De las reuniones y manifestaciones pacíficas como expresión de la democracia participativa

El Gobierno ha venido aludiendo a su amplia legitimidad electoral de origen para justificar la adopción de las decisiones que está tomando en el ámbito social y económico, y para cuestionar el carácter democrático de algunas protestas. Cabría recordar que, como explica Pierre Rosanvallon (La contre-démocratie: La politique à l’âge de la défiance, versión española: La contrademocracia: La política en la era de la desconfianza)  frente a la democracia institucional de legitimidad electoral, existe, y es necesaria, una forma de democracia de contrapeso, un contrapoder articulado a partir de los movimientos sociales, que sirva para mantener las exigencias de servicio al interés general por parte de las instituciones. Y el ejercicio constitucionalmente adecuado de las libertades de expresión y manifestación responde a las tres dimensiones de interacción entre la ciudadanía y la esfera política: una democracia de expresión, mediante la que la colectividad social manifiesta sus sentimientos, formulas críticas a las actuaciones de los poderes públicos y expresa sus reivindicaciones; una democracia de implicación, que engloba el conjunto de actuaciones mediante las que los ciudadanos se relacionan entre ellos para conseguir un entorno común, y una democracia de intervención, relativa al conjunto de formas de actuación colectiva para obtener un resultado determinado.

Dando un paso más, el Ministro del Interior ha venido identificando algunos casos de ejercicio del derecho de manifestación con el “incivismo,… la delincuencia, el vandalismo y la guerrilla urbana” y lo ha hecho para anticipar una nueva reacción punitiva del Estado endureciendo las penas previstas para los casos de vandalismo urbano, que se equipararían a las contempladas para el denominado “terrorismo callejero”: la pena mínima sería de dos años de cárcel y se podría acordar judicialmente la prisión provisional por estos hechos. Sus palabras, no concretadas hasta la fecha en un Proyecto de Ley sobre la materia, han sido cuestionadas por colectivos policiales y judiciales. Además de lo ahí argumentado, cabría recordar varias cuestiones desde la perspectiva constitucional-democrática y a propósito de las concentraciones y manifestaciones que se puedan convocar en los próximos días:

1.- El ejercicio constitucionalmente adecuado de este derecho es, de acuerdo con una reiterada jurisprudencia constitucional (sintetizada en la STC 170/2008, de 15 de diciembre, F. 3), una “técnica instrumental puesta al servicio del intercambio o exposición de ideas, la defensa de intereses o la publicidad de problemas o reivindicaciones, constituyendo un cauce del principio democrático participativo, cuyos elementos configuradores son, según la opinión dominante, el subjetivo -una agrupación de personas-, el temporal -su duración transitoria-, el finalístico -licitud de la finalidad- y el real u objetivo -lugar de celebración-.”

2.- Las reuniones y manifestaciones, de acuerdo con nuestra Constitución y la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, que desarrolla el derecho, no están sujetas “al régimen de previa autorización” (artículo 3 de la Ley) aunque “la celebración de reuniones en lugares de tránsito público y de manifestaciones deberán ser comunicadas por escrito a la autoridad gubernativa correspondiente por los organizadores o promotores de aquéllas, con una antelación de diez días naturales, como mínimo y treinta como máximo” (artículo 8.1 de la Ley). La celebración de concentraciones o manifestaciones sin previa comunicación podría integrar el supuesto de hecho que justificaría la aplicación sancionadora del artículo 23.c) de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, pero la responsabilidad debe extenderse en exclusiva, como se deriva del enunciado de ese precepto, a los organizadores o promotores, considerándose tales “a los efectos de esta Ley, a quienes de hecho las presidan, dirijan o ejerzan actos semejantes o a quienes por publicaciones o declaraciones de convocatoria de las reuniones o manifestaciones, por los discursos que se pronuncien y los impresos que se repartan durante las mismas, por los lemas, banderas u otros signos que ostenten o por cualesquiera otros hechos, puedan determinarse razonablemente que son inspiradores de aquéllas”. En suma, la ausencia de comunicación previa puede tener consecuencias sancionadoras para los organizadores o promotores, pero no para los meros participantes, que no tienen por qué conocer la inexistencia de esa notificación previa.

3.- “Para que los poderes públicos puedan incidir en el derecho de reunión, restringiéndolo, modificando las circunstancias de su ejercicio, o prohibiéndolo, es preciso que existan razones fundadas, lo que implica una exigencia de motivación de la resolución correspondiente en la que se aporten las razones que han llevado a la autoridad gubernativa a concluir que el ejercicio del derecho fundamental de reunión producirá una alteración del orden público o la desproporcionada perturbación de otros bienes o derechos protegidos por nuestra Constitución. Pero para ello no basta con que existan dudas sobre si el derecho de reunión pudiera producir efectos negativos, debiendo presidir toda actuación limitativa del mismo el principio o criterio de favorecimiento del derecho de reunión…” (STC de 15 de noviembre de 2010).  Como dijo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (asunto Plattform Ärtze für das Leben c. Austria): “sucede a veces que una determinada manifestación molesta o irrita a personas contrarias a las ideas o reivindicaciones que promueve. Sin embargo, los participantes deben poder celebrarla sin temer los posibles actos violentos de sus oponentes, ya que este temor podría disuadir a las asociaciones o a grupos que defienden sus opiniones de expresarse abiertamente sobre cuestiones palpitantes de la vida de la sociedad… la libertad real y efectiva de reunión pacífica no se reduce a un mero deber de no injerencia por parte del Estado; requiere, a veces, medidas positivas”.

