por-la-Independencia-Judicial/145977252140190?sk=info, entre los que está el 2, “Mantenimiento en poder de los jueces de las funciones estrictamente jurisdiccionales que le asigna la Constitución, lo que exige su nítida delimitación de las funciones legalmente atribuidas a los secretarios judiciales y la conservación por aquellos de la instrucción penal en tanto el Ministerio Fiscal siga dependiendo jerárquicamente del poder ejecutivo.”

      Creo que es bastante razonable, sin perjuicio del lógico debate de por dónde haya de ser la línea que separa nítidamente las competencias.

       

  • Abogado says:

    Hace más de 25 años, un primo mío era responsable en el Ministerio de Justicia, estaba en ciernes la primera gran reforma judicial (la LOPJ es de 1985, y la Ley de Tasas y Precios públicos de ese mismo año si no recuerdo mal). Una noche calurosa de agosto, me dijo que se cometía un gran error. Que se iban a crear un gran número de nuevas plazas de jueces y que esa no era la solución pues de nada servía un juez si no sabía resolver los asuntos que le llegaban. Me vino a decir que no hacían falta más jueces sino mejores funcionarios, secretarios y jueces. En aquél momento dudé de su opinión. Era cierto que se vivía un cierto colapso en los órganos judiciales (yo llevaba tres o cuatro años ejerciendo), producto, en el ámbito penal, en su mayor parte de los juicios de faltas derivados de la ley del automóvil vigente entonces, que se dirimían en los entonces llamados Juzgados de distrito y cuyas apelaciones sustanciaban los Juzgados de Instrucción. En el ámbito civil el atasco venía provocado por la casuística derivada de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, y la Ley de Propiedad Horizontal de 1958. En el ámbito contencioso administrativo creo que las cuestiones de personal han sido siempre la principal fuente de litigiosidad, y entonces no era diferente. Pero la creación de un gran número de tribunales no contribuyó a solucionar el colapso que se vivía.
     
    Ahora con treinta años de experiencia profesional a mis espaldas, y habiendo litigado en cinco comunidades autónomas y una treintena de partidos judiciales tengo que darle la razón. El problema está –en buena parte- en los medios humanos y técnicos en los que se mueve el mundo de la Justicia. Los jueces recién salidos de la Escuela Judicial están faltos de experiencia humana para enfrentarse a la responsabilidad de dirigir un Juzgado. El grupo humano que lo compone es demasiado veterano, y está demasiado quemado para la bisoñez del Juez recién salido del horno. Muchas veces, por no decir en la mayoría de los casos es mas importante la experiencia y la maduración personal que el almacenamiento de artículos y de jurisprudencia en la memoria.
     En mi opinión el acceso a la carrera judicial debería ser diferente. Debería primar más la experiencia que el puro almacenamiento de datos. No estoy diciendo que no haya que saber Derecho. Es muy importante el conocimiento, pero también lo es la experiencia personal. Los funcionarios de la Administración de Justicia, sobre todo los oficiales, deberían ser licenciados en Derecho, y tener acceso a la carrera de Secretario y a la de Juez o Fiscal, con el paso de los años y de algunas pruebas, además del seguimiento de su trayectoria personal. Los Abogados con experiencia también deberían ocupar un papel más importante en la carrera judicial y fiscal. En Alemania, los grandes abogados coronan su trayectoria profesional en un Juzgado y me consta que en otros países europeos también, pero esos datos seguro que tú los tienes más frescos y fiables.
     Otra cuestión es la solución al problema actual. Creo que en estos momentos hay una ingente cantidad e catedráticos, abogados, notarios, registradores, inspectores de Hacienda, de Trabajo, TAC’s, jueces, secretarios, fiscales y otras profesiones de formación jurídica que, en plenitud de sus facultades mentales están arrinconados con pensiones cicateras y condenados a una inactividad que un país como España no se puede permitir en estos momentos. Pon a estos señores a dictar Sentencias (pagándoselas claro, que complementen su pensión), y en dos o tres años habrás desatascado una inmensidad de sentencias pendientes de dictarse que abruman a los actuales titulares de los órganos jurisdiccionales, que celebraron el juicio oral hace tiempo y que ya no se acuerdan de como fue, que tienen que volver a verse la grabación filmada del juicio oral y que se les hace un mundo. Estoy convencido de que las Sentencias serían mejores, habría menos recursos de apelación, y el coste no sería demasiado elevado. No estaría mal en determinados ámbitos volver a exigir el pago de una tasa o exacción fiscal para la tramitación de un pleito que serviría para financiar el sobrecoste de los jueces de apoyo.
     En fin, es un tema apasionante y esta es mi opinión después de muchos años de ejercicio profesional pues como se dice vulgarmente, las reformas de la justicia que se hacen suelen ser parches que solo contribuyen a empeorar la situación.

