Funcionarios y función pública

Tengo para mí que la causa última de la crisis económica que nos asola es de carácter sistémico o estructural y radica precisamente en la perversión primero y luego en la lenta y larga agonía de los principios en que descansa el estado de derecho. Quizás el más importante de esos principios violados sea el de la separación de poderes, que enunciaron los liberales ilustrados clásicos del siglo XVIII, en especial Montesquieu y Locke, con su famosa división entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Nadie que no sea político en activo o expectante podrá negar la fagocitación del legislativo por el ejecutivo o la politización extrema del poder judicial, cada vez más mediatizado por aquel.

 

Esta evidencia, sin embargo, oculta otros graves problemas que afectan de forma muy grave a la organización institucional del ejecutivo y concretamente a las relaciones entre los políticos, funcionarios y el resto de los trabajadores del sector público.

 

¿Qué es un funcionario? La respuesta parece de Perogrullo: Funcionario es aquél que realiza una función pública y en este sentido, es un servidor del estado o de la administración pública para la que realiza las funciones públicas. Sin embargo, si atendemos al número de funcionarios que hay en España y que según distintas fuentes ronda los 3 millones de personas, parece que algo falla.

 

El funcionariado fue concebido como un estatuto especial para proteger a los servidores públicos de las decisiones arbitrarias de quienes en cada momento ostentaran el poder. Por este motivo, se trató de reclutar a las mejores cabezas por medio de importantes barreras a la entrada (oposiciones) a fin de construir una administración altamente profesionalizada y que sirviera de contrapeso del poder político y sus urgencias temporales. En definitiva, la Administración fue concebida para actuar como garante de los intereses generales, pensando más en el largo plazo y dotar de estabilidad y eficacia a la acción política y de este modo, al conjunto del sistema político.

 

Por razones que no vienen al caso, este sistema que podríamos denominar napoleónico, quedó superado históricamente, de manera que en la actualidad ni siquiera como metáfora podemos defender que funcionario sea aquel que realiza funciones públicas. En efecto, si elaboramos un catálogo genérico de tales funciones quedarían indudablemente incluidas todas aquellas que llevan aparejado el ejercicio de un poder estatal: militares, policías, jueces, inspectores, reguladores, etc.

 

Sin embargo, el estatus de funcionario es disfrutado y ansiado por numerosos colectivos y personas que realizan las más variopintas actividades profesionales y económicas que ni por asomo llevan aparejado el ejercicio de poder administrativo alguno. Aparte de su condición funcionarial, lo único común a la pléyade de médicos y personal sanitario, arquitectos, ingenieros, bomberos, docentes, abogados, economistas, administrativos, científicos, periodistas, ferroviarios, transportistas, etc. es que sus actividades no tienen ni por asomo la condición del ejercicio de un poder del estado. ¿A qué viene entonces atribuirles el estatuto funcionarial cuando otras personas e incluso ellas mismas realizan estas actividades en la esfera privada?

 

La respuesta oficial es obvia: Es preciso que estas actividades se realicen en el seno del sector público en condiciones de respeto del principio de legalidad y en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos. Pero en la práctica, la realidad es otra y desvela el abuso perverso del sistema, sin necesidad de entrar en los casos patológicos de los funcionarios nombrados o enchufados a dedo.

 

Por razón de su importancia, el estatuto del funcionario es lógicamente privilegiado frente al del trabajador ordinario: Goza de una estabilidad vitalicia en el empleo, con un salario asegurado y las condiciones de movilidad geográfica y funcional son mucho más favorables en general que en los de una empresa privada, sin que ello suponga en general una retribución inferior. En los casos excepcionales en que la retribución en el sector privado es mayor, tienen la posibilidad de solicitar la excedencia, sin perder la plaza y en muchas ocasiones pueden compatibilizar el trabajo para el sector público y el privado. Tampoco es ningún secreto que las exigencias de productividad en el sector público nada tienen que ver con las que existen en el ámbito privado, de manera que la administración necesita con frecuencia externalizar determinados servicios, incluso en actividades que implican el ejercicio directo de funciones públicas (i.e. el encargo de la redacción de normas o dictámenes de su defensa en caso de impugnación a despachos privados). Corolario lógico de todo ello es que son muy numerosos los colectivos que reivindican su funcionarización pero prácticamente inexistentes quienes defienden lo contrario.

