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El debate sobre la reforma territorial del Estado

16 abril, 2012 | Por Autor: Fernando Rodríguez Prieto en Administraciones Públicas | Comunidades Autónomas | Constitucional | Crisis económica

Uno de los rasgos reveladores de inmadurez que ha caracterizado a nuestro sistema político ha sido la aceptación tácita, no ya sólo por la clase política cómodamente instalada en él, sino incluso por muchos líderes de opinión, de límites al debate. Con una excesiva docilidad hemos aceptado dogmas y principios inatacables, barreras infranqueables y líneas rojas, al amparo de las cuales han crecido como floresta ineficiencias diversas. Uno de esos jardines echados a perder es nuestro modelo territorial.

 

Han causado por ello revuelo, y en algunos medios incluso escándalo, las declaraciones de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, propugnando un adelgazamiento de las estructuras de la administración regional. La propuesta era la asunción de algunas de las competencias hoy autonómicas por parte de los ayuntamientos y, sobre todo, de otras importantes como justicia, educación y sanidad, por parte del Estado central. Al margen de la opinión que se tenga de Aguirre y de su gestión política, el que por fin se haya “mencionado esa bicha” dentro de uno de los partidos que constituyen el núcleo de nuestro régimen, me parece una buena noticia.

 

La cuestión ya ha sido estupendamente analizada desde el punto de vista jurídico en esta blog por José Luis Ezcurra . Yo quisiera continuar aquí con este análisis para destacar las inmensas dificultades legales que existen para que ésta o cualquier otra propuesta de racionalización de nuestro Estado pueda llevarse a efecto.

 

Efectivamente, la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid exigiría una mayoría nada menos que de dos tercios de su Asamblea. Algo imposible, incluso en una situación de hegemonía tan amplia como la actual del PP, ni siquiera contando con el apoyo de UPyD, partido comprometido con este tipo de reformas.

 

Además, ni siquiera en una situación excepcional en la que alguna comunidad pudiera alcanzarse la mayoría reforzada exigible, ello podría servir, puesto que la reforma hacia un nuevo diseño más eficiente debería ser global y afectar al menos a la mayoría de las actuales autonomías.

 

Si echamos un vistazo a los diferentes Estatutos de Autonomía, vemos que esa exigencia de una mayoría reforzada, a veces de 2/3, otras veces de 3/5, es generalizada para reformas sustanciales que afecten a las competencias. En algunos casos, como Asturias, nos encontramos con la previsión de que el refuerzo sólo se exige para perder competencias, pero no para ganarlas. Se plasma así en papel legal ese prejuicio largamente cultivado de que el destino natural de cualquier administración regional es crecer en competencias mientras el Estado adelgaza, y nunca lo contrario.

 

Como por la naturaleza doble de los Estatutos de Autonomía no cabe su reforma unilateral por norma estatal, nos encontramos con un verdadero problema. Cualquier iniciativa debería contar con el consenso de la otra fuerza política nuclear, el Partido Socialista, y si hoy por hoy resulta difícil imaginar al PP acometiendo reformas sustanciales en el sistema, y ahí están las últimas declaraciones de Rajoy en defensa del mismo, mucho menos podemos imaginarlo en el partido de la oposición, todavía entusiasta del proceso que nos ha llevado a esta situación, y además siempre condicionado por las exigencias cuasinacionalistas de su federación catalana (el PSC).

 

Desde un punto de vista de filosofía del Derecho, existe un verdadero problema de legitimidad de estas exigencias de mayorías reforzadas que petrifican de hecho cualquier organización. Podría admitirse algún tipo de cautelas en favor de la estabilidad del sistema, para evitar que cualquier mínima mayoría ocasional pueda modificarlo, como la necesidad de un referendum de ratificación para el cual se exigiera una participación sustancial (al contrario de lo que pasó en Cataluña), o la exigencia de que la propuesta hecha durante una legislatura fuera también aprobada por la Asamblea que surgiera de las siguientes elecciones. Pero esa exigencia de mayoría reforzada en todo caso supone un verdadero despropósito. Una mayoría apabullante de un 66%, por tanto ampliamente respaldada por una contundente mayoría social, podría estar deseando un cambio, y no poder hacerlo por estar rehén de una mera minoría del 34%, y así lustro tras lustro.

 

Claro está que estos Estatutos de Autonomía tienen a quién parecerse, pues el mismo sistema de mayorías reforzadas, junto con otros requisitos adicionales, se prevé en la Constitución para su propia reforma.