  • Alberto Gil says:

    Una vez más gracias a todos pos sus comentarios pues lo que interesa es favorecer un debate de ideas, tan falto en ocasiones en este país. Mi intención con el post no era demonizar a ningún colectivo sino plantear que de ningún problema ni crisis se sale echando la culpa a los demás o a la falta de medios y sin algo de humildad y sin hacer autocrítica. Todos debemos acarrrear la nuestra y los jueces y abogados no son ni deben ser una excepción. Pero es que además es de “justicia” pues lo cierto es que “con las mismas reglas unos juzgados van mejor que otros”. Debo corregir a este respecto la apreciación que hace uno de los comentaristas. El juez que cito en el post es un excelente juez según me cuentan, muy proceloso en su trabajo, y no es que trabaje sábados y domingos es que saca de media 14 sentencias a la semana trabajando de lunes a viernes. Obviamente todos sabemos que no todas las sentencias son iguales, que las hay complicadas pero que las hay también repetitivas y casi de modelo, o en el ámbito penal, las hay también de conformidad. Así que 700 sentencias al año en el ámbito contencioso no parecen excesivas, aunque estoy de acuerdo que puede depender algo del juzgado y la ciudad. Claro que ese juez del que me hablan va todos los días al juzgado al que llega a las 9.00 de la mañana. No sé si esta costumbre es la regla general, la verdad es que lo desconozco, pero si tal no fuera el caso, me remito a mi anterior apreciación ¿qué tal un poco de autocrítica?

    • Próspero says:

      No faltan motivos para que los jueces hagan “autocrítica” (expresión de origen maoísta que tal vez sería mejor evitar), pero entre esos motivos no está la falta de laboriosidad. Cada uno de los jueces españoles hace el trabajo de dos o tres según los estándares europeos (no me lo ha dicho mi cuñado, se puede demostrar con datos). Puede que en tu ánimo, Alberto, no haya estado provocar polémica, pero decir, tan alegremente, que 700 sentencias contencioso-administrativas es un número razonable, lo único que revela es desconocimiento o la aviesa intención de sugerir que el resto de los jueces no trabaja lo suficiente. Eso es falso e injusto y así hay que decirlo. Ya está bien de maledicencias y comineos de comadre. Bien harían los jueces españoles en limitarse a trabajar 40 horas a la semana. En quince días se habrían colapsado todos los juzgados de España. Por cierto, sólo hay doce jueces de lo contencioso que dictaron más de 700 sentencias al año, según la última estadística publicada. Las dos terceras partes de esas sentencias son idénticas, fundamentalmente en materia de personal. Ya sé que comprobar las cifras es muy aburrido y que es mucho más fácil decir lo primero que a uno se le ocurre, como si estuvbiera en el chigre o en la taberna, pero hay que ser consciente de la trascendencia de lo que se afirma en un medio público, de incipiente prestigio, como es este blog.

  • elisadelanuezsanchezcascado@gmail.com says:

    Totalmente de acuerdo con lo que dice Abogado. La solución -además de poner orden en los colectivos al servicio de la Administración de Justicia- me parece que es la razonable y la que se da en otros países, pero por favor, sin hacer trampas con lo de “juristas de reconocida competencia”, que todos sabemos de qué estamos hablando. Y por supuesto, totalmente a favor de que funcionarios que llevan años ejerciendo como interinos y bien (lo que es perfectamente verificable por cierto) puedan pasar a ser funcionarios de carrera. Pero como en tantas otras cosas, con seriedad y sin hacerse trampas al solitario.

    • sitogr says:

      Pero Elisa, es que sin trampas yo creo que en este país es imposible. Ya se ha intentado con esos abogados “de reconocida competencia” y ha salido mal. Igual que se intentó esa democratización del CGPJ y vemos hacia donde ha derivado. En este país todo tiende a la politización y poder meter jueces sin oposición afines, o entrar a un cuerpo como ese sin haber estado sacrificado, con un sueldo digno y trabajo de por vida es algo muy goloso como para no aceptarlo. Aquí no hay la cultura anglosajona que los últimos años de vida laboral muchos profesionales intentan revertir parte a la sociedad de lo que han recibido. Aquí es lo contrario, vamos a ganar toda la pasta posible y en los últimos años más que hay que jubilarse bien (no digo que no sea legítimo). Pero ni los buenos profesionales en el culmen de sus carreras van a ganar menos para juzgar, y es más muchos juzgadores y fiscales en ese tiempo se pasan a lo privado. Con lo cual para mí: mérito y capacidad, mérito y capacidad. Es la solución para casi todo en este país. 