4.- En cuanto a la cuestión de las “acampadas”, la utilización de elementos instrumentales al servicio del derecho de reunión, como pueden ser las mesas informativas o una haima, ha sido admitida por el Tribunal Constitucional en su sentencia 195/2003, de 27 de octubre. No se avala una “acampada” como tal pero sí la utilización adecuada de esos instrumentos salvo que, atendiendo a razones constitucionales de proporcionalidad, se justifique, no por los convocantes sino por la Autoridad, que su uso carece de justificación.

5.- El artículo 5 de la Ley Orgánica 9/1983 dispone que la autoridad gubernativa suspenderá y, en su caso, procederá a disolver las reuniones y manifestaciones en los siguientes supuestos: a) Cuando se consideren ilícitas de conformidad con las Leyes penales. b) Cuando se produzcan alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes.

6.- Lo que sean concentraciones ilícitas penalmente viene definido en el artículo 513 del Código Penal: “Son punibles las reuniones o manifestaciones ilícitas, y tienen tal consideración: 1.- Las que se celebren con el fin de cometer algún delito. 2.- Aquéllas a las que concurran personas con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o de cualquier otro modo peligroso”. Para que concurra el supuesto 1 sería necesario que existiera una concreción y planificación del supuesto delito; el supuesto 2 exige que sean los promotores o asistentes los que lleven las armas u objetos, no personas ajenas a la reunión.

7.- Sobre las alteraciones del orden público “con peligro para personas y bienes”, esa noción se refiere a una situación de hecho, el mantenimiento del orden en sentido material en lugares de tránsito público, no al orden como sinónimo de respeto a los principios y valores jurídicos y metajurídicos que están en la base de la convivencia social y son fundamento del orden social, económico y político, puesto que, como recuerda la STC 301/2006, de 23 de octubre, “el contenido de las ideas sobre las reivindicaciones que pretenden expresarse y defenderse mediante el ejercicio de este derecho no puede ser sometido a controles de oportunidad política”. La STC 66/1995 concreta cuándo nos encontramos ante un desorden público con peligro para personas o bienes: es una “situación de desorden material en el lugar de tránsito público afectado, entendiendo por tal desorden material el que impide el normal desarrollo de la convivencia ciudadana en aspectos que afectan a la integridad física o moral de personas o a la integridad de bienes públicos o privados. Estos son los dos elementos que configuran el concepto de orden público con peligro para personas y bienes consagrado en este precepto constitucional. Ciertamente, el normal funcionamiento de la vida colectiva, las pautas que ordenan el habitual discurrir de la convivencia social, puede verse alterado por múltiples factores, que a su vez pueden afectar a cuestiones o bienes tan diversos como la tranquilidad, la paz, la seguridad de los ciudadanos, el ejercicio de sus derechos o el normal funcionamiento de los servicios esenciales para el desarrollo de la vida ciudadana; sin embargo, sólo podrá entenderse afectado el orden público al que se refiere el mentado precepto constitucional cuando el desorden externo en la calle ponga en peligro la integridad de personas o de bienes… [y] no cualquier corte de tráfico o invasión de calzadas producido en el curso de una manifestación o de una concentración puede incluirse en los límites del artículo 21.2 CE…” (F. 3).

8.- La celebración de concentraciones de manera habitual, si las mismas son notificadas y discurren sin actos de violencia, implica el uso del espacio urbano como “un ámbito de participación” y su reiteración, por sí misma, no es motivo suficiente para su prohibición y/o disolución en tanto no se impida “el acceso a determinadas zonas o barrios de la ciudad”. Por el mismo argumento, constituiría un ejercicio no constitucional del derecho que las personas así reunidas impidieran o dificultaran de manera evidente el acceso de las personas a sus viviendas, lugares de trabajo, esparcimiento, medios de transporte,… “Solamente si la reiteración en el ejercicio del derecho fundamental provoca estos problemas de orden público, como puede suceder si se pretende la ocupación indefinida o excesivamente prolongada en el tiempo de un espacio de una manera que se ponga en peligro los bienes y derechos que a las autoridades corresponde proteger, es admisible la medida de la prohibición” (STC 284/2005, de 7 de noviembre, F. 6).

9.- Pero “para que los poderes públicos puedan incidir en el derecho de reunión constitucionalmente garantizado, ya sea restringiéndolo, modificando las circunstancias de su ejercicio, o prohibiéndolo incluso, es preciso que existan razones fundadas, lo que implica una exigencia de motivación de la resolución correspondiente (STC 36/1982, de 16 de junio) en la que se aporten las razones que han llevado a la autoridad gubernativa a concluir que el ejercicio del derecho fundamental de reunión, tal y como se hubo proyectado por su promotor o sus promotores, producirá una alteración del orden público proscrita en el artículo 21.2 de la Constitución, o bien la desproporcionada perturbación de otros bienes o derechos protegidos por nuestra Constitución” (STC 195/2003, de 27 de octubre, F. 4). Por este motivo, por poner un ejemplo, la decisión gubernativa de la Delegación del Gobierno en Madrid de impedir durante varios días del mes de agosto de 2011 el acceso de toda persona a la Puerta del Sol excedió de manera inconstitucional el límite que se puede imponer a la libertad deambulatoria y de circulación, pues, en primer lugar, se podían haber adoptado medidas menos restrictivas (necesidad de acreditar que la persona interesada vivía o trabajaba en la zona, permitir el acceso de grupos reducidos); en segundo lugar, no había evidencias de que todas las personas que querían acceder a la zona fueran para luego concentrarse en la Puerta del Sol y afectó también a residentes, turistas, periodistas,…

Y es que la propia Ley de Seguridad Ciudadana prevé esta situación en el artículo 19.1: “Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán limitar o restringir, por el tiempo imprescindible, la circulación o permanencia en vías o lugares públicos en supuestos de alteración del orden, la seguridad ciudadana o la pacífica convivencia, cuando fuere necesario para su restablecimiento”. Es decir se autoriza a “limitar o restringir”, no a prohibir en términos absolutos; tendrá que ser “por el tiempo imprescindible” y, además, en supuestos de alteración del orden, la seguridad ciudadana o la pacífica convivencia.