 

Hay que decir que esos sistemas cerrados a su propia reforma tampoco tienen por eso mismo una garantía de supervivencia. Desde el Siglo XVIII en Europa el Antiguo Régimen trató de oponerse al principio de soberanía popular desde el dogma legitimista de que el poder de los monarcas era una delegación directa del de Dios. Y ya sabemos lo que duró. Desde entonces muchos otros sistemas políticos que han pretendido alterar el principio democrático de soberanía en beneficio de ciertas minorías han sido también arrumbados a los cajones de la Historia, ya hayan querido basar ese privilegio en motivos socioeconómico (sistemas de sufragio censitario o restringido), racial (como el Apartheid) o sexuales (sufragio masculino). No se ve por qué el privilegio concedido a los partidarios de un Estado centrífugo, aun por encima de la mayoría social, habría de tener mejor suerte. En general, ordenamientos jurídicos con mecanismos rígidos de reforma no suelen conseguir su propósito de evitar los cambios, sino sólo que éstos se produzcan de forma más traumática.

 

Sin duda la Señora Aguirre es consciente de las dificultades del procedimiento de reforma del sistema, al cual por cierto ella y su partido han contribuido decididamente. Por ello, probablemente lo que haya tratado es plantear un debate que, a pesar de las renuencias de la mayor parte de la clase política, es ya no solamente necesario, sino urgente. Nuestro modelo territorial no ha conseguido el objetivo de integrar a los nacionalismos disgregadores, y sus excesos han ocasionado duplicidades administrativas, despilfarro, y propensión a la irresponsabilidad e indisciplina presupuestaria. El montaje de redes clientelares en beneficio de las oligarquías gobernantes ha primado en demasiadas ocasiones sobre los objetivos de eficiencia.

 

No podemos hoy extendernos en las razones que avalan esa urgencia y necesidad del debate. Basta con echar un vistazo a cualquier medio nacional o internacional. Ahora mismo nuestro modelo territorial se contempla por los analistas internacionales como la principal dificultad en la lucha contra el déficit público, y es causa esencial de la desconfianza de los inversores en nuestras cuentas públicas. Causa bien fundada, por cierto. La actual situación de emergencia económica se ha visto además agravada casi hasta el colapso cuando se ha visto que, a través del proyecto de presupuestos, el Gobierno prefería recortes en inversión que perjudicarán aún más al crecimiento que un recorte en los ingentes gastos corrientes que el sistema exige. Y no faltan incluso analistas que piden que cesen las intervenciones del Banco Central Europeo, para obligar a nuestros dirigentes a unos cambios contrarios a sus propios intereses partidistas, pero imprescindibles para nuestro futuro como sociedad.

 

Probablemente la solución tenga que pasar hoy por plantearse no sólo una reforma de los Estatutos de Autonomía, sino también de la propia Constitución, en cuyo título VIII se encuentra el origen de esta situación. Mercedes Fuertes, con su habitual lucidez, proponía el otro día en un artículo  la creación de una comisión de expertos que estudie con rigor cómo deben distribuirse las competencias, para evitar duplicidades, disfunciones y despilfarros, y para diseñar un modelo idóneo de prestar los servicios públicos a los ciudadanos. Pues es éste el propósito de cualquier administración pública, y no el convertirse, como demasiadas veces ha ocurrido a nuestras Comunidades Autónomas, en fines en sí mismas. Probablemente la comprobación por los inversores de que los políticos españoles abordan el problema en vez de eludirlo ya tendría un gran efecto tranquilizador en los mercados.

 

Añado que para conseguir estos objetivos es preciso hacer el esfuerzo de limpiar al debate de cualquier carga emocional en uno u otro sentido. Yo personalmente creo que el objetivo no pasa necesariamente por un absoluto vaciado de competencias de las regiones, y también que hay que admitir que ciertas competencias radiquen en ellas. Pero no por motivos “patrióticos” o emocionales, sino de pura eficacia. No creo que se deban responder los dogmatismo y prejuicio proautonómicos que hemos padecido estas décadas con dogmatismos y prejuicios de signo contrario.

 

Las posibles conclusiones a las que se llegaran podrían ser objeto de otros posts. Por ahora, de lo que se trata es de poder abrir el debate. Frente a una clase política en su mayoría miope y renuente a él,p más preocupada por asegurar su status, los medios de comunicación y, más modestamente, blogs como éste deben ir creando un estado de opinión que fuerce a introducir esta materia en el centro del debate político. Y a los partidos mayoritarios a plantearse la necesidad de reformas. Un poco como los salones de la sociedad parisina durante la Ilustración. Ya lo estamos haciendo.