  • Anselmo D. says:

    No sé si sabéis una innovación legislativa del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, el cual por Acuerdo de 28 de abril  de 2011 aprbó una reforma del Reglamento de la carrera judicial (http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/reg2-2011-cgpj.t12.html). Si miráis los arts. 231 y 235 del nuevo reglamento encontraréis una curiosa licencia por estudios con el salario completo por cuatro meses para ampliar estudios que no existe para ningún otro colectivo funcionarIal (salvo en el educativo de cuyos abusos habría también mucho que hablar) sinrequisito alguno. De hecho, desde su implantación el Consejo ha concedido todos los permisos solicitados. La consecuencia es que debemos pagar entre todos dos salarios para una sola plaza de juez durante ese periodo, el titular de sabático ( que nadie evalúa) y el sustituto que con escasos conocimientos normalmente pondrá sus sentencias. ¿Una consecuencia más de la última “huelga” de jueces? Razón de más para prohibir el derecho de huelga a lis funcionarios, aunque formalmente los jueces no ostenten tal “derecho”.

    • escribano says:

      Aunque los jueces son independientes y responsables, la verdad es que esto último casi nunca se lleva a efecto salvo que te apellides Calamita. Y es que cuando el Consejo General del Poder Judicial sanciona va el Tribunal Supremo y la  anula. Todavía me acuerdo cuando se levantaron en armas para impedir que los secretarios efectuasen los señalamiento sin que tuviesen ellos ninguna participación alegando que se atacaba, nada más ni nada menos, que la independencia judicial. No sería otra cosa

  • Alberto Gil says:

    Yo estoy de acuerdo con el juez Próspero, pues el interés que todos compatimos es que la justicia sea indepeniente y que funcione, pero al parecer en lo que discrepanos es es diagnóstico y recetas, pero nada de malidecencias. Ya me hubiera gustado contar con acceso a las estadísticas judiciales pero al parecer (eso me han dicho) hay que estar dentro del sistema para hacerlo. En todo caso, sería muy interesante en aras de la tansparencia que esas estadísitcas fueran accesibles a todos los ciudadanos pues entonces todos podrían comprobar cómo funiona cada juzgado y si el menor número de sentencias se debe a la diferente naturaleza de los asuntos o a otras razones. Todos sabemos que la justiicia debe ser ciega pero sostener qie todos los jueces son igualmente laboriosos estimo que es hacer un flaco favor no solo a la justicia sino a los jueces que sí lo son. Esta es mi humilde opinión, sin maledicencias…

    • Próspero says:

      En la zona públicade la web del Poder Judicial no sólo puede consultarse la estadística judicial, a través de los informes agregados que elabora el CGPJ, sino también los datos “en bruto” de cada juzgado o tribunal, por materias, por tipo de procedimiento o por lo que usted quiera. El sistema utiliza una aplicación muy sencilla llamada PC-Axis, que permite exportar los datos que le interesen a formato Excel, para analizarlos y sacar sus propias conclusiones.
      http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica_Judicial

  • sitogr says:

    No voy a cuestionar su dilatada experiencia pero el generalizar sobre todos los jueces que salen de la escuela judicial no lo veo ni justo ni cierto. La incorporación a los juzgados se hace a una media de 30 años, una edad a la que considero ya a una persona con una madurez y experiencia considerable. Por supuesto no será comparable con una persona de 50, pero porque será diferente. Considero que las últimas generaciones de jueces y las siguientes, son de los operadores jurídicos más preparados de este país y esas personas cuando lleguen a una edad madura demostrarán la diferencia. Nosotros no hemos litigado por toda España o en muchos partidos judiciales porque no hemos tenido oportunidad, pero muchos llevamos desde los 12/14 años de edad moviéndonos por Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia… Sabemos idiomas, nos hemos formado en países extranjeros con otros puntos de vista, somos la generación “conectada” y hemos sufrido empleos basura durante la carrera. Además ya no hay castas de jueces, padres y abuelos jueces. En la última promoción, el 77% de los nuevos jueces no tiene ningún familiar en profesiones jurídicas.