 

Pero desde el punto de vista político hay otras razones no tan visibles pero de mayor gravedad para el sistema. La generalización del estatuto funcionarial degrada su carácter y elimina por completo cualquier vestigio de control del poder político por parte de la propia administración. Provoca también una forzosa equiparación salarial, con un recorte de retribuciones extraordinario por arriba, de manera que las mejores cabezas ya no optan por hacer el esfuerzo necesario para ingresar con vocación de permanencia en la administración; todo lo más, utilizan legítimamente su paso por ella como si de un máster o practicum se tratara, previo a su incorporación al poder privado. De esta manera, la administración queda perfectamente neutralizada como contrapoder político, con una estructura elefantiásica totalmente ineficiente y consumidora bulímica de ingentísimos recursos.

 

Sin embargo no es inútil, ya que se ha convertido en el perfecto instrumento al servicio del poder político y del pensamiento único políticamente correcto, sin importar sus brutales ineficiencias jurídicas y económicas y que pasito a pasito, vaya ganando terreno a las libertades ciudadanas, degradando el estado de derecho.

17 comentarios
  1. Manu Oquendo
    Manu Oquendo Dice:

    Estimado Javier, sospecho que, siendo importante, este artículo que hoy nos escribe va a suscitar algún chascarrillo que otro.

    Es cierto que las burocracias funcionariales fácilmente terminan actuando como una barrera protectora de la ciudadanía cuando se las ve desde la perspectiva del poder.

    Pero créame que desde este lado la cosa no suele verse del mismo modo. Al contrario, lo vemos como correa de transmisión de los designios insondables del poderoso. Frecuentemente en “Vicioso Contubernio” con los aliados privados del poder.

    Voy a ponerle un ejemplo: Los famosos boletines de cotización de la Seguridad Social que cuando por algún motivo no se domicilian (invento español para capturar clientes bancarios de por vida y cargarles a tanto por apunte –el colmo del latrocinio impune tras usar nuestro propio dinero gratis) requiere pagar con el documento físico.

    Pues bien, hasta que la crisis bancaria arreció estos boletines se nos enviaban al domicilio agrupados por semestres y un poco antes de que se acabasen llegaban los nuevos por correo.

    Un buen día, un nuevo Director General del servicio decidió que no pagábamos bastantes comisiones a los bancos y nos obligó a domiciliar si no queríamos tener que ir cada mes a sus oficinas a buscar el boletín de ese mes y ni uno más.

    Un funcionario, sí señor. Pero del Estado y de su Banca. No nuestro.

    Dicho lo cual creo que dice usted cosas importantes que por la noche trataré de comentar.  Pero la percepción es la que es.
    Una falta de igualdad de armas en la relación Ciudano/Estado que abochorna y nos devuelve a la condición de súbdito. 

    Un saludo

    • Fausto1880
      Fausto1880 Dice:

      Ojalá fuera tan poca cosa como una comisión bancaria. La obra pública y la ingeniería en general están acogotadas por normas estúpidas OBLIGATORIAS, que encarecen brutalmente la construcción de obra nueva o su reforma. Rascando un poco de donde nacen tantas normas terminamos encontrando al técnico de turno del ayuntamiento o comunidad autónoma que, sin haber llevado en su vida un proyecto en condiciones, tiene una idea feliz que obliga a todos a ejecutar en el ámbito de su “jurisdicción”.
      No se escapa casi nadie, detrás de cada funcionario con poder se esconde un pequeño Napoleón feliz de hacer de Jesucristo cuando realmente se comporta como Atila.

  2. Elisadelanuez
    Elisadelanuez Dice:

    El tema de la reforma de la funcion publica separando el grano de la paja, y perdonen la expresion evagelica, toca ya. Pero me temo que una vez mas los imprescindibles recortes y reformas se haran por igual o de forma lineal, o peor todavia, cortando el grano y dejando la paja.

  3. ENNECERUS
    ENNECERUS Dice:

    A ver si se anima el debate porque me parece un enfoque distinto muy interesante: ¿Es necesario el funcionariado en una sociedad moderna? ¿Para qué? A ver qué escribe Manu Oquendo, “mi otro yo” casi siempre y nos lanzamos a la piscina. 