 

 

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29 Respuestas

  • Fernando, el sistema de reforma evidentemente no puede ser el de modificar uno a uno los estatutos de autonomía. Los rígidos blindajes para su modificación, como bien dices, pueden hacer paradójicamente que sea más fácil cambiar su contenido, porque ante la pétrea resistencia a adaptarse, se consolida la idea de que la reforma hay que hacerla sí o sí,  si es preciso por medio de un sorpasso legislativo, por ejemplo y en primer lugar en forma de modificación constitucional que derogara por jerarquía legal la parte correspondiente de los estatutos.

     

    No obstante, también es posible utilizar mecanismos que están en la Constitución, pero que se encuentra un poco olvidados en todas estas décadas de frenesí descentralizador: las leyes de armonización, de las que ya hablamos aquí, por boca de un letrado del Consejo de Estado: http://hayderecho.com/2011/03/04/el-universo-elegante-la-armonizacion-de-las-leyes/

    Las trabas que en su momento puso el TC a este tipo de leyes, y que se citan en el artículo pertenecen a un momento histórico que no es el actual. Como se dice en el post, las circunstancias ya no son las mismas.

    Hablemos de ellas, ya no podemos admitir líneas rojas en materia de distribución de competencias, digan lo que digan muchos políticos nacionalistas.

  • Javier Aparicio says:

    Siempre ando despistado y a deshora, como demuestra mi última aportación al post de JL Villar ignorando con ello el foro de discusión actual, que es este. (escribí el comentario el viernes pero los imponedables del trabajo me dejaron sin pulsar el botón de insertar)
    Pido disculpas a los editores e inserto el mismo comentario en este post, abierto en el fin de semana,. lo adecuado, intuyo, sería ignorar el comentario en el foro anterior.

    El café para todos nos está saliendo tan caro que ya no hay quien pague la próxima ronda y, a diferencia de la deuda de la banca e incluso el déficit, que quizá en un futuro largo y costoso se consiga saldar, los 48.000 en que se ha cifrado el sobregasto del Estado autonómico sólo pueden crecer sin pausa y sin límite.
    Sin embargo, además de la línea jurídica que describe José Luis (enhorabuena y agradecimientos, por cierto) y de los aspectos políticos, hay otros prácticos que no pueden dejar de citarse. Tenemos un Leviatán que matar, es cierto, pero, además, habrá que reciclar sus restos y me temo que esto va a ser lo peor. Hay personal funcionario y laboral, inmuebles y obligaciones que no van a desaparecer haciendo realidad este dulce sueño. Obviamente, parte de ello será reutilizable, pero el excedente es tan enorme (equivalente al ahorro, por lógica) que no adivino cómo será posible digerir tal magnitud. Ésta es la mala noticia del asunto; una vez dejado crecer el problema, la solución sólo pasa por reciclar los excedentes innecesarios y eso va a ser muy caro.
    Mucha gente se tendrá que buscar la vida, como cínicamente puso de manifiesto Aguirre respecto de sí misma escenificando el sacrificio que está dispuesta a hacer por el bien de España, pero esto obliga a indemnizar al personal residual no político (laboral y funcionario). Incluso, por los precedentes conocidos, habrá que recolocar al político que sólo sabe vivir de la pólvora del Rey. Además, habrá que pagar todas las obras acometidas, faraónicas o no, y mantener los inmuebles, con independencia de que resulten de utilidad pública o no.
    En definitiva, la locura del gasto, lejos de desaparecer, se tendrá que incrementar necesariamente. Quizá a largo plazo (aunque me temo que muy largo) se conseguirá reciclar el residuo y racionalizar el gasto, pero, mientras tanto, el problema seguirá igual.
    Por supuesto, las dificultades de la solución no deberían nunca impedir su adopción, ya que, en caso contrario, la bola de nieve seguirá creciendo y comprometiendo nuestro futuro hasta que desaparezca.
    Por último, como propuesta de solución jurídica, adicional a la Gran Reforma que habrá que encarar si queremos sobrevivir, la Ley de Contratos regula la institución de la encomienda de gestión que, como paso interino y simultaneo, permitiría ir adoptando todas las medidas necesarias, mientras los padres de la Patria sesudamente paren una nueva estructura territorial y el camino para construirla sobre las actuales ruinas.

