Defraudadores en impunidad ¿hay solución?

 

En un momento de crisis galopante, recortes y subida de impuestos, conviene reflexionar sobre por qué en España no se consigue reducir el fraude fiscal. Uno tiene amigos que trabajan en el sector financiero y en el de la asesoría fiscal y le cuentan cosas, algunas parecen increíbles, más propias de la ciencia ficción o de un país de tercera, otras mueven sin más a la indignación y nos hacen exclamar: ¿cómo puede ser esto cierto? El problema, me cuentan, no es que haya defraudadores (hecha la ley, hecha la trampa) sino la sensación de impunidad y descaro con que se mueven estos sujetos, como si la inspección fiscal no fuera con ellos. Recuerda esto a aquellos casos de corrupción que se siguen produciendo en nuestro país, “con la que ha caído ya”, aunque los jueces aparentemente hayan actuado y estén actuando en principio a bombo y platillo. De esta sensación de impunidad, que probablemente alcanza a otras esferas de la delincuencia mayor o menor (acoso en colegios o en el trabajo, gamberradas en urbanizaciones y nuestras calles) hablaremos tal vez otro día, ahora déjenme que les relate tres casos de fraude que han tenido éxito y luego planteemos algunas soluciones:

 

  1. A.    Tres casos de defraudadores con éxito

 

Caso 1

 

Se puede preguntar alguno si es posible conseguir que Hacienda (que “somos todos”) te financie tus gastos cómo si fuera un banco. La respuesta es sorprendentemente afirmativa: haces una promoción de pisos con un préstamo de un conocido banco y cómo no vendes ninguno ─sabe dios por qué, quizá por las calidades que has metido─, se los entregas al banco a cambio del pago del préstamo que no puedes pagar. Por aquí negocio redondo: no tienes que seguir pagando el préstamo porque no es hipotecario y no es tu vivienda, el banco llega a un acuerdo contigo, etc… Por otro lado, te pegas la vida padre y no reparas en gastos de comidas, viajes, gasolina, etc… (por ejemplo, 3.000 euros al mes de media) porque sabes que Hacienda (eso que “somos todos”) te va a devolver el 18% de todo con el IVA que, obviamente al no vender un piso, te sale a devolver: pongamos, por ejemplo, unos 12.000 euros al año durante los 3 años que has intentado vender la promoción. Todo ello sin olvidarse de que no has contratado oficialmente a nadie porque la obra la has hecho con emigrantes sin papeles a los que has pagado en B

 

Caso 2

 

Supongo que a ustedes les gusta utilizar las facilidades de las numerosas casas rurales que han surgido como setas en España, por cierto todas ellas construidas con generosas subvenciones de las Comunidades Autónomas, y en algún caso de Ayuntamientos. Pues bien: ¿en cuántos casos les han dado factura? Podrá decirse que son negocios pequeños donde el beneficio es reducido, pero me cuentan al menos un caso de una familia que cuenta con once casas rurales que alquila en verano a razón de 1.200 euros a la semana. Consulté el calendario, todas llenas. Haciendo el cálculo aproximado de cuánto pueden generar al año me dicen que puede llegar a los 300.000 euros. Un amigo fue allí unas navidades, y pidió factura, le dijeron que se la enviarían por correo electrónico: todavía la está esperando. ¡Ah!, y además ponen pegas para devolver el dinero de la reserva que deben religiosamente enviar los clientes con antelación y por transferencia. Solo lo hacen si la consiguen alquilar aunque se avise con meses de antelación y tengas causa justificada. Parece que desconocen el “derecho de desistimiento” que le asiste a todo consumidor según la ley de protección de consumidores. A un amigo que amenazó con llevar el asunto a los tribunales le respondieron sorprendidos: “en cuatro años de actividad nadie se había quejado”. Conclusión: el fraude existe porque existen también los que lo permiten/permitimos, y eso que estoy seguro de que algún inspector de hacienda había sido cliente de esas casas.

