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Un asunto muy particular; sobre los gastos del Presidente del Consejo General del Poder Judicial

19 mayo, 2012 | Por Autor: Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado en Administración de Justicia | Crisis política e institucional

A raíz de las últimas noticias aparecidas en prensa acerca de la denuncia presentada ante la Fiscalía por el Vocal del Consejo General del Poder Judicial  sr. Gomez Benitez, cuyo texto por cierto puede verse aquí  , acerca de los gastos supuestamente privados (correspondientes a reiterados viajes de fines de semana a Marbella durante tres años) que el Sr. Presidente del Consejo General del Poder Judicial, D. Carlos Divar,  cargó al presupuesto de dicho organismo, me gustaría hacer unas breves reflexiones al hilo, a su vez, de unas declaraciones del vicepresidente del Consejo, sr. Fernando de Rosa.

 

Efectivamente, sorprenden, y eso que a estas alturas ya es difícil sorprenderse de nada, las afirmaciones del sr. Vicepresidente del Consejo,  Fernando de Rosa, manifestando que esta denuncia  es una “cuestión particular” que afecta al Presidente y que se resolverá “de la mejor manera posible”. Además añade que no afectan al funcionamiento ni a las actuaciones normales del Consejo, por lo que, al parecer, ni se han tratado ni se van a tratar en el propio seno del mismo, en cuya web desde luego no han tenido el más mínimo reflejo En el mismo sentido se han pronunciado el resto de los Vocales. 

 

Y sorprenden estas declaraciones porque la polémica o el debate acerca de si estos gastos del Presidente eran, efectivamente, gastos particulares y no gastos en que haya incurrido en el desempeño de sus obligaciones oficiales, y, por tanto, no tenían que haber sido sufragados por los presupuestos del Consejo sino por el propio bolsillo del sr. Divar, no puede ser un asunto estrictamente particular del Presidente del Consejo. Efectivamente, estamos claramente ante un asunto público o con trascendencia pública, ya que se está discutiendo sobre la correcta o incorrecta utilización de fondos públicos, más allá de la calificación legal de los hechos o de que los mismos no sean constitutivos de delito. Además este caso afectaría claramente al funcionamiento del propio Consejo, en la medida en que la denuncia pone en entredicho el control que éste realiza sobre los gastos de sus miembros, incluido su Presidente, y sobre la adecuación de dicho control para garantizar que los presupuestos del Consejo se destinan a los fines (públicos, se entiende) a los que deben.

 

Otra reflexión adicional pero que me parece muy necesaria, con independencia de lo que decida la Fiscalía, es la siguiente: “pasar” gastos privados a un presupuesto público puede ser ilegal –además de impresentable desde un punto de vista ético- sin llegar a ser constitutivo de delito. Aunque lo hemos dicho en otros artículos y posts, seguiremos insistiendo, dada  la confusión -a mi juicio totalmente interesada- que hacen los políticos (y los medios de comunicación que les sirven de altavoz, o al menos no son capaces de tener un criterio claro en este asunto) entre lo ilegal y lo delictivo. Así, oyendo a nuestros políticos, parece que en España todo lo que no es delito es legal. Y yendo un pasito más, nos deslizan en los oídos que no hay más responsabilidad posible que la responsabilidad penal, pero solo si hay  sentencia firme, porque ya sabemos que la imputación o incluso la condena por sentencia no firme tampoco son suficientes por sí mismas para apartar a alguien de la carrera política, por lo menos forzosamente.

 

A estas alturas lo que pasa es que ya sabemos que la presunción de inocencia, especialmente la de los cargos públicos y sobre todo la de los políticos, es prácticamente indestructible. Sobre todo porque es cuestión de fe y ahí el Derecho, pobre, ni llega ni podrá llegar nunca. Ya no es que haga falta agotar todas las instancias judiciales habidas y por haber para introducir la sombra de una duda en la honorabilidad del cargo público. Es más, puede haber sentencia firme del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Justicia de la UE o de quien se deje, y aún así, siempre quedará a salvo la conciencia del autor material, terreno sagrado donde el Derecho no puede entrar. Desde su conciencia, el político puede seguir afirmando que él no considera que sus actos hayan sido delictivos, me imagino que porque supuestamente ha atendido fines más altos o bienes jurídicos más excelsos que los que pretende defender el siempre imperfecto Derecho positivo.

 

Y ya si las cosas se ponen feas del todo, en último término se indulta, se cambia la pena por una multa y pelillos a la mar. El último ejemplo, por ahora, que ha pasado un poco más desapercibido, ha sido el indulto parcial a los militares que falsificaron la identidad de los militares fallecidos en el desgraciado accidente del Yak-42.

 

No nos dejemos engañar. En nuestro ordenamiento jurídicos hay numerosas ilegalidades, o dicho de otra forma, actos o conductas contrarios a las leyes, a los reglamentos -al Derecho positivo, en suma- que no son constitutivos de delitos. El Derecho Penal es la última “ratio”, el cierre del sistema, por lo que castiga sólo las conductas antijurídicas más graves. Por eso defraudar a Hacienda, por poner un caso sencillo, no siempre es delito. Solo cuando se defrauda una cantidad muy grande de dinero, en concreto 120.000 euros  Además  deben darse los elementos subjetivos propios de cualquier tipo penal, ya saben dolo directo o eventual. Pero eso no quiere decir que cuando no se alcanza esa cantidad, o se es muy ignorante en materia fiscal, defraudar a Hacienda sea legal. Sigue siendo ilegal y de hecho se persigue y se castiga, primero exigiendo la devolución de lo defraudado con intereses y luego, en su caso, aplicando las sanciones que procedan, aunque no se meta al defraudador en la cárcel. Lo mismo podemos decir de las infracciones de tráfico, etc, etc. Solo las conductas antijurídicas más graves están tipificadas penalmente.