  4. Javier Oñate Cuadros
    Javier Oñate Cuadros Dice:

    Querido Manu: A pesar de mi condición de funcionario retribuido por arancel, le aseguro que mi perspectiva es la misma que la suya, desde abajo, puesto que todos los ciudadanos sufrimos a la Administración omnipresente.

    Si los Directores Generales no fueran puestos de libre designación sino puestos a los que se accediera por aniguedad y concurso de méritos y por encima no estuvieran más que los cargos políticos, subsecretario, secretario de estado y ministro, probablemente la administración sería un contrapoder eficaz frente a los excesos políticos.

    Obviamente no puede ser ni el único ni el más eficaz contrapoder. Es muy evidente que en España se optó por distribuir el poder de forma territorial y no de forma institucional mediante un sistemas de checks and balances y esta errónea decisión del constituyente, se llevó por delante una administración pequeña y altamente profesionalizada.

  5. Manu Oquendo
    Manu Oquendo Dice:

    El asunto que toca Javier se enmarca en el más amplio de la naturaleza del Poder del estado y de los métodos y procesos de adquisición y retención de dicho poder por los grupos gobernantes.

    No es un asunto para tratar a la ligera y como no tengo el caudal de conocimientos necesario para hacerlo con solvencia me he dedicado a leer sobre ello.

    ¿Por qué?
    Muy sencillo, al estudiar la crisis que estamos viviendo es casi inevitable llegar a planteárselo a pocas preguntas sencillas que nos hagamos.

    Por ejemplo ¿Por qué se ha legislado un sistema financiero como el que existe con unos apalancamientos tan monstruosos? ¿Cuándo se comenzó este proceso?
    Es fácil ver que estas preguntas no se formulan en ninguno de los escenarios o diagnósticos ortodoxos. Son sólo dos ejemplos menores.

    Basta preguntarse cómo evolucionaría la estructura de un sistema social en el cual quienes controlan el poder político tienen la posibilidad no sólo de poner en primer lugar sus prioridades sino de ir garantizando que su posición resulta cada vez más fuerte y segura a base de leyes y procesos que restrinjan la capacidad de los gobernados de cambiar decisivamente el rumbo de las cosas.

    Al hacerlo se llega pronto a la conclusión de que la raíz de gran parte de los problemas es, por un lado, los Irresistibles Incentivos de los que dispone esta inmensa y creciente acumulación de poder, la posibilidad de la compra del voto contra el presupuesto como forma de acceso al poder y, por último,  los procesos de degradación que se dan en todo aquello que reduce la diversidad. Es decir, de los grados de libertad e independencia.

    Nadie que sea consciente de que sobre nuestras cabezas han crecido un millón de páginas de BOEs (caso de España en sólo 30 años) puede pretender disponer de la primera forma de libertad: Poder elegir sin restricciones.
    Hoy son tantas las restricciones que si te mueves fuera de una estrecha línea estás en falta. Es la muerte de la Iniciativa individual por diseño cuando todos los caminos están marcados. No vale la pena ni intentarlo en muchas ocasiones.

    A juzgar por lo que escriben grandes constitucionalistas actuales el sistema está en una situación catastrófica y irrecuperable salvo improbables milagros.

    Tratarlo a fondo y a esta hora me supera pero sugiero que, dado que es un tema crucial y que va a estar en el centro del debate público en adelante y durante mucho tiempo, nos interesa irnos documentando a fondo.

    En el Blog debe haber grandes especialistas jurídicos que nos orienten, Por mi parte he ido encontrando los siguientes autores cuya obra he citado en alguna ocasión.
    Guglielmo Ferrero, Luigi Ferrajoli (el autor de Principia Iuris), Pocock, Eloy García, Ruiz Manero, Atienza por citar unos pocos en esta línea.
    Todos con edición española.

    Al leerlos te queda la sensación de que es necesaria una significativa reducción del Poder del Estado en muchas áreas de nuestras vidas (incluyendo estamentos supranacionales que nadie elegimos y que pesan enormemente) y, desde luego, la refundación institucional de modo que los pilares no puedan ser nuevamente contagiados por los partidos políticos hasta ser reducidos a zombies costosos, inservibles e incapaces de independencia y operatividad.

    Me he olvidado un poco de los funcionarios pero en este esquema la capacidad de los políticos para “nombrar cargos de confianza” tendría que verse igualmente reducida.
    No es de recibo que hasta los subdirectores y directores generales tengan que ser “de confianza” cuando, precisamente, quienes menos confianza nos merecen son los Políticos.