10.- La actuación de las Autoridades ante una concentración no ajustada a derecho debe siempre regirse por el principio de proporcionalidad, lo que en nuestro ordenamiento significaría que si la concentración es pacífica pero no ha sido notificada con anterioridad se puede requerir a los participantes para que pongan fin a la misma y abrir, en su caso, un expediente por una posible infracción administrativa de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana, pero no ha lugar a un desalojo violento que suponga una utilización desproporcionada de la fuerza. Y, como ha dicho en reiteradas ocasiones el Tribunal Supremo (Sentencias de 30 de abril de 1987, 6 de febrero de 1991, 16 de octubre de 1991,…), debe valorarse el comportamiento de los manifestantes, su permanencia en la situación y la forma de reaccionar frente a la presencia de las Fuerzas de Seguridad.

 

15 comentarios
  1. Anselmo D.
    Anselmo D. Dice:

    Todo esto está muy bien con dos condiciones: que el principio de proporcionalidad se aplique también a los manifestantes y que las manifestaciones de izquierda y de derecha se traten igual poimedia intelectuales y medios

  2. Manu Oquendo
    Manu Oquendo Dice:

    Se agradece la exhaustiva relación de derechos, limitaciones, leyes y sentencias que de alguna forma gobiernan el uso del espacio público.
    Desde que el 15-M ocupa Sol en 2011 ha habido dos tipos de actitudes al respecto.

    Por un lado el gobierno de entonces trata el asunto con gran tolerancia. A efectos prácticos con desidia culposa para mucha gente dado que el medio utilizado (acampada en plaza pública) convoca, amén de muchísimo interés social auténticamente interclasista, a todo el ecosistema del mundo “okupa” que son quienes realmente se van quedando con el espacio físico y en muy buena medida expulsando a gente que, legítimamente indignada, no ve por qué hay que sentarse en el suelo, usar simbologías de retrasados mentales para la interlocución ni ser incapaces de analizar situaciones con asl menos el rigor de un bachiller.

    Por otro lado y desde los primeros días diversos políticos del PP se quejaron de esta pasiva tolerancia cuando no connivencia de lo que entonces, por simplificar, era el universo Rubalcaba-Chacón.

    Es decir, el PP desde el inicio entiende que algo no está claro en el nacimiento del 15-M y sospecha.
    Curiosamente el movimiento arranca en un informático andaluz a caballo entre el PSA y diversas facciones disidentes de IU de Sevilla (justo donde no pasa nada) y como habrán podido comprobar los residentes de los pueblos de la Sierra madrileña las asambleas locales se nutrían fundamentalmente de personas del mundo ecologista agreste y muy especialmente de IU.
    Este es el núcleo sociológico: chicos y chicas con un futuro muy complicado, una trayectoria cuesta abajo entre la estética de las flores y el punk, y muy pocas razones para creer en nada porque lo ven todo bastante negro.

    Añadiría que el concepto matriz del movimiento originó grandes expectativas que hicieron que muchísima gente se acercase con interés pero que la observación de los concentrados en acción resultaba invariablemente en una profunda decepción y en el alejamiento tanto de jóvenes como de personas mayores de toda condición.
    En este sentido el movimiento ha nacido con un gen enfermizo que lo deja al nivel de nuestro lumpen y muy minoritario.
    Hay otro elemento de reflexión que los que alguna vez se han manifestado en Madrid entenderán: El apoyo incondicional de Público y del País desde el primer momento que alcanzó en alguna de las “marchas sobre Madrid” a tener suministro gratuito de prensa e lo largo del paseo de Recoletos.
    Pues bien, aquella minúscula manifestación que cuando la cabeza llegaba al Palace la cola estaba en el Banco de España por el lateral, recibió más cobertura televisiva (nacional e internacional porque había muchas extranjeras en Neptuno) que cualquiera de las nutridísimas manifestaciones en contra de la política de los gobiernos de Zapatero por los acuerdos  y encuentros con ETA durante años.
    No cabe duda de que, mediáticamente el niño nace perfectamente arropado. Envidiable e impagable.
    Por lo tanto si juzgamos por los hechos tenemos un movimiento que:
    1.    Congela y controla drásticamente la protesta social limitándola a las propuestas de una izquierda minoritaria. En una situación de pauperización creciente esto puede rápidamente dejar de ser tan marginal.
    2.     Tal como actúa impide que los grandes damnificados de la crisis (los votantes de centro del PSOE y PP) se sumen a ella y actúen de modo organizado.
    3.    Puede ser usado como ariete mediático contra un gobierno del Partido Popular que desde el inicio vieron lo que se cocía.
    No es de extrañar que el gobierno de Rajoy lo contemple con alarma porque tiene todos los elementos para desestabilizar su ya precaria situación dado que su actuación dirigida por lo inevitable (la necesidad de pedir para comer al ritmo de casi 4000 millones a la semana) les ha deslegitimado entre sus propias bases antes esperanzadas.
    Desde esta perspectiva, Rajoy lo tiene tremendamente complicado.
    1.    Ha enajenado a su propio electorado por su incapacidad de otro diagnóstico que el Ortodoxo-UE (algo predecible en Rajoy)
    2.    No es capaz de diagnosticar el fondo de la crisis garantizando así su continuidad durante décadas. Sin diagnóstico no hay solución.
    3.    A poco que se mueva la oposición y el olvido haga su labor, Arriola no podrá decir lo que anda diciendo: “Mi cliente volverá a ganar otras elecciones”.
    4.    Como metan la pata con el 11-M no excluyamos situaciones peores.
    Esto deja un interrogante ¿Por qué no surgen alternativas que como en el resto de Europa vayan relegando a su sitio a los causantes de esta situación?