 

Como no es tan difícil de entender, y menos para juristas como el sr. Divar y otros muchos políticos en activo que también lo son, pienso sinceramente que la confusión es voluntaria, porque con esta tesis el sr. Divar, u otras personas en su misma situación pueden decir que “no tienen conciencia de haber cometido ningún delito”. Ya, pero es que hay algo más que delitos en nuestro ordenamiento jurídico

 

Y una última reflexión sobre como funciona el control de la intervención en el seno del Consejo. Todos los gastos, dice el sr. Divar, están perfectamente justificados y documentados y han sido intervenidos. En este caso por la Interventora del propio Consejo. Sin duda, porque de otra forma no se hubieran pagado, y nuestra Administración sin papeles no paga (bueno, y con papeles tampoco, como bien saben los pobres proveedores) pero ¿significa esto que estos gastos sean correctos y que respondan a actividades institucionales y no particulares? Pues lamentablemente no necesariamente. De ahí que la pregunta de la Fiscalía sobre si la intervención del CGPJ puso o no pegas a estos gastos, no tenga a mi juicio mucha relevancia.

 

Y es que el Interventor del Consejo en primer lugar depende del propio Consejo, dado que según su regulación propia, contenida básicamente en los arts. 114 a 116 del Reglamento de Organización y Funcionamiento  del CGPJ, aprobado por el propio Consejo por Acuerdo de 22 de abril de 1986   , este Interventor es nombrado por el Pleno del Consejo exigiéndose simplemente que la persona requiera la necesaria cualificación profesional.

 

Con esta regulación, sencillamente parece fácil que el Interventor en cuestión se encuentre un poco “condicionado”, vamos a decirlo así, para manifestar su opinión o sus reparos, por usar la terminología jurídica adecuada, sobre los gastos que el Presidente considera que responden a actividades institucionales. Porque si fuera de otra forma estos gastos no tendrían que fiscalizarse, los pagaría el sr Divar de su bolsillo directamente y el Interventor,  valga la redundancia, no intervendría. Digamos que cuando el Interventor supervisa los gastos el Presidente ya ha decidido sobre su naturaleza institucional que es lo que justifica que los abone el presupuesto del Consejo, y el Interventor (en este caso Interventora) lo que hace es ver si están suficientemente documentados y justificados desde el punto de vista formal, que sin duda lo estarán (facturas de hoteles, tickets taxis, billetes de AVE, minibar, restaurantes, room services, ferry a Ceuta, etc, etc).

 

Además, el art.115 también señala que si el Interventor formula reparos, quien decide en última instancia es el Pleno del Consejo. Vamos, que todo queda en casa.

 

Pero en estas circunstancias ¿cree alguien que la intervención va “a entrar en el fondo” del asunto? Porque entrar en el fondo supondría ni más ni menos cuestionar la naturaleza de los viajes y ver si realmente esos fines de semana el Presidente del Consejo estaba –como él afirma dado que pasa las facturas- ejerciendo labores institucionales o se encontraba simplemente disfrutando de un fin de semana de carácter privado. Y probablemente el interventor también haya pensado que en estos asuntos “particulares” mejor no entrar y que nadie le ha pedido su opinión. Por lo demás, para ser justos, es una forma de actuar bastante extendida, especialmente cuando la independencia del interventor o del auditor no está garantizada porque su nombramiento y su cese, o su productividad, dependen del intervenido o del auditado.

 

De forma que, en la práctica, este tipo de cuestiones quedan sujetas a la buena voluntad del organismo en cuestión o de sus directivos, a sus instrucciones de gastos de representación, si las tiene, a la política interna de Recursos Humanos, y en definitiva a la mayor o menor “manga ancha” que se tenga en cada caso. En último término se deja a la propia responsabilidad de los “controlados”. Y lamentablemente, el concepto de responsabilidad está anticuado, lo mismo que el de  moralidad pública  que exigiría tener un exquisito cuidado con el dinero ajeno, el de los contribuyentes dado que los puestos públicos que se ocupan –transitoriamente- están para servir sus intereses, y no para aprovecharse del cargo mientras se pueda.

 

Para ser justos, hay que decir que este tipo de actuaciones han sido frecuentes en estos últimos años particularmente en organismos públicos que como el CGPJ tienen presupuesto propio, poco o ningún control externo más allá del puramente formal y poca cultura de transparencia en la gestión de fondos públicos.

 

Pues eso, un asunto muy particular que nos afecta mucho a todos.

 

 

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40 Respuestas

  • Alex says:

    Seguro que no va a entrar en el fondo del asunto porque no les interesa. Todos los que pueden roban y si les pillan ni se arrepienten porque al final no les pasa nada…

  • sitogr says:

    Un post muy valiente Elisa. También el tuyo anterior me gustó mucho. 