  • Curro Arriola says:

    Si un régimen pretende fundar su supervivencia en exigir mayorías cualificadas para reformarlo, se engaña. Los regímenes políticos pueden hacer muchas cosas; pero en cambio NO pueden hacer testamento. Cuando un régimen agoniza no puede normar lo que ocurrirá tras su desaparición.
    La Constitución del 78 –y las autonomías-  morirán como han muerto todas: por hechos no previstos en las mismas, y contra su voluntad.
    ¿Alguien se cree que es el Derecho el que mueve a la Historia, y no al revés?
    Espero que el inmenso dolor que sufriré por las desaparición de las CCAA no me impida seguir viviendo.

  • Gracias Fernando, por el post. Coincido contigo en que la reforma de la organización territorial no es fácil, pero habrá que emprenderla porque no cabe otra. Y como bien dices, a grandes bloqueos institucionales, grandes revoluciones. Así que mejor desde dentro y por las buenas que desde fuera y por las malas, ya sea vía troika o vía algaradas populares. Y soluciones intermedias,como convenios o encomiendas de gestión “inversas” tampoco me parecen mala idea para empezar, como bien dice Javier Aparicio. ¿Por qué no? Lo más interesante de esta crisis es que los criterios y conceptos antiguos ya no valen para nada, así que mejor empezar a utilizar unos nuevos. 

  • Antonio Luis says:

    La recentralización de competencias en realidad es sólo una opción política, ideológica, pues no está demostrado científicamente que mejore la gestión de los asuntos públicos.
    Más bien, la federalización es un mecanismo eficiente de gestión de los asuntos públicos que además coadyuva a la libertad y la democracia pues impide que un único poder ostente todo el poder, si se me permite la cacofonía.
    Como conclusión, que también es un apriorismo, que en ciertas Administraciones territoriales haya habido, y sido elegidos y reelegidos (en sistemas democráticos), gobernantes ineptos, incluído el gobierno central, no es argumento para decir que técnicamente es mejor un sistema político-administrativo único.
    Prueba del algodón, la República FEDERAL de Alemania. 

  • Estimado Antonio Luis,

    Respecto de lo que dices te digo que ojalá tuviéramos nosotros un modelo federal. Desde luego no lo es este sistema nuestro único en el mundo y que desde el punto de vista del análisis costo-beneficio se ha demostrado un fracaso en términos generales.
    Es verdad que un sistema federal puede ser eficiente. El alemán al que te refieres tuvo que ser reformado hace unos años precisamente con este fin. Se redujeron las competencias del Bundesrat, en general en beneficio de las facultades de la Administración federal. Pero algunas competencias de los Lands incluso se incrementaron. También el régimen suizo tuvo que reformarse hace pocos lustros para incrementar competencias federales, pero es verdad que allí se partía de un acusado sistema cantonal. En ambos casos esos países tuvieron la suerte de tener sistemas legislativos que permitían los cambios, o clases políticas capaces de ponerse de acuerdo cuando éstos eran necesarios. Nosotros no tenemos esa suerte.
    Como defiendo en el post, las soluciones no han de ser ideológicas, ni por tanto sentimentales, sino técnicas. Lo que no debe admitirse es que, por otra posición ideológica, este debate quede exccluido. 

  • Arkupe says:

    Aún teniendo en cuenta todas las dificultades que ello plantea estoy completamente convencida y a favor de la supresión de las autonomías. No obstante, quizás habría que hacer algún tipo de ejercicio de memoria histórica, ahora que está tan de moda y al que no parece muy aficcionada la Presidenta de la Comunidad de Madrid, la Sra. Aguirre.

    Esta ha abierto el debate en términos erróneos. El Estado autonómico y la descentralización que vino con él no nació para “integrar a vascos y catalanes” como subrayó. Nació como reacción a la autonomía que se nos iba a conceder a las 3 regiones históricas y a Navarra. Porque a menudo se olvida esto: solo había 3 territorios en 1979 en los que existiese una mínima reivindicación autonómica: Cataluña, las tres provincias que hoy forman la CAV y, con menor intensidad, en Galicia. La sociedad en (el resto de) España hace bien en organizar el país como mejor le plazca y le interese y de plantear un debate sobre la forma de Estado si así lo estima conveniente. Ahora, sería recomendable que no se abordasen la cuestión del mismo modo en Castilla-La Mancha que en Euskadi.