    No olvidemos que lo que sucede no es fruto del azar: tiene padres y madres.
     
    Saludos

  3. Curro Arriola
    Curro Arriola Dice:

    Al 15 M le falta organización. Sí que tiene quien lo mueva desde las sombras, lo razona bien Manu Oquendo; pero carece de estructura operativa. Mandos y esas cosas.
    Afortunadamente. Porque si así no fuera, tomaban el poder sin más.
    Cuando un sistema no cree en sí mismo, carece de fuerza. En la Monarquía Partitocrática y Autonómica que padecemos, ya no sé si cree ni el mismo Rey. La gente, ciertamente no. El desengaño es absoluto. Si hubiera que defender esto con las armas, todo el mundo se quedaría en casa para luego correr a aplaudir al vencedor.
    Ante esta situación, cualquier movimiento organizado que quiera tomar la calle lo hace. Y luego toma el poder. Porque en realidad no tiene nada enfrente.
    Ya ha pasado. Por ejemplo, la marcha sobre Roma. El Fascismo en 1922 tenía fuerza para liarse a mamporros con los socialistas de pueblo en pueblo, pero no la tenía para enfrentarse al Ejército. No es lo mismo la porra que la ametralladora. Y sin embargo triunfó. Triunfó porque el Gobierno no tuvo el valor para ordenar al Ejército que disparase sobre los fascistas. Al primer tiro se habrían disuelto y fin del asunto.
    Pero no. El Gobierno no creía en el sistema; nadie creía en el sistema, ni el Rey. Dejaron pasar a las camisas negras. Mussolini se presentó en el Quirinal, y el Rey le encargó formar Gobierno. No fuera a pasar algo malo, qué horror…
    Menos mal que los perroflautas carecen de mandos… por ahora.

  4. Penny
    Penny Dice:

    Miguel Angel:

    un verdadero placer leerte de nuevo. Disfruté leyendo tu tribuna en El País del viernes pasado http://elpais.com/elpais/2012/05/09/opinion/1336558027_302832.html
    y, buscando información adicional, encontré tu reflexiva bitácora http://presnolinera.wordpress.com/

    Espero colaboraciones adicionales tuyas en este blog

    En concreto, te sugeriría una entrada sobre las propuestas del 15M en materia de mejora de la democracia de contrapeso (contre-démocratie)

    ¿Hay algún documento con un conjunto de propuestas al respecto?

    Saludos

    PD 1 En política económica, me temo que el movimiento está verde y desorientado

    PD 2 Kermán Calvo tiene hoy un artículo interesante sobre el perfil de los participantes en el 15M http://blogs.elpais.com/alternativas/2012/05/el-15m-quienes-son.html 

  5. Penny
    Penny Dice:

    Muchas gracias, JuanAV, por el enlace. http://www.politikon.es es también un buen blog analítico. Y no abundan, así que hay que cuidarlos

    (Curiosamente, los autores de buenas bitácoras no tienen mucha interacción entre ellos)

    Todavía estoy esperando a que Cives diseccione (fisk, en la jerga) el artículo
     
    Saludos 

  6. robespierre
    robespierre Dice:

    Yo también pienso, con el profesor Presno (al que es muy de agradecer la clarificación jurídica en estos tiempos de confusión interesada de todo, en el que excede el actual Ministro del Interior, ya trate del 15M o del acercamiento de los presos de ETA) que como dice en la tribuna de “El País” de que habla Penny el movimiento 15M tiene hoy todavía más legitimidad que hace un año. Y no, no porque sea de izquierda, de derechas o de los lados, o porque ahora haya un Gobierno del PP y hace un año uno del PSOE. Es porque básicamente los políticos se representan a si mismos y a sus intereses y no a los ciudadanos. De ahí la necesidad de una democracia participativa, y si hay que salir a la calle a protestar, pues habrá que hacerlo porque lo que está claro es que el sistema desde dentro no se va a reformar.

  7. Miguel Presn
    Miguel Presn Dice:

    Hola, muchas gracias a ¿Hay derecho? por acoger de nuevo un texto y a todos los que habeis mandado comentarios. Os pido disculpas porque acabo de volver de viaje y hasta ahora mismo no había podido leerlos. Con un poco más de calma trataré de participar en el debate. Un saludo muy cordial, Miguel Presno

  8. elisadelanuez
    elisadelanuez Dice:

    Muchas gracias a Miguel, como siempre, por su muy clara exposición. Es importante saber de lo que estamos hablando en términos jurídicos, porque realmente oyendo a los políticos, en particular como dice Robespierre al Ministro del Interior, o añado yo a la Delegada del Gobierno o a la Presidenta de la Comunidad de Madrid parece que se trata de algo entre terrorismo callejero y radicales antisistema de inspiración ultraizquierdista. En fín, lo de siempre, políticos y prensa afín metiendo ruido en un movimiento que con todas sus imperfecciones y limitaciones tiene bastante más claro algunas cosas básicas que hay que arreglar en España que los partidos políticos que ocupan nuestras instituciones y que reciben mucho dinero para hacerlo. Y lo mejor es que son los partidos y medios afines los que le reprochan que no están organizados bien, y que no ofrecen propuestas ni alternativas sólidas. Anda, pero ¿no se supone que eso es a lo que se dedican los políticos?   