    Este asunto lo resumiré en dos citas: 

    “La mujer del César no sólo ha de ser honesta, también parecerlo”

    “Vive como lo harías para no avergonzarte en el caso de que se divulgara lo que haces, aún en el caso de que fuera mentira lo que se divulga” (Johann Sebastian Bach) 

    Un saludo
     

  • robespierre says:

    Totalmente de acuerdo con el post. Y además este señor es el Presidente del Tribunal Supremo…una bonita forma de acabar también con el (poco) prestigio que le puede quedar a la Administración de Justicia y en particular al Tribunal Supremo, en este lento desmoronamiento de todas y cada una de nuestras instituciones que estamos viviendo. Y tiene un sueldo de 130.000 euros, mucho más alto que el del Presidente del Gobierno y sus Ministros, me imagino que para preservar su independencia y para que no pasen estas cosas. Y dice que los gastos que ha pasado son una minucia…  desde luego, comparado con el sueldo que tiene. ¿Por qué no se los pagaba entonces de su bolsillo? Y por último, que no se nos olvide, fue elegido por los Rajoy y Zapatero y nos enteramos todos por la prensa, junto con los Vocales del CGPJ que supuestamente lo tenían que elegir unos días mas tarde y que  oh sorpresa, efectivamente lo eligieron.
    No nos debería entonces extrañar que pase lo que pasa. 

  • Luisa says:

    Bueno, en este caso con conseguir abrir juicio oral contra él se le podría suspender de empleo hasta que acabe el asunto (como pasó con Garzón). Muy buen post por cierto.

    Un día me encantaría que se hablase de mobbing en las Administraciones y a poder ser en las universitarias y judiciales. Porque sí, sí que existe en Justicia respecto a los funcionarios “discordantes”. De hecho me sorprende mucho que curiosamente no haya salido a la luz un gravísimo caso en el que un fiscal ha denunciado a su superior por acoso laboral al imponerle órdenes ilegales y cargas de trabajo abusivas en la provincia de La Coruña, derechos fundamentales 3/2012 del TSJ de Galicia para más señas, pero claro, a la mano derecha del FGE nadie le dice nada en la prensa.

  • Efectivamente, se trata en definitiva no de no cometer delitos, sino de, en terminología puesta de moda por mi hermano Javier, especialmente en su libro “Ejemplaridad Pública”, de comportarse de manera ejemplar. No basta con no delinquir, y mucho menos en instancias en las que a un gran poder ha de aunarse una gran responsabilidad no solamente jurídica, sino ética o de moral ciudadana. Hollande, por ejemplo acaba de hacer firmar a sus ministros un código deontológico en el que dice que el ejercicio del poder se regirá entre otros por el principio de ejemplaridad. http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2012/article/2012/05/17/une-charte-de-deontologie-pour-les-ministres_1703180_1471069.html

    Obviamente, aún no hay nada demostrado en este caso concreto y habrá que esperar a los resultados de la investigación, pero si en Alemania, por ejemplo, los altos cargos dimiten por descubrirse que han copiado en una tesis, en España deberá bastar- siempre en su caso y si se produce- la demostración incorrecta asignación de gastos personales en cuantía elevada como gastos de representación, para tener consecuencias, independientemente de su traducción jurídica.

    Todo esto se llama moral, ética, ejemplaridad, saber ser digno del cargo que estás desempeñando, o más, castizamente, vergüenza torera.

    • Próspero says:

       
      Fernando, si de algo no andamos escasos es de códigos deontológicos”. Los tenemos “a cascoporro”. Sólo voy a citar los dos más divertidos: el del Título III del Estatuto Básico del Empleado Público, que establece los principios de “objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres” (¿quién da más?), y el no menos famoso “Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado” (Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de febrero de 2005), que impone a sus destinatarios, como “principios éticos y de conducta”, los de “objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, credibilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, y promoción del entorno cultural y medioambiental y de la igualdad entre hombres y mujeres”. El desarrollo es todavía mejor: v. gr., el apartado II.3 dice que los altos cargos “se abstendrán de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto público”. ¿Cabe mayor cinismo? ¿es posible una burla más acabada a los ciudadanos? Cuando se ha perdido por completo la vergüenza, tanto da aprobar códigos deontológicos como jurar sobre la Biblia. El único código que impone un poquito es el Código Penal, y a ello se atienen. Digo “un poquito” porque -como bien indica Elisa-, entre líos procesales, apaños, prescripciones y, si todo falla, indultos, la probabilidad de ser condenado es muy reducida.

