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Control político y privatización de las televisiones públicas

25 abril, 2012 | Por Autor: Francisco García Gómez de Mercado en Administraciones Públicas

1.- El Consejo de Ministros del viernes 20 de abril de 2012 ha tomado dos importantes decisiones en relación con el control político y la posible privatización de las televisiones públicas, en un entorno en el que se discute la objetividad de estas cadenas y el excesivo gasto que conllevan. Dos decisiones que, en cierta medida, resultan contradictorias, ya que por un lado se garantiza el control de la televisión pública estatal por el Gobierno y por otro se permite privatizar las televisiones autonómicas.


 2. ANTECEDENTES.

 Por supuesto, es difícil pretender una objetividad absoluta en los medios de comunicación. No ya sólo por las opiniones que, junto a la propia información, son propias de tales medios, sino también porque la pura información, incluso veraz, puede ser objeto de sesgos partidistas, ofreciendo un exceso de información positiva de lo que interesa, y negativa de lo que se trata de criticar. El problema es más importante en los medios públicos, financiados por todos y teóricamente representativos del conjunto de la sociedad, y, al mismo tiempo, dependientes del Gobierno de turno, que corre el riesgo de pretender incidir en el contenido informativo del medio de comunicación de forma más favorable a su Partido. En ocasiones, incluso, una exigencia de pretendida objetividad (a través de consejos audiovisuales u organismos similares) puede obligar a imprimir el sesgo “políticamente correcto”, frente a la libertad de expresión y comunicación (que, por supuesto, tiene sus límites, que han de ser respetados).

 Un importante medio para “objetivizar” en la medida de lo posible la gestión de una cadena pública es lograr el consenso en la persona que ostente la superior dirección ejecutiva. Basta comparar el régimen de Telemadrid con el de TVE, anterior al Decreto-ley, que si bien puede no ser perfecto sí ha supuesto un paso adelante en su neutralidad (aunque no se haya conseguido plenamente).

 Así, en Telemadrid, de acuerdo con la Ley 13/1984, de 30 de junio, de creación, organización y control parlamentario del Ente público de Radio-Televisión Madrid, existe un Consejo de Administración nombrado por la Asamblea de Madrid, “reflejando la proporcionalidad del reparto de escaños en la misma”, es decir, que se traslada al Consejo de Administración la representación política, con un criticable mandato de cada grupo parlamentario, que puede disponer el cese o sustitución de sus representantes. La Presidencia es puramente funcional y rotaria, y el verdadero poder lo ejerce un Director General nombrado por el Consejo de Gobierno (arts. 6 y 8).

En cambio, para RTVE,  la Ley 17/2006, de 5 junio, prevé la elección del Consejo de Administración por las Cortes Generales “entre personas de reconocida cualificación y experiencia profesional”, sin cuotas de partidos, y la de su Presidente por el Congreso de los Diputados por mayoría de 2/3. Nos parece, evidentemente, un mejor sistema. Acaso no perfecto, pero tiene como objetivo claro buscar que el primer ejecutivo de la televisión pública lo sea por consenso parlamentario, al menos por mayoría de 2/3, mayoría a la que no suele alcanzar por sí mismo el partido en el Gobierno. Además, la falta de cuotas y la búsqueda de independencia en los demás miembros del Consejo es también positiva. Pero este régimen, como veremos, ha sido retocado para permitir que la mayoría parlamentaria, por si sola y a falta de acuerdo, nombre a quien ejerza la Presidencia.

 Por otro lado, se plantea la privatización de las televisiones públicas. Consideraciones similares llevaron, en su día, a la privatización de la prensa pública (los llamados Medios de Comunicación Social del Estado, procedentes de la Prensa del Movimiento). En el ámbito de la radio, se siguen manteniendo emisoras públicas, si bien generalmente su difusión no es tan relevante como la de las televisiones públicas.

En cuanto a la privatización, en la Comunidad de Madrid, tanto Alberto Ruiz-Gallardón como Esperanza Aguirre han manifestado su voluntad de privatizar Telemadrid, pero su imposibilidad de hacerlo por la ley estatal. Es cierto que la Ley de terceros canales de 1983 prohibía su gestión por terceros, de forma que tenía que gestionarse por las propias Comunidades Autónomas o sus organismos (aunque también podía haberse impulsado su reforma). Pero no es menos cierto que la vigente Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación, ya no contiene esa limitación. El servicio público de televisión pública podría prestarse indirectamente por una entidad, previo el oportuno concurso. Otra opción sería la total privatización de Telemadrid, como empresa que podría seguir accediendo a la difusión de la televisión gracias a la amplitud de frecuencias y licencias posibles con la TDT, pero sin constituir ya televisión pública.


