El último que apague la luz: los recortes en las Universidades públicas españolas (El caso de la Universidad Rey Juan Carlos)

Es un secreto a voces que las Universidades públicas españolas tienen una gestión muy poco profesional y que bajo el sagrado manto de la autonomía universitaria se esconden muchas corruptelas, abusos, despilfarros y disparates varios, propios de un gestor que no tiene que rendir cuentas  a los ciudadanos que pagan con sus impuestos todo el montaje, ya sea vía impuestos generales o vía tasas universitarias sino que tienen que ganarse a unos electores con intereses bien distintos.  Y tampoco rinden cuentas a su “supervisor”  la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de turno, que distribuye la financiación sin tener en cuenta ni la buena ni la mala gestión –o lo hace de forma casi testimonial- aunque la financiación sí depende del al número de alumnos, puesto que las tasas académicas que éstos pagan se transfieren directamente a las Universidades públicas. Por eso puede ser un buen negocio tener muchos alumnos bajando la nota de corte, es decir, primando cantidad sobre calidad. En cualquier caso, como es sabido, la financiación vía tasas académicas es totalmente deficitaria, pese a las recientes subidas.

Del tema hemos hablado bastante en este blog y todavía más han hablado en NeG.  Los datos de las Universidades españolas los tienen en este  informe.

También hemos hablado en este blog y en otros muchos de la endogamia endémica de la Universidad pública española,  que favorece la existencia de auténticas sagas familiares en algunos Departamentos, del desastre burocrático de la evaluación de la ANECA de las quejas de los Consejeros de Educación (siempre en privado, claro está) sobre la nefasta gestión de la mayoría de los Rectores, en especial de los que no son políticamente afines, de la contratación masiva de profesorado que se ha producido en paralelo a la disminución constante del número de alumnos, de las numerosas posibilidades de contratación de profesores al amparo de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades  utilizando figuras jurídicas previstas para otra cosa, como la de profesores asociados (en principio, para profesionales o especialistas a tiempo parcial) o funcionarios interinos (en principio con carácter temporal y para realizar sustituciones) de forma indiscriminada y dudosamente legal. Aunque, todo hay que reconocerlo, hay Universidades públicas más serias que otras y no en todas se han producido estas corruptelas. Si miran los números del informe de la CRUE allí se recogen con claridad los tipos de personal que tiene cada Universidad pública española.

Hemos hablado menos de la increíble y variadísima oferta de la inflación de títulos universitarios en España (muchos de ellos bilingües, faltaría más, será por inglés, y eso que, según este artículo, las competencias de nuestros estudiantes de bachillerato en inglés dejan bastante que desear. Y del asombroso número de alumnos universitarios  Pero ahora la verdad es que ya da bastante igual, porque como decimos en el título,  han llegado los recortes. Eso sí cada Universidad pública, como es autónoma y soberana, los aplica como Dios (o al rector, que a estos efectos es lo mismo) le da a entender.

Y como era previsible en este sistema irracional o cuya racionalidad, para ser más exactos, responde a una lógica clientelar, los recortes están empezando por los eslabones más débiles (sí, igual que con los recortes del sr. Rajoy) y no por los más improductivos. No se trata de ver quien funciona y quien no, quien trabaja y quien no, o quien da mejor las clases o es mejor investigador, quien sabe inglés o no (criterio del mérito) quien cobra más o menos dinero (criterio económico) o quien simplemente es más necesario desde el punto de vista de la “oferta” de titulación a los estudiantes porque las clases o el grado que imparte tiene más demanda (un criterio de libre mercado, al fin y al cabo). Nada de eso. Se trata de ver a quien es más fácil echar, tanto desde el punto de vista jurídico (por la modalidad de su contrato) como desde el punto de vista “político” (porque tiene menos coste para el equipo gestor) como desde el punto de vista de la afinidad (porque no es familiar directo, indirecto o “cliente” valga la expresión, usada en su acepción originaria del Derecho Romano) de quienes mandan.

Así nos estamos encontrando con esperpentos del tipo de que si hay grados bilingües y no hay profesores que sepan o puedan hacerlo porque ya no se les ha renovado el contrato no se suprime la oferta correspondiente, sino que sencillamente se le encarga a otro profesor (preferiblemente de los que vean en peligro su puesto de trabajo con la siguiente tanda de recortes) y se le encargan las clases aunque no sepa mucho inglés, ni ya puestos tampoco demasiado de la materia a impartir. Ya ha habido protestas de los alumnos ante la Comunidad Autónoma correspondiente por este motivo, por ahora sin ninguna respuesta oficial.

Por ejemplo, esto es lo que está ocurriendo ahora mismo en la Universidad Juan Carlos I de la Comunidad de Madrid.El recorte que “le toca” a la universidad (ya saben que en este país los recortes son lineales) es de 3,5 millones de euros para profes y 1,5 millones de euros para PAS (personal de Administración y Servicios) La reducción prevista del presupuesto de la Universidad para este año son 16,5 millones de euros pero se prevé que aumenten hasta el año 2013 hasta 24 millones de euros, todo según esta noticia.

Y para acabarlo de arreglar en esta Universidad –donde de forma tan ejemplar podemos ver las “disfunciones” de las Universidades públicas españolas más “jóvenes” es decir, de las creadas al amparo de las alegrías presupuestarias y autonómicas en los últimos 20 años.

tiene un Rector, D.Pedro Gonzalez- Trebijano  con un pequeño problema jurídico, dado que los Tribunales de Justicia consideran que se presentó de forma irregular a las últimas elecciones que ganó, ya que  el TSJ de Madrid  en su sentencia de 3 de junio de 2011  afirma que en las elecciones convocadas en 2005 “se consumó la limitación estatutaria” de dos mandatos por lo que declara en el fallo que “Los actos de proclamación impugnados (por Ríos Insua) relativos a las elecciones convocadas en 2009 son contrarios a derecho, ya que (González-Trevijano) no podía concurrir a ellas”.