    • Pues no te digo que no, Próspero…

  • Jesús Casas says:

    Coincido con Sitogr en que este post de Elisa es valiente y a renglón seguido me compunge tener que decirlo pues si España fuera una democracia real publicar una opinión fundamentada en hechos y Derecho no debería ser un acto de valentía. Y convengo con todos en que aquí no se habla de posibles delitos, ni siquiera de faltas administrativas, sino de la necesaria conducta ejemplar de una de las más altas autoridades del Estado y, además, la que representa nada menos que al último poder en el que deberían perder la confianza los ciudadanos, el Judicial. La denuncia, por quién la realiza, estoy convencido de que se hace incluso bajo obligación legal, pero con otros motivos diversos que la debida vigilancia de las cuentas de gatos del CGPJ. Si es una denuncia para desprestigiar, se ha conseguido, pero no ya con el Sr. Presidente, sino con la Institución entera y esto es así por el método inconstitucional (aunque haya sido declarado constitucional por el TC, con acatamiento pero radical discrepancia de su Sentencia al respecto) de elección de los Vocales del CGPJ. Con todo respeto a la persona del Presidente, lamento decir que una cosa tan grave como la posibilidad de que haya cargado gastos personales es nimio en comparación con el hecho de que un Magistrado de prestigio haya aceptado un cargo tras haber sido aceptado “in voce” e “in pectore” por el Presidente del Gobierno, como si el Presidente del Ejecutivo pudiese tener autoridad sobre el Presidente del Judicial. Desde que, en el acto de toma de posesión de su cargo, ante S.M. el Rey, el actual Presidente no dijo que se sentía honrado pero que no podía aceptar el cargo por existir un grave vicio de injerencia de otro poder del Estado gravemente contrario al espíritu y la letra de nuestra Constitución, todo lo demás, huelga. Elisa ha sido valiente y ejemplar, el Sr. Presidente (dicho sea con respeto), ni lo uno ni lo otro. Pero quien sale perdiendo, acabe como acabe todo este embrollo, es la “institucionalidad” democrática. No tenemos remedio.

  • elisadelanuez says:

    Gracias Jesús y a sitorg por llamarme “valiente” pero la verdad es que estoy de acuerdo con Jesús en que si ser valiente es escribir posts como este diciendo lo que pensamos (cosa que creo que hacemos a menudo) tenemos una democracia que se parece sospechosamente a otra cosa. Porque entiendo que el calificarlo de valiente supone pensar que el CGPJ, el sr. Divar, la Fiscalía, la interventora, o los partidos políticos o quien pueda tener interés en no hablar de estos temas podrían tomar represalias contra mi modesta persona a nivel personal o profesional y sinceramente, me niego a pensar que vivo en “ese tipo de Estado”.  Porque además yo creo que si actuamos así es cuando construimos ese tipo de Estado precisamente.  Gracias también por lo de ejemplar, pero de verdad, escribir posts no tiene nada de ejemplar…:-)

    • sitogr says:

      Mantengo lo de valiente y también comparto lo de ejemplar sobre el post de Elisa y todos esos que publicáis editores y colaboradores a los que extiendo el agradecimiento con una finalidad que comparto, el preguntarse si en este país hay derecho. 
       
      Porque no sé ya en qué tipo de democracia y de país bananero vivimos (http://m.elblogsalmon.com/entorno/que-nos-intervengan-ya-por-favor
      es justo reconocer a quien lucha cada día por cambiar las cosas sin pensar o sin tener en cuenta cualquier otra cuestión que su propia moralidad y mejorar las cosas.  Porque no es lo habitual publicar con moralidad, con libertad, sin censuras sobre cualquier tema implique a quien implique o lo espinoso que sea, con valentía, con independencia, y dando cobijo a cualquier posición que defienda su tesis con respeto y profesionalidad. Porque en época de tormenta, lo normal es abandonar el barco y no achicar el agua que entra por las grietas. Y es de Justicia valorarlo. Eso es así. 
       
      Ahora que se cumplen 20 años del asesinato del Juez Falcone (más de uno ya por esto me pondrá en un bando que rechazo de plano pero en fin, señalar la luna y miran el dedo), viene adecuado citar las palabras de JFK que le gustaba repetir: “Un hombre (y una mujer) debe hacer aquello que su deber le dicta, cualesquiera que sean las consecuencias personales, los obstáculos, el peligro o la presión. Ésta es la base de la moralidad humana”. 
       
      Un saludo. 
       

  • Josef K. says:

    Un post muy valiente, enhorabuena.
    Entro en la página del CGPJ y me encuentro con este video:
    http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Canal_Judicial/CGPJ/Conoce_la_nueva_web_del_Poder_Judicial
    …pretendemos acercar el poder judicial a la sociedad… para facilitar el acceso de todos los ciudadanos a este servicio publico que es la administración de justicia… desde este portal todos podrá conocer la labor que los jueces y magistrados desarrollan diariamente…la carta de derechos de los ciudadanos proclama una justicia próxima, transparente, ágil, tecnológicamente avanzada… y a impulsar el ejercicio y la defensa de los derechos y libertades que caracterizan a una sociedad abierta… porque la justicia está a tú servicio.
    Qué bonitas palabras, luego la realidad es pura coincidencia.
    Yo me siento defraudado por la justicia y creo que nunca volveré a pisar un juzgado de forma voluntaria.

  • Penny says:

    Elisa: muchas gracias por la entrada

    Se comenta que en el Tribunal Supremo y en el Consejo General del Poder Judicial la semana laboral de 3 días (semana caribeña) es la norma

    ¿No será que hay un eficiente plan de teletrabajo?

