El Tribunal de Cuentas debería contar más

El Tribunal de Cuentas es un Órgano Constitucional del Estado, previsto en el artículo 136 de la Constitución Española (y también en su artículo 153.d). Sus funciones principales son la fiscalización externa, permanente y consultiva de la actividad económico-financiera del sector público y el enjuiciamiento de la responsabilidad contable. Es una pieza clave dentro de los mecanismos expost de control que aplican a la administración pública española (Juan Luis Redondo analizó hace unos meses en este Blog los diferentes mecanismos de control que afectan al sector público español).

 

El Tribunal de Cuentas acaba de ser renovado. Este proceso forma parte de los acuerdos alcanzados entre PP y PSOE para la renovación de diferentes órganos constitucionales, por lo que de los 12 consejeros del organismo, 7 los ha propuesto el PP (entre los que se encuentra el hermano mayor del expresidente Aznar) y 5 el PSOE (uno de ellos consensuado con IU). Los consejeros, cuyo mandato es de nueve años, eligen después entre ellos a su Presidente, aunque antes de que lo hagan ya sabemos que el elegido es Ramón Álvarez de Miranda. ¿Se acuerdan? Como en el CGPJ con Divar.

 

Más allá de este proceso de renovación de cargos, criticado duramente por un partido minoritario de la oposición, cabe destacar que el Tribunal de Cuentas debería ejercer una labor fundamental

 

En mi opinión el mayor “pero” es el retraso en la elaboración y publicación de informes. Si echamos un vistazo a la página web del Tribunal de Cuentas, observamos que en los plenos celebrados este año 2012, se están aprobando informes de fiscalización de ejercicios correspondientes al 2008 ó 2009 por ejemplo.

 

El otro gran “pero” (derivado en buena medida del anterior) del Tribunal es que “cuenta” poco dentro del sistema, lo cual se plasma en diferentes aspectos: organismos con gestores públicos que no hacen caso a los requerimientos del Tribunal (y no pasa nada), entes que no están sometidos a la fiscalización del Tribunal (y deberían estarlo), recomendaciones de informes del Tribunal que se quedan en el limbo (y no se convierten nunca en realidad)…

 

Y el último gran “pero” es común a todas nuestras instituciones:  la politización del organismo en particular en relación con la fiscalización de los partidos políticos, asunto al que dedicaremos otro post en exclusiva, porque merece la pena.

 

Y es que hay informes del Tribunal de Cuentas que tienen una contundencia fuera de duda y desgraciadamente no siempre se aprecian signos de que las conclusiones o recomendaciones que se exponen vayan a convertirse en realidad (al menos en el corto plazo).

 

Un ejemplo es el informe de fiscalización de las fundaciones del ámbito local (aprobado en 2012 pero correspondiente al ejercicio 2009), que tiene como objetivos determinar la finalidad, ámbito de actuación y gestión económica de estas entidades, así como verificar el cumplimiento de las disposiciones legales que afectan a las fundaciones locales.

 

Lo primero que llama la atención de la lectura del informe es que no hay soporte legal para que los entes locales constituyan fundaciones. Además hay tal dispersión y disparidad en las fundaciones analizadas que el Tribunal concluye que se trata de una figura sui generis para enmascarar otra cosa… Y es que cuando se analiza el origen de los ingresos de las fundaciones locales incluidas en el informe, se aprecia que a nivel global el 32% de los ingresos son generados por la propia actividad de las fundaciones y el 68% por las transferencias y subvenciones. Considerando que la esencia de las fundaciones públicas está en conseguir financiación privada para la satisfacción de intereses generales, el Tribunal concluye que deberían cambiar de personalidad jurídica y convertirse en organismos autónomos, consorcios o mancomunidades.

 

Por lo demás cuando se lee el informe hay aspectos que difícilmente se pueden pasar por alto. Por ejemplo, hay fundaciones que ignoran los requerimientos del Tribunal de Cuentas y no mandan información (y no pasa nada), o que hay fundaciones “fantasma” (42 de las 267 incluidas en el informe, es decir un 16%) porque declaran al Tribunal que no tienen ni trabajadores (personal contratado) ni voluntarios (¿desempeñan algún tipo de actividad estas fundaciones?).