 

Caso 3

 

Pongamos una Caja rural de las muchas que existen o existían en España. Su Consejo de administración toma una decisión sorprendente: ofrecer préstamos a tipo de interés cero, para devolver en 10-15 años, dirigidos a miembros de dicho Consejo y altos directivos de la Caja. La media de los préstamos fue de unos 15 millones de euros. Estrategia de los hábiles prestatarios: depositar los préstamos en depósitos de algún banco de la competencia (por ejemplo ING) que ofreciera un interés del 4%, mantener la inversión esos 10 ó 15 años. ¿Resultado? Pongamos 10 millones, 10 años al 4%: cuatro millones de beneficio, limpios de polvo y paja. Se devuelve el préstamo original a la caja y se obtiene un sabroso sobresueldo. Ley del silencio, todos afectados, todos protegidos.

 

  1. B.    Soluciones

 

Obviamente en todos esos casos, hay un común denominador: había gente que lo sabía, que lo conocía y no pasó nada. No hubo denuncia, no hubo inspección. ¿Debemos quedarnos resignados a que estas cosas sigan pasando en nuestro país? ¿Solo nos cabe lamentarnos o quedarnos en el tópico “Spain is different”? ¿Hay solución? Pues sí, señoras y señores, “haberlas haylas” (o “las hay” para los puristas del lenguaje), como las meigas. Aunque desconozco las razones que motivan que no se adopten estas medidas que por otra parte son de sentido común. Veamos tres de ellas:

 

Solución 1: Abrir un buzón de correo para denuncias en la Agencia Tributaria donde se garantice la confidencialidad del denunciante

 

Obviamente no bastaría con abrir el buzón sino que la AEAT se debería comprometer a responder al denunciante (si este ofrece sus datos) de las actuaciones que se van a realizar con su denuncia. Un procedimiento parecido existe en la Comisión Europea para las quejas y reclamaciones de los ciudadanos europeos para casos de infracción del Derecho de la UE y ha tenido un notable éxito.

 

Solución 2: ofrecer al denunciante la recompensa del 10% de lo recaudado con su denuncia

 

Esta es la madre del cordero y lo que rompería el actual temor o pasotismo ciudadano a denunciar a un vecino, al comerciante de la esquina o, por qué no, a un familiar o a un cliente. Es un técnica habitual en otros países para favorecer la ejecución de ciertas normas, ¿Por qué no aplicarlas al mundo fiscal?

 

Solución 3: incrementar el número de inspectores y subinspectores

 

Obviamente nada de eso funcionaría si no hay suficientes inspectores fiscales en España. Según datos ofrecidos por el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (ver: http://www.gestha.es) tenemos un inspector de Hacienda por cada 1.680 contribuyentes, tres veces menos que la media de los países de la OCDE y cinco veces menos que Francia o Alemania. A ello se añade que la tasa de reposición es solo del 10%, esto es, por cada 10 inspectores que se jubilan solo se contrata uno nuevo.

 

En ese contexto se podría objetar que no están los tiempos para contratar más funcionarios sino para todo lo contrario. Pero yo no estoy diciendo que se convoquen más oposiciones sino que se aplique una estrategia, por cierto muy habitual en el sector privado, pero que en la Administración española parece chocar con diversos intereses que nada tienen que ver con el interés común. La estrategia es muy conocida: me refiero a la redistribución de efectivos, esto es aprovechar funcionarios que ya trabajan en la Administración con el grupo y la titulación requeridos, pongamos con más de cinco años de experiencia, para poder reciclarlos tras el oportuno curso selectivo y dedicarlos a funciones donde falte personal. Una técnica habitual también en otros países de nuestro entorno y que incluso existió su día en España, aunque solo por un breve periodo de tiempo, pero que podría extenderse a prácticamente a todas las áreas de actuación, incluida la del ámbito judicial (¿no sería mejor que contratar jueces sustitutos?). Para ello bastaría simplemente anteponer en interés del servicio público a los de ciertos cuerpos.

 

En resumen, no sé si otro mundo, pero otro país sí es posible, basta con remover obstáculos e introducir los estímulos adecuados que propicien el cambio cultural que he venido defendiendo en otros posts.