    Saludos 

    PD No parece que haya mucha claridad sobre la Ley de Transparencia http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2012/refc20120518.htm#Transparencia 

  • Si parece que los políticos olvidan que una actuación no tiene que ser delito para ser ilegal no digamos ya lo ilícito, eso ni lo mencionan. Lo peor es la sensación de impunidad. La altaneria y suficiencia con las que se manejan en sus acciones y sus declaraciones. Esa sensación, cada vez más acentuada, de que aquí nunca pasa nada. De ahí las promesas electorales incumplidas, los delitos no castigados y, como bien dice, si son castigados acaban indultados. Es una deriva muy peligrosa por la desmotivación que genera y la falta de credibilidad de nuestros representantes públicos que, para más delito, deberían ser los garantes de la legalidad.
    http://bit.ly/JlcR4l

  • Curro Arriola says:

    Siento repetirme, pero esto es una cueva de ladrones. Y se irán al paro cuando ya no quede nada que robar. Antes, no.
    La cosa tiene mala solución, ya que parece que muchísimos españoles de a pie envidian a esos ladrones, “tan listos”.
    Así, ¿cómo va a cambiar la cosa? Seremos cada vez más pobres y más esclavos.
    Merecidamente.

  • ENNECERUS says:

    El problema es la pérdida absoluta de la referencia de dónde sale el dinero público. El contribuyente es o asalariado esquilmado o defraudador, no hay otra. El primero apenas merece protección en cuanto contribuyente, pues los que mandan lo hacen por su bien. De los segundos, para qué hablar.

    Recordemos cómo el Sr4. Dívar iba con una hucha pidiendo dinero para completar la sanción económica impuesta al juez del narco volador, ese que recibía a la mujer del capo en su casa y al que le encontraron enormes sumas de dinero en metálico en su casa, sin poder dar razón de su origen. Aquello se tapó y pelillos a la mar. 

    Y si esta conducta gravísima ha salido es por una vendetta personal del abogado e íntimo amigo de Garzón, miembro del CGPJ, que si no, ná de ná. 

    • escribano says:

      Se ha archivado la denuncia o ¿ es que alguién pensaba que se iba a tramitar?. Otro ejemplo mas de la irresponsabilidad absoluta del poder judicial. Otro ejemplo más del descrédito que tiene este poder a los ojos de la sociedad. El primer objetivo de la Plataforma debe ser pedir un riguroso sistema de responsabilidad que esté  a la altura del poder que tienes los jueces y magistrados y que sea exigido, no por su pares, sino por personas ajenas al poder judicial.

  • Enhorabuena por el contenido y la oportunidad del comentario. Nada que añadir a lo que ya habeis apuntado salvo que no pensé que imponer una Orden (incluso la de san Raimundo) exigiera un viaje de 4 días a cuenta del CGPJ, máxime si se viaja con AVE. Me temo que en el mejor de los casos se acogerá a la fórmula regia: lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Pero si no dimite o si el Pleno no lo cesa nuestra tendencia italianizante en materia de responsabilidad política (si no se comete delito o ha prescrito no pasa nada) se habrá consolidado.

  • robespierre says:

    El fiscal pide un certificado al SG del Consejo para que justifique que los viajes son oficiales…a ver si así nos quitamos el mochuelo de encima (el fiscal me refiero). Luego como el SG se niega, porque no le consta dice el jefe de gabinete de Divar, persona de su confianza, que sí, que sí, que son oficiales. El fiscal archiva y el Ministro sale y dice que el CGPJ ha salido fortalecido…vamos, una tomadura de pelo de marca mayor. Todo esto según noticias del “El País” y según noticias de todos los que conocen la casa por dentro. En fín, esta institución ya estaba muy desprestigiada antes, pero ahora no sé, yo creo que está más o menos como la Casa Real después del viaje famoso… 

    • Triboniano says:

      Perdona Robes, pero se te ve el plumero regicida, lo de Presidente del CGPJ es mil veces peor que lo del monarca. Una cosa es el exceso cinegético y otra la malversación de fondos públicos, que según el diccionario es usar dinero público para fines privados, distintos de a los que en teoría está destinado. Y eso realizado por la primera autoridad judicial del Estado. Que lo haga es muy deprimente, pero el que no pase nada es el fin de este país. El fin, Robes, el fin.

  • elisadelanuez says:

    La verdad es que más allá de la anécdota es realmente preocupante ver caer las instituciones en descrédito una por una. Aquí también se puede incluir a la Intervención y a la Fiscalía porque la verdad, para decir que son gastos oficiales lo que dicen los que hacen los gastos que lo son, sobran bastantes alforjas, como es evidente. Más allá del elemento subjetivo del tipo penal (no hay delito porque no tenía ánimo de lucrarse, vamos, que pensaba que podía pasar estos gastos) hay un dato objetivo que todavía sigue sin aclarar: ¿estaban o no justificados esos gastos con ocasión de una actividad institucional del Presidente del CGPJ? Si lo estaban, bien, si no lo estaban, los tiene que pagar de su bolsillo, y dar explicaciones o que se las pidan. No hablo de dimisión porque en este país no se sabe lo que es esta figura, pero vamos, ese tipo de conductas (dimitir, reprobación por parte del CGPJ, etc, etc) nos devolvería aunque fuera por un rato a la órbita de países serios. Vamos, ya se que es ciencia ficción, pero como toca hablar de credibilidad y confianza, la credibilidad y la confianza de las instituciones cuando se ha perdido se recupera regenerando las instituciones y para ello es imprescindible depurar las responsabilidades, sean políticas, administrativas, patrimoniales y penales. Aquí y en todas partes.    