    Buenas noches.

  6. Deus ex Machina
    Deus ex Machina Dice:

    No hay 3 millones de funcionarios, lo que hay son 3 millones de empleados públicos, que no es lo mismo. El funcionario de carrera es el único que tiene la calidad de inamovible de su puesto y eso dudo, y mucho, que sean la mayoría. La mayoría o son interinos o son personal laboral que no gozan de ese privilegio y da igual que hayan accedido al puesto mediante una oposición o concurso-oposición, o ¿acaso creemos que la mayoría de esos bomberos, médicos y personal sanitario y demás son funcionarios de carrera?

    Así que no confundamos funcionario con empleado público, en España hay 3 millones de empleados públicos de los que sólo una parte son funcionarios de carrera.

  7. Javier Oñate Cuadros
    Javier Oñate Cuadros Dice:

    No importa que sean 3 millones, 1, 2 o 600.000. No trato en el artículo de decir si son muchos o pocos, lo que trato de defender es la tesis de que el funcionariado debería estar compuesto por una élite de personas de gran preparación y profesionalidad que pudieran contraponer eficazmente la defensa de los intereses generles al interés general de los políticos.

    ¿Sabes algún lugar donde se indique con exactitud cuál es el número de funcionarios de carrera, interinos, eventuales y contratados laborales de las distintas administraciones públicas?  

    • Deus ex Machina
      Deus ex Machina Dice:

      Lo iba a poner al final y se me olvidó. Encontrar información de lo relacionado con la Administración es en general una tarea casi imposible. Yo aun no he encontrado alguna información donde aparezca detallado el número de empleados públicos ni a que categoría pertenecen. Pero bueno, es algo típico de nuestro país, donde el derecho a la información del ciudadano con respecto a la actividad es bastante pobre. Sí, todo está en el BOE, pero ponte tú a buscar y catalogar toda la información…

      Y con respecto a lo de la función pública puedo llegar a estar de acuerdo. Pero creo, y esto es opinión no un dato empírico (ya que es casi imposible tener datos de la administración), que la mayoría de funcionarios de carrera no pecan de los vicios que comentas, creo que es más bien los interinos y el personal laboral. Y no es que tenga nada contra ellos, pero el propio sistema está diseñado para que los funcionarios de carrera sean verdaderamente la élite (son los que tienen todos los privilegios clásicos del funcionario) y creo que para el resto de personal público no se es tan minucioso en la selección, básicamente porque no hace falta, por ejemplo el personal laboral se rige por el Estatuto de los Trabajadores, todo un chollo para la administración (por lo menos en comparación el régimen de los funcionarios de carrera). Lo que quiero decir es que la entrada masiva de gente como empleados públicos -provocando una bajada de esa profesionalidad que tendría que existir- creo que se debe a eso a la proliferación del personal laboral público, quedando reservado para lo que realmente es el núcleo importante y donde realmente hace falta lo que demandas a los funcionarios de carrera. Pero repito que esto es mi opinión porque realmente, hasta la fecha, no he encontrado datos o informes sobre el tema.

      PD: Si encuentro info sobre los empleados públicos la pondré por aquí, un saludo

  8. elisadelanuez
    elisadelanuez Dice:

    En cuanto a datos, la wikipedia los saca de la EPA y confirma que el número de empleados públicos es de más de 3.000.000 en el 2011 de personas, con la distribución que señala (ir a estadísticas): http://es.wikipedia.org/wiki/Funcionario_p%C3%BAblico_(Espa%C3%B1a) 
    También os paso este interesante link a NeG y los métodos de selección de funcionarios en otros países, hay un interesante debate sobre las oposiciones.http://www.fedeablogs.net/economia/?p=23503

     

  9. Javier Oñate Cuadros
    Javier Oñate Cuadros Dice:

    El problema, Deus ex machina, es que los funcionarios de carrera no copan por criterios objetivos los puestos más altos de la administración. Cuando son de carrera, son nombrados por criterios de afinidad política en puestos de libre designación, siendo competencia de los responsables políticos la concesión de “bufandas” o retribuciones complementarias que pueden suponer incrementos retributivos muy considerables.
    Pero eso no es todo. En general el “verdadero poder” lo tienen los “asesores ejecutivos”, personal de confianza que está al margen de la estructura oficial de la administración pero es quien corta el bacalao.