    Cuando yo pregunto a mi preparador o a otros jueces cómo consiguieron una plaza en año y medio, o a grandes profesionales cómo consiguieron varias oposiciones antes de los 30, la respuesta siempre es la misma: bueno, antes era muy diferente. No lo desmerezco, era diferente. Nosotros no salimos licenciados y con una oferta de empleo en la puerta como ha ocurrido a la mayor parte de su generación, eso sí es bisoñez. Nosotros llevamos años ya viviendo en un ambiente hóstil e hipercompetitivo y a años luz la formación de hace 20 años. Mi padre por saber inglés con 26 años y ser un poco espabilado llegó a un cargo directivo, ahora eso es inimaginable. Y tenemos inglés, francés y en muchas ocasiones ya alemán o chino, curtidos en empleos basura, másters, informática… y mejor no hablemos de las horas de trabajo y los sueldos.
    No le voy a decir que no haya jueces inmaduros o que una vez aprobada la oposición, un Juzgado no pueda desbordarles, incluso puede haber gente que apruebe la oposición y sean malas personas y malos jueces, pero creo que eso puede ser una minoría, pues le aseguro que esas personas tienen muy difícil aprobar la oposición. Y como en todos los colectivos, habrá de todo. Por lo menos en mi caso, soy opositor, y conozco muchos de ellos, y de los juristas de mi edad más brillantes que conozco, y admiro, una amplia mayoría está opositando.  Y eso ha sido así siempre. Si no, explíqueme porqué en los bufetes los jueces, abogados del estado, o fiscales están tan cotizados y son tan celebrados (y caros) sus fichajes. No sólo es por su labor en ejercicio, también por su oposición. 

    Y es que Abogado, se equivoca usted en una máxima, la oposición no sólo es memorizar. Sólo quien ha pasado por ello, puede saberlo. Memorizar puede hacerlo cualquiera, a diferencia de lo que se piensa, no se pretende gran inteligencia, sino únicamente entrenamiento y horas y la capacidad va aumentando, como en un gimnasio. Una oposición es soledad, horas consigo mismo, sacrificio, constancia, saber valorar lo importante, el decir que no, el apartarse de amigos o que se aparten de ti, una situación muy complicada para las parejas, no desfallecer, es el arte de la oratoria, es controlar los nervios, es estar permanentemente actualizado en leyes, aislarse del mundo, cada cante como si fuera el último, … todo eso día tras día durante años. No sólo es aprender derecho, todo eso te cambia, te curte. Pregúntele a cualquier opositor si es la misma persona que cuando empezó o ha cambiado. Mire, yo como le he dicho, he pasado por decenas de trabajos basura, cursos en el extranjero, he tenido tragedias familiares, y todo eso va formando a la persona, pero le aseguro que con unos meses de oposición esa evolución es multiplicada por 10. Siempre se ha dicho que un opositor aunque sea fracasado, tendrá una buena salida laboral (ahora quizás menos), porque esas notas mencionadas en gente tan joven son difíciles de encontrar. Lo que mucha gente tarda en madurar o aprender muchos años, nosotros lo vivimos en pocos.    

    No le voy a decir que las oposiciones es un método perfecto. Son muy mejorables, habría que pasar un psicotécnico, quizás sustituir un oral por un escrito, … pero es el mejor método que hay. Lo contrario, como en mi respuesta a Elisa, y como se ha comentado, es una “justicia a dedo”, politizada, mediocre, jueces ad hoc para el caso, … Qué valoración tiene el actual cuarto turno? Seamos realistas. Y es que esto no es Alemania ni Estados Unidos. Ojalá lo fuera.
    Ni los buenos profesionales en el culmen de sus carreras van a ganar menos para juzgar y servir a la sociedad, y es más muchos juzgadores y fiscales en ese tiempo se pasan a lo privado. Con lo cual para mí: mérito y capacidad, mérito y capacidad. Es la solución para casi todo en este país.     
     

  • Josef K. says:

    En este país hacen falta muchos blog como este, que digan las cosas como son.
     
    Hay que desenmascarar a los malos jueces que hacen lo que le dan la gana, para beneficio de la justicia y de los buenos jueces que como humanos también se pueden equivocar.
     
    Tanto en el poder legislativo como en el poder judicial hay sinvergüenzas y gente sin escrúpulos. También hay que decir, para ser justos, que la inmensa mayoría son personas honorables. Pero hay una gran diferencia, a los políticos se les puede botar votando, a los jueces, no.
     
    Los ciudadanos podemos y debemos criticar las sentencias.
     
    http://hayjusticia.blogspot.com.es/p/critica-una-justicia-bajo-mi-punto-de.html