 3. LA MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE RTVE.

 Pues bien, en relación con TVE, o mejor dicho la Corporación RTVE, se aprueba el Real Decreto-ley 15/2012, de 20 de abril, de modificación del régimen de administración de la Corporación RTVE, previsto en la Ley 17/2006, de 5 de junio.

Ante todo, puede ser censurable el uso reiterado y excesivo del instrumento del Real Decreto-ley, limitado por la Constitución a casos de extrema y urgente necesidad (art. 86). Que los puestos de Presidente o de ciertos consejeros puedan quedar vacantes por falta de consenso parlamentario durante meses no parece una extrema urgencia como para no esperar a la tramitación de una ley por el procedimiento de urgencia. La duración de esa situación a resolver es, sin duda, fundamento para que las cosas cambien, pero no se ve que sea tan necesario que cambien de un día para otro, máxime, precisamente, habida cuenta del tiempo transcurrido en esa situación.

 Pues bien, la modificación más importante del Decreto-ley consiste en que, si no se logra el consenso parlamentario en unas breves 24 horas, bastará la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados para la designación de los consejeros y del Presidente.

Así, el apartado 3 del artículo 11 de la Ley 17/2006 queda redactado del siguiente modo:

 “Los candidatos propuestos deberán comparecer previamente en audiencia pública en el Congreso y el Senado, en la forma que reglamentariamente se determine, con el fin de que ambas Cámaras puedan informarse de su idoneidad para el cargo. Su elección requerirá una mayoría de dos tercios de la Cámara correspondiente. Si transcurridas veinticuatro horas desde la primera votación en cada Cámara, no se alcanzare la mayoría de dos tercios, ambas Cámaras elegirán por mayoría absoluta a los miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE…”.

Y el apartado 4 del artículo 11 queda redactado del siguiente modo:

“El Congreso de los Diputados designará, de entre los nueve consejeros electos, al que desempeñará el cargo de Presidente de la Corporación RTVE y del Consejo. Tal designación requerirá una mayoría de dos tercios de la Cámara. Si transcurridas veinticuatro horas desde la primera votación no se alcanzare la mayoría de dos tercios, el Congreso de los Diputados designará por mayoría absoluta al Presidente de la Corporación RTVE y del Consejo”.

 El plazo de 24 horas parece muy corto y no induce en modo alguno a llegar al consenso, más bien a esperar que pase el día sin ningún intento serio de acuerdo. A pesar de ello, el preámbulo del Decreto-ley nos dice que “Las modificaciones que se llevan a cabo mediante el presente Real Decreto-ley garantizan la independencia de la radio y televisión pública que proclama la Ley 17/2006, al mantener la posibilidad de que exista un consenso político en la elección de los miembros del Consejo de Administración y del Presidente de la Corporación RTVE”. Pero mantener una posibilidad teórica no es conseguir su objetivo.

Quizá, dado que el consenso no es posible y que los partidos de la oposición (e incluso ahora el Gobierno) nunca están contentos con la objetividad de TVE, fuera mejor su privatización. Pero no se prevé la privatización de las televisiones públicas estatales, a diferencia de las autonómicas, que ahora pasamos a examinar.


 4. LA POSIBLE PRIVATIZACIÓN DE LAS TELEVISIONES AUTONÓMICAS.

 Por lo que se refiere a las televisiones autonómicas, el Consejo de Ministros del 20 de abril de 2012 ha aprobado un proyecto de ley de modificación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, para flexibilizar los modos de gestión de los canales públicos de televisión autonómica, que se remite a las Cortes Generales para su enmienda y aprobación si procede (que procederá dada la mayoría parlamentaria del partido en el Gobierno).

Se establece, por fin, de manera expresa que las Comunidades Autónomas no solo podrán prestar el servicio de la televisión directa o indirectamente, a través de una concesión o de otras modalidades sino también optar por no prestarlo ni intervenir de manera especial en ningún modo y otorgar las correspondientes licencias, incluso en el caso de Comunidades que ya tuviesen una televisión.

Si las CCAA deciden prestar el servicio público de comunicación audiovisual, se establecen las siguientes alternativas de gestión:

(a) Gestión directa, permitiéndose además la cesión total o parcial a terceros de la producción y edición de toda su programación, incluidos los servicios informativos (situación de algunas televisiones autonómicas, que había sido puesta en tela de juicio al amparo de la normativa anterior y que, sinceramente, me parece una vía alternativa de la gestión indirecta, que no tiene mucho sentido cuando ésta se admite claramente, ni quedan claros los procedimientos y garantías de dicha cesión, que puede ser incluso total).