    Entre otras razones porque en el segundo, que me enorgullezco de tratar como mi país, en contrarán una sociedad contraria, en bloque, a reducir un mínimo ápice del autogobierno que tanto nos ha valido para mejorar la calidad de vida de todos y para convertir un viejo cementerio industrial en un vergel de prosperidad.

    Agur. 

  • Arkupe, tengo que decir que estoy de acuerdo contigo en que el café para todos y el afan de emular a las regiones con más competencias fue un error. Y que la solución no debe ser igual para Cataluña y la región vasca que para las demás.
    Dicho lo cual, también hay que decir que parte de ese éxito del que hablas hay que atribuirlo no tanto a la autonomía como a que las provincias vascas hayan gozado de un régimen fiscal de privilegio. Probablemente ni ese régimen ni mecanismos destinados a ahormar sentimientos de rechazo al resto de España deban poder subsistir. Dentro de España, claro. Fuera, lo que cada uno quiera. Al respecto, te animo a leer este post sobre la posibilidad de la secesión.

  • Antonio Luis (aldelgadog) says:

    En respuesta a Arkupe y Fernando, estoy en contra de ese posicionamiento, que es el federalismo asimétrico, es decir la opción que los nacionalistas andan realmente buscando de una posición diferenciada y concierto económico, una cuasi-independencia.

    Y la razón del “café para todos” no fue querer atacar los “privilegios” de las nacionalidades, sino que los territorios (algunos con más interés que otros) buscaron ser dueños de su destino después de 40 años de centralismo dictatorial.

    Quizás los territorios “ricos” no lo entiendan, pero el subdesarrollo econoómico de ciertas regiones fue el motor de las ansias de autogobierno, y la resistencia centralista la que impidió que se formulase un sistema realmente federal, y lo que es más importante, con claridad de competencias, financiación y responsabilidades. Y eso último es lo que realmente necesita España, y no “llevarse el juguete” porque ahora vienen mal dadas. ¿Lo siguiente qué sería? ¿Decir que la democracia es un sistema que no funciona porque estamos en crisis, como en los años 30? No le echemos todas las culpas al diseño del sistema, que hay personas que lo han dirigido y gestionado, unas bien, y otras mal. 

  • Manu Oquendo says:

    Este es un asunto delicado porque se han cometido muchos errores.

    Uno de ellos ha sido la retirada parcial del estado español de estos territorios tan españoles o más que cualquier otro. Esto ha dejado a millones de personas indefensas.

    Otro ha sido la absoluta falta de rigor histórico así como callar la boca ante auténticas patrañas montadas hasta en libros de texto por los partidos nacionalistas.

    Un tercer error ha sido la flaqueza y la tolerancia con actitudes matoniles por parte de algunos nacionalismos, con leyes de indudable corte fascista  y con la imposición forzada de identidades reales –o inventadas las más de las veces– a personas que no lo desean ni para ellos ni para sus hijos.

    Es célebra la frase de Hitler en el Siemens Motorwerke en el 33 ante los obreres socialistas y comunistas hostiles al nazismo. El discurso de Hitler incluyó una frase: “No nos importa no estar en vuestras mentes ni en vuestros corazones. Nos basta con educar a vuestros hijos”.

    Aquí estamos igual por culpa de los partidos que han gobernado. Desde 1990 creo que sólo ha habido dos gobiernos de mayoría absoluta, el segundo de Aznar y éste (que parece que gobierna dependiendo del voto nacionalista)

    Saludos

    • Felipe says:

      “No nos importa no estar en vuestras mentes ni en vuestros corazones. Nos basta con educar a vuestros hijos”
      Muy buena la referencia histórica, pero supongo que estarás de acuerdo conmigo en que, si pensamos que vascos y catalanes no se expresan democráticamente por que sus libros de texto incluyan alguna que otra tontería histórica; ese mismo razonamiento tendría que valer también, multiplicado por cien, para todos aquellos españoles que se hayan educado en la escuela franquista. Al fin y al cabo, no olvides que en este país tenemos varias generaciones educadas en un sistema educativo “auténticamente” fascista, que se autodefinía como tal. ¿Que hacemos entonces? ¿Les negamos el derecho a voto a todos?
      Por otro lado, en un país como éste, establecer la posibilidad de cambios constitucionales o estatutarios con mayorías simples sería estar cambiando de modelo de Estado en cada ciclo político. En el sistema educativo conocemos perfectamente las consecuencias de algo así: ahora viene un iluminado y se le ocurre la LOGSE, luego gana el PP por mayoría absoluta y tenemos la LOCE, que no se llega a aplicar por que vuelve el PSOE, que da paso a la LOE, que no se va llegar ni a desarrollar por completo ya que Wert la va a modificar un día de estos. Y, mientras, los profesionales ya ni nos leemos los cambios normativos.