  • Luisa says:

    Repasemos en realidad la tarea del MF: El FGE para no mancharse las manos (y reputación por si estalla por donde no se espera) delega en el Teniente Fiscal del TS la investigación. Recordemos que es el nº 1 de la carrera porque el FGE es cargo político. 
    No encuentra ilícito porque le han dicho que era lícito desde la Secretaría de Gobierno y sin más comprobaciones archivo. “Formalmente” ha investigado pero es una pantomima de investigación.
    Total los fiscales para algo son “compañeros” cuando toca de los jueces o la peor calaña cuando proceda.
    Pero la Admón. de Justicia está muy seriamente tocada en este país. Insisto en un procedimiento de un compañero “Dº fundamentales 3-2012″ ante el TSJ de Galicia por mobbing. EL MF lleva ya más de 5 meses sin mandar el expediente administrativo completo y señalando eso sí reuniones con muy malas palabras hacia sus superiores un día que el fiscal ha probado que estaba en un  desplazamiento fuera de la ciudad toda la mañana. 
    Y el escandalazo que va a ser como condenen por mobbing al MF siendo uno de los grandes garantes de dº fundamentales, pero claro, sin aportar el expediente ni contestar a la demanda mal van a ganar con inversión de la carga de la prueba… 

  • ENNECERUS says:

    Triboniano, estoy de acuerdo contigo si y sólo si el Jefe del Estado se fue de cacería pagándolo de su propio pecunio. Ahora bien, si el viaje lo pagamos entre todos, entoces es muchísimo más grave que lo de Dívar. Por otra parte, ya va siendo hora que en los gastos de la Casa Real se informe de lo que cuesta su seguridad, los gastos de viajes y desplazamientos oficiales, los oficiosos, etc.

    Por no hablar del presupuesto del CNI, que todo el mundo sabe a qué se destina en su mayor parte. Gastos cinegéticos, por aquello de las perdices y tal. 

  • Franz says:

    Cada vez que cierro el ordenador después de leeros me siento un proyecto de jurista mucho más preparado, ¡Gracias por estas lecciones magistrales! Ya casi en 5º de carrera y 5 minutos leyendo este tipo de artículos es mucho más productivo que gran parte de las clases. Un saludo a todos.
     

  • Como dice Elisa, la responsabilidad politica es algo desconocido por estos pagos. Salvo el caso, no sé, de Antoni Asunción porque se le escapó Roldán, norecuerdo más. Y eso que lis desmanes son constantes o simplemente las meteduras de para hasta el cuezo. Por ejemplo,Celia Villalobos y el tema del aceite de orujo o el de la no renovación de acuerdos de asistencia sanitaria de grandes empresa. Aus decisiones generaron pleitos que se han perdido, con resultado de miles de Ueuros tirados sobre la base de decisiones políticas erróneas. Resultado: la medalla al trabajo, no?

    Y los jueces? Lo más cercano a la divinidad. No responden, y hacen lo que quieren. Por ejemplo, y esto Es real, un juez decreta la intervención de unos teléfonos y sobre la base de las escuchas encierra a varios sujetos y adopta otras medidas cautelares como cierre de empresas. Se recurre y el tribunal superior anula de plano la resolución judicial por haberse adoptado con flagrante vulneración de las garantias constitucionales. Por abreviar, una decisión judicial que desconoce, a voluntad o por impericia, la JTC y la JTS no tiene consecuencia alguna para el juez. Que fue del iura novit curia? Y como se resuelve el asunto anulando laresolución judicial manifiestamente errónea por otro órgano judicial en el seno del proceso mismo, no hay indemnización por error judicial, sin que hayintervención del TS

    Precioso, verdad? 

  • Miguel Presno says:

    Hoy, jueves 24 de mayo, se celebrará un Pleno del Consejo General del Poder Judicial para que el Presidente “explique” el uso que ha hecho de fondos públicos en viajes “supuestamente” oficiales. Es sabido que la Fiscalía decidió archivar la denuncia de uno de los vocales pero, como recuerda en un comunicado del día 22 la asociación Jueces para la Democracia, la propia resolución de archivo sugiere una realidad carente de mecanismos reales de control de parte del gasto originado, desde el momento en que no resulta preceptivo informar sobre la causas que motivan viajes, atenciones protocolarias y otros semejantes, imposibilitando de facto cualquier verificación tanto de los servicios internos como de la intervención general del estado. En ese mismo comunicado se añade que la legitimidad democrática de la institución y de sus integrantes es inseparable de la obligación de que éstos respondan de sus acciones ante la ciudadanía, bien rindiendo cuentas de su actividad, bien, en última instancia, mediante la dimisión de sus miembros cuando se considere que se han cometido graves errores durante el ejercicio del cargo.
    Dado que el Presidente se ha negado a dar explicaciones públicas y detalladas acerca del destino y concreta aplicación de estos fondos, el hecho de que, de momento, no se haya apreciado la existencia de responsabilidad penal, no es óbice para reclamar su  dimisión. Caso de que no lo hiciera el resto de los vocales deberían cesarle. Y es que, como señala Stefano Rodotà (Elogio del moralismo) a propósito de una realidad institucional italiana a la que cada vez se asemeja más la española, si los cargos públicos no quieren transformarse en una “casta” deben mantener la legitimidad pública y la confianza de los ciudadanos. Y la ausencia de comportamientos delictivos no resuelve el problema de comportamientos deshonestos e indignos sobre el modo de ejercicio del poder.