4 comentarios
  1. Manu Oquendo
    Manu Oquendo Dice:

    Pregunta el autor, Sr. Gil Ibáñez, si hay solución.
    Creo que no y que hay que rebobinar.

    Para que haya solución el estado debe dejar de ser fiscalmente insaciable y para ello algo muy profundo debe suceder en los mecanismos de acceso al poder.

    Mientras estos dependan de la compra del voto con cargo al presupuesto, la fiscalidad de todo tipo (presente o futura a través de deudas) seguirá creciendo y no podrá ser razonable. De hecho hace mucho que ha dejado de serlo.

    No es lógico que simplemente el IVA de cualquier producto sea superior a todo su coste de producción en fábrica o en huerta.

    Además hay inmensos y gravísimos espacios vacíos por diseño.

    Hace unos días cenamos con un experto en narcotráfico. Está pasando un año sabático en Europa mientras escribe sobre su experiencia mexicana. Un país en el cual durante los últimos cinco años han “fallecido en balaceras” más de 60,000 personas, el 85% de ellas miembros del mundo “narco”.

    Sobrecoge la extensión del problema especialmente cuando es un negocio fundamentalmente de tránsito. Al mercado USA en el caso de México y a Europa en el de Colombia. 

    Tampoco solemos pensar en que es un negocio recurrente. Es decir, cada año genera muchos miles de millones de euros de beneficio. Nuevos cada año, es decir, no son los mismos, se acumulan.

    Tampoco pensamos en que esos miles de millones deben ser necesariamente invertidos y lavados con mimo y que tras más de 40 años muy boyantes estamos hablando de un dinero al lado del cual países importantes como España, Italia o Francia son muy poquita cosa.

    Uno de los comensales preguntó al invitado que cómo se invertían esos “excedentes”.

    Nuestro experto, hombre curtido y diplomático, tuvo la elegancia de no entrar al trapo (es evidentísima la implicación del sistema político occidental en la tolerancia y fomento de este tráfico que suele excluirse de la economía sumergida a pesar de su importancia) y abordó un aspecto aparentemente inocuo pero muy relevante: dijo que los capos de cada ciudad (Jalisco, Monterrey, Tijuana, etc) invierten muchas pequeñas cantidades en negocios marginales como préstamos para tiendas de teléfonos móviles, locutorios, pequeño comercio y talleres en barrios muy humildes.  Una suerte de banca micro-inversora de alta capilaridad y no poco préstamo personal.

    Esto sí que es una “red social” que los capos pueden activar en cuanto quieran pasarse a la política con todo bien lavado.

    Cuento esto porque e veces, al hablar de fiscalidades, solemos centrarnos en “lo micro” mientras no entramos en lo gordo de verdad.

    El sistema tiene una fiscalidad estructural que convierte a una señora que gane 25,000 euros al año en una esclava que trabaja para el estado un mínimo del 60% de su tiempo cuando sumamos todo lo que sale de su actividad. En estas condiciones es cierto que hay fraude.

    Pero en conjunto es también es cierto que el estado ha perdido mucha legitimidad para hablar y reclamar.

    No se puede aplastar de esta forma estructural a ciudadanos normales y pensar que la sociedad no va a reaccionar de uno u otro modo.

    En algún momento la gente cae en la cuenta de que no tienen límite y de que la solución no es que machaquen a todos por igual. No somos tan envidiosos. Lo que queremos es que esas oportunidades se compartan.

    ¿Qué incentivo vital tiene un humilde trabajador de 25,000 euros brutos al año al que le cuesta entre pitos y flautas un 60% en impuestos varios?

    Por ahí hay que empezar. ¿Qué tamaño debe tener esto? ¿Tiene límite?