  • Totalmente de acuerdo contigo, Manu. Se han cometido enormes errores durante mucho tiempo. Y ahora es muy difícil arreglarlo. Pero habría que intentarlo al menos.

  • Curro Arriola says:

    Cuidado con hacer la “prueba del algodón” a las CCAA como si fueran Ländern alemanes. Cuidado. Se recomienda no usar algodón, sino papel de estraza y guantes de usar y tirar. Por lo que uno puede encontrarse…

  • Estimado Antonio Luis. En respuesta a su comentario:

     

    El que a mi juicio sea aconsejable una posición diferenciada para Cataluña y País Vasco no significa que se les deba reconocer ningún privilegio, como los que hoy algunos tienen y otros pretenden. Mucho menos un status de cuasi independencia, como dice. Mi preferencia sería incluso el recorte de algunas competencias que hoy tienen, mal ejercidas hasta la fecha, y un derecho a una secesión ordenada, que sería improbable si vemos el caso de Quebec.

     

    Dices que “los territorios buscaron ser dueñas de sus destinos”. Tales deseos no creo que puedan predicarse de territorios, como tampoco de países, continentes o edificios, que como entes geográficos no pueden ni pensar ni desear. Serían más bien partes mayores o menores de sus poblaciones los que compartirían en su caso tales deseos. En todo caso, ese deseo normalmente tendría la finalidad de alcanzar un mejor bienestar para tales poblaciones. Y en ese sentido, supongo que hoy muchos tienen buenos motivos para sentirse decepcionados.

     

    Esa retórica de “territorios pobres contra ricos” o contra “centralismo opresor”, trasladando una cierta dialéctica de lucha de clases a lo regional, es sin duda vistosa, y está bien para un mitin ante una muchedumbre entregada. Pero creo que resiste malamente el análisis comparativo con la realidad. ¿Qué territorios ricos no entendieron en la transición el “ansia de autogobierno” de los pobres? ¿Cataluña o el País Vasco?

     

    Reitero que pueden existir sistemas federales eficientes, aunque en sí el federalismo no es una garantía. Pero en todo caso, no veo que el barullo éste que hoy padecemos tenga que ver con una supuesta resistencia centralista.

     

    Por último, si algo funciona mal, y basta con echar un vistazo a la prensa internacional si es que no se fía de la nacional, debe ser legítimo plantear que se debatan soluciones. Eso no supone que se esté atentando contra la democracia, sino más bien al contrario, ni por tanto que la democracia vaya a ser lo siguiente en criticarse. Es como si yo digo: no podemos criticar el Código de Circulación, o una legislación urbanística determinada, porque lo siguiente sería atacar la democracia. Es ese pretender imponer “líneas rojas” al debate precisamente lo que es profundamente antidemocrático.

  • robespierre says:

    A mí lo que me ha gustado es lo del vergel vasco…regado con la sobrefinanciación del Concierto. Eso sin contar con las muertes y el exilio de muchos conciudadanos. Un sitio ideal para vivir, vamos, sobre todo si uno  tiene muchas tragaderas. 

  • ENNECERUS says:

    Totalmente de acuerdo con Fernando. Como ya he dicho en otros comentarios, mi tesis es la siguiente:

    Esta es una casa común que tiene estas normas. Tienes derecho a marcharte, pero mientras estés dentro tienes que cumplirlas de forma leal e incondicional. Si te quieres marchar, habrá que negociar el cómo, el cuándo y el cuánto.

    Respecto a la sobrefinanciación vasca y navarra sólo es un problema político que tiene “fácil” solución. No se cuestiona la competencia constitucional “originaria” de estas comunidades en materia fiscal, aunque desde luego podría hacerse. Sí se cuestionan las bases mediante las cuales se calcula su contribución a las arcas comunes del estado.