  • elisadelanuez says:

    Y la cosa empieza a derivar en sainete…unos piden que dimita el denunciado y otros piden que dimita el denunciante…y por supuesto nadie dimite. Esto parece hayderechotoday
     http://www.abc.es/20120524/espana/abci-peticion-dimision-divar-201205241519.html
     

  • La cosa parece que acaba en un bochornoso barrer debajo de la alfombra.
    Curioso que precisamente dentro de pocos días van oiremos campañas de concienciación fiscal por el IRPF. Pues sí que estos espectáculos animan mucho al contribuyente…

  • Josef K. says:

    A que a partir de ahora ya no carga, a los presupuestos del Consejo, más viajes caribeños  a Marbella.
     
    Buenos días.

  • robespierre says:

    Si, escriban el hayderechotoday por favor, que hay cosas que ya solo se pueden contar en clave de humor, como los misteriosos viajes del sr. Divar a Marbella. Ni privados ni oficiales, en ese limbo misterioso en donde confluyen y se entrelazan inextricablemente, gracias a nuestro dinero,  la personalidad pública y la privada del sujeto en cuestión. De manera que también cuando encarga servicio de minibar un fin de semana en Marbella está atendiendo a sus funciones públicas y velando por la maltrecha Administración de Justicia española, y además, nos insinúa el sr. Menendez su entregado jefe de Gabinete, hay cosas que “no se pueden contar” porque claro se pone en peligro la seguridad del Estado, esas cosas…A ver si resulta que este señor va a ser un espía del CESID. En fín, que esto mejor contarlo directamente en clave de humor, por favor, que ya no se aguanta más tanta idiocia y tanta desfachatez.   

  • Raquel says:

    Soy profana en derecho, lo siento. Pero ¿realmente no podemos hacer nada?
    Yo colaboría económicamente para financiar una acusación particular. Aunque fuera para que se hable más del tema.
    Esto ya no lo podemos aguantar

  • Pingback: Divar o la corrupción de los cretinos | Politikon

  • Me permito copiar una entrada que colgué hoy en mi blog titulada ¡Que dimita Rita! http://presnolinera.wordpress.com/2012/05/25/sobre-los-viajes-del-presidente-del-consejo-general-del-poder-judicial-que-dimita-rita/
    En su esperpéntica reunión del jueves 24 de mayo, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) analizó los 20 viajes de fin de semana –aunque alguno por su duración fue de casi media semana- que su Presidente, Carlos Dívar, realizó a Puerto Banús (Marbella) y que han supuesto el pago de miles de euros con cargo a los Presupuestos del propio Consejo. A título de ejemplo, uno de los viajes cuyos gastos se describen en la denuncia se desarrolló del 11 (sábado) al 15 (miércoles) de septiembre de 2010 e implicó el pago de billetes del AVE en clase club, un traslado en barco a Ceuta y el uso de un Mercedes 500, así como el alojamiento en un hotel de gran lujo en Puerto Banús, las comidas en el restaurante de la piscina y  en la habitación, así como las bebidas en el bar de la piscina, en el bar del hotel y las consumiciones del minibar.
    Pues bien, en el mencionado Pleno, según han informado varios medios de comunicación –nada se indica al respecto en la página web del CGPJ-, cuatro vocales se sumaron a la petición de dimisión de Dívar, que ya había formulado el vocal José Manuel Gómez Benitez. Por su parte, el Presidente ha anunciado que ni dimite ni va a dar explicaciones a la prensa. Lo sorprendente, o no, es que otros siete vocales han solicitado que el que dimita sea el denunciante Gómez Benitez por haber interpuesto dicha denuncia ante la Fiscalía General del Estado en lugar de haber planteado su queja ante el propio CGPJ.
    Pero la sorpresa, o no, ya la había dado la Fiscalía ante el Tribunal Supremo pues, según explica en una nota oficial de prensa [las cursivas son mías], el hecho de abonar determinados viajes con cargo a su dinero, o el hecho de no cargar en alguno de ellos la manutención y el alojamiento, o el hecho de individualizar lo privado de lo público, pagándose el alojamiento y la manutención en determinados días demuestran, a juicio del Fiscal, “la inexistencia de una intención de lucrarse o de aprovecharse en su beneficio que el tipo penal exige como requisito indispensable para su aplicación”. El Fiscal concluye que “no existe prueba alguna, ni directa ni indiciaria, que permita afirmar que la conducta del Presidente del Consejo deba ser sometida a los parámetros del Derecho Penal”. Para la Fiscalía no importa, pues, lo que haya ocurrido con los otros días, viajes o gastos sufragados por el CGPJ.
    Al margen ya de si los hechos son, o no, constitutivos de delito, el señor Dívar se ha negado a dar información sobre el objeto de sus visitas alegando que no tiene obligación de revelar la identidad de las personas con quienes se ha entrevistado. Sin embargo, como recuerda en un comunicado del día 22 de mayo la asociación Jueces para la Democracia, la propia resolución de archivo por parte de la Fiscalía sugiere una realidad carente de mecanismos reales de control de parte del gasto originado, desde el momento en que no resulta preceptivo informar sobre la causas que motivan viajes, atenciones protocolarias y otros semejantes, imposibilitando cualquier verificación tanto de los servicios internos como de la Intervención General del Estado. En ese mismo comunicado se añade que la legitimidad democrática de la institución y de sus integrantes es inseparable de la obligación de que éstos respondan de sus acciones ante la ciudadanía, bien rindiendo cuentas de su actividad, bien, en última instancia, mediante la dimisión de sus miembros cuando se considere que se han cometido graves errores durante el ejercicio del cargo.
    Jueces para la Democracia y la Asociación Progresista de Fiscales han pedido la dimisión de Dívar, cosa que el Presidente ha rechazado pues eso se interpretaría “como una asunción de responsabilidades”. Que el Presidente del CGPJ se niegue a dimitir en un país en el que ese verbo apenas se conjuga no extraña mucho; sorprende un poco más, o no, que otros 15 vocales no se lo exijan o que, directamente, 13 de ellos no se hayan planteado acordar su cese, como permite el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Quizá es que nuestra realidad institucional se está aproximando mucho a la italiana, donde, como denuncia Stefano Rodotà (Elogio del moralismo), se asiste a una inadmisible privatización de la esfera pública, no solo a causa de la brutal apropiación de recursos públicos para satisfacer intereses privados, sino también, y de modo especial, porque las instituciones se han plegado a la pretensión, nunca abandonada, de crear una red de protección cada vez más resistente a favor de corruptos, corruptores e inmorales. Sostiene Rodotà que si los cargos públicos no quieren transformarse en una “casta” deben mantener la legitimidad pública y la confianza de los ciudadanos. Y la ausencia de actos no resuelve el problema de comportamientos deshonestos e indignos sobre el modo de ejercicio del poder.
    Pd. En la página del CGPJ está disponible este didáctico vídeo en el que Carlos Dívar explica los cambios y mejoras de la web del CGPJ. Nada se dice en dicha página sobre sus viajes, la denuncia que han provocado ni que, después del Rey, gana el salario más alto como titular de una institución del Estado: 130.152’62 euros.