    Volvamos al objeto de mi comentario. Demos por buenas a efectos dialécticos las siguientes cifras: 3.200.000 de empleados públicos de los cuales aproximadamente la mitad son funcionarios. ¿Realmente es una función pública lo que hacen todos ellos?

    En mi opinión, deberían ser funcionarios exclusivamente quienes realizan una verdadera función pública, es decir, directamente relacionada con los poderes del Estado. El resto deberían ser trabajadores sujetos al mismo régimen laboral que el resto. Hipotéticamente hablanco, pero más que nada para que se entienda lo que quiero decir, podríamos hablar de un máximo de 250-300 mil funcionarios, de los cuales un 5% sería del máximo nivel “con poder de controlar a los políticos”.

    Pero no hay que inquietarse, no caerá esa breva.

         

  10. Javier Oñate Cuadros
    Javier Oñate Cuadros Dice:

    JosefK, claramente, NO. Como tampoco el pueblo elige a los jueces y muchísimo menos a los jueces de los altos tribunales.

    El pueblo elige a sus representantes y por medio de éstos, a sus gobernantes. El pueblo sólo tiene un mecanismo eficaz de control de los gobernantes, que son las elecciones periódicas. Pero los representantes van acomodando a sus intereses las normas para poner claras barreras a la entrada de otros que les sustituyan, de manera que al final la democracia transmuta en una cooptación partidista en la que el pueblo se limita a ratificar una u otra designación.

    Antes los votos se compraban directamente por un bocadillo, un duro o lo que fuera. Ahora se compran mediante el gasto público y no sólo por los casos patológicos de corrupción, amiguismo, enchufismo, etc. sino por las subvenciones y las políticas de redistribución de rentas a favor de los sectores mejor organizados de la sociedad.

  11. Javier Aparicio
    Javier Aparicio Dice:

    Coincido con quienes proponen una drástica reducción del número de funcionarios y además una definición estricta de qué tareas han de reservarse a los funcionarios y cuáles no.
    Sin embargo, no comparto la visión de que la FP se haya diseñado para actuar como un contrapoder a los excesos políticos o que una FP bien estructurada sea capaz de contraponer eficazmente la defensa de los intereses generales al interés particular de los políticos. Sin duda, un buen funcionario impulsa la legalidad y oportunidad de las decisiones, pero como efecto, no como causa, ya que esa es precisamente la responsabilidad del político. Además, esta visión sólo podría predicarse de los funcionarios que colaboran en la gestión cualificada de los asuntos públicos (abogados y gestores en general), y creo que tales gestores no son mayoría entre los funcionarios, además de que en muchísimos casos son sólo empleados públicos ajenos al estatuto privilegiado e la FP.
    Es cierto que tales gestores pueden servir de brida a los políticos, pero creo que es más realista afirmar que los gestores, cuando son honestos, ponen de manifiesto al político la imposibilidad jurídica de ejecutar su propuesta o los inconvenientes (sociales, económicos, etc.) que hacen que el proyecto no sea oportuno.
    Desde mi punto de vista, la estructuración de la FP debería basarse en la reducción de las funciones, reservando únicamente aquellas que conllevan el asesoramiento directo a los políticos, que son quienes toman las decisiones, y la reserva estricta de estas funciones a la FP. Pero, además, entiendo que no debería dejar de considerarse a los funcionarios como un instrumento del gobierno, al que auxilia y permite ejercer su función, que es la de tomar las decisiones que exceden de la gestión.
    Hoy en día parece que junto con el acta de diputado o la cartera del ministerio nuestros gobernantes reciben una patente de corso (quiero pensar que no es la regla común, aunque las apariencias y la desesperación invitan a generalizar la percepción), pero, sin embargo, para evitarlo no valen los funcionarios, sino el establecimiento de un verdadero régimen de democracia.
    La selección de los funcionarios que hayan de ostentar las principales responsabilidades tiene que hacerse necesariamente mediante criterios de libre designación, ya que la antigüedad no es siempre sinónimo de idoneidad, pero el político debería ser responsable de las designaciones que haga (entre los funcionarios, eso sí). Además, comprendo que el político prefiera a la gente de su cuerda. El problema nace cuando la cuerda da lugar a la designación de personas claramente inadecuadas.
    En fin, que me alargo, para mí la clave está en la reducción y la reserva de funciones para la función pública y en la responsabilidad en la selección y la designación para cada puesto concreto (ese merito y capacidad que se propuso en su día y ha quedado totalmente olvidado), aunque me temo que esto es muy napoleónico, como decía Javier en el post.