    La competencia fiscal se regula en las Leyes de Concierto Económico con la CAPV y del Convenio Económico con Navarra. Leyes peculaires que no tienen la categoría de orgánicas pero tampoco son leyes ordinarias, por cuanto su tramitación es peculiar, requieren la aprobación de los parlamentos autonómicos respectivos y el Parlamento Nacional sólo puede aprobarlas o rechazarlas en bloque, sin que se admitan enmiendas parciales, de ahí que se hable a veces de leyes “paccionadas”. Desde Aznar, su carácter es indefinido, pues antes se negociaban conjuntamente con las leyes que aprobaban los cupos vasco y navarro. 

    Los cupos vasco y navarro se fijan mediante sendas leyes cuya tramitación es análoga a las que aprueban el Concierto y el Convenio. Sin embargo su vigencia es temporal, concretamente, de cinco años. No sé cuando toca su revisión, pero desde luego, un Gobierno digno de tal nombre tendría que negociarlas sobre la base de que el resultado financiero sea neutro, es decir, que no exista diferencia alguna entre la valoración del coste de los servicios en caso de ser prestados directamente por el estado que en el caso de que los presten las CC.AA. o Diputaciones Forales respectivas.

    Cualquier otra base de cálculo es un robo a los españoles no residentes en dichas comunidades. Que se cuantifica, según estudios de Mikel Buesa, catedrático de Estructura Económica y antiguo preboste de UPyD en una banda que va entre los 1.400 y 3.000 millones de euros anuales en el caso del País vasco y entre 600 y 1.000 millones de euros anuales en el de Navarra. La banda es tan dispar según se tenga o no en cuenta en el cálculo las prestaciones de la Seguridad Social, mucho más altas en estas comunidades.

    El estudio del Dr. Buesa puede consultarse completo aquí.

        

  • ENNECERUS says:

    Por supuesto comparto al cien por cien el comentario de Manu Oquendo ¿será un multinick mío y no me he dado cuenta? 

  • elisadelanuez says:

    Efectivamente, el tema de la sobrefinanciación del País Vasco y Navarra es un tema que conviene ya abordar con datos concretos y no con consignas. Y con transparencia, que veamos todos las cuentas.

  • aldelgadog says:

    Bueno, como colofón, dos enlaces:

    Para empezar, un poco de descentralización comparada ->    http://politikon.es/2012/04/18/comparando-la-descentralizacion-en-espana-y-otros-paises/

    Y el estado real de la cuestión (a falta de localizar el estudio de  Andrés Rodríguez-Pose y Adela Bwire) ->   http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/04/19/actualidad/1334861536_685317.html

  • David says:

    El Estado y su forma de organizarse no es más que un instrumento para el bienestar, la prosperidad, la igualdad y bla, bla, bla de sus ciudadanos.
    Por eso, hay que soslayar a los políticos, que son parte interesada y convencer primero a la gran mayoría de la población, que son la parte realmente afectada, y preguntarles después como quieren que se organice el Estado para alcanzar los objetivos antes enumerados.
    Luego referendum sobre el Titulo III y a tirar.
     
     
     

  • elisadelanuez says:

    Aldelgadog gracias por las referencias. Las leeré con atención. Me interesa en particular el libro de Blanco Valdés y el estudio de los profesores de la London School of Economics, Y a ver si nuestros amigos de NeG se animan también!! 

  • Para Felipe. Una cosa es permitir cambios constitucionales y estatutarios con mayorías simples y otra cosa es reconocer a una minoría de poco más de un tercio un derecho de veto a cualquier evolución o reforma del sistema. He enumerado salvaguardas que pueden evitar una excesiva inestabilidad de nuestra estructura territorial.
    Esta es la situación, el sistema no sólo se ha demostrado ineficiente y costoso, sino que además dificulta enormemente que a través de una reforma sustancial el mismo se pueda mejorar.
    Por otra parte, aunque Manu Oquendo haya lamentado la manipulación nacionalista, no ha dicho en ninguna parte que se haya de privar de voto a los que caen en ella. 