  9. Miguel Presno
    Miguel Presno Dice:

     
    Abusando de vuestro espacio y paciencia, me permito hacer un nuevo post (al menos por el tamaño) en relación con el 15M. Pero antes quería comentar que, por supuesto, los límites al derecho de manifestación no deben depender de quién lo ejerza sino de cómo se ejerza y que, aunque la calle es un espacio para la participación (según ha dicho el propio Tribunal Constitucional), es desde luego un espacio de todos y no solo de los que protestan.
    En cuanto al 15M, desde mi modesto punto de vista de participante relativamente activo de una muy pequeña asamblea de Asturias que nos reunimos 2 veces al mes, os puedo contar que, en primer lugar y como mera obviedad, este movimiento, ha dado en algunas ocasiones motivos para que se pueda criticar con fundamento democrático su propia organización y funcionamiento, cosa que, por cierto, quienes más padecimos/padecemos somos las personas que de alguna manera seguimos vinculadas a él; en segundo lugar, que ha cometido errores de bulto como, por mencionar dos ejemplos, generalizar reproches que no todos los destinatarios merecían o negar los innegables condicionamientos que impone cualquier sistema político por muy abierto e igualitario que sea.
    Pero dicho esto, y se podría decir mucho más, que decenas de miles de personas participaran –por citar las fechas más emblemáticas- en las manifestaciones del 15 de mayo, el 15 de octubre y el 15 de diciembre de 2011, y el 12 de mayo de 2012, demuestra, en primer lugar, que la ciudadanía no está idiotizada, en el sentido de la Grecia clásica, ni puede ser considerada, en palabras de Tucídades, como “inútil”. Es evidente que también ha habido otras movilizaciones masivas para protestar por otras cuestiones y, en mi opinión, lo positivo es que exista esa pluralidad de opiniones y puntos de vista; por eso y por la mayoritaria ausencia de violencia creo que es absolutamente erróneo hablar de “fascismo” para aludir a estas actividades pues a la hora de valorar el grado de participación política de una sociedad no se puede reparar solo en el número de personas que votan en los procesos electorales, sino que debe tenerse en cuenta también la asistencia a las concentraciones y manifestaciones, el respaldo a iniciativas legislativas populares, la demanda de consultas ciudadanas, el activismo electrónico,… Nos pueden gustar o no las caceloradas, las sentadas,…, pero creo que no se corresponde con la realidad identificar lo que ha hecho (hasta ahora) el 15M con la actitud intolerable de los que atacaron a los parlamentarios catalanes o los que quemaron contenedores o destrozaron comercios, del mismo modo que nadie diría que los aficionados del Madrid o del Barcelona son una pandilla de fascistas porque unas decenas o cientos se comporten como tales.
    Por supuesto, resulta sumamente arriesgado formular conclusiones sobre lo que es, en términos de movimiento, el 15-M español, pues, entre otras razones, su tiempo de existencia es corto y tampoco es diáfana su composición, pero aceptando el peligro de equivocarme se podría decir, en primer lugar, que en su momento fundacional está presente ese impulso opositor que describe Bruce Ackerman en The Living Constitution (aquí lo podeis descargar): se organiza un movimiento desde la política no institucional para “rescatar al gobierno de la corrupción en nombre de nosotros, el pueblo, y redefinir el futuro constitucional” de España, y su eclosión se debe, en buena medida, a las  circunstancias especialmente graves por las que está atravesando el país, en especial en el ámbito laboral, económico y social, así como a la creciente desafección que por las instituciones políticas siente la ciudadanía. Y como los activistas que menciona Ackerman, también en las concentraciones que se realizaron en las plazas españolas había un gran número de personas dispuestas a invertir buena parte de su tiempo y esfuerzo en la consecución de una nueva agenda constitucional. Eso explica no solo la gran afluencia de personas a las asambleas celebradas durante los meses de mayo, junio y julio, sino también que surgieran múltiples grupos en los barrios de las grandes ciudades, y en pueblos y villas de tamaño pequeño y mediano, así como el indudable éxito de convocatoria que tuvo la llamada “Unidos por un cambio global” a una manifestación de carácter mundial el 15 de octubre de 2011, llegando a 951 ciudades de 82 países de los cinco continentes, y las posteriores del 18 de diciembre de 2011 reclamando un nuevo sistema electoral y la del 12 de mayo de 2012, un año después de la primera gran movilización.
    En segundo lugar, la implicación constante y el esfuerzo de un número considerable de personas ha permitido que en los meses siguientes se fueran desarrollando multitud de actividades de diversa índole,  y que algunas de las reivindicaciones y propuestas se hayan mantenido en el debate social y político, y hayan tenido acogida en las instituciones: así, por ejemplo, el 15 de diciembre de 2011 se presentó en varios Parlamentos autonómicos una petición avalada por miles de personas, al amparo del derecho reconocido en el artículo 29 de la Constitución, para que esas Cámaras promuevan una reforma de la Norma Fundamental en tres artículos que hasta ahora han venido coartando la intervención de los ciudadanos en el gobierno de los asuntos públicos: el artículo 87. 3 sobre las iniciativas legislativas populares, el 92 sobre los referendos y el 166 que excluye de la iniciativa popular el procedimiento de reforma de la Constitución. Esta petición ha sido admitida a trámite por el Parlamento de Cataluña,  las Cortes de Aragón y de Castilla y León, y el Parlamento de Navarra, y fue remitida a los respectivos Grupos Parlamentarios para que, en su caso, la respalden.
    Otro ejemplo bien conocido es de actuación llevada a cabo por las asambleas y grupos vinculados al 15-M es la que, a lo largo de 2011 y los primeros meses de 2012, ha contribuido de manera importante a que se conozca la precaria situación de miles de familias que han sido desahuciadas de sus viviendas o están pendientes de procesos que podrían desembocar en ese resultado, han paralizado varios desahucios y han incidido en que tanto el Gobierno como algunas entidades bancarias reconozcan la magnitud de este problema y esbocen algunas medidas para paliarlo.
    Por mencionar un tercer ejemplo, no parece exagerado atribuir a las reivindicaciones del movimiento 15-M la aprobación de la Ley Orgánica 7/2011, de 15 de julio, de modificación del artículo 160 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, que dispuso el carácter público del Registro de Intereses de Diputados y Senadores. No en vano en la Exposición de Motivos se dice que se “pretende contribuir a liberar a los Diputados y Senadores de injustificables valoraciones negativas que muchas veces se predican del colectivo de los políticos teniendo como única base los juicios previos. Prejuicios que sólo pueden arraigar en una opinión pública no suficientemente informada. En consecuencia, la Ley aspira a que los ciudadanos tengan información sobre el patrimonio y rentas de sus representantes políticos y que puedan acceder a ella fácilmente a través del «Boletín Oficial de las Cortes Generales» y de la página web de cada Cámara. Con el fin antedicho, procede, además, tramitarla con urgencia y que sean los parlamentarios actuales, los Diputados y Senadores que aprueban la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General”.