  • Penny says:

    Otro blog que deberíais leer cada mañana se ocupa de D. Jose Carlos Divar 

    http://politikon.es/2012/05/25/divar-o-la-corrupcion-de-los-cretinos/

  • elisadelanuez says:

    Penny, gracias por la recomendación, conocemos el blog y lo tenemos entre nuestros links recomendados. Además en el post de hoy sobre Carlos Divar (muy bueno el título) nos citan a nosotros…:-)  

  • robespierre says:

    ¿Y que les parece la comparecencia de hoy de Divar? Entre el esperpento y la astracanada…pasando por la indigencia mental. Toma ya presidente del Tribunal Supremo. Espero que no lo traduzcan porque se nos va a caer la cara de verguenza.
     http://www.eleconomista.es/espana/cronicas/2951/05/12/Siga-en-directo-la-comparecencia-de-Carlos-Dvar.html

  • Josef K. says:

    La situación del Consejo General del Poder Judicial genera sentimientos “de impotencia, vergüenza y tristeza”, según un comunicado de 17 jueces decanos, que esperan que este órgano “esté a la altura de las circunstancias” en el pleno en el que mañana se votará instar a dimitir a su presidente, Carlos Dívar.

    Impotencia, verguenza y tristeza también sentimos algunos ciudadanos con las  sentencias de algunos jueces.

    http://www.lexdiario.es/noticias/132325/los-jueces-decanos-hablan-de-verguenza-y-esperan-que-cgpj-este-a-la-altura

  • Penny says:

    Parece que en los actos de conmemoración del bicentenario del Tribunal Supremo se comerá perdiz

    http://www.abc.es/20120616/espana/abci-pleno-divar-dimision-201206161356.html  

  • JJGF says:

    Ya se ha ido Dívar, cosa que debió haber hecho sin esperar estas semanas, de inmediato. Con pundonor.

    La verdad es la verdad la diga Agamenón o su porquero, y parece que Gómez Benitez - el delator - es el porquero, y no Agamenón. 

    Pero lo que podemos concluir de este caso es que la justicia no es ciega, y que la mierda, o la porquería, no sale por casualidad a la superficie. No. Los porqueros de los respectivos sectores judiciales, políticos o mediáticos, la administran pro domo sua. Hay un pacto tácito de no agresión. Si tú no sacas esto, yo no saco lo otro…. Y cuando algo sale es porque una de las partes ha roto alguna línea roja que lleva a otra de las partes a tirar de archivo y responder a la agresión.

    A mí me gustaría que la porquería saliera toda, y saliera de inmediato cada vez, no que se silenciara/retuviera/administrara cual arma arrojadiza para cuando llegue la ocasión. Ello hablaría bien de la rectitud de todas las autoridades públicas, cosa que ahora no pasa.

    ¿Cuánta porquería ignoramos? Casi toda. Y tenemos derecho a saberla ya, y no cuando convenga a unos y otros echársela encima . 

    Transparencia. Que los políticos no jueguen con nosotros, los contribuyentes.  



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