    • Felipe says:

      Si, efectivamente, tan sólo estaba añadiendo que tal vez habría que lamentar todas las manipulaciones nacionalistas, y no sólo las que nos interesan para defender una postura. El sentido del comentario que intento rebatir es el de que, si en Cataluña o en Euskadi hay una mayoría social favorable a la autonomía es por que “el Estado se ha retirado” y por que los nacionalistas (periféricos) presuntamente habrían hecho una especie de limpieza ideológica. Obviando, a mi modesto entender, que en esas comunidades el sentimiento nacionalista es muy anterior a la llegada de ninguno de estos partidos al poder y que, en todo caso, estuvo precedido de lo que nadie podrá dudar que sí fue un sistema de adoctrinamiento ideológico de carácter fascista. El escaso resultado de éste en esas regiones tal vez nos debería llevar a la conclusión de que la sociedad civil resiste mejor el totalitarismo de lo que nosotros pensamos. ¿No será simplemente que, aunque nos moleste, ahí quieren autonomía?
      Respecto a lo de las salvaguardas, es cierto y son muy razonables, aunque creo que ese referéndum no sólo habría que establecer un mínimo de participación, sino también que el resultado fuese algo más cualificado que el 51-49%. Creo que cambios constitucionales deberían implicar algo más de consenso, aunque es un tema complicado ya que. sí, es cierto, nunca es demasiado justo que la minoría pueda bloquear. En todo caso, en todo lo que sean propuestas de democracia participativa, de acuerdo.

  • Donostiarra anónima says:

    Sí, puede ser muy bueno crear un modo de opinión sobre la necesidad de poner un poco de orden en el desorden, aunque yo hasta me conformaría con un poco de sentido común. Pero la Historia nos dice que generar este tipo de opiniones acaba provocando el desbordamiento de los ánimos, los tumultos, el agosto de los manipuladores, el Termidor o cosas  peores, así que parece que sólo cuando el vértigo de verdad encoja el estómago de los que mandan, la cordura podrá abrirse camino sobre el interés y el clientelismo.

    No soy pesimista, no del todo, soy de las que cree que después de la lluvia siempre sale el sol pero todavía tenemos que aguantar muchos chaparrones.

  • ENNECERUS says:

    Muy interesante este artículo de José María Ruiz Soroa acerca de la sobrefinanciación vasca y navarra.

  • elisadelanuez says:

    Gracias Ennecerus por el link. Y a ver si empezamos a plantear este debate con datos en la mano y no con consignas tipo la proximidad es buena para el ciudadano y manejando sentimientos, del tipo somos una nación y para que todo el mundo se entere llenamos todo de embajadas donde de paso retiramos a gente próxima que se lo pasa estupendamente en el extranjero sin nada que hacer. En època de crisis ya no nos lo podemos permitir.
    En cuanto a datos, recomiendo http://www.fedeablogs.net/economia/?p=21749

  • Pásmate, Fernando! says:

    Hoy ha caído en mis manos un trabajo del 2007 de los profesores LUis MEdina Alcoz (doctor en Derecho por la U.Bolonia, lo que antes equivalía a ser considerado como un genio) y Silvia Díaz Sastre con unas propuestas sobre la organización territorial del EStado que me han dejado pasmao!!!

    Dicen estos profesores de la UCM y de la UAM que los intereses locales no están suficientemente representados en los organos legislativos y consideran como modelo IDEAL lo siguiente:

    1.que en el Senado existieran más senadores procedentes de las CCAA y de las entidades locales porque ahora ese número no es epresentativo.

    y 2. Que las Asambleas LEgislativas de las CCAA fueran bicamerales, esto es, que tuvieran un Senado autonómico, es decir, 17 senados autonómicos, cuyos miembros procedieran de las entidades locales de cada CCAA de modo que la voz de los ayuntamientos estuviera directamente representada en sede legislativa.

    Éramos pocos y parió la abuela, que dirían en los pueblos!

    Menos mal que los autores consideran que su propuesta hoy por hoy es poco viable! Pero me preocupa que la consideren “ideal”, óptima!! Y esto no lo dicen unos indocumentados, sino gente estudiosa. PREOCUPANTE! 

    Qué te parece, Fernando? 

    • Me parece un planteamiento gravemente equivocado, y que va justo en contra de la evolución que han tenido en las últimas décadas todos los países federales del mundo desarrollado.
      Es verdad que no son los únicos que se han permitido fantasías de diseño sin contar con la realidad… y los euros. Alguno incluso lo ha hecho, lo que es más grave, no ya en libros sino en leyes y desde el poder. Al margen de la ineficacia e ingobernabilidad generada, esos experimentos son carísimos. Claro que en 2007 el Presidente y gran parte de la clase política creía que éramos un país tan rico que nos podíamos permitir eso y más. Y dar ejemplos al mundo de cómo se diseña un país la mar de vanguardista. No es de extrañar que al calor de ese ambiente alguien escribiera tales cosas.
      Me gustaría saber si hoy se atreverían a decir lo mismo. Ya no sería sólo error, también desfachatez. 



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