    Finalmente, tampoco parece ajeno a las demandas del 15-M el compromiso asumido por la práctica totalidad de las formaciones políticas que concurrieron a las elecciones del 20 de noviembre de 2011 de aprobar una Ley de Transparencia, proyecto por cierto ya bien comentado de manera crítica en este blog; en especial, por Elisa de la Nuez.
    Si los ejemplos anteriores encajan en la conceptualización de movimiento descrita por Bruce Ackerman, lo cierto es que en el 15-M también están bien presentes los rasgos con los que caracteriza Jürgen Habermas a estos fenómenos: se advierte una vocación de continuidad; también cuenta con una articulación reticular, de la que son buena prueba los centenares de asambleas y su pretensión, no siempre lograda, de funcionamiento  coordinado; asimismo, como ya se ha dicho, se han venido elaborando propuestas políticas concretas, lo que desmiente su calificación como movimiento puramente de protesta y no de propuesta, y se pretende un control eficaz del cumplimiento, por parte de las instituciones, de la realización efectiva de los principios democráticos.
    Creo oportuno recordar que la mayoría de las reclamaciones de Democracia real ¡ya! (aquí se pueden leer) ni son propuestas inéditas en espacios académicos, políticos y sociales, ni mucho menos propias de movimientos anti-sistema, si por tales se entienden los que rechazan las instituciones. De hecho, varias de esas propuestas ya habían sido reclamadas con antelación por varias formaciones políticas integradas en el sistema (reforma del Ministerio Fiscal para garantizar su independencia, modificación de la Ley Electoral para alcanzar un sistema auténticamente representativo y proporcional, reducción de los cargos de libre designación,…), por instituciones del sistema como el Consejo de Estado (modificación de la Ley Electoral) o el Consejo General del Poder Judicial (cuestionamiento de la propuesta de desarrollo de la Ley Sinde) e, incluso alguna ya ha sido aprobada, al menos en parte, por el propio sistema y ha entrado en vigor, quizá por casualidad o más bien por causalidad, en fechas bien próximas (publicación obligatoria del patrimonio de los cargos públicos).
    En suma, el 15-M ha aportado protestas y propuestas, con lo que incluye elementos habermasianos y ackermansianos. Pero también aspira a actuar como movimiento de “vigilancia”, lo que permite, en la terminología de Pierre Rosanvallon, aludir a su fuerte componente “contrademocrático”, entendido como forma de democracia de contrapeso, un contrapoder articulado a partir de los movimientos sociales, que sirva para mantener las exigencias de servicio al interés general por parte de las instituciones.
    Y una de las concreciones de la contrademocracia es el “poder de vigilancia”, que hunde sus raíces, cuando menos, en la Revolución francesa y que, sin olvidar sus manifestaciones totalitarias bien descritas por Orwell y Foucault, puede aportar no un control antidemocrático del poder sobre la sociedad sino una forma de vigilancia del poder por parte de la sociedad. En este sentido, una entidad tan poco sospechosa de anti-sistema como el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ya anticipó en 1963 que la vigilancia de los particulares interesados en la protección de  sus derechos constituye un instrumento eficaz de control (asunto Van Gend & Loos, de 5 de febrero de 1963).
    El propio desarrollo tecnológico que hoy hace más creíble que nunca la existencia de un gran hermano orwelliano permite también, y desde la otra perspectiva, concebir una sociedad vigilante que, de forma descentralizada y difusa, pueda desnudar al poder y provocar acontecimientos de indudables consecuencias políticas. Porque otra forma en la que se puede concretar la vigilancia es la denuncia, y hoy tienen capacidad para ejercerla, como en décadas pasadas, los medios de comunicación, bien a título individual o con la colaboración de organizaciones más o menos complejas –una bien conocida es Wikileaks-, pero también los propios ciudadanos –los documentos que ha divulgado Wikileaks procedían de personas anónimas- disponen cada vez de  más capacidad de supervisión y  denuncia.
    Y en materia de redes sociales es bien sabida la enorme incidencia de herramientas como los blogs, facebook y twitter, que no solo sirven como vía de comunicación global y de debate, no pocas veces encendido, dentro del movimiento, y de éste con la sociedad, sino como un potente mecanismo de denuncia en el sentido al que ahora me refiriero: las llevadas a cabo para frenar los procesos de desahucio de personas en situación de especial vulnerabilidad son un buen ejemplo.
    Finalmente, además de la observación atenta y la eventual denuncia existe una tercera forma de vigilancia sobre las instituciones que sería la certificación o evaluación cualificada de los comportamientos públicos. A las bien conocidas instancias públicas encargadas de supervisar y certificar las actividades de las instituciones, se unen hoy personas y entidades no gubernamentales que, merced a su capacidad profesional e intelectual, pueden ejercer una intensa actividad de vigilancia e influir en la percepción social del funcionamiento de los poderes públicos y, por extensión, en los propios poderes. Un ejemplo bien conocido lo constituye en el ámbito político e institucional Transparencia Internacional, organización no gubernamental de ámbito  universal y dedicada a combatir la corrupción, tanto al interior de los países como en las relaciones económicas, comerciales y políticas internacionales. Para ello impulsa campañas de concienciación sobre los efectos de la corrupción, promueve la adopción de reformas políticas, el establecimiento de acuerdos internacionales sobre la materia,…
    En cuanto a actuaciones de evaluación, próximas o vinculadas al movimiento 15-M,  es bien conocida la que lleva a cabo ATTAC –mucho antes del propio 15-M– y, en general, por mencionar algunos ejemplos, las que han venido haciendo un estudio crítico y alternativo de las políticas económicas desarrolladas por la mayoría de los gobiernos de los países desarrollados para, supuestamente, salir de la crisis.
    En definitiva, y siguiendo con la terminología de Rosanvallon, creo que el 15-M pretende una interacción intensa entre la ciudadanía y la esfera política, ejerciendo una democracia de expresión, mediante la que formula críticas a las actuaciones de los poderes públicos y expresa sus reivindicaciones; una democracia de implicación, a través de conjunto de actuaciones mediante las que sus integrantes se relacionan entre ellos para conseguir un entorno común, y una democracia de intervención, relativa al conjunto de actuaciones colectivas que ha venido desarrollando para obtener resultados como un sistema político más transparente y participativo, un control efectivo de los principales actores económicos, un sistema tributario equitativo,…
    Por supuesto, está bien lejos de conseguir estos objetivos pero el mero hecho de intentar algo diferente a lo que ahora nos ofrece las cauces institucionales me parece, como mínimo, interesante. Pero, sobre todo, si habéis llegado hasta aquí muchas gracias por vuestra paciencia y tiempo.
     

