De lo fácil que es recortar y lo difícil que es gestionar

Este post no pretende ser un alegato especialmente técnico, aún siendo conocedor del alto nivel que poseen la mayoría de los lectores de este portal eminentemente jurídico. Pretende ser una mera reflexión, en lenguaje común, de una situación social que cientos de miles de ciudadanos están soportando, situación social que les puedo asegurar, por mi trayectoria profesional, que conozco demasiado bien.

 

La situación de crisis económica global que vivimos está derrumbando el progreso social conseguido con tanto esfuerzo y lucha a lo largo de décadas. Y lo está haciendo, curiosamente, dejando seriamente lastimados a quiénes menos culpa han tenido en esta debacle: al ciudadano con menos recursos, al ciudadano con rentas medias-bajas. Paradójico: las grandes fuerzas políticas y financieras que nos han llevado a este desastre reciben sus grandes cuotas monetarias para superar el abismo, y los que no han tenido nada que ver son saqueados con reformas legales y recortes sociales cada semana para conseguir fondos para los primeros. El ciudadano siempre pierde. Pierde cuando es él el que gestiona mal su patrimonio, y pierde cuando gestionan mal el patrimonio común los políticos.

 

Para recortar y quitar prestaciones no hace falta haber estudiado económicas o empresariales. Para optimizar y controlar el gasto con actuaciones de vigilancia y eficiencia sí. Resulta que en vez de racionalizar y distribuir adecuadamente las prestaciones sanitarias, incluidos los medicamentos, tiramos por la calle de en medio eliminando activos, no sea que se nos caliente demasiado el cerebro en el proceso de un análisis exhaustivo de la eficiencia en la gestión. Eliminando de raíz prestaciones del servicio público se reduce el gasto, qué duda cabe, pero así es muy fácil, y “no hace falta tener estudios” para ello. Del mismo modo que, también, debamos plantearnos si reduciendo a niveles irrisorios la inversión en educación, ciencia, investigación y servicios sociales esenciales, no caeremos en un abismo de tal profundidad, que nos hagamos verdaderos dependientes de productos y servicios externos. Es decir, no sólo seguiremos perdiendo oleadas de jóvenes tremendamente preparados, por ejemplo, sino que también deberemos comprar sus resultados a terceros países donde se hallen desarrollando su potencial, y a precio de oro.

 

En el país de las leyes, hay que ver lo poco que se aprovechan las leyes. Supuestamente, cuando se aprobaron la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, y el Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes de dispensación, se hizo con un objetivo último de racionalizar el gasto y mejorar la eficiencia de nuestro sistema de prestaciones farmacéuticas vigente. ¿Acaso no hubiera bastado en nuestro país de las leyes, una vez aprobadas ambas normas legales, ponerlas en práctica de verdad antes de llegar a la reciente revisión del nuevo copago farmacéutico?. La cortedad de mira de nuestros gestores políticos, actuales y pasados, llevan desoyendo igualmente una petición lógica y evidente en la actualización de la cartera ortroprotésica, que a la postre significaría un importante ahorro: la introducción en ella de prótesis con materiales nuevos y más resistentes. Si una prótesis, silla de ruedas o elemento asistivo cuesta 3 veces más, pero dura 8 más en el tiempo de reposición o cambio, ¿qué es más rentable? Evidentemente, mucho más sencillo y lustroso para las mal gestionadas arcas públicas gravar las antiguas o directamente eliminarlas, que arriesgarse a mantener un gasto más rentable a medio y largo plazo, con consecuencias desastrosas para un porcentaje no desdeñable de población.

 

Gestionar las vidas de los demás a menudo suele ser más fácil que gestionar la de uno mismo, sobre todo cuando uno va en un coche de 50.000 € tirando por lo bajo, y el otro va caminando bajo su paraguas para evitar que le caiga el granizo encima. Algo no debe funcionar cuando una minoría de la representación ciudadana (sí, una minoría, no de escaños en el Congreso, una minoría de votantes al grupo gobernante en contraposición a todos los votantes del resto de grupos parlamentarios) adquiere una discapacidad, sordera, sobrevenida y esperemos temporal, para ni hablar ni escuchar, y así sacar adelante unos presupuestos generales y una serie de Reales Decretos-legislativos porque sí, porque yo lo mando, que van a suponer el mayor retroceso del bienestar social en 30 años.

 

La congelación, paralización, de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia fue el primer mazazo social y humano de esta carrera de recortes para miles de ciudadanos. Una vuelta atrás, y a la realidad de necesidades no cubiertas de miles de ciudadanos dependientes de terceras personas y apoyos para llevar simplemente una vida digna. Dignidad que parecen obviar o desconocer desde las altas esferas. Dignidad y desconocimiento de, además, la pérdida y destrucción de miles de puestos de trabajo que engrosarán las listas del paro, y la vuelta a cargar a los círculos familiares de unos sobrecostes económicos difícilmente soportables en muchos casos. El ciudadano no debe pagar las consecuencias de lo mal que se hacen las leyes, llámese en este caso la coloquialmente conocida como “ley de dependencia”, una ley de mucha filosofía asistencial, trasnochada, y poca autonomía. Hoy no pueden hacer las leyes sólo los juristas, es completamente necesario contar con los técnicos que conjuguen el derecho y las garantías jurídicas con las mejores y más rentables soluciones, incluyendo el potencial que hoy aportan las tecnologías. Algo que debiera hacernos reflexionar si, sin menospreciar ningún ámbito, son mejores gestores y diseñadores públicos los tecnócratas o los juristas puros.