  12. Fernando Irurzun
    Fernando Irurzun Dice:

    Hace algo más de un año algunos colaboradores de este blog, entre los que me encuentro, participamos en un estudio, junto a profesionales ajenos a la Administración, sobre la necesaria reforma de la función pública en el que se aportaban datos y se trataban muchas de las cuestiones que aquí se aluden. El propósito era hacerlo de forma detenida, no sectaria, sin corporativismo y sin simplificaciones. Se abordaban temas como el alcance y el límite de la externalización, la función directiva o esa línea siempre difícil entre el cargo político y el del funcionario. Y se aportaban datos precisos sobre cuántos empleados públicos se dedican a cada función o servicio público, con evidencias sorprendentes frente a los lugares comunes tan habituales en el debate sobre los “funcionarios”.

    Me refiero al nº 286-287 de Documentación administrativa. Algunos seguimos participando en estos proyectos aún a sabiendas de que en España se lee muy poco.

    Lo importante en este debate es ser rigurosos, no es lo mismo empleados públicos que funcionarios, unos ya están sometidos al mismo régimen de derecho privado que el de una empresa privada y otros no. No es riguroso, por ejemplo, decir que nuestros médicos del servicio público de salud sean funcionarios, pues su estatuto jurídico no es siempre, ni en su mayoría, éste. O, por ejemlo, las funciones puramente de auxilio administrativo no están ya hoy reservadas a funcionarios, cosa distinta es que lo sigan siendo quienes entraron con ese estatuto hace años.

    Con todos los respetos al autor del post, me resulta extraño el ejemplo de atribuir los “dictámenes jurídicos” externalizados a la “falta de productividad” de los funcionarios, cuando es sabido que ello responde a otras razones y aunque me tiente no ahondaré en una reflexión sobre productividad en un “ataque de autodefensa” o corporativismo sobre  el número de asuntos que atiende el servicio  jurídico del Estado con el número de personas que cuenta.

    Deconstruir la función púbica, querido Javier Aparicio, ha sido en gran medida la causa de lo que ha ocurrido en nuestras administraciones, sobre todo local y autonómica. Algo que avisó hace ya casi veinte años el siempre lúcido D. Lorenzo Martín-Retortillo en un estupendo trabajo titulado “Mérito o botín”, jugando en el título con el principio constitucional y la entonces incipiente práctica política. Por cierto, hoy el Consejo de Ministros parece que ha comenzado a desandar el camino emprendido hace muhos años y vuelve a colocar a los Interventores municipales bajo la dependencia de la Administración del Estado. 

    En general, entre los empleados públicos y en particular los funcionarios, ocurre lo que en muchas grandes organizaciones, hay buenos profesionales, excelentes, regulares, malos y hasta golfos. 

    Los mecanismos para premiar a unos y desprenderse de los otros existen, cosa distinta es que se usen y por qué no se usan, como aludía en mi contribución al referido estudio de Documentación administrativa.

    ¿Sobran funcionarios? Probablemente sobran algunos empleados públicos, incluidos funcionarios, en determinados casos y escasean en otros servicios. Lo que hace falta es superar el “mantra” en que se ha convertido la cuestión y analizar, sin prejuicios y con mucho rigor, la realidad, definir democráticamente qué tipo de sociedad queremos y actuar en consecuencia. 

    Gracias y perdón por la extensión. 

  13. F. Javier Oñate Cuadros
    F. Javier Oñate Cuadros Dice:

    Estimado Fernando muchas gracias por tu comentario. Si mi post se entiende como una crítica acerva del funcionariado es evidente que me he explicado muy mal pues la tesis que sostengo es precisamente la contraria: funcionariado de élite para controlar al poder. El profesor Lorenzo Martin-Retortillo me dio clases de derecho administrativo, de las que guardo un grato recuerdo. 
    La medida del gobierno de volver a recuperar las figuras del interventor y el secretario municipal van en la línea que defiendo. Habrá que ver cómo reaccionan nuestras arruinadas CC.AA.

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