 (b) Gestión indirecta, básicamente a través de una concesión previo concurso pero que también podría instrumentarse mediante una sociedad de economía mixta (con capital público y privado, con elección igualmente mediante concurso del socio privado) o a través de un concierto con una entidad que venga prestando un servicio de televisión.

(c) Otras modalidades de colaboración público-privada. No queda claro a qué modalidades se hace referencia. No parece fácilmente aplicable aquí el contrato de colaboración público-privada de la normativa de contratos del sector público, referente a actuaciones complejas.

 Si, por el contrario, las CCAA  deciden no prestar el servicio público de comunicación audiovisual, podrán convocar los correspondientes concursos para la adjudicación de licencias privadas. En tal caso, entiendo que se trataría de licencias de ámbito autonómico con el mismo régimen que las demás de dicho ámbito. Además, como hemos avanzado, las Comunidades Autónomas que ya estuvieran prestando el servicio público de televisión podrán transformar la habilitación de servicio público en licencia y transferirlo a un tercero (en cuyo caso, aunque no lo diga la Ley, parece lógica una subrogación en los medios materiales y personales por parte del titular de la licencia).

Asimismo, se prevé que los prestadores de servicio público de ámbito autonómico establezcan acuerdos para la producción, edición y emisión conjunta de contenidos con el objeto de mejorar la eficiencia de su actividad.

Finalmente, con el objeto de garantizar que los prestadores públicos autonómicos ajusten su actividad al marco de estabilidad presupuestaria, se imponen a las televisiones públicas autonómicas una serie de obligaciones de carácter financiero, incluyendo, desde luego, la fijación de un límite máximo de gasto anual que no podrá rebasarse, con unos sistemas de control de las propias CCAA que permitan la adecuada supervisión financiera de sus televisiones públicas.

Aun cuando el régimen es un tanto abierto y difuso, creo que la reforma en relación con las televisiones autonómicas es positiva, y quizá habría que plantearse su aplicación a la televisión estatal, dada la falta de consenso en lograr su objetividad (sin entrar, por supuesto, en si esa ausencia de acuerdo es imputable a tirios o troyanos).

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6 Respuestas

  • robespierre says:

    Dios mío, leo que el control de la supervisión financiera de las teles públicas autonómicas que no se privaticen queda en manos de las CCAA… no me digan más.
    Muy bueno también lo de las 24 horas para alcanzar un consenso para el Presidente de RTVE , teniendo en cuenta que llevan meses sin ponerse de acuerdo y con una presidencia nada menos que rotatoria, toma esa.
    Y por último, como bien dice el autor ¿y esto por qué se hace por Real Decreto-ley? Que según veo por la numeración es el 15 de este año. Yo lo que propongo es que ya se declare formalmente España en situación de “extraordinaria y urgente necesidad” y se haga todo por Real Decreto-ley, total… ah y  a los parlamentarios que como tienen (todavía) menos que hacer que de costumbre, que se les recorten sueldos y privilegios varios, a ver si dejan de viajar en preferente. Lo mismo para los parlamentos autonómicos, aunque estos mejor seria suprimirlos, por el bien del  Estado de Derecho y de la unidad de mercado. Y menudo ahorro ademas en gasto corriente!

  • Javier Aparicio says:

    Este debe de ser otro servicio esencial para la comunidad: una televisión amarilla que satisfaga al gobierno (general o regional) mediante una imagen convenientemente retocada. Y si no sale de buen color amarillo, la extraordinaria y urgente necesidad de censurarlos es indiscutible.
    Lo curioso es que, donde sí existe una necesidad extraordinaria y urgente, como es en la renovación de los Entes Constitucionales, no se haya propuesto todavía una Ley Orgánica de reforma (ya que el Decreto Ley no es viable en estos casos) que permita renovarlos a la vista de la falta de consenso “democrático” entre los partidos políticos agraciados con nuestros votos.
    Hay que reconocer que en estos casos la renovación ya no es tan urgente y necesaria, ya que el bloqueo es tan largo que los magistrados y consejeros en funciones, pendientes de su cese por renovación, han doblado al gobierno y, lo que el gobierno socialista no logró renovar, se relegitima ahora (si esta palabra vale) con el gobierno popular (salvo las vacantes por defunción, que las hay).
    En fin, una imagen más de la decadencia de nuestro sistema democrático y de la extraordinaria y urgente necesidad de revisar integramente la Constitución.
    El sistema Parlamentario establecido en España se ha podrido, los partidos políticos han logrado dominar todos los resortes del poder y han aprendido a jugar con ellos y, acomodados en el sistema de listas cerradas, han logrado establecerse sin opción de alternativas.
    Desde mi punto de vista la solución es evidente, exige privar al Parlamento de todos sus poderes de designación de los responsables de las instituciones, para que sean los ciudadanos quienes las elijamos tras su cese automático por agotamiento del mandato.
    Por otra parte, los medios de comunicación social deberían suprimirse, a pesar de que hoy en día sí han puesto de manifiesto su capacidad crítica al gobierno, convirtiéndose en los medios más interesantes de atender. Sin embargo, con el cambio del viernes, eso se acabó y, como medios amarillos, voto por que se recorten.