    Buenos días

  2. Cruz
    Cruz Dice:

    Estoy de acuerdo con el Sr. Gil Ibáñez en la necesidad de eliminar obstáculos e introducir incentivos. Un obstáculo, ahora mismo, es la necesidad de aportar documentación en el procedimiento de denuncia tributaria (https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientos/ZZ06.shtml)
    cosa que con la LOPD en la mano es, cuanto menos, complicada, sin hablar de la dificultad material de acceso a tales datos. 
    Respecto a la propuesta de pagar por esa información, seria necesario examinar con cuidado las posibilidades (tal vez sea más interesante para el denunciante una compensación de deudas, o bonificaciones fiscales u otra cosa). En cualquier caso debería existir un contrapeso, una sanción por denuncia falsa, pues podría producir efectos indeseables como el colapso innecesario de los servicios de inspección. Y eso que las herramientas informáticas agilizan (y pueden agilizar aún más) su trabajo. Con una revisión previa de los procedimientos  sería más factible la propuesta de incrementar el número de inspectores, facilitando determinar el óptimo. Tal vez baste con mejorar las herramientas o los permisos de acceso a determinada información.
    Sin embargo no se puede pasar por alto lo que apunta Manu: Es primordial acabar con un estado fiscalmente insaciable. El primer incentivo para reducir el nivel de fraude es que se paguen impuestos a tipos razonables adaptados a la realidad del contribuyente. Y para ello no me cansaré de repetir que es imprescindible reconsiderar el principio de capacidad económica introduciendo el cálculo de nivel de solvencia. El pago de impuestos ha llevado (y más ahora) a la descapitalización de empresas y familias, que se ven en la tesitura de cumplir o comer. Ruina directa. No todos los defraudadores lo son porque se sientan impunes o porque les produzca un placer morboso defraudar o porque lo vean como una demostración de poder. Hay a quienes no les queda otro remedio para poder subsistir.
    Sí, hay solución. Nuestro sistema tributario necesita una revisión amplia y profunda, pero es improbable que se haga con el rigor necesario mientras el objetivo siga siendo sostener un sistema ineficiente.
     
     
     
     

  3. Alberto Gil
    Alberto Gil Dice:

    La pregunta que se me ocurre es si realmente con menos presión impositiva los defraudadores a los que me refiero pagarían, porque en muchos casos se trata de personas que les va bien. De hecho en un caso refiero una persona que se aprovecha de la debilidad del sistema de control. Yo personalmente prefiero menos impuestos, pero hay que aceptar que existen defraudadores profesionales que lo van a hacer con todo tipo de oferta impositiva, es un fraude cultural institucionalizado. Si puedo ganar más ¿por qué rechazar la posibilidad si me siento impune? Y otros que sí ven que no les pasa nada van y les imitan, igual que imitan las trampas. Supongpresion debe ser compatible con poder bajar la presión y combatir pautas fraudulentas

  4. Cruz
    Cruz Dice:

    Estimado Alberto: Seguro que una reducción de la presión fiscal, por sí sola, no evitaría la existencia de defraudadores. Como lo generalización de sistemas de vigilancia y alarma, las penas de cárcel y multas no evitan la existencia de ladrones. Pero dejaría sin argumentos a quienes defraudan porque “el Estado me roba”.

    En el caso de los fraudes la Hacienda Pública y la Seguridad Social hay un problema de percepción social muy grave y es que no se ve como un verdadero delito, ni a quienes lo cometen como verdaderos delincuentes. Es más, se aplauden estos comportamientos porque “todo el mundo lo hace alguna vez” y se mantienen porque “mientras no te pillen no hay delito”. Es muy difícil cambiar la mentalidad en el país de la picaresca, sobre todo cuando se ve a qué han estado (y siguen) destinándose los impuestos.
    Po otra parte, analizando el perfil del defraudador es inevitable hacerse una pregunta: ¿Cuántos de estos tienen los conocimientos técnicos suficientes como para llevar a cabo la acción típica por sí mismos de principio a fin?

    La defraudación es un problema muy complejo pero, como en todos los problemas, las soluciones pasan por un análisis de la totalidad de elementos que intervienen en él así como de la relación, a veces inapreciable, que hay entre los mismos.
    No hay una solución unívoca y absoluta pero la hay. Compleja y difícil como el problema mismo pero no imposible.

Los comentarios están desactivados.