 

También destaca el propio Tribunal en su informe las dificultades que ha tenido para identificar a las fundaciones locales y enviar los requerimientos de información oportunos, ya que el Registro de Fundaciones de competencia estatal previsto en el Real Decreto 1611/2007 no ha llegado a constituirse (hasta la fecha al menos). Lo que se ha encontrado el Tribunal son diversos Registros de competencia estatal en diferentes ministerios (7 en concreto) y al menos un Registro en cada CCAA (en algunos casos había registros en diferentes consejerías). Además los registros actuales no disponen de calificación o sección registral referida a las fundaciones constituidas por las entidades locales (recordemos que estas fundaciones no tienen soporte legal) lo que dificulta más todavía su identificación.

 

A todo esto las fundaciones del sector público local no rinden cuentas al Tribunal de Cuentas… ¿deberían hacerlo no?. En fin, esperemos que los informes del Tribunal puedan publicarse con menor decalaje de tiempo y que sus conclusiones se lleven a la práctica para que de esta forma el Tribunal “cuente” más dentro del sistema.

7 comentarios
  1. Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado
    Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado Dice:

    Gracias Jiame, por el post, que empieza a descubrirnos a este gran desconocido, el Tribunal de Cuentas, que obviamente no pinta nada, a las pruebas me remito. Normal, dado el perfil y la edad de los Consejeros. Lean este artículo de José Yoldi en “El País” y se darán cuenta de que tipo de institución es ésta. Y como bien dice Jaime, no hemos visto nada, seguiremos hablando del TC y la partitocracia. 
     http://politica.elpais.com/politica/2012/06/24/actualidad/1340562170_268982.html

  2. Curro Arriola
    Curro Arriola Dice:

    Tiene su miga eso de ser nombrado para el Tribunal de Cuentas. Requiere cierto valor aceptar el cargo.
    Conlleva casi el mismo peligro que ser contable de la Mafia. A la que se descuidaban “sapevano troppo” y les pasaba algo.
    Porque no me negarán el paralelismo evidente entre la contabilidad de las Administraciones Públicas españolas y la de la Honoratá Societá, visto lo visto.

  3. ENNECERUS
    ENNECERUS Dice:

    Circula por Internet un video en el que se explica en 10 puntos porqué la mafia es mejor que el estado …
    Fuera de bromas (o quizá no) si el Tribunal de Cuentas fuera un organismo reputado y poderoso, no habríamos llegaDo a la situación límite actual.  

  4. robespierre
    robespierre Dice:

    Hombre, está claro que si el Tribunal de Cuentas funcionase aunque solo fuera un poco no estaríamos aquí. De todas formas, y en linea con el post de Elisa del otro día sobre la Cámara regional de la Comunidad de Madrid, todavía se puede mejorar la cosa, miren la trepidante actividad del órgano de control de cuentas regional. Eso sí, la toma de posesión del nuevo jefe, en portada.
     http://www.tcu.es/

  5. Juan
    Juan Dice:

    Esto de las fundaciones constituidas por entes locales suena realmente interesante … qué mentes tan creativas hay en toda la clase política española ….
    Y sobre la eficacia de los informes del Tribunal de Cuentas, como bien señala el autor del informe, parece que no se espera mucho de ellos. Sin duda este tribunal está configurado y diseñado para no poder desempeñar la función que le asigna la constitución. Otro engaño más de nuestro entramado institucional. Lo de los informes sobre las cuentas de 2009, con 3 años de retraso casi suena a una tomadura de pelo a todos los españoles. Si no pueden hacerlo antes y mejor, casi que lo suprimimos y nos ahorramos otro órganismo inútil.

  6. Indignado Funcionario
    Indignado Funcionario Dice:

    Resulta evidente que el Tribunal de Cuentas cuenta poco, en gran parte porque el bipartito que se reparte las Instituciones se encarga de desactivarlo, no vaya a ser que resulte molesto al poder establecido. Además las leyes más recientes ayudan poco a que cuente, así la recientemente aprobada Ley de Estabilidad Presupuestaria no cita al Tribunal en todo su articulado, ni tan siquiera en las disposiciones adicionales, es decir no le asigna ninguna función en materia de control del objetivo de estabilidad; así es dificil contar algo.
    En lo que respecta a las Fundaciones Públicas señalar que lo único que explica su existencia es hacer trampas al ordenamiento jurídico público. El fin público o el interés social es la esencia de las Administraciones Públicas y no es necesario crear fundaciones para ese fin. Podían empezar a recortar este tipo de entes para empezar ¿no?.

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