  • elisadelanuez says:

    Coincido totalmente con Javier Aparicio, en el fondo y en la forma. Lo que me sorprende es que nadie o muy pocos pongan en duda el “sistema” y no se planteen, como bien dice Javier, otras posibilidades como que a los dirigentes de los medios públicos de comunicación NO los elijan los parlamentarios, es decir, el Ejecutivo de turno con las mayorías que sean. Y si los medios van a ser amarillos porque los políticos no están por la labor de que sea de otra forma, la siguiente pregunta entonces es ¿por qué los tenemos que pagar con nuestros impuestos? Mejor privatizarlos todos. En fin, que creo que hay que plantearse no si los arboles están podridos sino si ha caído una lluvia ácida sobre el bosque en forma de partitocracia. Mi opinión personal es que sí, y que si no arreglamos el bosque, nos quedamos sin árboles. 

  • Pirri says:

    Puestos a cerrar teles autonómicas, ¿por qué no cerrar TVE?  http://www.lapaginadefinitiva.com/aboix/?p=364

  • Francisco García Gómez de Mercado says:

    Bueno, realmente el último ejemplo que tenemos, en el que no ya la oposición, como siempre, sino el propio Gobierno se queja de la falta de objetividad de TVE, y se asegura su control tras 24 horas de “intento” de consenso, creo que justifican descartar los intentos por objetivizar la televisión pública en España. Efectivamente, las posibilidades que el proyecto de Ley confiere a las televisiones autonómicas deberían ser aplicables a TVE.

  • Sobre la deseada objetividad de las televisiones públicas creo que poco hay que decir excepto que lo que se espera es imparcialidad puesto que subjetivos somos todos incluso valorando la imparcialidad de las teles. Me temo que lo que la mayoría critica no es la parcialidad si no que sea parcial en contra de sus ideas. No hay más que ver el revuelo que se ha montado en torno al supuesto control por parte del gobierno que supone esta ley en contra de la imparcialidad anterior. Imparcialidad que se demostró, por ejemplo, cesando, poco más de un mes después de ganar las elecciones Zapatero en 2004, al director de informativos de TVE.
     
     
    En estos momentos de crisis económica el otro tema, el del módelo de gestión, sí que debería ser tratado de la manera más práctica y objetiva posible.
    Las trece cadenas autonómicas costaron a las comunidades autónomas alrededor de 2.850 millones de euros en 2010. Mientras nuestros dirigentes recortan en Educación o Sanidad las subvenciones que reciben las televisiones públicas aumentaron un 57,8 por ciento en dicho año.
     
    Se presentan diversas opciones para reducir semejante dispendio sin eliminar del todo dichos canales: un canal público de cobertura nacional al que se sumen las televisiones autonómicas. Cada señal autonómica que pasara a la común supondría la desaparición de al menos un canal autonómico de dicha comunidad. El objetivo sería reducir los costes en transmisión de señal e impulsar la producción propia, que al ser conjunta también repartiría costes. La otra opción supondría la externacionalización parcial de la actividad audiovisual.
    Sea como sea lo que está claro es que el actual modelo es insostenible y, además, no cumple las funciones que se le suponen. No tiene ningún sentido este derroche de medios en unas televisiones autonómicas que compiten en cuanto a contenidos con las televisiones de ámbito estatal. Futbol, cine americano, programas del corazón no deberían tener cabida en unas cadenas cuya supuesta razón de ser es la cercanía con los ciudadanos y la difusión cultural de cada región. Puesto que está claro que los partidos políticos no van a desprenderse así como así de una herramienta tan poderosa como esta no parece razonable que haya más de un canal en cada comunidad habida cuenta del gasto que suponen y de la audiencia que captan.
     
     
    http://pollo-sincabeza.blogspot.com/2012/02/televisiones-agujero-negro.html