Por tanto, en una resolución firme, el tribunal estima el planteamiento del recurrente, anula la candidatura del actual rector en los comicios de 2009 y apunta que el proceso electoral debe llevarse con efecto retroactivo “al momento inmediato anterior al de la proclamación provisional”.

Por supuesto a los lectores habituales a estas alturas no les sorprenderá saber que el Rector sigue sentando en su silla. En su momento (hace más de un año ya) la Universidad Rey Juan Carlos anunció que recurriría la sentencia que “contraviene lo dispuesto en los Estatutos de la Universidad” y que “atenta directamente contra la garantía institucional de la autonomía universitaria”. Efectivamente, el Rector ha interpuesto un recurso de amparo, no hay otro posible, porque la sentencia es firme, y la interposición del recurso de amparo no suspende la ejecución de la sentencia firme salvo que así lo acuerde el Tribunal. El rector tiene suspendida la ejecución de la sentencia de instancia,  y ya es suerte, teniendo en cuenta el retraso que lleva el TC con respecto a los recursos de amparo, y que el del Rector lleva el número 5714/2011. El número de recursos de amparo pendientes simplemente del trámite de admisión, según los datos de la Memoria del 2011 del propio TC porque no es nada fácil que te admitan un recurso de amparo, tras la modificación de la LOTC para impedir el aluvión eran 2.032 ante la Sala Primera y 1.338 ante la Sala Segunda. Lo que supone que existían 3.420 recursos pendientes de admisión a trámite en el año 2011. Esto si que es llegar y besar el santo.

Pero no solo el TC se ha volcado con el Rector. La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid había emitido -según la contestación a la demanda de los abogados del Rector- nada menos que un “dictamen vinculante previo favorable a la presentación a las elecciones de González Trebijano”-  Yo no sé en Derecho administrativo que es esto de un “dictamen vinculante previo” que pretende garantizar nada menos que la inmunidad frente a una sentencia del Tribunal de lo contencioso-administrativo encargado de revisar los actos de la Administración. Esta figura no venía en mi temario de oposiciones a la Abogacía del Estado, los dictámenes eran preceptivos y no preceptivos y vinculantes y no vinculantes. Tampoco en la Ley 30/1992, cuyo artículo 71 recuerda que con carácter general y salvo disposición expresa en contrario los dictámenes son no preceptivos y no vinculantes. Dictámenes preceptivos hay algunos, preceptivos y vinculantes no sé si quedan además de los de la Consejería de Educación, por no serlo no lo son ni los del Consejo de Estado (el más alto órgano consultivo del Estado, por si no se acuerdan) salvo que una Ley disponga lo contrario. Y desde luego, a los Tribunales de Justicia que controlan la legalidad de los actos administrativos no les vinculan nada de nada.

Por último, al señor Gonzalez- Trebijano le acaban de nombrar a propuesta del PP vocal de la Junta Electoral Central. ¿Casualidad?

Y el otro día compareció el Rector en la Asamblea Regional de Madrid para hablar de su gestión y los recortes. El único, por supuesto, que le hizo preguntas un poco incómodas acerca de la situación de la Universidad y de la suya propia fue el representante de UPYD. Aquí tienen la transcripción completa de la comparecencia del Rector. Conclusión: todo fenomenal, muy buena gestión, ningún problema. Que se lo digan a los buenos profesores  de la Rey Juan Carlos I (que también los hay, incluso los que se pagaron de su bolsillo los cursos de inglés para dar las famosas clases bilingües).

Y el último, por favor, que apague la luz, que ya es un dineral.

Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado

Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1980-1985). Accedió al Cuerpo de Abogados del Estado en el año 1988

En la Administración pública ha ostentando cargos tales como Abogado del Estado-Jefe de la Secretaría de Estado de Hacienda; Subdirectora General de Asuntos Consultivos y Contenciosos del Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria; Abogada del Estado-Secretaria del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid; Abogada del Estado-Jefe Servicio Jurídico de la Rioja; Letrada en la Dirección General Registros y Notariado; Abogada del Estado ante el TSJ de Madrid; Abogada del Estado en la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado del Ministerio de Justicia

En la actualidad compatibiliza su trabajo en los Juzgados de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional con otras labores profesionales.

En el sector público, ha ostentado muchos años el puesto de Secretaria General de una entidad pública empresarial.

En su dedicación al sector privado es socia fundadora de la empresa de consultoría Iclaves y responsable del área jurídica de esta empresa.

Destaca también su experiencia como Secretaria del Consejo de administración de varias empresas privadas y públicas, Secretaria del Consejo de Eurochina Investment,

de la de la SCR Invergestión de Situaciones Especiales, y de la SCR Renovalia de Energía; ha sido también Consejera de la sociedad estatal Seyasa y Secretaria de la Comisión de Auditoria Interna; Secretaria del Consejo de la sociedad estatal SAECA.

En el área docente ha colaborado en centro como ICADE; la Universidad Complutense de Madrid; la Universidad San Pablo-CEU o el Instituto de Estudios Fiscales. Ha publicado numerosas colaboraciones en revistas especializadas, de pensamiento y artículos periodísticos.

Es coeditora del blog ¿Hay derecho? y del libro del mismo nombre editado por Península junto con otros coautores bajo el pseudónimo colectivo “Sansón Carrasco” y Secretaria General de la Fundación ¿Hay Derecho?