 

¿De verdad se creen nuestros representantes que no hay partidas más importantes para recortar, que aquellas que afectan a la integridad, la salud, el futuro y la dignidad de los ciudadanos? ¿Es necesario que nuestros representantes usen el smartphone más caro del mercado, cuando la mitad ni sabrán utilizarlo más allá de para llamar a sus correlegionarios? ¿Son necesarias las dietas de nuestros representantes, o podrían pagarse el menú diario de su sueldo como el resto o mayoría de los trabajadores?  ¿Cuánto se ahorraría en mantener reuniones por videoconferencia, en lugar de tanto desplazamiento y coste en tiempo y dinero? ¿Es necesaria una reduplicación de instituciones, un patrimonio desmesurado y anticuado, o unas infraestructuras completamente ruinosas? ¿Es necesario nuestro actual y carísimo parque de automóviles oficiales, en las distintas Administraciones? ¿Son más necesarias las múltiples traducciones cooficiales?… Cabría esperar la argumentación política de que estos gastos son menores, pero el ciudadano podría replicar que aún siendo menores, si se eliminaran, los recortes al menos sería también menores. Poco a poco  se van minando las posibilidades y el consumo de los más débiles y las economías más vulnerables: 5 € de aquí, 3 de allá, un microcrédito par la educación de los hijos por allí…

 

Son difícilmente justificables las medidas restrictivas al ciudadano que vemos día a día, cuando antes no se han acometido las que afectan a los grandes males de nuestra economía. Es decir, y dicho a la inversa, sólo quedarían justificadas cuando medidas ante el fraude fiscal, financiero, evasivo de capitales y contra los grandes morosos, e incluso imputación de responsabilidades en la mala gestión de fondos públicos, no hubieran dado resultados. En palabras metafóricas entendibles para un país eminentemente futbolero: cuando los equipos hayan devuelto sus deudas, oiga, exprímame a mí. Oiga, venda a sus jugadores, redima sus deudas con el fisco, y sólo entonces si no es suficiente, exprímame a mí como ciudadano cotizante. Oiga, cuando se eliminen las enormes subvenciones a entidades  difícilmente justificables, pida ayuda al ciudadano. Cuando haya una verdadera reforma financiera y de grandes salarios, recortemos al funcionario mileurista, como mucho. Cuando gestionemos bien los profesionales y los recursos públicos, y no dé resultado, entonces quizás nos creamos justificados los recortes sociales. Porque lo que está ocurriendo ahora, lo vamos a pagar durante décadas. Y lo que es más grave, las nuevas generaciones, la actual y las próximas.

 

3 comentarios
  1. Curro Arriola
    Curro Arriola Dice:

    ¡Ah, Juan Carlos! Pero quienes todo eso hacen tienen el respaldo de la mayoría de votantes necesaria para hacerlo,¿o no? No tienen la mayoría de los votantes, verdad dices; pero en España funcionamos con la ley D´Hondt.
    Que nadie va a cambiar, ya que es precisamente la que alimenta a los partidos dominantes. Y lo saben.
    El que ande contando los tres euros que mencionas, mientras camina con el paraguas bajo el granizo, y ve pasar el cochazo del político… que se consuele pensando, como buen partitócrata: “a este le he votado yo, es mi representante, ¡qué gustito!”.

  2. Habilitada
    Habilitada Dice:

    tanto escuchamos al Gobierno actual cuando era oposición hablar de derroche, que hasta albergué la esperanza de que cuando llegaran al poder harían lo que se predecía necesario y obvio por los ciudadanos: recortes en gasto político, en duplicidades y en lujos de ciertos privilegiados.
    Por desagracia el nuevo gobierno ha hecho lo que sabía hacer el otro, perjudicar al que menos culpla tiene y alardear de una remodelación de la administración que solo consiste en recortes, y en ningún caso en cambios basados en estudios de eficacia y eficiencia.
    Nos han deleitado con tu quitate tu que me pongo yo, fuera los tuyos y vengan los mios, la herencia es la culpable y mi capa es un sayo…
    Además de unas cuantas leyes que quedan muy bien, porque son endurecen los controles, por ejemplo me refiero a la ley de estabilidad presupuestaria y su aplicación a las entidades locales. Si no recuerdo mal ya estaba contemplado el hecho de que los presupuestos locales no se aprobasen con deficit, se les negase el credito si el ahorro neto resultaba negativo y se procediese a un plan de saneamiento. Sin duda recoger todo esto en una nueva ley, nos hará mucho bien. Eso sí, en ningún caso se adoptan medidas para exigir responsabilidades a los gestores que perjudiquen los recursos públicos…eso queda en un desideratum expresado en voz alta para acallar el clamor social.
     
     

  3. Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado
    Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado Dice:

    Juan Carlos, gracias como siempre por tus reflexiones, que son especialmente importantes viniendo de una persona como tú, que conoce de verdad el mundo de la discapacidad y no de oídas, así como la pérdida de expectativas, cuando no directamente la tragedia que suponen los recortes en este ámbito.  Al fín y al cabo, para los demás estos recortes son incómodos, o nos fastidian, pero para las personas con dependencia y con enfermedades importantes estamos hablando de algo muy grave y probablemente del fin de la Gran Ilusión.  Qué desastre habiendo tantas y tantas partidas donde ahorrar, pero como siempre comentamos aquí, el problema es que siempre es más fácil recortar a los otros, y en segundo lugar, gestionar de verdad con eficacia y con racionalidad es bastante más complejo que sacar un Decreto-ley cada viernes.

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