  10. Manu Oquendo
    Manu Oquendo Dice:

    Hola, Miguel.

    Tras tu foto me ha parecido reconocer una ola de marea alta en la playa de Santa Marina, cerca de la boca de la ría. Si es así enhorabuena por el lugar. Mundaca y Ribadesella son sitios que frecuentamos.

    Sobre el 15-M me vas a permitir que reitere lo que en su momento apunté.

    Sin excluir que haya gente muy positiva –la hay, sin duda–, la función estratégica del movimiento es servir de ariete a la izquierda parlamentaria personificada en grupos afines a IU, Eco-Montagnards y PS-Autonomista.

    La prueba central es, por un lado, los medios que les han dado cancha desproporcionada y la total ausencia de las clases sociales auténticamente afectadas por las políticas que nos han llevado a la crisis, al paro estructural y a la precariedad.

    Ni que decir tiene que salvo imperdonable hipocresía, es obligado (y auténticamente científico) reconocer que son fundamentalmente  políticas de partidos de izquierdas las que nos han traido hasta aquí destruyendo al tiempo muchas fortalezas sociales.

    Que partidos como el PP sean incapaces de enfrentarse a esta situación y continúen aplicando políticas prácticamente idénticas (o incluso agravándolas como hoy sucede) quiere decir que cualquier diagnóstico tiene que sacar a la luz elementos causales nuevos y muy distintos de la tradicional división izquierda/derecha o los mecanismos que permiten que sistemas fracasados continúen en situaciones de poder creciente y cada día más estatalizador. 

    En modo alguno va a ayudarnos a resolver nada esa perspectiva de Izquierda-Derecha que tras más de cien años solo sigue sosteniendo a las partitocracias y a los oligopolios que sabiamente se les arriman mientras nuestras cargas fiscales superan de largo el umbral de la expropiación legal.

    Por ello ver a los marxistas profesionales de Attac tras las bambalinas produce una cierta tristeza por la ingenuidad que somos capaces de desplegar.

    Hay una frase en tu escrito que me ha llamado la atención: Lo de la pluralidad de opiniones. No. Por favor.

    No todo debe ser uniformidad, por supuesto. Hay campos donde las opiniones diversas son posibles pero no tanto como parece. Cuando algo se conoce y se domina las opiniones de los que saben suelen ser muy parecidas. Es decir, con los mismos datos llegan a las mismas conclusiones.

    Quizás lo que quieres decir es que hay pluralidad de intereses. Algo en lo que estamos de acuerdo pero diversidad de opiniones no es lo mismo que diversidad de intereses y es necesario tener bien clara la diferencia para no caer en aquello de que los intereses de unos cuantos sean impuestos sobre los de unos pocos sin atender a razones ni a otra serie de cuestiones (principios y valores, por ejemplo) que son muy relevantes.

    Este será un siglo muy movido porque arranca con el descrédito de lo que existe.

    Los damnificados más notables e inevitables son las familias de clases trabajadoras a todos los niveles.

    Los beneficiados son las partitocracias, sus oligopolios simbióticos y los grupos que les aportan votos. Legiones de Free-Riders y Rent-Seekers oportunamente captados.

    En estos términos se plantea la contienda.
    Por un lado una gente que se piensa que otros se ocuparán de ellos que ya tienen bastante con su actividad diaria y, por otra, los profesionales del poder y la manipulación con más medios que nunca y el gen Orwelliano que citas ya muy maduro.

    Todas las posibilidades están del lado del “Incumbent”, del que ya controla los resortes. El trabajo de mover a quienes sólo piden un plato de lentejas es prácticamente imposible. Muchas de las mejores cabezas, el talento oportunista, elegirán al ganador probable.
    Pero aún así las situaciones ilegítimas (estamos en medio de una) se derrumban solas. El premio es muy gordo y mucha gente lo intentará. Será muy difícil elegir un buen ganador: las ideas que produzcan auténtico progreso humano, y la historia no necesariamente va a mejor.
    Saludos

  11. Rafa Lodeiro
    Rafa Lodeiro Dice:

    A mí lo que me parece espeluznante es que tras tener que haber hecho unas leyes especiales y que se saltaban el estado de derecho con la excusa de acabar con ETA, ahora dejen esas leyes para podérselas aplicar al resto. En fin, que no tiene nombre.

  12. Penny
    Penny Dice:

    Miguel: muchas gracias por el detallado post

    Creo que mucha gente comparte la idea de que es necesario que la sociedad civil vigile a los otros poderes dentro de los límites que marque la ley

    Olvidemos la visión romántica de los poderes. Los gobernantes, los parlamentarios y los jueces no están hechos de otra pasta que el resto de los mortales. Defienden sus intereses, como el resto de los ciudadanos. El reto es diseñar un conjunto de instituciones, de modo que no tengan incentivos a separarse de lo que desean los votantes

    En este sentido, la mayor transparencia (no taxation without information) y la mayor intervención legislativa de los ciudadanos son muy deseables y pienso que cuentan con un gran apoyo popular

    Respecto al 15M, desde el exterior, veía serios problemas de reflexión y comunicación

    Tu post muestra que hay un buen análisis político detrás (en economía es otra cosa) y el problema es de comunicación

    ¿Por qué no se comunica adecuadamente? 

    ¿Tan complicado es escribir un documento detallando las propuestas y el análisis que las soportan?  (Lo tienes ya medio hecho 🙂 )

    ¿Es un problema de agregación de propuestas descentralizadas?

    Vamos lento, porque vamos lejos es un lema brillante, pero se necesita más agilidad si se desea avanzar

    ¿Hay definida una estrategia sobre los siguientes pasos a seguir?

    Muchas gracias por tus  análisis y espero tu próximo post 

  13. Miguel Presno
    Miguel Presno Dice:

    hola, permitidme un breve comentario a los últimos incluidos. Aunque en realidad el post inicial se refería al ejercicio de los derechos de reunión y manifestación y sus límites, el debate se ha centrado en el 15M; en todo caso aprovecho la cuestión para añadir lo siguiente: 1) Manu, la localización del sitio es A Praia das Catedrais, en la mariña lucense, aunque los sitios que tú comentas no son menos atractivos. A mí me pilla más cerca ese pues soy de Vegadeo; lo de las izquierdas y derechas no me parece que sea aplicable al 15M, pues defendiendo cosas que, en teoría, coinciden con lo que, en teoría, defienden esos partidos, el movimiento ha sido muy crítico con la clase política en general; el No nos representan incluye tanto a unos como a otros, y también a los sindicatos mayoritarios; os puedo comentar que en Oviedo (no creo que fuera el único sitio) ha habido manifestaciones con enfrentamiento con esos sindicatos; cuando hablaba de la diversidad de opiniones me refería a eso, no a los intereses; hablaba de que lo importante es que la participación activa de la gente se produzca como expresión de ideologías diferentes; por eso la calle debe de ser de todos;
    en relación a lo que dice Rafa Lodeiro, creo que el problema de las leyes excepcionales -más allá de que, en mi opinión-suelen ser problamáticas, es que luego se aplican a supuestos no previstos inicialmente. No es el mismo caso pero me llama la atención que en la Ley de Estabilidad Presupuestaria se mencione el recurso al art. 155 de la Constitución, que creo está pensado para otras cosas.
    Finalmente, y a propósito de lo que comenta Penny, los problemas son diversos: 1) no es fácil decir que es el 15M por lo que es muy complicado que el propio 15M decida; 2) las propuestas de Democracia Real Ya eran claras, más allá de su cuestionamiento; 3) la comunicación es un problema generalizado pero si vemos cómo lo hace el Gobierno (el presente y el anterior) no debe extrañar que un movimiento como el 15M lo tenga; 4) no hay una estrategia clara y no es fácil que un movimiento con tantos frentes la tenga: Stop Deshaucios lo tiene más o menos claro pero eso no es generalizable; 5) en términos históricos la lentitud de los movimientos es evidente, más allá de que el 15M ya lo reconozca; pensad en el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos: duró -dura todavía- décadas y logró objetivos claros y de legitimidad evidente a costa de grandes sacrificios y esfuerzos.
    Me permito mencionar a Camus para acabar: por lo que a mí respecta, la lucha es difícil pero las razones para luchar siguen estando claros (añado: cada día nos dan alguna más)

Los comentarios están desactivados.